Andrés no es el único nombre

Sobre el caso Mascarilla, el racismo en la Policía y la Justicia

Por: Ana Acosta @yakuana y Luisana Aguilar @luibeagal

Publicado 14 diciembre 2018

Doña Jaquelina guarda silencio frente a la cámara, tiene un pañuelo en su cabeza, la voz gruesa y unas manos de hierro que hoy se ven cansadas

– No tengo la fuerza –dice, arrima en la silla la muleta, mientras su hijo Carlos le ayuda a sentarse. Él será quien tomará la palabra, para recordar a su hermano: Andrés Padilla Delgado, asesinado con un disparo policial en Mascarilla, Imbabura, comunidad afro descendiente del Valle del Chota, al norte de Ecuador. Un caso que coloca la mirada hacia la Policía Nacional, la justicia y su accionar frente a ejecuciones de personas afro descendientes. Andrés y Mascarilla no son los únicos nombres.

El hijo menor

Carlos habla de su hermano menor, tomando bocanadas de aire para disimular la voz cortada. Recuerda a Andrés a los seis años, ingresando a la escuela de fútbol fundada por Agustín Delgado, futbolista de la selección ecuatoriana, conocido por ser autor del gol de cabeza que llevó a Ecuador por primera vez a un mundial. El “Tin” Delgado y otros jugadores hicieron que el Valle del Chota sea conocido como el “semillero” de futbolistas profesionales.

– Me dijo que quería entrenar fútbol, se aficionó mucho, se superó y tenía la ambición de llegar más lejos –recuerda Carlos.

Andrés jugó en posición de marcador izquierdo para el equipo del Valle del Chota y luego, a préstamo, para el Mushuk Runa, en la serie B del campeonato nacional. Después negoció su ingreso al equipo Independiente del Valle, de Sangolquí –aquel pequeño equipo que en 2016 ganó a Boca Juniors en La Bombonera y lo dejó fuera de la Libertadores–,   pero el pase no se concretó. Es por eso que hizo un alto a su carrera de jugador profesional para dedicarse a ayudar en las labores agrícolas a su madre, mientras no descartaba la opción de postularse a la Policía Nacional.

– Ese siempre fue su “Plan B” si es que lo del fútbol no funcionaba –cuenta Carlos mientras su madre apenas dice que no se sentía muy feliz con la idea de que sus hijos pertenezcan a la Policía y que les recordaba:

– Tratarás bien a las personas, porque si tratas mal, luego eso regresa y a mí me han de tratar así. No tratarás mal a las personas.

Ninguno de los dos hermanos continuó la carrera policial, los dos se dedicaron con su madre a recoger tomates de árbol y llevarlos en flete al mercado de Ibarra, hasta el día en el que ocurrió el disparo.

– Mi hijo, el más pequeño, el que ayudaba, el que estaba conmigo. ¿Cómo le van a hacer eso a mi hijo, matarle así como un delincuente?. Eso no está bien, me quitaron un pedazo de mí – alacnza a decir doña Jaquelina, con una voz totalmente cubierta por el llanto. Solo desea que se haga justicia.

El día

Carlos hace esfuerzo para recordar ese jueves 23 de agosto del 2018. Retornaban de un flete desde Ibarra cuando se encontraron con la vía cerrada por un incidente, deciden bajar del vehículo buscando respuesta a lo que sucedía. Después, un video contará una y otra vez lo que pasó. Se mira a Andrés que corre hacia un lado de la carretera, mientras un Policía se dirige hacia el lado contrario, de pronto se detiene, regresa a mirar, apunta y dispara el arma que lleva en sus manos, Andrés cae de frente al suelo. Luego el Policía que disparó corre, alguien lo persigue, las personas gritan.

Todo comenzó a las 05:50 de la mañana, cuando dos camionetas chocaron dejando tres heridos. Miembros de la Policía Nacional y de la Policía de Tránsito atienden la emergencia y trasladan a las personas que resultaron heridas hasta un hospital. Las familias involucradas en el accidente piden arreglar el problema y que los vehículos no sean retenidos, a pesar de encontrarse ya subidos a las plataformas de remolque. Esto genera el primer conflicto entre los agentes de la Policía y varias personas del sector que llegaron a observar el incidente. El propietario de uno de los carros —que no tenía placas— se toma la grúa con la que iba a ser remolcado. La patrulla alerta al control policial de Mascarilla, que cierra la vía con vallas y solicita apoyo al sistema de emergencia ECU 911. Tres integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) acuden al llamado y se enfrentan a la familia de la persona que se tomó la plataforma. Mientras los uniformados intentan bajarlo del vehículo y detenerlo, se escuchan las primeras detonaciones.

– Nos bajamos un rato para ver si se necesitaba ayuda. El Policía siguió disparando, la gente asustada se agachaba. No teníamos nada que ver en el accidente de tránsito.

Carlos también se agachó y no alcanzó a ver a su hermano menor. No pudo cuidarlo, se recrimina con dolor. Alguien le dijo que le habían disparado. Lo encontró tendido en el suelo con un disparo en su cabeza. La ambulancia tardó más de treinta minutos en llegar. Andrés murió en el hospital. La comunidad respondió con furia incendiando la Unidad de Control Policial.

Ejecución Extrajudicial

Tres policías fueron detenidos para investigación por la muerte de Andrés, dos de ellos fueron liberados por falta de pruebas y uno se mantiene en prisión preventiva. Se trata del cabo primero de la Policía Nacional e integrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) David V. quien fue identificado en el video.

La familia de Andrés Padilla exigió que el caso sea investigado y juzgado como «Ejecución Extrajudicial», delito tipificado en el artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que define al acto de un funcionario público que de forma deliberada prive de la vida a otra persona y lo sanciona con pena privativa de libertad de veinte y dos a veinte y seis años. Sin embargo el tipo penal que determinó el Fiscal Edwin Andrango para iniciar la investigación fue el de «Homicidio», es decir la muerte de una persona en manos de otra de acuerdo el artículo 144 del COIP, con pena de 10 años de prisión. El Fiscal no consideró la calidad de funcionario público del policía David V. ni el uso de dotación estatal en la ejecución del hecho, según explica Iván Campaña, abogado de la familia Padilla.

Después de varias pruebas el Fiscal Andrango cambió el tipo penal por el de “Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio” artículo 293 del COIP, que se castiga con diez a trece años de pena privativa de libertad. Este tipo penal reconoce la calidad de funcionario público, pero considera el hecho como un exceso, más no como un acto deliberado.

Carlos Padilla insiste que el caso de su hermano es una ejecución extrajudicial porque al ver el video que registra la muerte de Andrés, el policía toma posición de disparo, seguro de sacar el armamento y dispara por la espalda. Algo que afirma comprender por su experiencia y formación en la institución policial.

– Yo sé el procedimiento que debe hacerse. El arma de fuego es de última instancia a utilizar. El Policía, por algo, tiene su dotación que es un casco, un tolete. Cada arma va con la intención de la persona que se encuentra armada, si es alguien que tiene un palo, la Policía tiene el tolete. La Policía utiliza el gas, con eso simplemente neutraliza a la persona. No sé por qué utiliza el arma de fuego.

El abogado Iván Campaña coincide con este criterio, por lo que rechaza la teoría de que se trató de uso excesivo de la fuerza, algo que mantiene la defensa del policía David V.

– Es un acto deliberado por parte del agente. Argumentan que quisieron matarle, que fue legítima defensa. De lo que consta en el expediente no hay una sola evidencia de proporción. Las heridas que tiene el agente, que está procesado, ninguna compromete algún órgano vital ­–explica Campaña.

La familia Padilla ha solicitado todo tipo de pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos. El 18 de octubre se practicó la exhumación y examen de autopsia del cuerpo de Andrés, donde se encontró alojado en su cráneo el recubrimiento de la bala que acabó con su vida. De acuerdo al abogado Iván Campaña, en este caso se solicitó un peritaje integral a cargo de Blanca Sánchez, quien encabeza el equipo investigación. La perito recibió entre quince y dieciocho solicitudes de diferentes exámenes como cotejamiento balístico, reconstrucción de los hechos, revisión técnica de los audios y videos entregados por las partes, entre otros. El peritaje de balística al recubrimiento encontrado en el cráneo de Andrés, habría confirmado que la procedencia del proyectil provenía del arma de dotación policial entregada al policía David V.

El 24 de octubre del 2018 concluyó la instrucción fiscal, y desde entonces la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se ha convocado y aplazado en tres ocasiones. La última vez, la audiencia ya estaba instalada y alrededor de cincuenta personas entre miembros de la Policía Nacional, población afro descendiente que atestiguó los hechos, y personal que atendió la emergencia dieron sus declaraciones. La suspensión fue solicitada por la defensa, porque habrían recibido nuevos informes minutos antes del inicio de la audiencia, que no pudieron ser analizados por ninguna de las partes. La nueva fecha se estableció para el catorce de diciembre del 2018.

La familia Padilla, no está satisfecha con el tipo penal que se dio para el caso, esperan que dé inicio a juicio, se contemple todos los agravantes del caso, se sancione al elemento policial, pero no basta con eso. Carlos lo explica:

– No queremos que estén manchando el nombre de mi hermano, nos están tachando a las personas afro como delincuentes.

Katherine Chalá, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Pichincha, es enfática en señalar que se trata de un «crimen de Estado”

– Hay que tratarlo en ese sentido porque es un representante de la institución policial quien cometió el asesinato. Cambiar el tipo penal es minimizar el hecho y dejar en el olvido institucional.

Para Katherine Chalá, esto es una falta de reparación a una violación de un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, el derecho a la defensa y el derecho a la protección. Para ella la población afro descendiente es vulnerada en este tipo de casos.

El Racismo

Andrés no es la única persona afro ecuatoriana en morir a manos de un agente policial. El asesinato de José Luis García Ibarra, 16 años, adolescente afro descendiente de Esmeraldas, ocurrido en septiembre de 1992, llevó al Estado ecuatoriano hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CoIDH) por ejecución extrajudicial. Ecuador fue sentenciado el 17 de noviembre de 2015.

El caso de José tiene rasgos muy similares al de Andrés. José recibió un disparo mientras estaba fuera de su casa. El agente de Policía involucrado argumentó que se encontraba en un riña con otra persona, a quien habría golpeado en la cabeza con la cacha del arma en repetidas ocasiones y ésta se disparó, impactando en la cabeza de José y provocando su muerte. La Justicia no actuó a tiempo y por eso el caso fue llevado a la Corte Interamericana. Recién nueve años después de los hechos, el policía fue sentenciado por “Homicidio Inintencional” con una pena de dieciocho meses de prisión. La CoIDH consideró que además de la privación del derecho a la vida de José Luis García Ibarra, también se violó el derecho a la justicia por la falta de celeridad en el proceso, de una investigación eficaz, y por irregularidades, que la misma Corte Suprema de Justicia de Ecuador habría detectado durante el proceso. ¿Tendrán que esperar tanto tiempo la familia de Andrés Padilla para que se haga justicia?

Otro caso similar es el de Jofre Alencastro, primo de Carlos Padilla y Andrés Padilla, en abril de 2015, en la comunidad de Charguayacu, provincia del Carchi. En medio de un enfrentamiento entre civiles y policías, durante un operativo de la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos, Jofre fue asesinado. El entonces gobernador de la provincia, Diego Landázuri afirmó que “el enfrentamiento se les fue de las manos” y sobre la muerte de Jofre Alencastro informó que la bala “ingresa por uno de sus omóplatos y pasa a la cavidad torácica, lo que le produce la muerte”, es decir que recibió el disparo por la espalda, al igual que Andrés. En este caso, la justicia tampoco sancionó a los culpables y el proceso no prosperó por falta de pruebas.

–Se lavaron las manos –afirma Carlos.

Para Joel Cevallos de la Organización Negros y Afros, lo que está detrás de estos homicidios es el racismo presente en la sociedad, la justicia y la Policía

– Hay la creencia de que las personas negras son más propensas a la violencia. La gente piensa que como somos negros somos más violentos que otras personas. El agente policial actúa de muy mala manera, es una persona que está entrenada, preparada para ese cargo, para mí es un asesinato a sangre fría.

Katherine Chalá, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Pichincha, va más allá, considera que este caso es un tema de violencia estatal y que es producto de un maltrato histórico hacia la población afro descendiente del Valle del Chota.

– La población afro descendiente tiene un descuido total: falta de condiciones sociales, educativas y un total desconocimiento de la cultura de la población de esta zona, y por lo tanto un tratamiento inadecuado. Hay un “olvido institucional”.

Este “olvido institucional” que menciona Katherine Chalá, sería el que lleva a varias personas del Valle del Chota y de zonas cercanas a dedicarse al contrabando como actividad económica en zona de frontera. Esto lo reconoce Joel Cevallos, quien afirma además que durante los operativos de control que realiza la Policía Nacional, el color de su piel pone en mayor alerta a los miembros de la institución, quienes actúan con mayor violencia.

– Hay muchas formas de resolver inconvenientes. Creo que si eran con otras personas que no eran de color hubieran ocupado menos la fuerza. Siempre que hay inconvenientes con personas negras, están más alerta, más a la defensiva.

Chalá recuerda cuando un alto mando de la Policía Nacional declaró en 1997, que «las personas de raza negra son proclives a la violencia”. Esta idea parece continuar vigente en la formación de las filas policiales.

– De boca de muchos policías que son afro ecuatorianos y son familiares y amigos, nos dicen que en las capacitaciones, en la formación, la Policía Nacional tiene prejuicios frente a esta población negra en particular.

Cuenta además que durante la marcha que se desarrolló en Mascarilla realizada el 30 de agosto del 2018, y donde estuvieron alrededor de 200 personas acompañando a la familia Padilla, conocieron que la disposición que les dieron a los policías encargados de hacer la vigilancia y acompañamiento a la marcha fue: «Si hay problema y tenemos que matar a alguien, matamos a alguien».

Juan Méndez, abogado afro ecuatoriano de la organización de Negros y Afros de la Provincia de Imbabura, pide que se respete el debido proceso y que se proteja a los integrantes del pueblo afro

– Estamos siendo invisibilizados y eso no está bien. La gente afro tiene su forma de actuar, pero no necesariamente es la violencia. (…) Exhorto a los y las ciudadanas que se respete a la igualdad formal y la no discriminación.

Méndez considera que la vigencia de esta idea que relaciona a las personas afro descendientes con la violencia, se debe, entre otras cosas, a que los medios de comunicación narran los procesos de forma inadecuada.

Méndez, Chalá y Cevallos expresan su preocupación por las manifestaciones de racismo que se evidenciaron en redes sociales a partir de la circulación del video que registra la muerte de Andrés Padilla. Tan solo con revisar dos videos colocados en la red social Facebook, en diferentes fechas, se confirma lo que denuncian estas organizaciones. El mismo 23 de agosto la cuenta Carchi Al Día publica el video con el título “Altercado en Mascarilla”, hasta el día de publicación de este artículo, el video tiene 31 comentarios, de los cuales diez expresan su respeto a la labor de la Policía Nacional, se preocupan por la seguridad de sus miembros, justifican el acto y llaman a que la Policía continúe disparando “contra tanto delincuente y vacíen el país de tantas ratas que están dañando la paz de nuestro país”, o comentarios como: “los afro descendientes son muy agresivos”, otros catorce comentarios son informativos o pueden considerarse neutros, y siete se expresan a favor de la víctima y en contra de la acción policial.

El 12 de septiembre de 2018, cuando el Tribunal penal negó el pedido de revocatoria de la prisión preventiva para David V, Diario El Norte coloca un video en su cuenta de Facebook, que tiene 46 comentarios, de los cuales 29, es decir el 63% de las respuestas del público, son en apoyo a la Policía, exigiendo la libertad del procesado y reclamando a la justicia por no actuar bien, incluso se teoriza sobre una segunda persona que dispara y que es posible verla en el video. Muchos comentarios denigran a las personas afro descendientes; apenas siete comentarios se expresan a favor de la víctima o su familia.

Situaciones de racismo son parte del diario vivir de Carlos Padilla, cuenta que a menudo le impiden el paso para revisión, mientras observa que a personas mestizas les permiten pasar sin ningún tipo de control. Ahora se encuentra indignado por el trato que recibe la memoria de su hermano. Le indigna que en redes sociales cataloguen al Valle del Chota, antes “semillero de futbolistas”, hoy como «un lugar de delincuentes y asesinos».

– La gente [del Chota] es tranquila, somos bravos cuando hay prepotencia de la autoridad. A uno le indigna que no se respeten los derechos de los afro descendientes, como nosotros respetamos los derechos de ellos como autoridad. No sé por qué la represalia de los policías con los afro descendientes.

* Actualización

– El miércoles 19 de junio del 2019 el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura sentenció a tres años y cuatro meses de prisión al Policía David V. por «extralimitación en la ejecución de un acto de servicio». La familia de Andrés Padilla continúa exigiendo que la sanción debía ser por «Ejecución Extrajudicial».