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Amazonía, la región con más violencia contra las mujeres. Justicia para Andrea Gualinga

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado 17 de agosto del 2022

 

 

Andrea Gualinga, mujer amazónica de 21 años y madre de tres hijos, denunció ante las autoridades maltratos físicos por parte de su pareja en varias ocasiones. El pasado 16 de julio, Andrea habría sido víctima de femicidio en las afueras de la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza, según denuncian sus familiares. Tras su muerte, sus tres hijos quedan en la orfandad y al cuidado de su abuela quien no cuenta con los recursos suficientes para sostenerlos.

Andrea es una de las miles de mujeres amazónicas que viven violencia a diario. La reforma a la Ley Especial Amazónica busca que el estado y los gobiernos seccionales inviertan en prevención contra la violencia.

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Andrea Gualinga Tuti, de 21 años, fue víctima de femicidio. Ella vivía en la comunidad amazónica Teresamama y era madre de una niña de 6 meses, un niño de 3 años y otro de 6. Hoy, su familia llora su muerte. Sus hijos están en la orfandad y no tienen recursos para sostenerse. Los niños están a cargo de Norma, la madre de Andrea, pues ella, antes de morir, pidió que sean cuidados por sus hermanos y sus padres.

Zoila Castillo Tuti, tía de Andrea y defensora de la Amazonía dijo que su sobrina se casó muy joven. “Tenía como 15 años cuando se juntó”, y pasó a vivir a la comunidad de San Jacinto en Puyo. La lideresa no conoce al presunto feminicida de su sobrina, jamás tuvo ningún tipo de contacto con él; solo sabía que Andrea había formado una familia pero nada más.

Sin embargo, Zoila siempre escuchaba que la pareja de Andrea la maltrataba físicamente. “Le pegaba cada vez, pero yo pensé que la mamá la estaba cuidando y no, también porque vivían lejos”. Además cuenta que varias veces, su sobrina se separó de su agresor, pero él siempre regresaba por ella. Andrea habría denunciado antes las autoridades, el maltrato que sufrió porque en una ocasión su pareja “le había roto la cabeza”, agregó Zoila. También contó que tal vez, su sobrina estaba llena de miedo y por eso no habló con su familia sobre los constantes abusos que sufría. 

Zoila sospecha que su sobrina Andrea fue envenenada por su pareja, el 16 de julio. Desde esa fecha, relata, la familia de su pareja la tuvo bajo sus cuidados. “Debían llamar un carro y llevarla rápido, pero, la tienen 4 días en casa diciendo que ellos la van a sanar. Incluso sería la familia cómplice”, añadió Zoila.  

El 20 de julio, sin mejora, Andrea ingresó al Hospital del Puyo, después que una vecina del sector les dijera “por favor llevenla a un hospital. La van a matar así”, según la versión de Zoila. Ese día, la pareja de Andrea llamó a uno de sus hermanos y le dijo que ella estaba en el hospital “muriendo y le cerró la llamada”. Los médicos no pudieron hacer nada y el 31 de julio falleció.

“Pedimos Justicia”

Sandra Tamara Vaca, abogada y defensa técnica de la señora Norma Tuti, madre de Andrea Gualinga, dijo que en un primer momento, la denuncia se planteó el 26 de julio de 2022, como un intento de femicidio. Esto en virtud de que Andrea seguía con vida y le contó a su mamá lo sucedido. Tras el fallecimiento de Andrea, el caso empezó a investigarse como femicidio.

Según la abogada, hasta el momento el caso de Andrea avanza muy bien, han realizado las respectivas diligencias de recopilación de información, conocimiento del lugar de los hechos, versiones de los familiares y el entorno social. Además ya cuentan con el historial médico que está siendo evaluado por una perito médico legal de Fiscalía. “Esto nos ayudará a esclarecer cuál fue la intervención del Hospital Puyo y las medidas que tomaron”.

 La organización feminista Surkuna, a través de twitter, exigen a las autoridades tomar accones en el caso y exhortan a las autoridades de Pastaza a tomar acciones frente a los hechos. “Hacemos también un llamado de atención al Hospital Puyo, quienes teniendo la responsabilidad, no tomaron las medidas adecuadas para resguardar la vida de Andrea, ni pusieron en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que la misma víctima hasta sus últimos días de vida relató”, agregó la organización. 

J.D., ex pareja de Andrea, padre de sus hijos y a quien su familia denuncia como el femicida, ya compareció dentro del proceso con una defensa técnica porque dentro de la investigación que se está realizando, lo ampara el principio constitucional de presunción de inocencia. “Considero que él se va a defender en ese sentido” agregó la abogada Vaca.

El artículo 5 numeral 4 del Código Integral Penal, establece que, toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario.

“Pedimos justicia, es penoso lo que pasó. Solo tenía 21 años, tan llena de vida. Ahora los tres niños están huérfanos y estamos ayudando en lo que podemos”, dijo Zoila refiriéndose a lo doloroso que ha sido para la familia la pérdida de Andrea. Además no cuentan con los recursos suficientes para sostenerse, por lo que algunas organizaciones de derechos han realizado campañas de solidaridad y llaman a la ciudadanía a contribuir para brindarles a los hijos de Andrea lo que necesitan.    

2022: ¡Nunca cifras tan altas! 

La Fundación Aldea registró desde enero hasta mayo de 2022, 118 casos de feminicidios en Ecuador. De los cuales, 53 son femicidios y feminicidios íntimo familiar, sexual o de otra índole, 5 fueron transfemicidios y 60 femicidios por delincuencia organizada. Como consecuencia del asesinato de estas mujeres, al menos 89 niños y niñas quedaron en la orfandad. 

De las mujeres víctimas de feminicidios, 19 de ellas reportaron previamente antecedentes de violencia; 4 tenían boletas de auxilio y 9 sufrieron abuso sexual. El 73 % de los casos, los feminicidas tenían vínculo sentimental con la víctima. “En el 2022, cada 30 horas con 31 minutos ocurre un feminicidio en el país”, agregó la Fundación y reveló que desde enero de 2014 hasta mayo de 2022 se han contabilizado 1.163 casos de feminicidios a nivel nacional.

Ley Amazónica en contra de la violencia 

Este jueves 18 de agosto, la Asamblea Nacional discutió en primer debate las reformas a la ley especial amazónica. Entre otras cosas, la reforma busca invertir en la prevención de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres en la Amazonía. La Red de Mujeres Amazónicas y la Coalición Nacional de Mujeres presentaron en octubre de 2021, una reforma, donde proponían que desde los gobiernos autónomos descentralizados se incorporen recursos para políticas públicas para la prevención de la violencia. 

Auxilio Vera, parte de la Red de Mujeres, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, señaló “La amazonía es la región natural con mayor violencia en contra de las mujeres durante toda su vida, con un porcentaje del 70.9%. 5 de las 6 provincias amazónicas registran la incidencia de violencia contra las mujeres por encima del promedio nacional. Morona Santiago registra el 79%, Napo 78%, Pastaza 73%, Zamora Chinchipe con el 72%, Sucumbios el 67% y Orellana el 57%”. 

Vera señaló que se buscan políticas públicas que busquen “el acceso de la mujer al trabajo remunerado, la inversión en prevención primaria de la violencia contra las mujeres y las niñas”. También mencionó que se busca trabajar en “servicios de atención y prevención como casas de acogida, centros de atención y la implementación de alertas tempranas en barrios y organizaciones”. 

El investigador peruano, Arístides Vara, también participó en el pleno y aseguró con base en estudios realizados que, Ecuador pierde 4.608 millones de dólares al año por violencia contra las mujeres, lo que casi equivale al 4.28% del PIB. Estos costos se destinan principalmente a atender los problemas que ocasiona la violencia, pero el país no invierte en prevención; es decir, en evitar que la violencia ocurra. 

“La prevención  no solo es un acto de justicia para las mujeres sino también es una acción estratégica para lograr que Ecuador se desarrolle”, señaló Vara, en su intervención durante el debate de la Ley Amazónica. 

El proyecto de reforma regresa a la Comisión de Biodiversidad para incorporar las observaciones realizadas por las y los asambleístas en este primer debate y donde se trabajará el texto para su aprobación final.