De forma individual y colectiva, decenas de mujeres, organizaciones de derechos humanos, feministas se adhirieron a una carta. La misiva está dirigida a la comunidad universitaria de FLACSO-Ecuador, pero, por su contenido, por su pertinencia, por la reflexión que plantea, puede resonar en cualquier universidad y en el conjunto de la sociedad. La violencia de género y la dominación en la que se legitima no ha parado. Su recrudecimiento se expresa en las cifras alarmantes de violencia, abuso sexual a niñas y niños, feminicidios y ataques de odio contra personas GLBTI. Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿por qué las demandas de ciertos grupos, en particular de los padres que reclaman la tenencia compartida sin acuerdo, pasa por negar esta dominación y las desigualdades a las que da lugar?.
Coyuntura
El 14 de Octubre una marcha denominada “Con mis hijos no te metas” recorrió las calles de Ecuador. Sus consignas están en contra de lo que denominan “ideología de género”, en contra de las familias diversas, la personas GLBTI, en contra de los derechos específicos de las mujeres, en contra de la educación sexual; es decir en contra de los derechos de quienes se encuentran en posiciones desiguales por su género y su sexualidad. Los convocantes de la marcha son líderes religiosos de la línea más conservadora de la iglesia católica, cristiana y evangélica.
A la par, asistimos al debate de la co-parentalidad en el Código de la Niñez y Adolescencia que demandando igualdad para los padres en la tenencia desconoce el contexto de profunda asimetría que enfrentan las mujeres y las situaciones de violencia que afectan a niñas y niños en el seno de muchas familias. Lamentablemente su postura con frecuencia niega las desigualdades entre las partes y deslegitima las luchas feministas por la equidad. Los voceros de esta corriente por la tenencia compartida sin acuerdo tuvieron su tribuna en los medios y en la academia. Uno de esos espacios fue el foro: “Desmitificación y Parentalidad: Complejizando el Debate”, organizado por FLACSO-Ecuador junto a “Unión por Nuestros Hijos” para el 25 de octubre.
En este contexto, organizaciones del movimiento de mujeres, de diversos sectores, elaboraron una carta colectiva, que en menos de un día logró adhesiones de decenas de organizaciones, personas, plataformas, de mujeres, GLBTI, derechos humanos. En ella lanzan una invitación a FLACSO y a otras instituciones: “comprometerse a no ser parte de esta ofensiva conservadora, abriendo debates verdaderamente plurales, pero sobre todo debates que no estén basados en prejuicios, actitudes y posturas misóginas y argumentos que desconozcan o nieguen las desigualdades que experimentamos las mujeres y las personas LGTBI” .
La carta
“Colectivos de varios sectores del movimiento de mujeres de Ecuador se unen para pronunciarse frente a estos hechos con ocasión del foro Género, desmitificación y parentalidad: complejizando el debate, llevado a cabo en Flacso, universidad que se ha caracterizado por su aporte a los estudios de género y que, sin embargo, ha dado cabida a posturas deslegitimadoras de las mujeres. Aquí un pronunciamiento que busca sostener un debate serio en torno a las paternidades, la niñez y el género con lo que tal debate requiere: argumentos y posiciones sólidas.
Hacemos un llamado a que las universidades, que mantengan su compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Ecuador atraviesa un momento crítico en el retroceso de derechos de mujeres y personas LGTBI. Lejos de contar con una institucionalidad de género mínima en el Estado, los feminismos vienen planteando los límites y el retroceso vividos en los últimos años. Todo esto a pesar de los datos cada vez más elevados de violencia machista, feminicidios, abuso sexual a niñas y niños por abusadores cercanos, en la propia familia, en los espacios educativos.
La reciente marcha “Con mis hijos no te metas”, lejos de llamar la atención sobre la violencia contra niñas y niños, como pareciera indicar el lema, se concentra más bien en atacar la perspectiva de género, a la que denominan “ideología de género”. La acusan de ser artífice de la “desmoralización de la familia”, dicen que la educación sexual como herramienta contra el abuso, el reconocimiento y respeto a las sexualidades e identidades sexo-genéricas diversas y la lucha de las mujeres contra la violencia y el machismo; pueden afectar a la familia.
Los feminismos no atentan contra la familia, por el contrario, buscan que sea diversa y que en ella el afecto y el cuidado dejen de entenderse como poder y opresión. Queremos que la familia sea un lugar seguro y libre para crecer a toda edad.
En este sentido, cuando se llama a defender a la familia se produce una idealización de la misma y se crea una coraza que impide ver las relaciones de poder existentes en su interior. Las formas de poder dentro de la familia suelen venir del hombre proveedor y “jefe” hacia las mujeres, hijas e hijos, frecuentemente con el recurso a la violencia física, psicológica y sexual, así como a través del acaparamiento de recursos económicos y sociales. El presentar la familia heterosexual como inmune a un examen crítico permite normalizar el poder patriarcal, al tiempo que siembra el odio y la sospecha hacia todo lo que se sale de este orden “normal”, que es el orden en el que apuntala el dominio patriarcal.
La familia hoy es mucho más que eso: es la decisión de unir vidas libres, amplias y ricas en proyectos, es y debe ser una reinvención del amor y de la compañía para que la niñez crezca de infinitas maneras posibles y para que la adultez y la vejez sean etapas de plenitud. Cada niña, cada niño que crece en una familia homofóbica, transfóbica e intolerante verá mermada su capacidad de ser, elija lo que elija; lo mismo sucede con la educación escolar.
De forma paralela y en ocasiones confluyente, se ha producido una ofensiva contra algunos aspectos legales que protegen a las mujeres, niñas y niños, entre ellos los que atañen al Código de Niñez y Adolescencia, que regula la tenencia de hijas e hijos en caso de separación y las pensiones alimenticias que deben garantizar su sostén. Esta ley, que recoge la preferencia materna para menores de 12 años siempre que respete el bien superior del niño y la niña y que estipula el monto a pagar por el no conviviente, ha sido rechazada por la organización Unión por Nuestros Hijos. La posible reforma del Código ha sido inducida por un lobby pro custodia compartida (si fuera el caso, obligatoria) que clama por el rechazo a la penalización por el impago de las pensiones, buscando el descargo de los padres con el argumento de que ellos también quieren cuidar y responsabilizarse de la crianza y no sólo de visitar y pagar. Sin duda, es un justo afán, y no dudamos de que muchos padres están más que dispuestos a asumir este papel. No obstante, se ha demostrado en otros países que el reclamo de paternidad es usado en negociaciones de divorcio y separación para obligar a las mujeres a ceder en sus demandas económicas de las pensiones para sus hijos, que les corresponde por derecho. Teniendo en cuenta el contexto del país tenemos que levantar esta preferencia, que ampara a la parte más débil (principio legal que aplica a otros conflictos en los que se dan relaciones asimétricas) y redunda en perjuicio de niñas y niños, primeramente, y también de las mujeres.
Es en este punto donde esta posición se torna problemática, porque quienes la defienden niegan la asimetría de poder entre mujeres y hombres y niegan la realidad en la que vive el país en lo que se refiere a la responsabilidad materna y paterna de facto; algo que los datos sobre uso del tiempo y asunción de responsabilidades en el hogar ponen en claro. Resulta difícil pensar que la responsabilidad paterna en pie de igualdad, cuyo ejercicio ha sido escaso cuando no inexistente (o en algunos casos abiertamente contraproducente), vaya a darse por efectos de la ley cuando no se ha dado previamente. Resulta, en este sentido, un mal punto de partida para reclamarla. Parece una maniobra riesgosa para el derecho y el bien superior de niñas y niños. Resulta fácil, por el contrario, prever los efectos negativos que pueda ocasionar en varios sentidos: control de las mujeresa través de los hijos y las pensiones, batallas que hacen impracticable la crianza y favorecen a quien tiene más recursos, y riesgo ante situaciones disimuladas o mal estimadas de abuso contra mujeres y/o hijos, hijas.
Exponentes de esta posición llegan a afirmar, basándose en una investigación que reúne un conjunto de casos – cuyo sustento metodológico nunca se explica-, que las mujeres son “abusadoras psicológicas y físicas de varones y niños”, “inestables”, “abandonadoras del hogar y engañosas”, entre otras. Sin duda podremos encontrar mujeres que actúen de este modo, pero lo que este estudio afirma es que los casos allí reunidos expresan situaciones comunes y casi generales. Esto pone en duda no sólo las relaciones de poder de los varones en tanto padres, sino también, y esto ya tiene un claro sesgo misógino, sobre la capacidad de las mujeres de hacer de madres.
Seguramente esta reforma es una gran ocasión para repensar la paternidad, la maternidad, la división sexual del trabajo, las relaciones de género y demás. Resulta inaceptable, sin embargo, que para reclamar la paternidad tengamos que volver a escuchar argumentos misóginos contra las mujeres, argumentos que niegan el machismo o razones que promuevan la lucha de sexos (si las mujeres son peores o mejores que los hombres y cosas por el estilo). Estos argumentos resultan claramente insuficientes y, si bien se originan en la legítima pregunta por las paternidades hoy, su fundamento es nada menos que la descalificación de “las mujeres” en general: misoginia del siglo XXI. Un estudio que generalice sobre una subjetividad (madres, mujeres), que adjetive a diestra y siniestra y que no transparente sus herramientas metodológicas no puede ser legitimado por la academia.
Es en este punto en el que estas posturas se deslegitiman y revelan su carácter discriminatorio respecto a la situación que viven miles de mujeres, cuya falta de protección y poder en los juzgados y en las relaciones con parejas y ex parejas resulta en un calvario cotidiano. Estas mujeres, que encontramos entre nosotras, nuestras vecinas, familiares y amigas, y cuya situación se agrava cuando pertenecen a sectores populares, enfrentan el sistema legal desde una profunda vulnerabilidad legal y cultural. Estas mujeres que todos conocemos acaban por no separarse o reclamar pensiones al temer por sus vidas y las de sus hijos, cargan abrumadoramente con la irresponsabilidad y la desaparición de los varones progenitores a la hora de sostener, y enfrentan el diario reclamos de autoridad (no de cuidados) cuando se trata de fiscalizar a sus ex parejas por medio de los dineros que aportan (cuando lo aportan). Resulta chocante escuchar cómo las organizaciones en pro de la corresponsabilidad reclaman que las madres también provean y se las considere como aportantes. Si no fuera por el ingreso de las mujeres, que logran en mercados de trabajo, muy discriminatorios, sus hijos no podrían salir adelante con el monto irrisorio que representan la mayor parte de las pensiones. También resulta chocante que cuando las madres resisten las visitas de los padres por motivos comunes y contrarios al bienestar de niñas y niños, se pida que esto sea considerado obstrucción de derechos o aún maltrato infantil. Defender los principios de igualdad ante la ley resulta importante y respetable, pero en un contexto atravesado por profundas desigualdades acaba siendo irresponsable y contribuyendo a la desprotección. El principio de igualdad de derechos debe contemplar esta situación y resguardar la parte más débil, en este caso, las niñas y niños, y en segundo lugar, las mujeres.
No creemos en la naturalización del rol femenino: la madre no es per se la mejor guardiana de los hijos. Las familias adoptivas, las familias migrantes en donde los abuelos cuidan de sus nietos, las familias LGBTI, prueban de sobra que los guardianes de los niños niños, construyen lazos igual o más fuertes que los biológicos. No defendemos a las mujeres como si fueran intrínsecamente buenas madres: sí defendemos con firmeza la progresión de los derechos de las mujeres para acortar brechas históricas de desigualdad y violencias. La coparentalidad como está planteada hoy no respeta esa realidad de desigualdad en el país, por tanto, no es una postura progresista, sino un recurso para la discriminación.
A partir de lo anteriormente expuesto, encontramos que esta recuperación del deseo de proteger a los hijos e hijas, por desgracia alentada desde posicionamientos conservadores, contribuye a un discurso de ataque a los derechos de las mujeres -arduamente peleados desde los grupos feministas- y profundiza una ofensiva machista que consolida la desigualdad. Apoyándose en el poder de los padres en la familia “normal” o en la perpetuación del mismo una vez disuelta, se termina por desvalorar los avances de las mujeres y debilitar las escasas posiciones de resguardo alcanzadas.
En este sentido, extendemos a FLACSO y a otras instituciones educativas del país una invitación para comprometerse a no ser parte de esta ofensiva conservadora abriendo debates verdaderamente plurales, pero sobre todo debates que no estén basados en prejuicios, actitudes y posturas misóginas y argumentos que desconozcan o nieguen las desigualdades que experimentamos las mujeres y las personas LGTBI. Les instamos, en este sentido, a que no contribuyan a dar alas a estas posiciones y a asumir el importante papel que juegan las instituciones educativas a la hora de revertir las desigualdades.
Manifestamos nuestro malestar ante el panel organizado por FLACSO-Ecuador y ante algunos de sus participantes, que han demostrado reiteradamente actitudes despreciativas hacia el movimiento feminista (al que tachan de sexista), y ante el sesgo que presenta el evento a la hora de plantear los términos del debate. Sorprende que una institución que cuenta con un Programa de Estudios de Género y que organiza anualmente las Jornadas de Investigación Feminista, que sin duda son un referente en el país y la región, pueda dar cabida a este tipo de actos.
Apostamos por que las instituciones educativas puedan, como de hecho ya hacen, recoger de forma comprometida la apuesta por la equidad que ha inspirado el avance de derechos que hoy se advierte en distintos entornos y que hacen de esta ofensiva conservadora una reacción a contracorriente ante la pujante reinvención de las identidades y relaciones de género, la familia y las maternidades y paternidades”
Esta carta fue firmada por:
Revista feminista Flor del Guanto
Colectivo Miradas Críticas del territorio desde el feminismo
Mengana Kolectiva
Salud Mujeres
Mujeres de Frente
Brujas al atardecer
Colectivo de Geografía Crítica
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
Movimiento Nacional Luna Creciente
Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial
Colectivo desde el Margen
Génerxs Diversxs
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
Organización Luna Creciente
Plataforma Justicia para Vanessa
El Churo
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA
Activistas por la Defensa y Liberación Animal (ADLA)
Red de acompañamiento Las Comadres
Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
Fundación Desafío
Frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
Sendas
Grupo de CLACSO Cuerpos Territorios y Feminismo
Ex-estudiantes maestría en Género y Desarrollo FLACSO-Ecuador
Comité estudiantil FLACSO- Ecuador
Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas núcleo Pichincha
Plataforma Nacional de Mujeres Caminando hacia la igualdad
Minka Urbana
Plataforma Amor Sí Odio No
Plataforma Vivas Nos Queremos- Ecuador
Warmikunapak Rimana- Saraguro
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