NOTICIA
Comunidades indígenas y campesinas de Sucumbíos resisten a la construcción de zonas para desechos petroleros tóxicos
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 27 de abril de 2022
La Unión de afectados y afectadas por las operaciones petroleras de Texaco, UDAPT, y las comunidades que viven cerca del campo petrolero Drago, se oponen a la construcción de una zona de corte de relleno con desechos tóxicos. Según afirmó la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos en un comunicado, esta zona estará a 500 metros de una institución educativa y afectará a decenas de comunidades indígenas y campesinas, que se ubican en la rivera del río Shushufindi.
Las comunidades realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía Provincial, la Alcaldía y la Gobernación de Shushufindi, cantón de la provincia de Sucumbíos, el pasado 22 de abril de 2022, para exigir la revocatoria de la licencia ambiental a la empresa pública Petroecuador.
***
¿Qué es una zona de corte de desechos?
Pablo Fajardo Mendoza, abogado y parte de la Unión de Afectados por las operaciones petroleras Texaco, actualmente Chevron, explica que para la explotación petrolera, primero se realiza la perforación de los pozos; cuando se trata de una zona rocosa, se usa una broca y un taladro, para penetrar al subsuelo.
“Le ponen una cantidad enorme de químicos, de productos aditivos para diluir la roca, entonces de ahí, se desprende lodo y ripio de perforación el cual es tóxico. Antes, ese lodo lo arrojaban directamente en los pozos”, pero, “lo que hacen ahora es construir gigantescas zonas para rellenarlas con esos lodos tóxicos”, aseguró Fajardo.
Petroecuador llama área o zona de corte a estas piscinas de desechos, “pero realmente es una zona de disposición final de lodos tóxicos de la perforación de pozos petroleros”, mencionó. Y, contó que desde febrero, la empresa empezó a construir más zonas de “rellenos de desechos tóxicos, junto a la plataforma Drago 22, ubicada muy cerca de la escuela Ingapirca y de una comunidad campesina”.
Según Fajardo, Petroecuador, no cuenta con “licencia ambiental para la actividad, plan de manejo ambiental, ni el permiso del uso del suelo de la municipalidad del cantón Shushufindi; es decir, pretende construir estas zonas de manera ilegal, sin cumplir con los parámetros administrativos que impone la norma”.
Según lo establecido en el artículo 9, numeral 8 del Código Orgánico del Ambiente
“Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de sus autoridades competentes exigirá a quien la promueva, el cumplimiento de disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación”.
A todo esto, acotó que la construcción de estas zonas “es una clara vulneración de derechos constitucionales, porque está se da justo donde nacen 6 vertientes de agua que forman parte del río Shushufindi, el mismo que atraviesa a una población bastante extensa de pueblos indígenas y campesinos”.
Comunidades en acción
Las comunidades que habitan cerca del campo petrolero Drago denunciaron la construcción de un pozo de desechos tóxicos, sin los permisos ambientales correspondientes, por parte de la empresa Petroecuador con apoyo de la Fiscalía Provincial de Sucumbíos.
La institución emitió. el 21 de abril de 2022, un oficio que dispone al Jefe del Distrito de Policía del cantón Shushufindi, para que “delegue servidores policiales a su mando, para que en colaboración con los servidores de las Fuerzas Armadas realicen el desalojo y liberen el acceso a la Zona de Cortes de la plataforma Drago Norte 22, Bloque 57 Shushufindi de la empresa petrolera, Petroecuador, de la parroquia 7 de julio, Comunidad Gran Vía”.
El mismo oficio ordenó la aprehensión de toda persona que se oponga a la diligencia, bajo la sospecha de que podrían incurrir en el delito tipificado en artículo 346 del Código Integral Penal, el cual establece que: “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Estas acciones judiciales indignaron a las comunidades, quienes en una marcha realizada el 22 de abril, se dirigieron hasta la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, la comisaría de la Gobernación y la Alcaldía del cantón Shushufindi para exigir que sean respetados sus derechos humanos y constitucionales. A través de la cuenta de twitter, anunciaron que “Petroecuador quiere seguir contaminando y eso no los vamos a permitir”.
Con lo dispuesto por la Fiscalía Provincial de Sucumbíos en favor de la empresa minera “se está violando todos los derechos, además, de poner en riesgo la salud de las comunidades al estar cerca de esos derechos tóxicos, también se viola el derecho al agua”, aseguró el abogado Pablo Fajardo.
Esta vulneración de derechos, según Fajardo, podría incurrir en una falta al artículo 251 de la sección segunda del Código Integral Penal, que determina: “La persona que contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
Las comunidades del Campo Drago, colectivos y organizaciones de derechos humanos exigen a la Fiscalía y las entidades del cantón, la revocatoria de la licencia ambiental de la cual haría mal uso Petroecuador, y rechazaron la construcción de la zona de relleno para desechos tóxicos.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó una denuncia pública donde expone que el Campo Drago opera bajo una licencia ambiental desde el 2014, que fue ampliada en 2017, para ampliar plataformas y perforar pozos, pero el estudio de impacto ambiental no incluyen el área donde se pretende construir la nueva zona de cortes.
No se ha realizado la consulta ambiental debida a la comunidad ni se ha discutido la pertinencia y consistencia de los estudios de impacto ambiental de la nueva operación, aseguró la Alianza.
También denunciaron “la instrumentalización de los operadores de justicia, por parte de Petroecuador, para autorizar actividades peligrosas que afectan gravemente derechos de las personas, comunidades y de la naturaleza y que buscan entorpecer la labor que cumplen las personas defensoras de derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza”.
Por tal motivo, las comunidades indígenas y campesinas pidieron el 26 de abril, a la misma Fiscalía y a la municipalidad del cantón Shushufindi que “desaloje la maquinaria de la zona. Veremos si actúan con la misma rapidez como actuó cuando el pedido fue de la empresa petrolera”, acotó Fajardo.
El mismo pedido lo hicieron al Ministerio de Ambiente en la ciudad de Quito, este 27 de abril, exigiendo la revocatoria de la licencia ambiental a Petroecuador “porque la están mal utilizando”.
Además, en las próximas semanas pretenden presentar una acción de protección contra la empresa petrolera Petroecuador, por los derrames de petróleo que contaminan aún más los territorios.
Según Fajardo, cada semana se dan al menos “tres derrames, el último, por la rotura de tubería nueva, eso es preocupante porque da a entender que es muy mala calidad, lo más preocupante es que no hay reparación ambiental y el Ministerio del Ambiente es cómplice directo de los crímenes ambientales”.
