Las calles de Ecuador se llenaron de miles de mujeres feministas, trabajadoras, obreras, campesinas, indígenas, afro descendientes, artistas, familiares de personas desparecidas, recordando el 25 de noviembre Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Marcharon contra la impunidad que pesa en los casos de feminicidios, por el alto a la violencia machista, para más mujeres no sean criminalizadas por abortos, por las vidas de las mujeres. En Quito miles marcharon desde el centro de Quito hasta el Parque El Arbolito, donde se realizó un juicio popular por casos de feminicidio, discriminación a mujeres lesbianas, y criminalización a mujeres, que siguen en la impunidad y que organizaciones agrupadas en el grito de Vivas Nos Queremos, Ni una Menos exigen justicia.
Esa misma noche la Asamblea Nacional se reunió para debatir y aprobar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Esta ley se tramitó en la Asamblea desde agosto; tanto el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, el Presidente de la República, y organizaciones de mujeres y feministas dieron sus aportes para la construcción de esta norma.
Grupos fundamentalistas y antiderechos se opusieron a la Ley contra el enfoque de género y la inclusión de la protección a mujeres diversas, manifestando que “atentaban contra la familia tradicional”. Su presiones lograron que en último momento incluyeran en los considerandos de la Ley el artículo 45 de la Constitución, que hace referencia al cuidado y protección de la vida desde la concepción, y el 149 del Código Orgánico Integral Penal, referido a la sanción a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Dos días después, la Asamblea votó una reconsideración a la ley aprobada eliminando estos considerandos que para las organizaciones de mujeres y feministas “permitían la violencia hacia las mujeres al criminalizarlas por sus decisiones”.
