Especial Impunidad Sagrada
Violencia sexual clerical
El silencio y la impunidad de la Iglesia Católica
Por Redacción Wambra @wambraec
Publicado 04 de septiembre del 2025
14 casos de abuso sexual que involucran a sacerdotes fueron documentados por el informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad, realizado por la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe. Estos abusos se cometieron dentro de parroquias, seminarios, colegios y casas parroquiales, ubicadas principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, El Oro, Manabí y Galápagos.
Este informe demuestra, además, que la violencia sexual clerical no es un hecho aislado ni se tratan de pocos casos. El abuso sexual dentro de esta institución se permite porque es “resultado de una arquitectura institucional y cultural que la posibilita y encubre”, asegura el informe.
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En 2019, una persona anónima filtro en un chat de WhatsApp fotografías de carácter sexual entre David P y el seminarista Anderson G. y otros sacerdotes. David P, era sacerdote y responsable de la pastoral educativa de una escuela fiscomisional en la Isla San Cristóbal de Galápagos, mientras que Anderson G. daba catequesis, formaba monaguillos y tenía un programa de radio. En el mencionado chat participaban autoridades religiosas y sacerdotes del Vicariato de esta provincia.
A más de las fotografías se encontraba un testimonio que contaba cómo la parroquia era usada por David P y Anderson G para hacer fiestas donde participaban menores de edad, que colaboraban en la Iglesia. El Vicariato de Galápagos habría iniciado una investigación formal tras la publicación y aplicó una amonestación en contra de los implicados. Estos, sin embargo, continuaron en sus actividades por varios meses más hasta que finalmente fueron expulsados entre mayo y junio de 2020. La causa de su expulsión no fue el abuso sexual a menores sino por una relación sentimental entre ambos. Tras salir de Galápagos, se mantienen cerca de la iglesia. David P realizando actividades religiosas mediante una fundación y Anderson G. como parte de Misioneros de Guadalupe, una asociación religiosa mexicana dedicada a las misiones en otros países.
Este es uno de las catorce historias que se recoge en el informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad. Estos casos relatan abusos sexuales cometidos por sacerdotes, diáconos y seminaristas, así como por personas de su confianza en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes en su mayoría eran monaguillos o seminaristas, provenientes de hogares humildes.
El informe evidencia cómo los sacerdotes, acusados de abuso, aprovechan su posición, así como la cercanía y la intimidad que generan con sus víctimas para manipularlas y lograr que estas no los denuncien, pero además que los feligreses lo apoyen. Karen de 14 años, por ejemplo, le contó en secreto de confesión sus problemas al sacerdote Jimmy M. El sacerdote, quien además era profesor en el Colegio Ecuatoriano Suizo, se ganó su confianza y hasta le aseguró “que sería un padre para ella”; le mandaba mensajes y la llamaba, logrando que la adolescente la visite en las noches en la parroquia. Jimmy M. abusó sexualmente de Karen, pero no solo eso, comenzó a amenazarla a través de mensajes a su celular, para que no cuente a nadie lo sucedido. Las amenazas incluso fueron también contra su familia por parte de un grupo católico al que pertenecía el sacerdote.
Jimmy M fue denunciado en fiscalía en 2024, sin embargo, no fue detenido ni fue separado de la Iglesia en ese momento. Incluso luego de la denuncia, el Arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza, celebró una misa junto con el sacerdote. Para el 17 de septiembre de 2024, renunció al colegio y dejó la parroquia. Actualmente, según testimonios presentados en el informe, Jimmy M. se encontraría dando misa y recibiendo confesiones en dos parroquias de Quito.
A Karen en cambio, le ha costado continuar con su vida. Sufre de depresión y ha intentado atentar contra su integridad. Esta reacción es común entre las y los sobrevivientes de violencia sexual, según detalla el informe. Ricardo y Juan Daniel, dos víctimas de abuso sexual en la adolescencia, decidieron quitarse la vida, años después, no solo por lo sufrido sino también por la impunidad.
Fuente: Informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad / COVSFE
Fuente: Informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad / COVSFE
La iglesia encubre la violencia sexual
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana publicó en 2020, un Protocolo para la prevención del abuso y acoso sexual a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. En este protocolo se establece que los sacerdotes deben “Restringir al máximo conversaciones telefónicas, o mensajes por teléfono celular, el uso de las redes sociales y de mensajería instantánea con menores diferentes a los de su familia”.
Sin embargo, como muestra el caso de Karen, este protocolo no se cumple. Las medidas tomadas por la iglesia ecuatoriana frente al abuso no son suficientes y no han logrado frenar los casos. Así, hace pocas semanas, en Olón, provincia de Santa Elena, el sacerdote Diego S. fue descubierto en ropa interior con tres adolescentes dentro de su vivienda. Los adolescentes serían monaguillos de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia, donde servía Diego S. Las y los vecinos de esta comuna aseguraron que en repetidas ocasiones el sacerdote mostró comportamientos inadecuados hacia los adolescentes.
Solidaridad en misión, un colectivo que ha seguido y denunciado los casos de violencia sexual al interior de la Iglesia Católica ecuatoriana, aseguró que Diego S. ya había tenido problemas en su anterior parroquia, San Miguel del Común, en Quito, tras lo cual fue trasladado a Olón. De allí que el informe establece que la violencia sexual dentro de la iglesia “no es un hecho aislado ni producto de conductas criminales individuales”.
El informe pone el dedo en el encubrimiento y por ello, muestra varios casos. Afirma que por parte de la Iglesia existe una «anticultura de impunidad» que se sostiene por la obediencia y el secretismo. Esta impunidad con la que actuaría la iglesia se evidencia en los traslados de sacerdotes abusadores a otras parroquias, instituciones educativas e incluso a otros países; acciones que se hacen con el visto bueno o conocimiento de autoridades eclesiásticas; así como por la revictimización, abandono y estigmatización de las víctimas.
El informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad encontró ocho patrones de encubrimiento:
Fuente: Informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad / COVSFE
Fuente: Informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad / COVSFE
La impunidad hacia el abuso sexual se da porque la institución, en este caso la Iglesia Católica privilegia el “buen nombre”, antes que a las víctimas. De allí que, en varios casos, los sacerdotes sean removidos provisionalmente de sus cargos, y luego se incorporen a otros espacios, algunos educativos, donde siguen interactuando con niñas, niños y adolescentes, a pesar incluso de las denuncias judiciales.
En otros casos, tanto los sacerdotes abusadores como los encubridores gozan de una buena reputación social, ya sea por su obra caritativa o por sus influencias. Así es el caso de Emilio Lorenzo Stehle, quien fuera obispo de Santo Domingo de los Tsáchilas. Stehle fue acusado de violencia sexual en Ecuador y en Alemania, pero además de permitir, la llegada de otros sacerdotes con esos antecedentes al país. Sin embargo, pese a las denuncias, en Santo Domingo, un colegio y una calle llevan aún su nombre.
Al momento, la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional recibió a la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, quien dio a conocer varios de los casos de abuso sexual recogidos en el informe que presentaron. Viviana Veloz, presidenta de la Comisión, también se ha comprometió a encaminar reformas dentro del Código Penal que aborden las responsabilidades institucionales frente al abuso sexual.
La violencia sexual dentro de espacios de fe es parte de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el país. Según Sybel Martínez, ocho niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente cada hora en Ecuador. Solo entre enero 2018 a junio 2023, la Fiscalía General del Estado ha reportado 52.051 denuncias, de las cuales, 2.500 obtuvieron sentencia, mientras que al menos siete familias desistieron de sus denuncias. El nivel de impunidad llega al 95.85%.
