COMUNIDADES
Una vida digna es imposible con una naturaleza contaminada
Los pueblos amazónicos pedimos justicia
Por: Wilmer Lucitante, Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos Ecuador, APANAPSE y de la Unión de Afectados por las operaciones petroleras de Texaco, UDAPT.
Publicado 12 de marzo del 2024
Nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía Norte de Ecuador, esperan que el Estado ecuatoriano cumpla la sentencia emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos en 2021 y cierre los casi 500 mecheros petroleros que se mantienen activos y causando daños ambientales y a la salud. El Ministerio de Energía y Minas confirmó el cierre de apenas dos mecheros, según detalló en la comparecencia realizada en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, el 21 de febrero de 2024.
En dicha comparecencia, las niñas demandantes expresaron su rechazo a las declaraciones de la Ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, y aseguraron que lejos de cumplir con la sentencia y el cierre de los mecheros, el Ministerio sigue dando autorizaciones. Según datos oficiales, los mecheros a 2024, serían 486 cuando anteriormente, eran 447.
El 31 de marzo de cada año, el Estado ecuatoriano renueva las autorizaciones para el funcionamiento de los mecheros. A casi tres años de la sentencia, las niñas demandantes y las comunidades buscan que el Estado avance significativamente con el cierre de los mecheros y las medidas de reparación ordenadas por la justicia.
Wilmer Lucitante, comunicador comunitario de la nacionalidad Cofán de la Amazonía de Ecuador, parte de la Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos Ecuador, APANAPSE y de la Unión de Afectados por las operaciones petroleras de Texaco, UDAPT, comparte este texto.
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En la Amazonía ecuatoriana, ya son más de 50 años que las petroleras queman y ventean gas con químicos contaminantes, asociados al petróleo, a través de los llamados mecheros.
En Sucumbíos, Orellana y Napo existen más de 447 mecheros encendidos, la mayoría, durante las 24 horas del día. Además, se han identificado 295 sitios de quema de gas previamente no mapeados, según la investigación “Ciencia ciudadana extrema para la justicia climática; enlazando los pixel con las personas para mapear los mecheros en la Amazonía”, desarrollada en 2019 por la Universidad Europea de Padua.
Desde 1964, cuando se inició la explotación petrolera con Texaco, se adoptaron malas prácticas que contaminan de manera irreversible la fuente de vida de pueblos y nacionalidades indígenas. Estos daños intencionales contaminan el suelo, el aire, el agua y dejan a sus habitantes en indefensión. Las consecuencias de esta contaminación afectan la salud de las personas y de la naturaleza.
Según una investigación del Banco Mundial, en Ecuador se desperdician aproximadamente 1.100 millones de pies cúbicos de gas al año. Si este gas fuese procesado para el uso interno, el Estado ahorraría aproximadamente 600 millones de dólares al año por su importación desde el exterior, recursos que servirían para todos los ecuatorianos.
A pesar de tener conocimiento sobre el daño que causan los mecheros, las petroleras queman el gas que se extrae y lo envían al aire libre. Lamentablemente la falta de interés y la incapacidad de los responsables está matando a la Amazonía y generando un gasto para el país.
En febrero de 2020, nueve niñas de Sucumbíos y Orellana, con el acompañamiento de sus padres y respaldadas por varios colectivos que llevan la campaña “Eliminen los mecheros y enciendan la vida”, demandaron al Estado ecuatoriano, en concreto, al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Como resultado se obtuvo una sentencia favorable para las demandantes que dio lugar a una medida cautelar en enero de 2021.
La Corte Provincial de Sucumbíos dio la razón a los afectados reconociendo que las empresas petroleras con la complicidad de ministerios del Estado han vulnerando derechos humanos, derechos ambientales y han atentado contra la vida de las personas. Esta sentencia prohíbe, por primera vez, la quema de gas a través de los mecheros. También exige su eliminación de manera gradual; así como que se realice un diagnóstico sobre las personas afectadas de cáncer y se disponga de una unidad oncológica, un plan de monitoreo y un plan de remediación integral en las provincias afectadas.
La lucha por la eliminación de los mecheros es una batalla antigua, donde el acompañamiento de organizaciones sociales locales y nacionales ha sido vital. Sin embargo, los medios de comunicación nacionales no han tenido el interés de investigar y dar seguimiento a estos casos, alimentando los intereses extractivistas, opacando las diversas realidades.
Un estudio, realizado por la Clínica ambiental y la Unión de Afectados por las operaciones petroleras de Texaco, UDAPT, señala que en las provincias donde se realizan actividades extractivas y se quema el gas en mecheros se encuentra el mayor porcentaje de casos de cáncer en relación a otras provincias del Ecuador, principalmente en las mujeres con un 70%.
El alcance de las actividades de quema de gas va mucho más allá de los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Ambiente de Ecuador. Los datos anuales de National Centers for Environmental Information, NOAA Nightfire, mapean que el 23,5% de los sitios donde se quema gas en la Amazonía se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera Yasuní. Esta cifra representa un 18,4% de los volúmenes de todas las industrias petroleras que operan en Ecuador. El también señala que existen 34 sitios de quema adicionales, de los cuales, doce están en el Yasuní y uno en el campo Tiputini, parte del bloque ITT.
Además, en 2021, 39 de los sitios identificados estaban ventilando el gas en lugar de quemarlo, un fenómeno nunca antes documentado en la Amazonía ecuatoriana. Estos datos sirvieron de apoyo para el proceso de lucha y la campaña, para el reconocimiento legal de los derechos humanos y la justicia medioambiental en la Amazonía ecuatoriana.
Actualmente, la situación se vuelve más compleja, ya que los demandados no acatan la orden judicial, y utilizan estrategias comunicacionales orientadas a hacer creer que se está cumpliendo efectivamente con las disposiciones legales. Mientras tanto, las personas afectadas de las comunidades de Sucumbíos y Orellana permanecen en vigilia en contra de la contaminación.
La Amazonía ecuatoriana es una de las áreas más biodiversas del mundo, con una gran riqueza natural y cultural milenaria, determinado como uno de los tesoros más importantes del mundo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas declaran que “la Amazonía es el lugar donde habitan varias culturas indígenas que con el tiempo han logrado demostrar cómo cuidar los bosques, a pesar de que han enfrentado enormes intereses globales y económicos, que muchas veces llegan con pretexto de conservar, pero que han atentado contra las soberanías nacionales. Por ejemplo, la internacionalización de la Amazonía, que únicamente beneficiará a las grandes corporaciones”.
Las personas que viven en los lugares donde se desarrollan actividades extractivas cumplen un papel fundamental para impulsar y fomentar grandes cambios políticos en contra del cambio climático y las empresas extractivistas, pues son las que conocen la realidad local; son las que día a día se encuentran con conflictos medioambientales y pueden aportar con su conocimiento para evitar riesgos globales.
Las actividades extractivas están por encima de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Muchas veces el gobierno y el Estado, con su fragilidad en la defensa de su soberanía, caen en los intereses de los contaminadores. No es posible que se tenga que llegar a una demanda judicial para que reaccionen, abran los ojos y vean su incapacidad e inoperancia. Es irrefutable ver cómo justifican sus actos irresponsables o cómo tratan de tergiversar la información y la realidad ecuatoriana. Se necesita investigar más sobre todo del proceso de lucha para entender mejor este caso importante en la Amazonía ecuatoriana.
Para las personas que conformamos la UDAPT, la lucha no es solamente para eliminar los mecheros en la Amazonía, sino también es una forma de combatir la violación de derechos humanos, ambientales, sociales y, así, buscar una mejor forma de vida para todos los ecuatorianos y la vida en el planeta.