Telemedicina: la última tensión entre el activismo feminista y los grupos anti-aborto en Colombia

Por: Elizabeth Otálvaro Vélez @Eliotalvaro – Mutante

Publicado 22 de julio 2020

“Vi este video porque en la sala de mi casa lo estaban comentando, diciendo que era horrible. Gracias a él pude interrumpir un embarazo no deseado sin que mis papás se dieran cuenta”. Este fue uno de los cientos de mensajes que recibieron Las Igualadas después de publicar en su canal de Youtube, el 14 de abril, el vídeo titulado “¿Cómo abortar en casa?”. Para entonces, habían pasado 20 días de confinamiento por la pandemia del COVID-19. En casi ocho minutos, el espacio de opinión digital feminista de El Espectador presentó la telemedicina como una estrategia médica para acceder al aborto, modalidad legal en Colombia desde 2010 y regulada desde 2019, pero, como cualquier otra arista en materia de sexualidad, bastante polémica y satanizada en el país.

“No estábamos hablando de algo nuevo. En Colombia, muchos abortos se hacen en casa. Lo que hace la telemedicina es poner el servicio a disposición de las mujeres en medio de la cuarentena”, asegura Mariángela Urbina, periodista e integrante de Las Igualadas. Cuando dice que no se trata de nada nuevo, se refiere al aborto farmacológico, es decir, a la posibilidad de interrumpir un embarazo con medicamentos como el misoprostol, que desde el 2012 está incluído en el Plan Obligatorio de Salud (POS), y la mifepristona que desde el 2017 tiene registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), gracias a un trabajo de incidencia liderado por Profamilia, organización que promueve y presta servicios de salud sexual y reproductiva. 

Lo que sí resulta novedoso es que este proceso pueda hacerse con el acompañamiento de profesionales de la salud de manera remota. Por eso ahora, en medio de la pandemia, ha aparecido en la escena pública y con mayor fuerza el teleaborto, o aborto a través de telemedicina o teleexperticie, en cualquier caso, modalidad que Profamilia y Oriéntame —fundación que también presta servicios en salud sexual y reproductiva—, han promovido como alternativa de acceso al aborto en confinamiento. 

Una vez publicado el video, a Mariángela y a su equipo les sorprendieron las reacciones. Aunque no fue la primera vez que hablaron de aborto ni la primera vez en la que una serie de mensajes amenazantes públicos y privados aparecieron en contra de ellas, sí fue la primera vez que esto ocurrió con tanta furia, según nos contaron. “Asesinas”, “hijas de puta”, “psicópatas”, “delincuentes”, “psiquiátricas”, “zorras”: fueron algunos de los adjetivos que se leyeron en redes sociales. 

En menos de dos días, la campaña de desprestigio se replicó en otros escenarios. El 16 de abril, la congresista María del Rosario Guerra, del partido de derecha Centro Democrático, compartió un comunicado de la plataforma Unidos por la Vida —coalición de al menos 15 organizaciones autodenominadas “provida” en Colombia—, donde instaba a que “todos los ciudadanos de bien, que aman y defienden la vida, denuncien el video colgado en Youtube”. Al tiempo, también rodaba vía WhatsApp una cadena que explicaba paso a paso cómo denunciar el video. Mariángela supo de este instructivo porque a su mamá le llegó a través del chat que comparte con sus compañeras del colegio. “Lo que la gente se imaginó es que le íbamos a enseñar a abortar con pinzas, brebajes o ganchos y pues eso es muy diciente de los prejuicios que hay sobre el aborto”, añade la periodista en su relato sobre este episodio: la última pugna visible, en Colombia, entre quienes defienden el derecho al acceso a un aborto seguro  y sus detractores.

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El aborto a través de telemedicina: una respuesta a la pandemia 

La telesalud no es nada distinto al conjunto de prácticas que permiten la provisión de servicios de salud a distancia, entre ellas está la telemedicina (prestación de servicios) o la teleeducación (orientación) en materia de salud. Así la describe la Ley 1419 de 2010, que la convierte en un procedimiento legal en Colombia; en este documento se especifica que debe ocurrir con los mismos parámetros de calidad que en un consultorio o en un hospital. Por eso, con las resoluciones del Ministerio de Salud 2654 y 3100 de 2019, se establecieron los lineamientos para garantizar la calidad y seguridad del servicio de telemedicina en distintos casos, entre esos el aborto. 

“Colombia ha sido muy conservador en la implementación de esta modalidad de servicio, fue en medio de la pandemia que se logró flexibilizar la norma para favorecer esta forma de atención”, explica Giovanni Guerrero, médico y director nacional de gestión clínica y familiar de Profamilia, para apuntar que muy lentamente se han abierto posibilidades normativas para la implementación de la telemedicina y que además esto se debe a que se trata de un proceso complejo en el que están implicadas, entre otras cosas, la capacitación a los médicos y la infraestructura digital, asuntos que quizá no parecen urgentes para algunas instituciones prestadoras de salud. Por eso en el país el acceso al aborto a través de telemedicina está liderado por las mismas instituciones prestadoras de salud que han tenido como principal bandera la salud sexual y reproductiva: Profamilia y Oriéntame. Esta práctica ocurre también en otros países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En pocas palabras, los servicios de aborto a través de telemedicina combinan una orientación médica vía videollamada y correo electrónico con el envío de medicamentos que inducen el aborto, como el misoprostol y la mifepristona, los más conocidos a nivel mundial.

En el caso de Profamilia el servicio que brindan ocurre de manera semipresencial. Guerrero asegura que después de la consulta (virtual o presencial): “Envíamos a la auxiliar de enfermería —a la casa de la mujer que desea ejercer el derecho a interrumpir su embarazo— para que le haga entrega de los medicamentos; no los mandamos con un proveedor de domicilios. La enfermera va para explicar la manera correcta de administrarlos, así como para reiterar la información referente a lo que sucederá después de la ingesta; cuáles son los signos de alarma y los respectivos cuidados que debe tener la mujer». 

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El aborto como un servicio esencial en medio de la pandemia por COVID-19

En Colombia el aborto fue reconocido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como un derecho fundamental, cuando ocurra dentro de alguna de las tres circunstancias de despenalización contempladas en la sentencia C-355 de 2006: 1. Cuando exista peligro para la salud física o mental de la mujer, 2. Cuando exista grave malformación del feto, 3. En caso de violación (aquí está incluida toda relación sexual con menor de 14 años). 

Sobre el aborto y en medio de la emergencia sanitaria y social por el coronavirus, se han manifestado distintos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) que desde el 10 de marzo instó a los Estados a garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales. El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) hizo lo propio refiriéndose directamente a la telemedicina como una alternativa de cara a la emergencia.

María Mercedes Vivas es la directora ejecutiva de la fundación Oriéntame, también es médica de la Universidad Javeriana y magíster en salud pública de la Universidad de California. En entrevista con Mutante, dijo que el 24 de marzo realizaron el primer servicio de interrupción voluntaria del embarazo por telemedicina en línea con el plan de acción para la prestación de servicios de salud preparado por el Ministerio de Salud, donde esta entidad organiza la prestación de servicios hospitalarios y de urgencia, y plantea que el suministro de métodos anticonceptivos y atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no deben verse interrumpidos. 

Pero la realidad es otra, de acuerdo con la Mesa Por la Vida, un colectivo feminista y activista que acompaña legalmente a mujeres para enfrentar las barreras de acceso al aborto. “Algunos prestadores no consideran a la IVE un servicio de salud esencial. Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) se excusan en la priorización de los servicios de salud relacionados con la Covid-19 para no atender las solicitudes de IVE”, describe esta organización en su informe “Barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el contexto de la pandemia por Covid-19”.

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¿Por qué el aborto a través de telemedicina es el nuevo caballito de batalla de grupos antiaborto? 

“Oriéntame y Profamilia, con la promoción del aborto en casa, a través de su página en internet y redes sociales, no solo ponen en riesgo la vida de la mujer gestante, sino que acaban con la vida del más indefenso, el bebé en el vientre de la madre”, este es el argumento principal de una comunicación de la bancada autodenominada provida del Congreso de la República, firmada a principios de abril por senadores como John Milton Rodríguez de Colombia Justa y Libre y María del Rosario Guerra del Centro Democrático. Su petición está dirigida a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, con el objetivo de que se investigue el trabajo de estas dos organizaciones. 

En respuesta, la bancada alternativa, liderada por la representante a la Cámara María José Pizarro, presentó una carta de apoyo a estas instituciones. “Estos servicios […] son necesarios para la prevención de la morbilidad y la mortalidad materna y la prevención de los embarazos no deseados. Asuntos que deben ser atendidos también en la respuesta que como Estado y Sociedad demos a la emergencia que estamos atravesando”, se lee en este documento. 

Para seguir entendiendo este debate, conversamos con Andrea Avellaneda. Ella es ginecóloga y junto a un grupo de médicos objetores de conciencia —aquellos que amparados en su derecho a apelar a sus creencias deciden no practicar abortos— forma parte de la organización “Ginecólogos por la vida”, fundadas desde el 2017. Al entrevistarla expone principalmente tres argumentos en contra del uso del aborto en casa: enfatiza en que el uso del misoprostol es riesgoso en mujeres que tengan una enfermedad hepática, pacientes con diabetes o con cuagulopatía; dice también que desde la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) se ha dicho que su uso debe hacerse en un embarazo menor de 10 semanas, y agrega: “no tengo claro si en esos lugares como Profamilia tienen en cuenta la edad gestacional, porque mientras más grande sea el embarazo, pues más riesgoso será para la paciente”; finalmente recalca que “está aprobada para inducir el trabajo de parto pero entonces las pacientes no pueden tener antecedentes de cirugía uterina y entre ellas el antecedente de cesárea, o de legrado”. 

Consultamos a Profamilia para que respondiera a cada uno de los argumentos expuestos por Avellaneda. Según su respuesta, “el misoprostol, al igual que cualquier medicamento, tiene unas indicaciones y consideraciones para su uso y formulación, de acuerdo con la evidencia no se ha contraindicado en enfermedades hepáticas o diabetes. Por ello es que la ruta de atención de Profamilia inicia con la valoración a través de una teleconsulta por parte de un médico, a fin de reconocer el contexto y las condiciones propias de cada persona. No estamos improvisando”. Por otro parte insisten en que sin el conocimiento de la edad gestacional el procedimiento no podría avanzar, ni en Profamilia ni en ningún otro lugar: “esta puede ser determinada teniendo en cuenta la fecha de la última menstruación pero también con el soporte de exámenes como pruebas de embarazo cuantitativas y ecografías”, dice la respuesta oficial que nos dio esta institución. 

En el caso de Oriéntame, de los 95 procedimientos de aborto a través de telemedicina que han atendido entre el 24 de marzo y el 1 de junio, ninguno ha tenido complicaciones graves. Asimismo, su directora María Mercedes Vivas, asegura que “teniendo en cuenta la casuística propia de la fundación Oriéntame para 2019, se prevé que la probabilidad de requerir aspiración uterina después del uso de la terapia combinada con medicamentos es tan solo del 2%”. Es decir, es muy baja la probabilidad de que haya algún inconveniente médico. Y enfatiza que este proceso cuenta con el acompañamiento de profesionales que están monitoreándolo de principio a fin. 

Por su parte la OMS en su directriz de 2012 “Aborto sin riesgos: guía de técnica y de políticas para sistemas de salud”, recomienda el aborto médico, que generalmente es la combinación entre el misoprostol y la mifepristona, o solo con misoprostol,  porque lo considera seguro y eficaz. En el documento que compila sus directrices más actualizadas sobre salud sexual y reproductiva, dice además que “Los enfoques de autogestión y autoevaluación pueden ser empoderantes y también representan una forma de optimizar los recursos disponibles del personal sanitario y el reparto de tareas”. 

Carolina Triviño, abogada de la Mesa por la Vida, asegura que en un país como Colombia, donde persisten barreras como la desinformación, el aborto a través de telemedicina se presenta como “una herramienta y una oportunidad para que mujeres de distintas regiones, y no solo de las principales ciudades, puedan contar con asesoría de profesionales de la medicina”. De hecho, de los 30 casos que han acompañado durante la pandemia, el 80% corresponden a mujeres que residen fuera de la capital. Además, en este grupo hay mujeres con otros factores de vulnerabilidad, por ejemplo: ocho casos de migrantes venezolanas y tres de pertenecientes a comunidades indígenas, según lo describen en su informe.

El vaivén de argumentos continúa. La telemedicina pone nuevamente sobre la mesa las tensiones entre quienes defienden el derecho al acceso al aborto seguro y quienes se organizan en su contra. Y esta tensión no es un tema exclusivo de la pandemia y de la implementación de la telemedicina hoy en Colombia.

El investigador Franklin Gil documentó en su texto “Políticas antigénero  en América Latina: Colombia”, para el Observatorio de Sexualidad y Política, cómo la avanzada de grupos religiosos aunados con sectores políticos afines al conservatismo ha tenido incidencia en el debate público al menos desde el 2012. Según el investigador, un hito importante de consolidación institucional en contra de los derechos sexuales y reproductivos y del género, en el cual se profundizó la idea de que esos derechos y el feminismo son una amenaza a la familia, fue el período de la procuraduría de Alejandro Ordoñez. “Logró visibilidad mediática, consolidó un capital de reconocimiento y de legitimidad, nombró a funcionarios comprometidos con la agenda anti-feminista, como Ilva Hoyos, y desarrolló una fuerte persecución de funcionarios públicos de izquierda y de quienes trabajaban en temas de derecho sexuales y reproductivos y en temas de género tanto en la Procuraduría como en el Ministerio de Salud”, escribió Gil.    

Avellannea reconoce que tras la lucha antiaborto también hay principios morales y religiosos, aunque no sean estos sobre los que su equipo quiere hacer énfasis: “En Ginecólogos por la Vida hemos intentado dar todos nuestros argumentos desde el punto de vista científico, porque nos atacan mucho desde la religión y en el grupo tenemos personas de todas las religiones. Yo por ejemplo soy católica, pero tengo muchos compañeros cristianos, todos tenemos claro que el principio que defendemos es la vida”. 

“¿Y la vida y la autonomía de la mujer?” Es lo que se preguntan las organizaciones que defienden el acceso a un aborto seguro. “Lo más peligroso de todos estos movimientos antiderechos es que tienen una obsesión en evitar que las mujeres puedan acceder a un aborto, pero lo que realmente evitan es la toma de decisión de las mujeres. Por eso la estrategia del ‘todo se vale’, de generar noticias falsas y dudas sobre quienes las acompañan”, dice Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia. 

Ella añade que uno de los grandes problemas que se deriva de este contrapunteo de posiciones es el nivel de desinformación, donde se señala de asesinas a las mujeres que deciden terminar un embarazo no deseado bajo las causales de despenalización. Esta forma de barrera a un derecho adquirido, desde “la sofisticación de las narrativas”, como la describe ella, y que tiene a WhatsApp como su principal vehículo, no es nueva. El investigador Franklin Gil señala en su investigación que ha sido clave en otros hitos de la historia reciente de Colombia, por ejemplo la llamada “ideología de género” fue una narrativa políticamente instrumentalizada durante la campaña del “No” en el plebiscito por la paz.

¿Cuál es entonces la preocupación que advierten los defensores de derechos de las mujeres? El aborto a través de la telemedicina es un paso adelante en la democratización del derecho, por eso cualquier nueva barrera es vista con preocupación por el movimiento feminista colombiano y latinoamericano y por las organizaciones que llevan años trabajando en la salud sexual y reproductiva. Es por eso que Marta Royo advierte —aunque dice que desea equivocarse— que “por primera vez se pueden ver movimientos en el Congreso para generar retrocesos en el derecho al aborto. Están más preparados, tienen argumentos y una motivación muy grande, sienten que este es el momento para lograrlo: hacen parte del gobierno que está en el control”. 

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Adenda: 

Este texto se terminó de escribir días antes de la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso de la República, el 20 de julio. Ese día, la congresista María del Rosario Guerra anunció una iniciativa para que sea obligatorio el concepto del padre como condición para acceder a una de las tres causales en las que está despenalizado el aborto en Colombia. Algunos trinos de organizaciones defensoras del derecho al aborto sugieren que se trata de una limitación a la autonomía de la mujer.