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A 10 años de histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sarayaku demanda cumplimiento efectivo
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 19 de mayo del 2022
Sarayaku, un pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana que ha sabido defender su dignidad y sus tierras contra el extractivismo, ganó una sentencia en junio de 2012, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia declaró la responsabilidad absoluta del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la propiedad comunal, a la consulta previa y al derecho a la vida.
A diez años de la sentencia, el pueblo de Sarayaku realizó una rueda de prensa para tratar el incumplimiento de la sentencia por parte del Estado ecuatoriano.
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La Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y el Centro por la justicia y el Derecho Internacional presentaron, el 19 de diciembre de 2003, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la República del Ecuador por permitir que la empresa petrolera privada CGC realice actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku.
La demanda fue, además, porque no hubo consulta previa ni consentimiento de la comunidad para permitir la explotación. “Así, se iniciaron las fases de exploración petrolera, por parte de la empresa con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena, creando con ello una alegada situación de riesgo para la población, ya que durante un período le habría impedido buscar medios de subsistencia y le habría limitado sus derechos de circulación y de expresar su cultura”, según el informe de la Sentencia del 27 de Junio de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el mismo informe, se menciona que el 26 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó ante el Tribunal, la demanda en contra del Estado ecuatoriano por la violación al derechos de Pueblo de Sarayaku a ser consultado. La Comisión solicitó a la Corte Interamericana de DDHH que ordene al Estado ecuatoriano:
-Adoptar las medidas para garantizar y proteger el derecho de propiedad del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku
-Garantizar el ejercicio de sus actividades tradicionales de subsistencia, retirando el material explosivo sembrado en su territorio
-Garantizar la participación significativa y efectiva de los representantes indígenas en los procesos de toma de decisiones, acerca del desarrollo y otros temas que los afectan a ellos y a su supervivencia cultural
-Realizar una consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales
Y la no repetición de estos hechos, entre otras medidas de reparación.
Asimismo, el pueblo de Sarayaku pidió a la Corte que ordene al Estado:
-La firma de un “documento de hermandad con las comunidades vecinas del Pueblo Kichwa de Sarayaku”
-El “cese inmediato de todo tipo de exploración o explotación petrolera en el territorio llevada a cabo sin respetar los derechos del Pueblo
-Respetar la decisión del pueblo de declarar la totalidad del territorio de su propiedad, entre otros.
Después de investigaciones, presentación de pruebas y argumentos, el 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se violaron los derechos de este pueblo y dictó una sentencia considerada histórica para los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
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10 años y una sentencia a medias
El pueblo de Sarayaku asegura que no se ha dado cumplimiento a esa sentencia y el 19 de mayo de 2022 realizaron una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, que contó con la participación de Mario Melo, abogado del caso; Tupac Viteri Gualinga, presidente del pueblo y Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional.
Durante la rueda de prensa, Tupac Viteri dijo que al estar cerca de cumplirse 10 años de la sentencia a favor del pueblo Sarayaku “los líderes, lideresas, hombres y mujeres, exigimos al Estado que cumplan con las medidas más importantes dictadas por la Corte, que están incumplidas hasta ahora”.
También le demandó a la Asamblea Nacional para que, en el marco de sus competencias, “exija y supervise al gobierno y autoridades sobre el por qué no se ha cumplido la sentencia”, agregó Viteri. Asimismo recordó que en noviembre de 2019, se movilizaron e hicieron un plantón en la Corte Constitucional para presentar una acción de incumplimiento a la sentencia.
Enseguida Mario Melo, abogado del caso, añadió que a poco de cumplirse 10 años “el Estado no ha cumplido esas medidas y la Corte Constitucional no ha convocado a la audiencia respectiva. Por eso el pueblo de Sarayaku ha venido hoy a Quito, para pedir a la jueza ponente, Carmen Corral, que convoque la audiencia de manera presencial y en el territorio del pueblo”.
Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, concluyó la rueda de prensa señalando que “es indignante lo que ha hecho el Estado ecuatoriano. Este caso es solo una radiografía de lo que pasa. Tenemos sentencias como la del caso Furukawa Plantaciones S.A, donde la vulneración de los y las trabajadores también siguen impunes”.
Cabascango anunció que desde la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos Colectivos y de la Interculturalidad “estamos trabajando en este mismo momento en un Código orgánico para la garantía de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.
Terminada la rueda de prensa, el pueblo de Sarayaku se trasladó hasta los exteriores de la Corte Constitucional, para pedir fecha de audiencia. A las afueras de la Corte, se encontraron con la huelga de hambre liderada por los y las maestras de la UNE, a quienes dieron un mensaje de aliento y apoyo a la lucha; con tambores dijeron !viva la resistencia de los pueblos!.
