Reformas a la Ley de Comunicación:
¿Una comunicación a la medida del gobierno de turno?
Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx
Publicado 03 de marzo del 2022
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La propuesta de reforma a la Ley de Comunicación del gobierno de Guillermo Lasso propone disminuir la responsabilidad del Estado respecto de los contenidos en los medios y dejar que sean los propios periodistas quienes se encarguen de esta tarea; todo en nombre de la Libertad de Expresión.
¿Pero es la autoregulación suficiente para garantizar el Derecho a la Comunicación? ¿Los medios garantizan una información plural y de calidad? ¿dónde quedan los derechos de la audiencia?
Esta reforma cambia sustancialmente la Ley de Comunicación actual, reduce artículos, minimiza el papel del Estado, incluso cambia el mismo nombre de la normativa por Ley para la garantía, promoción y protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, De Expresión y de la Comunicación. Pero, además, uno de los principales cambios es separar y hacer otra ley con los articulados que prohíben la concentración de medios y viabilizan los procesos de concesión de frecuencias.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana tiene en sus manos el tratamiento de esta ley antes del segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
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Guillermo Lasso, desde su primera campaña electoral en 2016, prometió a los grandes medios de comunicación eliminar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada tres años antes, en 2013. “Al tacho de basura de la historia” decía que iría esta ley, el entonces candidato. Sin embargo, tardó una elección más en llegar al gobierno. Una vez posesionado ya como presidente, el 24 de mayo de 2021, firmó su primer decreto, donde eliminó el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. Esto fue una acción simbólica, ya que Lasso no puede eliminar una la Ley, aunque quisiera. Primero, porque el Ejecutivo no puede legislar y, segundo, porque la Ley de Comunicación fue un mandato constitucional. Es así que Lasso presentó a la Asamblea Nacional su proyecto de reforma, siendo esta la primera ley presentada por su gobierno.
El proyecto se denominó “Ley de Libre Expresión y Comunicación” y contpon el nombre comaba se reconocí segundo porque la Ley de Comunicacienía únicamente 14 artículos, entre los cuales no se reconocía la distribución equitativa de frecuencias, se elimina toda forma de regulación estatal y se hace énfasis en la autoregulación de los medios de comunicación; es decir, que sean los propios medios quienes determinen sus códigos de ética donde se señale su línea editorial.
Este proyecto ni siquiera nombra al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, más conocido como Consejo de Comunicación, ni le reconoce funciones. También elimina los articulados relacionados con la producción nacional independiente y la difusión de contenidos musicales ecuatorianos.
Para Hernán Reyes, académico de comunicación y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, el gobierno de Lasso pretende imponer un “modelo neoliberal en la comunicación”, lo que quedó en evidencia luego de su propuesta de reforma enviada, “quiso aplicar esta lógica de desregulación y de liberalización, llamémosla total, que plantea que lo del campo material de la economía, también se trasladar al campo de la comunicación”.
Al proyecto de Lasso, se sumaron otros proyectos de reforma a la LOC. Los asambleístas Fernando Villavicencio (Alianza Honestidad), y Marjorie Chávez, (PSC), en conjunto con Fundamedios, presentaron otro proyecto de reforma de ley, en varios puntos similar al proyecto presentado por el gobierno de Lasso. También están presentados los proyectos de la asambleísta Marcela Holguín, de Unión por la Esperanza, UNES; y la propuesta del Sector Comunitario de la Comunicación, en conjunto con la asambleísta Dina Farinango, de Pachakutik. Así mismo en el anterior periodo legislativo 2017-2021, el asambleísta Juan Cárdenas de Alianza País también presentó su paquete de reformas.
“El proceso de reforma señala que existen en el país, dos formas bastante contradictorias de ver la comunicación”, asegura Hernán Reyes. Por un lado, está la visión que entiende por Libertad de Expresión la autoregulación de los periodistas y se dirige más para los medios privados. Por otro lado, en cambio, estaría un enfoque que se preocupa por “mecanismos de autoregulación que no sean autoritarios” que no afecten a los medios, ni el derecho de los públicos. Estas dos visiones, según Reyes, se expresaron en los proyectos de ley presentados.
La discusión de la reforma a la Ley de Comunicación recayó en la Mesa de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional. Dicha Comisión está presidida por Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de CREO; un joven publicista, hijo y ex asambleísta alterno de Juan Flores, hoy embajador en Panamá por el gobierno de Lasso.
La asambleísta Marcela Holguín de UNES, en entrevista para Wambra, consideraba que la reforma de la Ley debía ser un momento para mejorar la normativa “creemos que es una oportunidad para dotar de Acciones Afirmativas a los medios comunitarios, que sea la oportunidad para tener verdaderos medios públicos que no respondan al gobierno”, pero esto está lejos de ser una realidad.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, tras varios meses de discusión, optó por incorporar al texto para primer debate, varios puntos de los otros proyectos presentados, aunque su base es la propuesta enviada por el presidente Guillermo Lasso y la propuesta de los asambleístas Chávez y Villavicencio.
El 11 de enero de 2022, la Asamblea realizó el primer debate de la Ley denominada “Ley para la garantía, promoción y protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, De Expresión y de la Comunicación”. Según Hernán Reyes, el texto para primer debate “intentó mezclar el agua y el aceite” y, al final, presentó un documento que recoge aportes de todos los proyectos. Sin embargo, Reyes insiste en que hay que conocer “los elementos que se incorporan a este primer proyecto”, para saber si son acordes a una democratización de la comunicación.
La proponente de la ley fue la asambleísta Marjorie Chávez quien, en su ponencia, insistió en que más que una reforma, es necesaria una nueva ley. Para ella, el texto para primer debate enfatiza la responsabilidad ulterior, mismo “que fija responsabilidades civiles y penales a quienes difundan un mensaje prohibido u ofensivo” y “sanciona cualquier exceso de la libertad de expresión a través de órganos judiciales y no a través de órganos administrativos”.
Y aunque las sanciones a periodistas y a medios fue la principal crítica a la Ley de Comunicación actual, la reforma de ley propuesta por el gobierno de Lasso si reconoce y si sancionaría cualquier vulneración de derechos en lo comunicativo, solo que la resolución de estos casos ya no estaría en entidades como la Defensoría del Pueblo o el Consejo de Comunicación, como lo establece la ley vigente, sino que tendrían que resolverse en lo judicial.
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La reforma de Moreno
En 2018, el gobierno de Lenín Moreno realizó una reforma de la Ley Orgánica de Comunicación. Esta apuntó a eliminar varios artículos que fueron criticados por, supuestamente, limitar y sancionar el trabajo periodístico. Entre estos artículos estuvo la eliminación de la figura del “linchamiento mediático” y de la Superintendencia de la Comunicación y la Información, SUPERCOM.
Según Hernán Reyes la figura del linchamiento mediático y de la SUPERCOM “daban una mala señal hacia el interior y hacia el exterior de que podía haber una mirada, una visión autoritaria de la comunicación, que sirva al poder político para perseguir o para amedrentar el trabajo de ciertos medios o periodistas”.
Las sanciones económicas a los medios fueron también eliminadas y la Defensoría del Pueblo, pasó a regular algunos contenidos. La idea de regulación por parte de organismos públicos fue modificada por la propuesta de autoregulación dentro de los mismos medios.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, conocido como CORDICOM, fue modificado por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación o Consejo de Comunicación. El organismo cambió de nombre y de funciones, dejando de tener competencia, por ejemplo, en el Concurso de Frecuencias. En la Ley de Comunicación aprobada en 2013, el CORDICOM debía revisar las propuestas de comunicación de los medios que querían tener una frecuencia y emitir un Informe Vinculante para que la ARCOTEL se encargue de la concesión de la frecuencia de radio o televisión.
La reforma de Moreno creó concursos de frecuencias diferenciados para medios privados y para medios comunitarios. Como consecuencia de este cambio, para el Concurso de Obtención de Frecuencias de 2020, los concesionarios actuales tuvieron prioridad para mantener la frecuencia por 15 años más y muy pocos medios comunitarios obtuvieron una frecuencia.
El gobierno de Moreno no solo efectivizó cambios en la legislación de comunicación, sino también un viraje en la relación del gobierno con los medios y sus propietarios y un cambio en la forma de entender la comunicación. Visión que se mantiene en el gobierno de Guillermo Lasso.
Mientras Lenín Moreno hablaba de “aires de libertad”, dueños de medios o sus familiares ocupaban cargos públicos. Este gobierno hablaba de libre expresión mientras los medios públicos eran fusionados para luego ser liquidados y disminuidos con el decreto 1059, aprobado en mayo del 2020. Dos meses después, 500 trabajadores, entre administrativos y periodistas, fueron despedidos sin que se respete sus derechos laborales.
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Una comunicación sin regulación
El gobierno de Lasso, desde un inicio, fue crítico del papel del Consejo de Comunicación, antes conocido como CORDICOM. Hasta puso en duda la existencia misma del organismo, a pesar de que su creación se aprobó en 2011, mediante una Consulta Popular, con el fin de regular la difusión de contenidos discriminatorios o violentos y establecer criterios de responsabilidad a los medios.
La pregunta 9 de la Consulta Popular de 2011, que fue aprobada con el 51,68% de los votos afirmativos, decía:
¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores?
Así fue como en la Ley de Comunicación aprobada en 2013, nació el CORDICOM. Sin embargo, para el gobierno de Lasso la visión sobre este organismo es otra.
La presidenta del Consejo de Comunicación, Jeanine Cruz, en una entrevista para Wambra en junio de 2021, ponía en duda el papel desempeñado por el organismo y para ella “este Consejo tiene que ser un Consejo de apoyo a la Libertad de Expresión, para garantizar el libre cumplimiento del trabajador de la comunicación sin tanta presión y, más bien, hacer de este un espacio para potenciar las habilidades, ayudar con capacitaciones”.
De allí que, en la propuesta de Ley que Lasso envió a la Asamblea en 2021, el Consejo tiene entre sus funciones coordinar acciones de protección a periodistas, su capacitación; el desarrollo de investigaciones, la regulación de franjas horarias y de la participación ciudadana en medios públicos. Sin embargo, se eliminan las responsabilidades del organismo sobre el contenido de los medios.
En la Ley de Comunicación vigente, el Consejo de Comunicación tiene entre sus dieseis atribuciones, elaborar informes técnicos sobre contenido violento y discriminatorio para que la Defensoría del Pueblo inicie acciones. También es el llamado a monitorear el contenido de los medios y a construir mecanismos para diversificar la programación.
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Atribuciones del Consejo de Comunicación eliminadas
Con la nueva Ley que propone Lasso, estas atribuciones del Consejo desaparecen y son los medios quienes determinan qué es comunicación de calidad y si difunden o no contenidos violentos o discriminatorios. No existirá un organismo estatal que diga algo al respecto.
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Atribuciones Consejo de Comunicación
De allí que, para Hernán Reyes en la nueva Ley se hable de “desregulación y de liberalización”, lo que incluye reducir el papel que antes tenía el Consejo de Comunicación y omitir en la Ley la responsabilidad de los medios sobre los contenidos que se difunden. Reyes sostiene que el gobierno tiene una idea equivocada de la regulación, pues privilegia la Libertad de Expresión de los medios, pero no “regula nada en favor de la ciudadanía”.
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Hablar de frecuencias ¿es hablar de comunicación?
El gobierno de Lasso, con su visión neoliberal de la comunicación, divide la actual Ley de Comunicación en dos leyes distintas. Los artículos que hablan de garantizar la Libertad de Expresión y el trabajo periodístico se mantienen en la propuesta de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, De Expresión y de la Comunicación, que se discute en este momento en la Asamblea. Mientras que la parte de la distribución de frecuencias, el concurso de frecuencias, la concentración de medios, la regulación de la publicidad, pasan a ser parte de la Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico.
Para el académico, Hernán Reyes, esta división de la ley se debe a que en el gobierno “tienen una visión chata, reduccionista de la comunicación y no entienden que los soportes tecnológicos de la comunicación tienen mucho que ver con la dimensión política y social de la comunicación, y están integrados”.
Esta visión en la comunicación para Reyes coincide con las políticas neoliberales que impulsa el gobierno, donde se privilegia el sector privado por sobre lo público y lo comunitario. “El tema de frecuencias no se reduce al espectro radioeléctrico ni a un tema de técnicos, ni ingenieros”, asegura Reyes, pues invisibiliza el problema de la concentración de frecuencias que marca la propiedad de medios en Ecuador.
Para Reyes, el aislar la parte de las frecuencias del resto de la normativa supone un retroceso para el Derecho a la Comunicación. Además, que esta separación asegura dejar “sin piso” a la distribución equitativa de frecuencias donde se garantiza el acceso equitativo a las frecuencias para medios comunitarios y privados.
Según el académico, esto podría abrir la puerta para que regresen las prácticas discrecionales que antes funcionaban a la hora de entregar las frecuencias “La lógica del compadrazgo, de que los mismos beneficiarios de las frecuencias tengan participación en estas instancias. Donde las frecuencias más apetecidas, que apuntan a una frecuencia más concentrada en términos poblacionales, deban ser para medios privados y que las frecuencias pequeñas, de corto alcance, sean para medios comunitarios”.
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¿Y los derechos a una comunicación de calidad?
En febrero de 2022, dos hechos trajeron nuevamente la discusión sobre el contenido de los medios de comunicación. Por un lado, el programa de reality de televisión MasterChef donde se preparó y consumió carne de animales silvestres, y por otro, el acoso que sufrió la presentadora Nadia Manosalvas, en el programa deportivo Esto es Fútbol por parte del empresario mediático Mario Canessa.
Organizaciones animalistas denunciaron penalmente al canal Teleamazonas, por infringir la ley que prohíbe el consumo y el tráfico de animales silvestres y en peligro de extinción. Inicialmente, las organizaciones exigieron disculpas públicas del canal y la difusión de contenidos que promuevan el respecto a la vida animal; sin embargo, nunca tuvieron una respuesta del medio. El Consejo de Comunicación por su parte, no se pronunció al respecto.
En el caso de la periodista Nadia Manosalvas, la Fiscalía abrió una investigación, debido a las denuncias de la ex colaboradora de Radio Diblú, María Soledad Reyes, referentes a supuestos “favores sexuales” que se pedían a las mujeres en ese medio. De su parte, el Consejo de Comunicación, en un comunicado, aclaró que presentará el caso ante la Defensoría del Pueblo para que se abran las investigaciones respectivas. En ambos casos, los medios involucrados y sus directivos prefirieron guardar silencio.
La actual Ley de Comunicación –que busca reformarse– incluye entre sus articulados la responsabilidad del medio, algo que busca que tanto periodistas y productores como directivos de medios se hagan cargo de los contenidos que difunden. Por otro lado, plantea que organismos estatales como el Consejo de Comunicación y la Defensoría del Pueblo monitoreen los contenidos de los medios y se pronuncien cuando se difunda un contenido discriminador, violento o que vulnere derechos.
En cambio, la Ley propuesta por el gobierno de Lasso busca que los medios, a través de la figura del Defensor de Audiencias (Artículo 6 y 7), realicen acuerdos de conciliación, frente a reclamos de la audiencia.
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Hernán Reyes critica este articulado y asegura que pocos medios podrán mantener esta figura. Un defensor de audiencia, dice, tiene sentido si estaba ligado a la Defensoría del Pueblo, por la estructura que esta institución ofrece. Para el académico, “Hay el riesgo de que sea una Ley, que por más que tenga principios con los que estamos de acuerdo, los artículos que regulen comportamientos indebidos no haya quién los aplique”. Esto, porque tanto la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Comunicación pierden competencias con la nueva normativa.
Así, el Consejo de Comunicación solo conocería casos donde se hayan violentado normas deontológicas concernientes al trabajo periodístico, pero no tendría atribuciones para actuar frente a contenidos violentos o discriminadores, que “obliguen al medio de comunicación a hacer rectificaciones, obliguen al medio de comunicación a dar voz, a contrastar una noticia que no han contrastado”. De allí que Reyes rechaza la propuesta de autoregulación, pues, asegura, que este principio estaría atado a lógicas comerciales y de rating.
Añade, además, que la disminución de funciones en los organismos de comunicación haría que en la práctica “no haya la fuerza suficiente a nivel institucional para que se pueda lograr que los medios de comunicación rectifiquen o sean sancionados públicamente con unas disculpas públicas, o una rectificación en el espacio”.
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¿Qué dicen los medios comunitarios?
Apenas Lasso derogó el reglamento de la Ley de Comunicación, medios, organizaciones y periodistas del sector comunitario de la comunicación mostraron, en un comunicado su preocupación frente a la posibilidad de que las reformas a la ley sean regresivas en derechos y en políticas para el sector comunitario y público de la comunicación.
Para los medios comunitarios es fundamental que las reformas a la ley avancen en derechos que garanticen principalmente “el acceso a frecuencias, y a la fundación de medios propios de comunicación para las comunidades, colectivos y organizaciones sociales, y la reserva del 34% del total del espectro radioeléctrico para este sector”, según mencionan en su comunicación de mayo de 2021.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, anunció el inicio de un nuevo concurso de frecuencias para medios comunitarios, para el pasado 25 de febrero. Este concurso, sin embargo, se convocó sin un reglamento de ley vigente y con una reforma de la ley en proceso. Los dos concursos de frecuencias anteriores (2016- 2020) si bien permitieron aumentar el número de medios comunitarios, no fueron suficientes para modificar la concentración de medios en Ecuador y, menos todavía, en las grandes ciudades.
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Los debates
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional retomó el debate y las comparecencias previas al segundo debate de la Ley de Libertad de Expresión. En su más reciente sesión del miércoles 02 de marzo, la asambleísta Paola Cabezas de UNES preguntó cómo funcionará la autoregulación que propone esta ley, ya que asegura, el articulado no es lo suficientemente explícito en este tema.
También criticó los procesos que contempla la ley para exigir el derecho a la réplica y a la rectificación, señalando que “no existen consecuencias jurídicas” y que el ciudadano deberá acudir junto con un abogado para demandar en un tribunal su derecho. La Asambleísta observó, asimismo, el articulado sobre el Defensor de Audiencias, por considerar que favorece a los medios de comunicación y no a las audiencias, pese a su nombre.
De otro lado, María Eugenia Garcés, Sub decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, aseguró que “tenemos un cuerpo legal que se constituye en una ley de libertades y medios que pierde el eje central, que es el derecho ciudadano a la Comunicación y lejos de ser un mecanismo de protección, se limita a enumerar las obligaciones del Estado frente a los medios y periodistas”.
A 14 años de la aprobación de la Constitución de Montecristi, donde por primera vez se reconoció el Derecho a la Comunicación y la existencia de los medios comunitarios en Ecuador, no se puede pensar en una ley que hable de Libertad de Expresión de forma aislada, dejando fuera la discusión sobre el manejo de las frecuencias o lo vea como un problema técnico, en un país donde la concentración mediática es la norma.
