Quito sin Minería:
colectivos exigen a la Corte respuesta para consulta popular
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan1
Publicado 13 de enero de 2022
[rt_reading_time label=»Tiempo de lectura:» postfix=»minutos» postfix_singular=»minute»]
El colectivo Quito sin Minería realizó una rueda de prensa en la Corte Constitucional del Ecuador, el 12 de enero del 2022, para solicitar una respuesta sobre la constitucionalidad de la pregunta de la Consulta Popular sobre la prohibición de minería en Quito, específicamente en la Mancomunidad del Chocó Andino, al Noroccidente de Pichincha, conformado por las parroquias Gualea, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Mindo y Calacalí; una zona declarada por la Unesco como Reserva de Biósfera.
***
El 25 de julio del 2018 el Chocó Andino fue declarado por la Unesco como la séptima Reserva de Biósfera en Ecuador, con una extensión de 286 mil hectáreas, que representan el 30.31% del territorio de Pichincha. En esta reserva, según el Ministerio de Turismo, se registran cerca de 270 especies de mamíferos, como el oso de anteojos, el zamarrito pechinegro, el gallo de la peña, olingos, tigrillos e infinidad de insectos, anfibios y reptiles, además especies endémicas como el tucán del Chocó y la rana cohete de Pichincha. Esta zona, además es una fuente de agua, lugar de desarrollo de agroecología, turismo y de generación eléctrica, según el documento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
En el referéndum y consulta popular del 2018 se les preguntó a las y los ecuatorianos si estaban de acuerdo con enmendar la Constitución para que se prohibiera la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El 68.77% respondió que sí. Pero esto incluye solo las áreas reconocidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Por tal motivo, la Mancomunidad del Chocó Andino, pidió que se haga la consulta popular para frenar la minería. De esta forma varias comunidades y organizaciones ambientales impulsaron la campaña “Quito Sin minería”. El 29 de marzo del 2021, presentaron a la Corte Constitucional del Ecuador una iniciativa Ciudadana de Consulta Popular para prohibir la minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino.
En junio del 2021 la Corte Constitucional negó el pedido de la propuesta de consulta popular para prohibir la explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, según el CASO No. 1-21-CP
La Corte Constitucional solicitó que la consulta debe circunscribirse a un contexto local, por lo que el colectivo ecologista decidió delimitar este territorio al área que conforma la Mancomunidad del Chocó Andino, reconocida a través de la Ordenanza 137 que declara al territorio como “Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible”. Esto garantiza que el territorio global de las 6 parroquias del Noroccidente de Pichincha, sea considerado un territorio libre de minería.
Otra de las acciones pedidas por la Corte es justificar por qué la consulta popular se hace a nivel local si los ingresos provenientes de la minería se incorporan al presupuesto general del Estado y en ese sentido podría existir una afectación nacional de los efectos de la Consulta Popular. Sylvia Bonilla explica que: “La comunidad tiene sus propios procesos de producción y desarrollo sostenible, que no son compatibles con las actividades mineras”. Esta zona específica del Distrito Metropolitano de Quito, más del 25% de personas se dedican a la agricultura, según el boletín del Consorcio para el desarrollo sostenible de le Ecorregión Andina (CONDENSAN): Avances en la construcción de sistemas de comercialización alternativa en la Mancomunidad del Chocó Andino
Inti Arcos, Coordinador Técnico de la Mancomunidad del Chocó Andino, expresó que se han adjuntado documentos al proyecto de consulta popular, como: El Plan de Gestión Territorial Sustentable de la MCA, que es un proyecto que busca la Sensibilización Ambiental, Promoción y Comercialización de Productos Sostenibles y el impulso a las actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.
Sylvia Bonilla, abogada que acompaña a las comunidades en el pedido de consulta, manifestó que la Corte Constitucional debe resolver si la consulta popular no genera conflictos con la norma constitucional.
La Corte tiene 20 días para resolver el pedido desde que se abocó conocimiento, esto sucedió el 3 de enero. Por lo que a finales de enero la Corte deberá informar su decisión. Sylvia Bonilla explica que al no conseguir el proyecto de dictamen elaborado por el juez Agustín Grijalva tendría que resortearse a otro juez.
De aprobarse la consulta, se preguntará a la población de Quito:
¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a escala artesanal dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?, según el Dictamen No. 1-21-CP/21.
Para concluir, Inti Arcos, hace un llamado a la Corte Constitucional a que respete su derecho a ser consultado y también llama la atención a los quiteños y quiteñas “Quito no puede ser solo cemento y contaminación. Quito también es vida y la vida hay que cuidarla”.
