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Preocupación en casas de acogida por falta de presupuesto y altos índices de violencia de género
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 19 de diciembre de 2022
La Red Nacional de Casa de Acogida exigen al gobierno del presidente Guillermo Lasso declarar el país en emergencia por los altos índices de violencia de género. Así como la asignación de recursos para la implementación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y otorgar la condición de servicios esenciales para todos los centros de atención integral, casas de acogida y protección en casos de violencia basada en género.
Desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional llamaron a comparecer en la sesión 178 a la ministra de la mujer y derechos humanos, Paola Flores y al ministro de finanzas, Pablo Arosemena.
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La Fundación Aldea muestra que desde el 01 de enero hasta el 15 de noviembre de este año, se registran en Ecuador 272 muertes violentas por razones de género, siendo este uno de los años más violentos para las niñas, adolescentes, mujeres y mujeres trans. Del total de los feminicidios registrados, 107 son de índole familiar, íntimo, sexual; 157 por delincuencia organizada y 8 transfemicidios. Las cifras revelan que cada 28 horas en el país se registra un femicidio.
La situación pone en alerta a las organizaciones de derechos humanos y la Red Nacional de Casas de Acogida que se encargan de proteger y brindar atención integral a mujeres y sus hijos e hijas, víctimas de la violencia machista. Por eso, desde la Red exigen al gobierno nacional tres cosas importantes:
Primero, piden la declaratoria de la emergencia nacional por la violencia basada en género. Según Marlene Villavicencio, de la Red Nacional de Casas de Acogida, esta declaratoria es importante debido a los altos índices de violencia, porque ha sido un año cruel y doloroso para las mujeres.
Asimismo, desde la Red de casa de Acogida exigen al gobierno nacional, la asignación de recursos para la implementación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. En 2020, el informe de gestión anual del Observatorio Nacional Ciudadano a la aplicación e implementación efectiva de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, muestra que hubo un reducción del 84% del presupuesto para la aplicación de la ley, lo que generó la reducción del personal profesional que asistía a mujeres violentadas.
Dado que la ley no cuenta con el presupuesto, Villavicencio dice que la asignación de recursos a la ley es necesaria para que las organizaciones que forman parte del sistema de protección integral puedan asumir con eficiencia, calidez y calidad, la atención a las víctimas de violencia. Los recursos económicos, para Villavicencio también permitirían que se hagan proyectos de prevención de la violencia y por supuesto, sirven para sostener los servicios para las víctimas.
La Red de Casas de Acogida también están pidiendo se otorgue la condición de servicios esenciales para todos los centros de atención integral, casas de acogida y protección en casos de violencia basada en género. En mayo de 2022, la ex secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, entregó $2’189.905 a 21 organizaciones para el fortalecimiento de los centros y casas de acogida. A todo esto, Marlene Villavicencio, dice que este presupuesto es solo para cuatro casas de acogida y 16 centros de atención. Mientras que, en Ecuador, existen siete casas de acogida de la sociedad civil y algunas de esas, no tienen firmados convenios como la casa del Coca (Orellana), de Lago Agrio (Sucumbíos) y el Tena (Napo). Eso es preocupante, dice, porque estas casas no cuentan con presupuesto para dar la atención que necesitan las mujeres, niños y niñas que se acogen en las casas.
Por otra parte, está la casa de acogida de Esmeraldas que tiene financiamiento por parte del municipio de la provincia; sin embargo, no es un financiamiento suficiente para sostener la casa y todo lo que la misma requiere como personal especializado. A la casa de Azogues y de Cotopaxi también les hace falta recursos.
Según Villavicencio: “las mujeres llegan a las casas de acogida porque necesitan salvar sus vidas y las de sus hijos e hijas y cuando llegan necesitan atención en salud, atención en sus necesidades básicas. Después hacer las denuncias, restablecer sus vidas y eso tiene un costo. Por lo tanto, las casas de acogida no se pueden sostener con lo que el Estado da, por eso las casas están en constante búsqueda de fondos para poder cubrir todas esas necesidades”.
Su propuesta es que el presupuesto para cada casa de acogida dependa del número de mujeres y de niños o niñas que lleguen, de la cobertura, los servicios y el contexto en el que se encuentren. De manera que, Villavicencio considera que cada casa de acogida necesita entre 300.000 y 400.000 dólares anuales. Además, las casas de acogida necesitan, al menos 15 personas para sostener la atención integral a las víctimas.
El 15 de diciembre, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos abrió la convocatoria para el fortalecimiento de atenciones a mujeres víctimas de violencia a través de casas de acogida y centros de atención integral. Por lo que, se han establecido algunas fechas para el procedimiento como la recepción de preguntas de las organizaciones sociales, entrega de propuestas, revisiones, publicaciones de resultados y la suscripción de convenios que se harán en febrero de 2023. Esto también es preocupante para Villavicencio, ya que la cobertura de los servicios no estaría contemplada durante el mes de enero. Sin embargo, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, aseguró que la prestación de los servicios de las casas de acogida y centros de atención durante enero próximo si están garantizados.
Para conocer sobre el presupuesto asignado y el trabajo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para con las casas de acogida, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, llamó a la Ministra, Paola Flores, y al ministro de finanzas, Pablo Arosemena a comparecer en el Pleno el 17 de diciembre de 2022. Arosemena se excusó del llamado y en su reemplazo enviará a la viceministra de finanzas, Olga Sánchez.
La proponente de la comparecencia de las autoridades, la asambleísta Johanna Moreira, informó sobre su reunión con mujeres que sostienen la lucha y la defensa de otras mujeres, víctimas de violencia y ellas comunicaron su preocupación por la falta de presupuesto para las casas de acogida. La asambleísta se refirió a los más de dos millones de dólares asignados por la ex secretaria de Derecho Humanos, Bernarda Ordóñez, para las casas de acogida durante este año. De esta cifra, a cada casa le correspondía 106 mil dólares, cuando antes el presupuesto era de 130.000 dólares, lo que significó una reducción de 24 mil dólares para las casas de acogida.
La asambleísta Moreira insistió en que el Estado es responsable de las casas de acogida y centros de atención, por lo que el presupuesto no se puede disminuir de una manera abrupta. Asimismo, recalcó la labor de las mujeres que sostienen los centros de atención y casas de acogida a pesar de las dificultades que se les presenta.
En respuesta, la ministra de la mujer y derechos humanos, Paola Flores, en su intervención dijo que actualmente tienen cuatro convenios con las casas de acogida con una inversión de 127.432 dólares que comprende siete profesionales: abogada, trabajadora social, psicóloga, educadora y dos facilitadoras. También comprende movilización, alimentación, insumos y talleres de sensibilización. Asimismo, tienen 17 convenios con centros de atención que comprenden equipos técnicos, espacios físicos.
Según la ministra, están brindado servicios a las casas de acogida de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Santa Elena, El Oro, Loja, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay con 131 profesionales. Y dentro de la normativa vigente para convenios de cooperación con casas y centros de acogida cuentan con un modelo de gestión y protocolos de atención, un reglamento de procedimiento de selección, suscripción y ejecución de convenios de cooperación técnicos-financieros con organizaciones sociales sin fines de lucro, una póliza y normativa técnica para “tener un financiamiento oportuno en los centros y casas. Con eso garantizamos los recursos necesarios y la continuidad de los servicios que están necesitando”.
Por su parte, la viceministra de finanzas, Olga Sánchez, dijo que el Estado ecuatoriano asigna recursos para las casas de acogida no solo desde el ministerio de la mujer y derechos humanos, sino desde el ministerio de inclusión económica y social. “Los recursos que asigna el Estado son mucho más, cantidades importantes que se les hará conocer”. Asimismo, aseguró que en la proforma del 2023 algunas instituciones tuvieron recortes, los mismo que irán solucionándose.
