Parir, abortar, vivir
La importancia del acceso a derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia
Publicado 14 de mayo de 2020
Por: Génesis Anangonó @genestefa
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Marta* empezó labor de parto al mismo tiempo que regía el Toque de Queda por la emergencia de COVID-19 en Quito. Su familia llamó a una ambulancia para que la traslade hasta la maternidad, pero esta nunca llegó. Marta alumbró en un patrullero con ayuda de agentes de la Policía que la trasladaron a la Maternidad Isidro Ayora. Esto sucedió el 26 de marzo de 2020. Un mes después, el 29 de abril de 2020, en la hacienda El Valle, en Chongón, provincia del Guayas, Katy* llamó al 911 para solicitar el envío de una ambulancia, porque su nuera había empezado labor de parto. La ambulancia tardó, por lo que antes llegaron agentes de la Policía que no pudieron apoyar mucho, ya que para ese momento la mujer ya había dado a luz, luego se sentaron a esperar que la ambulancia arribe y las traslade, a la madre y a la bebé recién nacida al hospital.
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Desde la declaratoria de emergencia sanitaria en Ecuador, el 11 de marzo de 2020, el sistema de salud ecuatoriano se concentró en solventar las necesidades médicas emergentes de la población contagiada de COVID-19, mientras que otras atenciones de salud, como las de salud sexual y reproductiva, que requieren miles de mujeres, se vieron afectadas.
Para establecer parámetros de cómo atender este tipo de requerimientos de salud sexual y reproductiva de mujeres durante la emergencia sanitaria el Ministerio de Salud Pública de Ecuador elaboró el documento: “Recomendaciones para los profesionales de la salud para el manejo y cuidado de la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto, puerperio, periodo de lactancia, anticoncepción y recién nacidos en caso de sospecha o confirmación de diagnóstico de COVID-19” el 2 de abril del 2020. Aunque el acceso a salud sexual y reproductiva consta en papeles, en la práctica no está sucediendo.
Ana Vera, directora ejecutiva de la organización de defensa de derechos de las mujeres Surkuna, dijo que la organización ha recibido varias denuncias por falta de atención en temas relacionados con emergencias obstétricas, de partos y abortos en curso durante el período de aislamiento.
Ese fue el caso de Rosa* quien tenía sepsis por muerte fetal, que es una infección generalizada en todo el organismo que se produce cuando un feto muere dentro del útero y no es retirado del cuerpo materno de inmediato. Rosa fue tres veces a un centro de salud para solicitar asistencia médica, sin embargo, no la atendieron, por lo que estuvo muy cerca de tener complicaciones de salud más serias debido a la ausencia de atención. Para Vera esto no debería suceder ya que las mujeres embarazadas, o con sospecha de estarlo, que presenten complicaciones obstétricas, dolor, sangrado o tengan un aborto en curso “pueden asistir a los centros de salud tipo C o a las maternidades y deben recibir atención médica, porque estas son emergencias obstétricas”.
Ana Vera cree que se está negando la atención a mujeres que llegan con abortos en curso, porque en el sistema de salud suelen realizar “comités médicos” para resolver la atención de estos casos, y en estos momentos no lo están haciendo. De esta forma, por un lado, hay mujeres que no han podido acceder a atención médica, y por otro hay mujeres que llegaron en busca de atención por un aborto en curso y fueron denunciadas.
Este último fue lo que le ocurrió a Carla*, adolescente que llegó al Hospital Alfredo Noboa de Guaranda, acompañada de su madre, en busca de atención médica por una hemorragia producida por haberse practicado con aborto con el uso de misoprostol. La casa de salud –en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19– emitió una denuncia el 16 de abril. La Fiscalía inició un proceso penal en contra de su madre, adulta mayor, por el delito de “aborto consentido” que según el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sucede cuando una persona facilita un aborto a una mujer que ha consentido previamente esta interrupción del embarazo. La madre de Carla podría ser sancionada con una pena privativa de libertad que va de uno a tres años de prisión.
¿Por qué en medio de la emergencia sanitaria, donde no se está garantizado el acceso a salud sexual y reproductiva para las mujeres, se continúa sancionando penalmente a las mujeres que abortan? Juana Fernández, abogada experta en género de la Fiscalía General del Estado, explica que al estar penalizado el aborto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscalía actúa en el marco de esa legislación, por lo que «procederá en el marco de sus competencias, con la investigación pre procesal y procesal penal de estos delitos que están contemplados como delitos». A pesar de esto, Juana Fernández explica que la Fiscalía emitió un criterio sobre la penalización del aborto a la Asamblea Nacional, en el marco del debate de las reformas al Código Integral Penal en 2019, donde argumenta que “La mantención de la norma penalizadora del aborto es violatoria al principio de igualdad, puesto que, desde hace varios años atrás, el Estado ha entendido que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Sin embargo, la existencia de esta norma, no permite a la mujer desarrollar esa igualdad”.
La mayoría de mujeres judicializadas por “aborto consentido” son denunciadas en el sistema de salud, donde buscan atención, como Carla. Esto a pesar que el personal médico está en la obligación de guardar el secreto profesional y brindar atención inmediata para precautelar la salud y la vida de las mujeres. Aunque el secreto profesional es un deber ético del personal de salud, este muchas veces no es respetado y en lugar de atender a una mujer que llega en busca de atención por un aborto en curso, la denuncian. Esta situación se agrava cuando varios servicios de atención en salud sexual y reproductiva se han visto afectados por la pandemia.
En Ecuador, debido a la emergencia sanitaria, el acceso a algunos servicios de salud sexual y reproductiva están detenidos, así explicó Consuelo Bowen, abogada del Centro de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM – Guayaquil, en una entrevista en el programa Pócima Crítica, de Wambra Medio Digital Comunitario. Según Consuelo “se ha realizado una restructuración del personal médico, por lo que los centros de salud están operando a medias y no se cuenta con todos los servicios”.
CEPAM – Guayaquil también está teniendo problemas para atender durante la emergencia, ya que al estar asentada en el epicentro de la pandemia en Ecuador, muchas de las colaboradoras se contagiaron de COVID-19 y por ende, el acceso y la prestación de servicios que brinda la organización se vio afectada.
El director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos del Guayas, Billy Navarrete, también narró algo similar, él dijo que en muchos centros de salud el personal que atendía enfermó, obligándolos a cerrar las puertas y restringir la atención al público, disminuyendo así el acceso a servicios esenciales.
Según informó la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), en el mundo, uno de cada cinco servicios de planificación familiar, durante la pandemia por COVID-19, se ha visto obligado a cerrar y con esto se ha reducido la aplicación de pruebas de VIH, entrega de anticonceptivos, respuesta a la violencia de género y la práctica de abortos seguros.
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¿Cuál es la consecuencia de la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva?
En el mundo, alrededor de 700 millones de mujeres acceden a métodos anticonceptivos, más de 90 millones dan a luz y decenas de millones acceden a servicios de aborto seguro anualmente, según el Instituto Guttmacher.
¿Qué sucede con estas mujeres cuando estos servicios disminuyen o restringen en medio de una pandemia? En el estudio del Instituto Guttmacher, se estima, que al reducir solo en un 10% el acceso a atención médica relacionada con el embarazo y parto tendría consecuencias “desastrosas”, porque alrededor de 1.7 millones de mujeres que paren y 2.6 millones de recién nacidos enfrentarían complicaciones por no recibir la atención médica necesaria. De acuerdo al estudio esto provocaría al menos 28.000 muertes maternas y 168.000 muertes de recién nacidos.
Lo que sucedió a Martha, Katy, Rosa y Carla son evidencia de la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia en Ecuador.
Como explica el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), muchos Estados estén redirigiendo todos los recursos y esfuerzos médicos a combatir la COVID-19, pero hacerlo podría “tener un alto costo para las mujeres y las niñas”. Según el UNFPA la falta de suministros menstruales, anticonceptivos, atención de la salud materna y acceso a abortos seguros vulneran el derecho de las niñas, mujeres y adolescentes al “empoderamiento y el ejercicio de su salud y sus derechos sexuales y reproductivos”.
Para evitar muertes de mujeres y judicializaciones por abortos el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) −una organización internacional que promueve la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental− a través de un comunicado solicitó a los Estados garantizar el aborto como un servicio de salud esencial para preservar la vida y la salud de las personas embarazadas que no desean estarlo; además pidió que se eliminen las sanciones penales para quienes decidan abortar, que se les brinde acceso seguro y a tiempo para realizarse el procedimiento; y que se implementen las medidas tecnológicas necesarias para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a la telemedicina para que no tengan que realizar múltiples e innecesarios viajes a los establecimientos de salud. El CRR exhortó a los Estados a garantizar que todas las mujeres embarazadas, incluidas las que tienen síntomas o ya poseen un diagnóstico positivo de COVID-19 deben tener un parto, que como siempre debería ser: digno, informado, con estrategias adecuadas para aliviar el dolor, libre de discriminación y violencia. El CRR considera que es fundamental que se garanticen partos que respeten los Derechos Humanos, asegurando el acceso de niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes a minorías étnicas, que viven en entornos rurales o que se encuentran en situación de pobreza, evitando poner en riesgo su salud y su vida. Por ello solicitó a los Estados incluir campañas de información sobre la COVID-19 y protocolos de atención para mujeres embarazadas y recién nacidos; y a garantizar el acceso a servicios esenciales, que buscan salvar vidas, incluyendo la atención obstétrica, prenatal y posnatal, información y servicios sobre anticonceptivos –incluida la Anticoncepción Oral de Emergencia– y atención posterior al aborto: el acceso a este servicio es vital, porque las mujeres no dejarán de abortar por la pandemia y “un aborto clandestino es igual de peligroso y mortífero que la COVID-19”.
Martha, Katy, Rosa y Carla* son nombres ficticios, pero las historias son reales.
