“No son provida, son antiderechos”:
Así se activaron grupos ultra conservadores en Ecuador
Por: Ana Acosta @yakuana Wambra Medio Digital Comunitario
Cronología: Luisana Aguilar, Génesis Anangonó
Publicado 22 de julio 2020
[rt_reading_time label=»Tiempo de lectura:» postfix=»minutos» postfix_singular=»minute»]
“No son provida, son antiderechos”, gritaban mujeres afuera de la Asamblea Nacional en septiembre del 2019, después que 59 asambleístas negaran la inclusión en el Código Orgánico Penal (COIP) de nuevas causales legales para un aborto consentido por la mujer. Este grito iba directo a los grupos religiosos católicos y evangélicos, sacerdotes, pastores, líderes de organizaciones de creyentes, y varios políticos de derecha conservadora – autodenominados provida– que, sobre una tarima, llevaban a cabo una misa campal. Festejaban que el COIP continuaría sancionando con prisión a mujeres que deciden abortar en caso de un embarazo producto de violación. Varias de estas mismas personas meses antes habían protagoninzado una movilización contra el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio civil, después que la Corte Constitucional resolvió que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aplicable en Ecuador dando paso al Matrimonio Civil Igualitario.
Acciones como estas, en las que grupos religiosos participan en la escena pública contra el avance de derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ son parte de un fenómeno trasnacional de “ofensivas antigénero” y “dinámicas de desdemocratización” que ha cobrado fuerza en los últimos años en América Latina y el Caribe. Así lo describe un trabajo de investigación académico realizado por el Observatorio de Sexualidad y Política en la serie Políticas antigénero en América Latina en nueve países.
En Ecuador el estudio de caso lo realizó María Amelia Viteri, investigadora y profesora del Departamento de Antropología de la Universidad San Francisco de Quito e Investigadora Asociada al Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland, College Park. Viteri explora las acciones de actores conservadores religiosos en Ecuador en campañas articuladas, acciones de influencia en políticas públicas, leyes y decisiones públicas, a través de una cronología de estas acciones y un análisis de su impacto.
.
Primeros despliegues contra “la ideología de género”
El estudio de Ecuador realiza una genealogía del discurso “antigénero” impulsado por grupos religiosos y seculares conservadores, en los últimos años. Este recorrido es útil para entender su incidencia en la actualidad. Si bien, con una mirada de largo alcance, la influencia de estas actorías se remonta a la colonización con la construcción de la única república católica o república del Sagrado Corazón de Jesús de América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XIX, la autora ubica el crecimiento de las “políticas antigénero” en el momento contemporáneo durante el período presidencial de Rafael Correa y los primeros días de gobierno de su sucesor, Lenín Moreno.
Rafael Correa gobernó Ecuador por diez años, entre el 15 de enero de 2007 y 24 de mayo de 2017, período que, según la autora, se registran varios “avances de derechos”, pero también de forma crítica evidencia retrocesos en los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTIQ, y los derechos sexuales y reproductivos. De esta forma la autora ubica al 2013 como un año de acciones que “debilitaron el tejido organizativo” y se presenta “un giro hacia el autoritarismo del Estado” que facilitó el crecimiento de la impunidad para numerosos casos de violencia de género, abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes y la aparición de discursos y movilizaciones en torno a la “ideología de género”, antiderechos, sexistas, antiaborto y homofóbicos.
Para la investigadora María Amelia Viteri este giro conservador y autoritario se reflejó en los Enlaces Ciudadanos o también llamados “sabatinas” –mensajes del presidente transmitidos por radio y televisión a nivel nacional–. Según la investigación: “El macho sabio. Racismo y sexismo en el discurso sabatino del presidente ecuatoriano Rafael Correa” realizada por la socióloga feminista María Paula Granda, de la Universidad Central del Ecuador, en 2016, los contenidos de las sabatinas presidenciales difundían mensajes, en su gran mayoría que reproducían patrones “sexistas, racistas, homofóbicos, y xenofóbicos, utilizados estratégicamente para deslegitimar a sus oponentes”. El Observatorio de Medios contabilizó 95 agravios contra mujeres en los 152 Enlaces Ciudadanos entre el 2013 y el 2016. Todo esto en contraste con una Asamblea Nacional, con un 40% de asambleístas mujeres, y por primera vez con presidenta y vicepresidenta mujeres, todas del partido oficialista. Esto, para María Amelia Viteri, es una demostración de que la mayor participación política de mujeres “no necesariamente desinstala el patriarcado en las subjetividades”.
En este contexto, la autora ubica el 28 de diciembre del 2013 como uno de los hitos de los discursos “antigénero” en Ecuador, cuando el expresidente Rafael Correa usó el término “ideología de género” por primera vez para oponerse al enfoque de género en las políticas públicas durante una sabatina . Correa afirmó que la “ideología de género” “académicamente no resiste el menor análisis”, pues destruye a la familia, además dijo que la defensa de la familia y la oposición al aborto “no tienen nada que ver con izquierda o derecha”, sino que son cuestiones morales; también habló de su disgusto no solo contra las propuestas y movimientos feministas “fundamentalistas” sino también LGBTIQ, al resaltar que es erróneo pensar que existen más de dos géneros y afirmó que es necesario que “las mujeres guarden los rasgos femeninos, y los hombres guarden los rasgos masculinos” en base al argumento que él denomina de “las leyes naturales”. video
De esta forma Rafael Correa, en contradicción a la tendencia latinoamericana de lo que significa el “progresismo”, fue el primer mandatario en la región en hacer uso de este término construido por el Vaticano en 1995, que luego fue diseminado por todo el mundo como el término aglutinador de grupos religiosos católicos, evangélicos, políticos conservadores, extrema derecha, entre otros, contra todo aquello que impulse los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ, el feminismo, el laicismo, los derechos sexuales y reproductivos, en especial el derecho al aborto y a la educación integral en la sexualidad.
Para María Amelia Viteri las sabatinas presidenciales deben ser interpretadas como “pedagogías sociales de control y vigilancia de las y los ciudadanos” ya que el discurso antigénero del presidente “creó un conjunto de obstáculos a los derechos de las mujeres”. Esto es algo en lo que coinciden organizaciones de mujeres. En el estudio “Mapeando la criminalización del aborto en el Ecuador” realizado por FLACSO – Ecuador, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA y el Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador, se afirma que “solo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se presentó el fenómeno de un enjuiciamiento masivo de mujeres” y se explica que esta dinámica comenzó a partir de los debates de las reformas del COIP en 2013, que, según el estudio, “representa un parteaguas para la criminalización del aborto: antes de este debate las denuncias por aborto eran casi inexistentes y no había un registro de estas”. El presidente Correa usó en varias ocasiones las sabatinas durante las reformas al COIP para expresar su oposición al aborto e incluso disciplinar a las asambleístas que intentaron impulsar una moción para despenalizarlo. Así, el estudio afirma que “el contexto socio-político agudiza el clima y las prácticas de persecución a las mujeres. En varios hospitales públicos del país, el personal médico es impulsado a denunciar mujeres sospechosas de haber interrumpido sus embarazos”.
“Ideología de género”, según Viteri, es una retórica estratégica de los grupos anti-género que busca “colocar juntos elementos flotantes, borrar precisiones y crear fantasmas”. Esto lo explican también la investigadora brasileña Sonia Corrêa y los investigadores David Patternote y Roman Kuhar quienes en un estudio realizado en 2017 recalcan que el discurso de la “ideología de género” “recaptura y replantea los discursos católicos de la Guerra Fría contra el marxismo y despierta sentimientos anticomunistas”. Es así como los “nuevos blancos de ataque de los movimientos conservadores son los movimientos feministas y de la diversidad sexual, y restauran las mismas tácticas utilizadas durante la Guerra Fría para combatir a quienes ponen en riesgo el orden establecido. De estad forma, Viteri explica que la narrativa de los grupos “provida” y antigénero tiende a parecerse a una teoría de conspiración y a usar un lenguaje apocalíptico “asocian las ideas de conspiración y lobby con referencias bíblicas al fin de los tiempos y sus causales, hablan de un grupo elegido que se salvará de un grupo condenado a la muerte, también desarrollan un discurso antiacadémico que se caracteriza por un rechazo total o parcial de las teorías, metodologías o evidencias que vayan en contra sus visiones.”
.
Género, derechos LGBTIQ, derechos sexuales y derechos reproductivos bajo ataque
María Amelia Viteri, en el estudio, realiza una cronología de varias acciones en las que los grupos conservadores se activaron en Ecuador contra avances en derechos de las personas LGBTIQ, políticas públicas de educación sexual, ley de prevención de la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, especialmente el derecho al aborto, entre otros.
Viteri ubica un hito que permitió la entrada de grupos conservadores en la política pública ecuatoriana sobre salud y educación: el cambio de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA) por el Plan Familia.
De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el Ecuador es el segundo país de Latinoamérica, después de Venezuela, con la más alta tasa de embarazos adolescentes. Por esta razón se diseñó la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA) en 2011. La campaña bajo el eslogan: “Habla serio Sexualidad sin misterios”, buscaba involucrar a expertos y expertas en la temática desde una óptica de justicia reproductiva, enfoque de derechos y género. Pero en 2014, Rafael Correa dio un giro y nombró como directora del ENIPLA, a Mónica Hernández, una devota católica quien elimina el programa y lanza la propuesta llamada Plan Familia, con énfasis en la abstención y la educación en “valores y familia”. Esto, según Viteri, “deja entrever su fuerte inclinación hacía los valores propagados por el Opus Dei”, grupo religioso católico al que pertenece Hernández. Su posicionamiento significó el desmantelamiento del abordaje de derechos sexuales y reproductivos de la estrategia de prevención de embarazo adolescente en Ecuador acentuando la postura de que el género es un “discurso ideológico” y cambiando sus directrices hacía “valores y familia”.
Los efectos de esos cambios tuvieron un impacto negativo. Cifras del Ministerio de Salud del Ecuador (MSP) muestran cómo los embarazos adolescentes y los embarazos de niñas bajaron durante los años que se implementó el programa del ENIPLA y volvieron a subir durante la implementación del Plan Familia. Así lo expuso, la ministra de salud, de ese entonces, Verónica Espinoza, durante la comparecencia ante la Comisión AAMPETRA, de la Asamblea Nacional en 2017. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) los partos de niñas menores de 14 años y los partos de adolescentes entre 10 y 14 años, bajaron de 2011 a 2014 durante la implementación del ENIPLA, y con la implementación del Plan Familia volvieron a subir. Esto demuestra lo que la UNESCO, observa sobre la importancia de una educación integral en la sexualidad basada en enfoque de derechos y género: “Los programas centrados en el género tienen una eficacia considerablemente superior a la de los programas que no integran consideraciones de género a la hora de alcanzar resultados en materia de salud como la reducción de los índices de embarazo no deseados o de ITS”.
En la misma línea de influir en la política pública, pero esta vez en la política pública educativa, los grupos ultra conservadores se activaron contra la Corte Constitucional, luego de que el 27 de junio de 2018 se emitiera la sentencia sobre el derecho inalienable de niños y adolescentes de recibir educación sexual donde se reafirma “el derecho que tienen los y las adolescentes de decidir autónomamente sobre su salud sexual, de expresar su opinión y su consentimiento de manera directa sin la injerencia ilegítima del Estado, la sociedad o la familia”.
En respuesta a a la sentencia, el 28 de julio en Quito y Guayaquil grupos religiosos “provida” y “profamilia” salieron a las calles a rechazar el fallo de la Corte Constitucional y el tipo de educación sexual que supuestamente el Estado ecuatoriano “trata de impartir a los niños, niñas y adolescentes”. En esta protesta se consolida una nueva campaña y grupo: “A mis hijos los educo yo”. Este año además se realiza la Primera Convención Internacional por la Familia, convocada por el Frente Nacional por la Familia, Red de Restauración Civil, A Mis Hijos los Educo Yo y Red Familiar de Principios Formativos, que contó con la participación de los autores del libro “El Libro Negro de la Nueva Izquierda” Nicolás Márquez y Agustín Laje como principales invitados de la convención. Además de la marcha, el 31 de julio de ese mismo año en la Asamblea Nacional del Ecuador en su sesión 531 aprobó, con 70 votos a favor, la resolución que “ratifica la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad”, que si bien no tiene un impacto real en la decisión de la Corte Constitucional, sí demostró la influencia cada vez más fuerte en el legislativo.
Otra de las acciones que identifica María Amelia Viteri en su estudio es el ataque al debate en torno al Código de Salud, cuando, el 8 de diciembre de 2019, los grupos antiderechos convocaron manifestaciones en Guayaquil para protestar contra lo que denominaron: “Código Orgánico de Muerte” por varios artículos referentes a la atención del aborto como una emergencia obstétrica, a la objeción de conciencias de médicos, entre otros temas. El mismo año, se activaron cuando la Asamblea Nacional discutió la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se incluía una reforma al artículo 150, que buscaba incluir nuevas causales para un aborto legal, además de las res causales existentes que tiene Ecuador. Las causales que se buscaban icnluir eran: violación, inseminación no consentida, estupro, incesto y malformación grave del feto que sea incompatible con la vida. La reforma no fue aprobada por la Asamblea, pese a tener mayoría de votos.
En cuanto a la lucha del movimiento LGBTTI, la autora ubica varias acciones. Una de ellas es como respuesta a la campaña “Mi género en mi cédula” impulsada por el colectivo CONFETRANS, la Asociación Silueta X liderada por Diane Rodríguez –primera mujer transexual en obtener el cargo de diputada en la Asamblea Nacional en 2017–, el Proyecto Transgénero, Yerbabuena, y otros colectivos. Esta campaña logró que en 2015 sea reconocido el derecho a que las personas trans puedan escoger su género en la cédula al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, con testigos, sin que se altere su partida de nacimiento, como ha definido la ley en Argentina. Si bien la reforma fue criticada por otras organizaciones trans por “marcar la diferencia de las personas trans y generar nuevos procesos de exclusión”, la medida fue duramente atacada por grupos conservadores. Es así que en 2013 se anuncia la iniciativa “14 millones, Vida Familia y Libertad” a cargo de Isabel María Salazar, quienes enviaron una carta respaldada por cuarenta y tres mil firmas hasta los Gobiernos Autónomos con la finalidad de oponerse a la propuesta, al mismo tiempo se creó una campaña virtual en la plataforma CitizenGO Ecuador bajo el hashtag “#Ecuador: No a la cédula de identidad de género”.
Viteri coloca como otro hito: la oposición a la “Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres”. Esta Ley era una respuesta a las exigencias de organizaciones de mujeres y feministas para erradicar la violencia de género y los feminicidios en Ecuador. Según la “Encuesta Nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contras las mujeres” realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 2019, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida.
La ley busca generar políticas públicas para prevenir esta violencia, pero los grupos conservadores se activaron contra su aprobación y contra la “ideología de género”. Atacaron todo el contenido de la ley que tenía la palabra género en especial las transitorias que ordenaban la elaboración o actualización de las mallas curriculares para todos los niveles educativos y de textos escolares y guías docentes. La transitoria ordenada que se “incluyan la transversalización del enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género”. De esta forma, el 27 de septiembre de 2017, surge la iniciativa “Con Mis Hijos No Te Metas Ecuador” que convocó a una marcha el 14 de octubre de 2017 que movilizó miles de personas en varias ciudades de Ecuador para defender los “valores y principios de la familia” y repudiar la “ideología de género”. A pesar de la marcha, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres fue aprobada el 27 de noviembre de 2017, pero con cambios textuales. Del proyecto original se eliminaron los términos “género”, “orientaciones sexuales” e “identidades de género” y por esta razón el proyecto pasó a llamarse Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
.
Expresiones de resistencia feminista
En contraste a todas los ataques de los grupos conservadores la autora del estudio hace un recorrido por varias acciones de acción desde el movimiento de mujeres, feminista, LGBTIQ y teólogas feministas en Ecuador.
Viteri rescata que en 2019 grupos cristianos, tanto católicos como evangélicos y menonitas, incluyendo al director de País Canela, organización LGBTIQ creyente, emitieron un comunicado en apoyo a la despenalización del aborto, bajo el slogan “Déjame Decidir”. En el mismo año Mónica Maher, teóloga feminista de la Iglesia Unida de Cristo; Josué Berrú, miembro de la Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador; y José Ignacio López, biblista y teólogo católico, adherentes a la Red Ecuatoriana de Fe, presentaron su apoyo a la despenalización del aborto en casos de violación. De esta forma citando a varias teólogas feministas como Mary Hunt, explica que los grupos religiosos conservadores que se oponen al género, no son todos. Existen religiosos y religiosas que “promueve el pensamiento plural, espiritual, contextual, de verdades múltiples y un liderazgo compartido horizontal”.
Otra de las acciones que recuerda Viteri es la realizada en 2017 cuando organizaciones LGBTIQ solicitaron una Acción de Protección, que es una herramienta jurídica que pide protección al Estado frente a una posible violación de derechos humanos. El 12 de octubre del 2017, dos días antes de la marcha Con mis Hijos No Te Mestas, los principales organizadores (obispos, arzobispos, presidente de la Conferencia Episcopal, etc) de la marcha fueron llevados al tribunal. El miércoles 25 de octubre de 2017 se realizó la audiencia de la demanda y la respuesta fue emitida tres días después de la marcha. Si bien la decisión no impidió que se realice la marcha, colocó a los líderes religiosos a defenderse en los tribunales por primera vez y tratar de justificar sus discursos de odio.
El caso de Satya fue paradigmático en la historia de reacciones y oposición en materia de derechos LGBTIQ en el Ecuador, recurdad Viteri. Satya nació en 2011 y su lucha permitió que se reconozca el derecho de tutela de sus dos madres a través de una sentencia de la Corte Constitucional en junio de 2018.
En la misma línea de avance de derechos para las personas LGBTIQ la autora recuerda a Amada, una niña trans y su familia que junto a la Fundación Familia y Fortaleza, por primera vez lograron que el Registro Civil de Ecuador emitiera la cédula de Amada con el género femenino en noviembre de 2018. A estos avances para los derechos de las personas LGBTIQ se suma la decisión de la Corte Constitucional que da paso al Matrimonio Igualitario, al aplicar la llamada «Opinión Consultiva 24-17« de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin llevar a cabo reformas en la Constitución o en la legislación, el 12 de junio de 2019.
Viteri en su cronología en el estudio también recalca otra acción de resistencia: las masivas movilizaciones feministas para la despenalización del aborto, contra la violencia de género y el feminicidio realizadas desde el 2016 desde la Plataforma Vivas Nos Queremos y otras organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos. En especial la marcha de inicios de 2019, en respuesta a los sucesos de violencia contra “Marta”, víctima de una violación grupal, y “Diana”, asesinada por su pareja mientras la Policía observaba, que congregó a miles de personas y organizaciones diversas (trabajadoras, ambientalistas, feministas, defensores de derechos humanos) no solo contra la violencia de género, sino también por los derechos humanos, contra el fascismo y la xenofobia. Algo que demuestra que en medio de una ola de retrocesos conservadores, también hay resistencias y esperanza.
