Nueve niñas de la Amazonía ecuatoriana le ganaron al poder petrolero
Los mecheros deberán apagarse en 18 meses
Por: Génesis Anangonó Ch.
Publicado 04 de agosto de 2021
Denisse, Dannya, Yamileth, Leonela, Rosa, Skarlett, Mishell, Kerly y Jeyner son nueve niñas, de entre 8 y 13 años, quienes habitan cerca de las zonas petroleras ubicadas en las provincias amazónicas, principalmente Sucumbíos y Orellana. Las niñas presentaron una acción de protección en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua por las afectaciones que los mecheros de gas causan sobre su derecho al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La Corte Provincial de Sucumbíos falló a favor de las niñas el 26 de enero de 2021, seis meses después, emitió la sentencia escrita donde declara que el Estado ecuatoriano vulneró “los derechos a la salud, al agua potable y a la alimentación como derechos humanos fundamentales e irrenunciables”. Este retraso en la sentencia se da pese a que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las sentencias deben ser notificadas “dentro del término de veinticuatro horas de expedida la sentencia». Una vez expedida la sentencia de forma escrita, el Estado deberá garantizar que, en un plazo de 18 meses, los mecheros que se encuentran en zonas pobladas sean apagados, y los que están en zonas más lejanas sean cerrados de manera gradual y progresiva hasta diciembre de 2030.
Entre las múltiples reparaciones con las que el Estado también deberá cumplir está la realización de estudios técnicos para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. Así como, el desarrollo de un estudio científico que establezca el grado de afectación en la salud de las poblaciones aledañas a los mecheros; de demostrarse estas afectaciones, el Estado tendrá que crear e implementar una Unidad Clínica Oncológica que permita diagnosticar y tratar casos de cáncer en el mismo territorio. Fanny Silva, madre de una de las niñas, dijo en rueda de prensa que con esta sentencia exigirán la construcción de un hospital en la Amazonía en donde las personas que, como ella, padecen cáncer puedan acceder a tratamientos para la enfermedad y así evitar que su condición se agrave por falta de atención o recursos.
Ahora con la publicación de la sentencia, las niñas demandantes, sus familiares, representantes y las organizaciones que han acompañado el proceso, solicitarán una aclaración y ampliación de dicho fallo, porque si bien es histórico, no están de acuerdo en que se señale el 2030, como fecha para apagar definitivamente los mecheros, pues aseguran que la medida seguirá vulnerando derechos y no resarcen el daño de manera inmediata.
Donald Moncayo, parte de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), dijo que solicitarán esta medida y esperan que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de manera rápida “y que no se demore tantísimo como se demoraron” para emitir la sentencia escrita. Moncayo también manifestó su preocupación por la posible ampliación de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana tras la firma del Decreto 95, con el que se prevé duplicar la producción de barriles de petróleo. Moncayo cree que con esta ampliación también se van a extender los mecheros “porque van a seguir con la misma tecnología. Desde hace 57 años siguen quemando gas y ahora van a ampliar la industria de extracción petrolera en el Yasuní con la misma tecnología”.
En la rueda de prensa, la UDAPT también recordó que el pasado 24 de julio de 2021 se quemaron tres piscinas de hidrocarburos de la planta central de Shushufindi, donde funciona uno de estos mecheros y aunque “hasta este momento no están claras las causas del origen del incendio, no se descarta que este se haya iniciado en los mecheros de la estación”. Frente a esto, Donald Moncayo dijo que espera que las instituciones y funcionarios públicos actúen con “diligencia y honestidad”, porque las niñas y los afectados “no vamos a esperar 9 años para que se cumpla la sentencia, vamos a exigir al Estado el cumplimiento inmediato. Ya basta de vulnerar nuestros derechos”.
