Mesías Robayo

Defensor de la tierra herido en la represión en Palo Quemado y las Pampas

 

Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx

Publicado 18 de junio del 2024

 

Manuel Mesías Robayo tiene 40 años y toda su vida ha trabajado como agricultor, siguiendo los pasos de su madre y padre. Al igual que otros campesinos, Manuel Mesías se levanta a las seis de la mañana para cortar caña y producir panela orgánica, el principal producto de la comunidad de Galápagos, en la parroquia Las Pampas en Sigchos, Cotopaxi.  Manuel Mesías, así como otros comuneras y comuneros, participó de las protestas en marzo de 2024 en rechazo a la consulta ambiental, liderada por el Ministerio del Ambiente que busca otorgar a la empresa La Plata Mining y su subsidiaria canadiense Atico Mining una licencia para iniciar la explotación en la zona.  En medio de la represión Mesías fue impactado por un perdigón, lo que le ocasionó  problemas de movilidad y hasta ahora ha requerido dos operaciones para reconstruir su rostro. Mesías pasó casi dos meses en una clínica de Quito, intentando recuperarse. Sus hermanas, Fany y Martha narran la situación de Mesías y su preocupación por el avance de la minería. 

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Mesías y la lucha por el agua limpia

Manuel Mesías y su familia nacieron en Galápagos, una comunidad ubicada en la parroquia Las Pampas, del Cantón Sigchos en Cotopaxi, en plena Sierra centro. En este Galápagos del páramo andino no hay tortugas ni piqueros como en las Islas, pero sí osos perezosos, armadillos, zarigüeyas, olingos; así como orquídeas, chuquiraguas, entre otras especies animales y vegetales nativas. Esta diversidad también se extiende a la parroquia de Palo Quemado. Pese a ello, en este territorio el gobierno nacional junto con empresas mineras buscan implantar proyectos de extracción de oro, cobre, plata y zinc. 

 

En Palo Quemado y Las Pampas se encuentra  una de las 31 concesiones mineras entregadas en la provincia de Cotopaxi y que alcanzan algo más de 66 mil hectáreas; es decir, más del 10% del territorio total de la provincia.

El proyecto minero La Plata está cerca de la casa de los padres de Mesías, en Galápagos, es por ello que Fany Robayo, hermana de Mesías, dice que su familia teme quedarse sin su tierra productiva si el proyecto minero avanza.

“En esa casita viven mis papás, en esa casita ellos nos tuvieron a todos los hijos; en esa casita, siempre vivíamos” contó Fany, mientras acompañaba a su hermano en una clínica en Quito. Es por eso que su familia se ha negado a vender sus terrenos y han luchado en contra de la minería.

Fany y su familia también tienen otro temor: la contaminación del agua. En Palo Quemado y Las Pampas se encuentran cascadas, ojos de agua y por el territorio cruzan ríos como el Toachi, el Río Damas, el San Pablo y el Zarapullo; sin embargo, estas parroquias cuentan con poca agua apta para el consumo humano, según lo reconoce el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Las Pampas 2021- 2025. Así mismo, el Censo 2022 señala que apenas el 44.5% de las viviendas en la parroquia cuentan con agua por red pública. Mientras en Palo Quemado, solo el 37.7% de las viviendas tiene este servicio. Esta situación se repite en el Cantón Sigchos, donde el 65.4% de las viviendas tiene agua pública. Las comunidades toman agua entubada y se abastecen a través de ojos de agua, justamente las fuentes en riesgo por los proyectos mineros.

Fany cuenta que en Galápagos, la comunidad mantiene un ojo de agua: “ahí tenemos sembrada caña guadua, árboles para mantener esa agua. Tenemos esa vertiente, o sea, es una vertiente buena, esa agua han hecho estudios, no tiene nada, es pura”.

Martha Masapanta es hermana por parte de madre de Mesías, ella explica que solo en la Loma del Tigre, sector cercano al proyecto minero, hay 27 fuentes de agua. Ambas hermanas temen que estas desaparezcan por la minería y que  se contaminen: “cuando se haga un túnel, esa agua se va para adentro y ya no saldría”, dice Fany.

Esto ya sucedió con el río San Pablo de Las Minas entre 1975 y 1981, cuando la empresa finlandesa Outokumpu desarrolló explotación en Las Minas de la Plata, una comunidad de Palo Quemado, cercana al actual proyecto minero canadiense.

Giorgio Peroni, sacerdote de Palo Quemado, en un documental producido por Pocho Álvarez, relata que, en ese entonces, los químicos usados por la empresa minera acabaron con las plantaciones de caña de azúcar que los campesinos estaban produciendo, por lo que tuvieron que plantar otras variedades más resistentes.

 

El sacerdote también comenta que entre 1984 y 1985, desde su parroquia promovieron dos proyectos para abastecer de agua a Las Pampas y Palo Quemado, aunque recuerda que para llevar agua, sobre todo a Palo Quemado, tuvieron que ir a partes más altas: “el agua de los ríos era todavía toda contaminada. O sea, no había cómo poderla utilizar y tocó subir más encima de lo que es el sector de la mina, ese recinto, en la parte un poco más arriba, para poder conseguir agua que fuera para consumo humano”, dice Peroni; mientras lo cuenta se ven imágenes de una zona arenosa con un minúsculo riachuelo en medio, que parece estar mezclado con restos de aceite.

Las consecuencias de la explotación minera realizada hace 40 años, aún se sienten en el agua, cuenta Fany. Es por ello que hoy en Palo Quemado se usa agua de otros recintos.

En septiembre de 2022, la minera entregó un sistema de agua potable dirigido a 150 familias de esta parroquia. Sin embargo, Juan Carlos Carvajal, dirigente de Las Pampas, en entrevista para Indymedia durante el II Encuentro Nacional Antiminero del 27 de marzo, afirmó que “en Palo Quemado con una población de 750 habitantes se les entrega 3.5 litros de agua por segundo, y la empresa minera viene y pide utilizar 45.11 litros por segundo”.

Pese a la escasez de agua, en Las Pampas y Palo Quemado hay una robusta producción agrícola,  principalmente de panela orgánica, y también se ha desarrollado la ganadería de carne y leche.

Es por eso que Martha lo dice sin dudar que de ambos territorios sale la comida que va a las ciudades: “sacamos 3.500 litros diarios de leche, igual de la ganadería salen 200 cabezas de ganado semanales. Tenemos también naranjilla, todo material, plátano, yuca, naranjas”.  Ambas parroquias producen alrededor de mil quintales de panela orgánica, que va para consumo local, pero también para el exterior.

Manuel Mesías y toda su familia son parte de estos productores de panela. La semana de Mesías inicia cortando caña, durante un día entero, luego transporta la caña en caballos para la molienda. El jugo de la caña se pone a hervir, se coloca en moldes hasta que se seque y así obtener las barras de panela. Mesías siembra la  caña en un terreno de dos hectáreas que compró hace tiempo. A la semana, esta familia produce alrededor de 15 quintales de panela molida y en moldes, que luego vende en la propia localidad. El dinero que obtiene le permite subsistir a toda la familia, asegura Fanny.

 

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La minera y la represión

La empresa finlandesa Outokumpu explotó minerales en Palo Quemado hasta 1981. Luego, el proyecto se reactivó en 1996 pasando a manos canadienses; primero con la empresa Cambior Inc. hasta 1999 y Cornerstone Capital hasta 2009. Siete años después, en 2016, llegó Toachi Mining.

Juan Carlos Carvajal, dirigente de las Pampas, en una entrevista en el programa El Candado, comentó que la empresa Toachi Mining concluyó la fase de exploración avanzada durante la pandemia, pero solo de alrededor de mil hectáreas, porque las comunidades de Galápagos y La Florida cercaron la vía pública e impidieron el paso de la minera. Esta empresa intentó socializar varias veces el proyecto minero, pero fue rechazada por las comunidades.

En 2021, Atico Mining compró el proyecto minero y buscó iniciar con la explotación de la mina. Es por eso que en 2022, el gobierno de Guillermo Lasso aprobó el estudio de impacto ambiental para la construcción de la mina y declaró a este proyecto como estratégico. Mientras tanto, la empresa intentó ingresar a Palo Quemado mediante la implementación de proyectos agrícolas o de infraestructura. Es así que el 20 de mayo de 2023, la minera inauguró un proyecto de agua en esta parroquia, a donde  llegó acompañada de aproximadamente 50 policías.

Días después, el 31 de mayo de 2023, el ex presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto 754 donde reglamentó el proceso de consulta ambiental para todos los proyectos extractivos y productivos con impacto ambiental. La Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, CONAIE, junto a organizaciones ecologistas presentaron una demanda de inconstitucionalidad del decreto. El 17 de noviembre la Corte declaró la inconstitucionalidad por forma del decreto y pidió suspender las consultas ambientales.

Sin embargo, meses antes, los primeros territorios donde se intentó llevar a cabo el proceso de consulta ambiental sustentados en el decreto de Lasso fueron el Cantón Las Naves en Bolívar y Las Pampas y Palo Quemado, en Cotopaxi, en julio de 2023. Durante 14 días, alrededor de 300 policías y militares estuvieron en ambas poblaciones resguardando a las empresas mineras que buscaban realizar la Consulta Ambiental.

 

 

Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, el 24 de julio de 2023, las y los vecinos de Palo Quemado registraron cinco personas heridas, producto de la represión militar y policial; dos de ellos por impacto de bala.

Martha, hermana de Mesías, recuerda que ese día,  dos comuneros fueron  heridos de  gravedad, con perdigones, al igual que su hermano en 2024: Marcelo Albán y Javier Viteri. “Uno tuvo una fractura en la  canilla; al otro señor, el perdigón le ponen en la cara, al recto del labio, le va incrustando en la mejilla. Ya no ha sido una vez, con esta son dos veces. Ahora le tocó a mi hermano”.

En 2023, pese a la represión, la comunidad logró parar la Consulta Ambiental.

Un año después, el 28 de febrero de 2024, el gobierno de Daniel Noboa extendió la concesión a Atico Mining hasta el 2049; es decir, 25 años más. Con ello, la empresa y el gobierno retomaron la consulta ambiental en Las Naves y Palo Quemado en marzo de 2024.

 

Para el 07 de marzo de 2024, el Frente Nacional Antiminero, denunció la presencia de alrededor de 60 personas extrañas, la mayoría hombres, que llegaron armados y acompañando a los trabajadores de la minera. Según el dirigente Juan Carlos Carvajal, estas personas están vinculadas a “la Junta de Defensa del Campesinado” y actuaron como guardias privados para resguardar una mesa informativa que la minera instaló para dar a conocer el proyecto en Minas de las Platas.

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Un grupo armado en defensa de la minera y la criminalización a comuneros

La Junta de Defensa del Campesinado son agrupaciones con presencia en la Sierra centro y algunas provincias de la Costa, aglutinadas en la Confederación de Juntas de Defensa del Campesinado, que se organizan alrededor de la seguridad, casos de tierra o robo de ganado, según indican en sus redes sociales. Sin embargo, contra este grupo existen denuncias de actos de tortura, secuestros y hasta asesinatos. Muestra de esto es que, en marzo de 2007, el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios de la Organización de Naciones Unidas, ONU, presentó un informe donde señaló que contra las Junta de Defensa del Campesinado hay 47 acusaciones y 87 víctimas de violaciones a los derechos humanos registradas por la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, Cedhu.

Las y los vecinos de Palo Quemado rechazaron la presencia de este grupo armado en su parroquia y su cercanía con la minera canadiense. Por ello, se dio un primer enfrentamiento, asegura Carvajal. El rechazo fue tal, que las personas vinculadas con la Junta de Defensa del Campesinado habrían salido de la parroquia.

Después de los enfrentamientos entre Fuerza Pública y comuneros, 72 campesinos 72 campesinos de Las Pampas y Palo Quemado fueron denunciados por el supuesto delito de “terrorismo”. Entre las personas denunciadas están seis integrantes de la familia de Manuel Mesías; una de ellas, su madre, María Ester, una mujer de 65 años, quien sufre hipertensión y cuyo estado se complicó tras lo sucedido con Mesías.

En la lista también está Martha junto con su esposo, sus tíos y su padrastro. “Están familias enteras. Jóvenes, pero también personas de la tercera edad”, cuenta la hermana de Mesías.

Entre quienes denuncian a los campesinos se encuentra Raúl Vayas, dirigente de la Junta de Defensa del Campesinado.

Sin embargo, esta no es la primera denuncia en contra de las y los campesinos de estas parroquias. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cedhu, registra tres denuncias en total. La primera denuncia por intimidación involucra a tres personas, mientras que en la segunda denuncia están señaladas cinco personas por hurto. Algo que para la organización de derechos humanos representa una forma de criminalización de defensores y defensoras de la naturaleza.

El 19 de junio, tres meses después de la Consulta Ambiental, 49 campesinos y campesinas más fueron denunciados ante la Fiscalía por delincuencia organizada. Entre las personas criminalizadas, están nuevamente la madre y hermanas de Mesías Robayo. La notificación de esta denuncia les llegó mientras acompañaban la audiencia de Acción de Protección en Sigchos.

 

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Una socialización con presencia policial

La socialización del proyecto minero La Plata inició el 11 de marzo de 2024, proceso al que fueron convocados las y los habitantes de los recintos La Plata y San Pablo de Palo Quemado, que están en la zona de influencia directa, aunque la concesión minera también comprende la parroquia Las Pampas.

Dicha socialización se realizó en las canchas deportivas de la parroquia, que fue cercada con vallas metálicas, al igual que las calles aledañas, impidiendo el libre paso de la comunidad. El proceso fue resguardado por alrededor de 200 policías y militares, mientras otro grupo de uniformados paseaba por las calles de Palo Quemado, a pie o en carros de la empresa minera, con el rostro cubierto, mientras llevaban sus fusiles y otros implementos de fuerza represiva.

Las y los vecinos opuestos a la minería realizaron marchas en las vías que comunican al centro de la parroquia mientras se daba la socialización del proyecto. En los vídeos publicados en redes sociales y por medios de comunicación puede verse cómo decenas de militares y policías apostados en medio de las montañas y la vegetación, lanzan gas lacrimógeno contra la movilización

“No hay palabras para explicar la forma en que el gobierno nacional arremete nuevamente con fuerza a realizar esta consulta ambiental. Ahora sí vienen más militares y policías e invaden totalmente nuestro territorio”, señaló Juan Carlos Carvajal, dirigente de Las Pampas.

 

Como respuesta a la represión y al accionar del gobierno, el Alcalde del Cantón Sigchos, Oscar Monge, presentó el 25 de marzo de 2024, una Acción de Protección  solicitando la paralización de la Consulta Ambiental. Esta acción fue aceptada a trámite por un juez del cantón. Entre las medidas cautelares aprobadas de forma provisional están la suspensión de la Consulta Ambiental y el repliegue de la Fuerza Pública.

Sin embargo, al día siguiente, el 26 de marzo, más militares y policías reforzaron la entrada a Palo Quemado y Las Pampas y de nuevo vino la represión.

 

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El día en que Manuel Mesías es herido: “era una balacera totalmente fuerte”

Mesías y sus hermanas Martha y Fany salieron a protestar la mañana de ese 26 de marzo, así como los días anteriores desde que inició la Consulta Ambiental promovida desde el Ministerio del Ambiente. En medio de la represión, un perdigón atravesó el rostro de Manuel Mesías.

Un perdigón es un pequeño proyectil hecho de plomo, contenido en un cartucho de escopeta. Cada cartucho calibre 12 tiene entre 200 y 300 perdigones que se dispersan al ser disparados. Los perdigones usados por la Policía o las Fuerzas Armadas, disparados a menos de 50 metros, pueden causar “fracturas del cráneo y lesiones cerebrales, daños en los ojos, incluida la ceguera permanente, e incluso la muerte”; también “puede causar daños en órganos vitales y los proyectiles pueden penetrar en el cuerpo, especialmente cuando se disparan a corta distancia”, según lo reporta el informe “Sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden” de las Naciones Unidas, de 2021.

 

En el caso de Manuel Mesías, el perdigón se incrustó en la nuca; a su paso comprometió el hueso del pómulo y la mandíbula. Perdió parte de sus encías y dientes, pero también presenta problemas de movilidad en su brazo y pierna derecha.

Al recordar el instante en que fue herido su hermano, Martha  asegura: “Fue una humarada bastante grande. Ellos entraron en un pasto que se dice pasto miel, que estaba crecido. Mi hermano se queda allí para que no voten más gas y en el momento que alza a ver, le disparan porque ya habían visto donde se había caído. Él alza la carita, cuando ya le soltaron el disparo en la cara”.

Los comuneros usaron una cobija a modo de camilla para sacar a Mesías desde el lugar donde fue atacado. Se demoraron una hora, asegura Martha, hasta llegar a la comunidad de La Florida, donde se encontraba una ambulancia del Centro de Salud de Las Pampas, instalada para atender a los heridos durante los días de protesta. Sin embargo, Mesías no pudo ser atendido correctamente por lo que fue llevado a la provincia de Santo Domingo que queda a tres horas de distancia. Palo Quemado no cuenta con un dispensario médico y el Centro de Salud de Las Pampas tiene los servicios mínimos, por lo que los heridos graves tuvieron que ser trasladados a Santo Domingo.

Durante su traslado a esta provincia, Mesías tuvo un infarto de siete minutos, por lo que estuvo en coma y entubado durante un mes y una semana; su vida estuvo en riesgo. Fue trasladado a Quito para recibir una mejor atención médica. Tras varias semanas, abrió los ojos, movió su mano y reconoció a sus hermanas.

Mesías necesitó dos cirugías maxilofaciales. En la primera intervención quirúrgica le colocaron platinos para reconstruir la parte superior e inferior de su mandíbula. La segunda intervención fue para realizarle injertos de piel. Tiene pendiente una cirugía más que intentará remover el perdigón de su nuca. Aunque ha mejorado su movilidad gracias a la terapia, no quedará bien  físicamente, como era antes, dice su hermana.

Mesías no cuenta con seguridad social ni seguro campesino; su familia tuvo que recurrir a un convenio entre una clínica privada y el Estado para operarlo. También han realizado rifas, hornados solidarios y recolección pública de fondos para costear parte de los gastos médicos y la manutención de algunos familiares en Quito. Sin embargo, el dinero se acabó y ya no podían costear su alojamiento ni comida en la ciudad, asegura Martha, por lo que tuvieron que regresar a su hogar.

Al recordar lo sucedido el 26 de marzo en Palo Quemado, Juan Carlos Carvajal señala: “era una balacera totalmente fuerte, donde todo mundo corría por sus vidas. Fuimos emboscados y cercados por los militares que dispararon directamente al rostro. Hay un protocolo para lanzar, pero nos lanzaron al cuerpo. Salieron heridos 4 compañeros, el más afectado es Mesías”.

Para Martha fueron los trabajadores de la minera quienes instruyeron a la Policía y a los militares para que se internen en las parroquias, pero también fueron quienes los alertaron de los sitios dónde atacar a los comuneros: “Ellos te dicen a dónde tienen que ir, cómo tienen qué hacer y todo lo demás. Mire, un policía, un militar, pueden ser tan estudiados, pero la zona no conocen. La gente de ahí, que trabaja en la empresa, ellos conocen y por eso saben cómo hacer mover a la Policía ahí para que nos ataquen”.

Ese 26 de marzo, otros dos campesinos de Palo Quemado fueron heridos por el impacto de perdigones. En una fotografía publicada en las redes sociales del Frente Nacional Antiminero, se puede ver a un campesino con el oído izquierdo ensangrentado. 

Mesías así como los otros campesinos heridos de Palo Quemado y Las Pampas son parte de las víctimas de represión en el país que queda con lesiones en su cuerpo luego de ser impactado por un perdigón. Solo en el Paro Nacional de Octubre de 2019, el informe de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia constató que al menos 25 personas quedaron con lesiones físicas permanentes y de largo plazo, a causa del uso de perdigones.

Tras tres meses de lo sucedido, en junio, Mesías está de nuevo en su comunidad, Galápagos. Volvió a ver a su hija. El día en que fue herido, la niña solo tenía días de nacida.

 

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Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, visitó Ecuador semanas después del intento de Consulta Ambiental en Palo Quemado y Las Pampas. Orellana se reunió con organizaciones sociales, indígenas y habitantes de las comunidades donde se asientan proyectos mineros o petroleros en el país. Uno de los testimonios que escuchó fue el de Martha Masapanta, hermana de Manuel Mesías:

“Nos han criminalizado a 72 personas, diciendo que somos terroristas solamente por decir que queremos defender nuestra agua, nuestra tierra y nuestra naturaleza. ¿Qué va a ser el día de mañana cuando nuestra tierra ya no produzca? Nos vamos a morir de hambre, no vamos a tener agua que tomar por las mañanas. En nuestro país no hay derecho para nosotros los campesinos, no hay derecho. Eso es lo que ellos dicen y por eso nos maltratan de esa manera”.

Martha relató la represión sufrida por su comunidad, durante el desarrollo de la Consulta Ambiental impulsada por el gobierno y la empresa minera. En su intervención señaló que su deseo es que dejen su territorio tal y como está y que los dejen seguir cosechando y cultivando en sus tierras.