María Inés Ramírez: “Nos dan lo que creen que nos deben dar; presupuestos muy bajos con los que no se puede trabajar”
Por Gabriela Peralta
Publicado 16 de mayo de 2022
María Inés Ramírez, directora de la Fundación Ayllu Huarmicuna y de la Casa Paula ubicada en Francisco de Orellana, El Coca, también contó para Wambra que, desde hace algunos años, han trabajado con el Estado y que este les ha entregado recursos para el fortalecimiento de las casas de acogida. Sin embargo, indicó que, durante todo este tiempo, han vivido “una serie de vulneraciones, en referencia a la decisión que toman, arbitrariamente, sobre los presupuestos”.
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¿Por qué no participaron en la convocatoria que impulsó la Secretaría de Derechos Humanos?
“Ellos –el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos– nos dan lo que creen que nos deben dar: presupuestos muy bajos con los que no se puede trabajar. A nosotras nos ha tocado hacer, todo el tiempo, gestión, y, específicamente, este año hemos decidido no participar por eso, porque nos redujeron el presupuesto, nos quitaron la educadora, la facilitadora y un rubro que había para capacitación. Además de una serie de cuestiones que no estábamos de acuerdo, como la eliminación del modelo de atención.
Ellas –las compañeras de la Secretaría– elaboraron, desde el escritorio, su propio reglamento, sus propios documentos con los que no estuvimos de acuerdo, porque no fuimos consideradas para poner nuestros criterios; sin considerar que nosotras, como casa de acogida, tenemos 22 años trabajando en la Amazonía. Entonces fue una serie de circunstancias que hicieron que, al final del día, decidamos no participar en la convocatoria.
Las casas no formaron parte de la toma de decisiones frente a los presupuestos, no se consideraron criterios técnicos de la experiencia que tenemos como casa de acogida en el abordaje en temas de violencia y se han elaborado documentos que, en la práctica, no solucionan la violencia. No participamos porque estamos en contra de la vulneración de derechos que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos.
Figure 2 Fundación Ayllu Huarmicuna. Fotografía tomada de Facebook (portada de la organización).
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¿Cómo gestionan el funcionamiento de la casa de acogida?
Ya no tuvimos presupuesto a partir del mes de abril de 2022. Estamos en una situación difícil, porque hemos aplicado a los gobiernos locales; los gobiernos locales no son conscientes de que es una obligación del Estado trabajar en prevención de violencia. Ha sido muy complicado; sin embargo, hemos hecho un acercamiento con el alcalde de la provincia de Orellana, Ricardo Ramírez, quien nos ha abierto la puerta y nos va a apoyar con el recurso hasta diciembre.
La Casa Paula tiene 28 personas acogidas y es súper difícil decirles: “chao, ya no tenemos presupuesto, vayan nomás a su casa”. Por eso mismo, hemos agotado todos los recursos que hemos tenido y las instituciones aliadas a nuestro trabajo para conseguir los recursos que nos permitan sostener hasta diciembre.
El Estado ofrece un mundo de cosas, hace una promoción y hablan de miles de dólares, cuando ese presupuesto es insignificante frente a las necesidades que tenemos como casas de servicio de atención a víctimas. A nivel nacional son muy pocos. Aquí, en Orellana, la única casa de primera acogida es la Casa Paula que está sin recursos. Hago un llamado al Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos que se abra un poquito y vea un poco más allá. Requerimos presupuestos para seguir trabajando en el tema de atención y prevención de la violencia.
Figure 3 Mujeres de la Red de Casas de Acogida: Geraldine Guerra, Marlene Villavicencio, María Inés Ramírez. Fotografía: cortesía