por @kinoraxx

Era 17 de agosto de 2015. Campesinos, estudiantes, mujeres de Saraguro realizaron una protesta ante el cierre de las escuelas interculturales, por el libre acceso a las universidades, entre otras demandas. El pueblo de Saraguro igual que los otros territorios plegados al Levantamiento se sienten amenazados por el avance de proyectos extractivistas: la onceava ronda petrolera en Morona y Pastaza y los proyectos mineros en Azuay y Zamora. La protesta de ese 17 de agosto fue parte del Levantamiento y Paro Nacional convocado por diversas organizaciones sociales en todo el país.

Saraguro fue parte de estas acciones y exigía que sus demandas sean escuchadas por la Gobernadora Johanna Ortiz. Esto no nunca pasó y más bien, desde el gobierno, se ordenó un operativo militar y policial con el fin de desalojar a las y los manifestantes. Hubo represión, agresiones físicas, gases lacrimógenos dentro de las comunidades, violación domiciliaria, detención de 26 personas durante 15 días; esto en el marco de un Estado de Excepción Nacional declarado días atrás por la situación del Volcán Cotopaxi. El Decreto 755 dispuso que la fuerza pública pueda movilizarse en todo el país y suspendió el derecho de inviolabilidad del domicilio, de tránsito, de reunión y de correspondencia.

En este territorio indígena se detuvieron a hombres, adolescentes, mujeres, estas últimas fueron amenazadas con intentos de violación, agredidas en sus cuerpos, y por ser indígenas. Karina Montero[1], una de las procesadas relata las agresiones sufridas: “Nos tomaban de las trenzas y nos jalaban, nos insultaban con términos racistas, nos decían “indias sucias, qué hacen aquí, váyanse a trabajar allá para sus maridos”. Decían: “¡Cógeles de las trenzas! ¡Las vamos a violar!” nos golpearon los senos y el vientre.”

Pero no solo en Saraguro hubo detenidos. En todo el país, según datos de Fiscalía durante seis días, se detuvieron a 111 personas, de las cuales, 56 estuvieron con prisión preventiva, acusados de delitos como ataque y resistencia, paralización de servicios públicos, incitación a discordia entre ciudadanos, posesión de armas o municiones.

Uno de estos detenidos fue Amable Angamarca; comunicador popular de la Radio Buen Pastor, perteneciente a ACIS, Asociación Cristiana de indígenas de Saraguro, una de las organizaciones de base de Saraguro. Amable el 17 de agosto, estaba haciendo la cobertura de las movilizaciones. Los gases lacrimógenos hicieron que busque refugio en una casa vecina de donde fue sacado violentamente y detenido por la policía: “Yo ahí presente tratando de generar la noticia y esa era mi labor. Pero después ya cuando vinieron los policías echaron las bombas yo tuve que buscar un refugio, porque mi salud es muy delicada, tengo problemas con mi corazón. Me refugié en la casa de una señora de acá, estaba buscando el agua y ahí encontré un baño. Estaba ahí, cuando me sacaron los policías rompiendo la seguridad de las puertas, de una manera muy prepotente, muy inhumana. No me preguntaron ni me indicaron ninguna cosa”. Pasó 16 días en la cárcel de Loja junto con sus compañeros. Estuvieron lejos de sus familias, algunos sin saber de sus hijos y sus casas.

Una situación similar sufrió Luisa Lozano. Ella es conserje de una escuela bilingüe de Saraguro y madre de 4 hijos. Fue detenida junto con otras mujeres mientras defendían de la policía a una mujer embarazada. “Vi que a una señora le arrastraban, le maltrataban y era una compañera de la comunidad ella estaba embrazada. Yo sabía que estaba embarazada porque su hija estudia en la escuela donde yo trabajo, entonces me acerque a decirles a los policías que son inhumanos que porque hacen eso con la señora. A lo cual un policía gritó: “cójanlas a todas” y nos fueron llevando sin respetar. Una señora que se acercó a defenderme que es mi vecina también le fueron llevando.”

 

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Desde marzo de este año, Amable, Luisa, y el resto de sus compañeros tuvieron que enfrentar un juicio por paralización de servicios públicos. El lunes 30 de mayo, la justicia de Loja los condenó a 4 años de prisión. A pesar de que el Código Penal tipifica este delito con 3 años, sin embargo el juez decidió sumar un tercio más de esta condena, es decir un año más.

Luego de esta condena, el pueblo de Saraguro, junto con organizaciones como la CONAIE han realizado varias acciones para denunciar lo desproporcionado de la sentencia y para ratificar la inocencia de ambas personas. También han sumado adhesiones internacionales en apoyo.

Sin embargo, Luisa y Amable no son los únicos condenados a prisión por su participación en el Levantamiento. Ellos forman parte de una lista de 41 personas ya sentenciadas en todo el país. 2 en Quito, 7 en Cañar, 2 en Azuay, 6 en Pastaza y 1 en Orellana. A estos se suman los 21 sentenciados en Quito por las protestas en contra de las Enmiendas a la Constitución conocidos como los #21delArbolito, en diciembre pasado. A estas 41 personas procesadas se les han impuesto diferentes condenadas, como cárcel y además tuvieron que pagar fuertes sumas de dinero. Otros recibieron una sentencia de trabajo comunitario como suspensión condicional de la pena. También hubo sentencia para menores de edad quienes tienen que realizar un tratamiento psicológico.

Pero esta lista aún puede seguir creciendo, ya que 32 personas más están llamadas a juicio: 4 en Cotopaxi, 12 en Saraguro, Pastaza 2, Morona 6 y Orellana 8. Dentro de estas, se encuentran los dirigentes de la CONAIE, CONFENAIE y Nacionalidad Shuar, a quienes también se los procesa por su participación en el Levantamiento de 2015.

De su parte, la CONAIE ha pedido amnistía para las personas sentenciadas y analiza la presentación de una Demanda de Inconstitucionalidad al artículo 283 del COIP que tipifica el delito de ataque o resistencia, esto pese a que la Constitución, en su artículo 98, garantiza la resistencia como un derecho.

[1] Lea testimonios completos en www.resistiresmiderecho.org