¡Que corra el río libre!

La lucha de comunidades indígenas y campesinas por el río Dulcepamba

 

Por Gabriela Peralta @gaperalta07

Edición general Ana María Acosta @yakuana

 

Publicado 08 de diciembre de 2021

 

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Habitantes de 140 comunidades indígenas y campesinas han luchado, por 18 años, en defensa de la cuenca del río Dulcepamba, en la provincia de Bolívar, Ecuador. Las obras de captación de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A., que, según el recurso extraordinario de revisión Nro.2018-008, emitido por la Secretaría del Agua, son “rudimentarias y antitécnicas”, han obstruido el cauce del río y provocado inundaciones. Las comunidades exigen que la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. respete el caudal ecológico y cumpla con las resoluciones legales. En este artículo, Gabriela Peralta hace un recuento de la lucha de las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba, sus derechos al agua, a la vida, a un ambiente sano y a la soberanía alimentaria.

 

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“La lucha es pensando en los que vienen atrás de nosotros”

Manuela Pacheco, una de las defensoras del río Dulcepamba, recuerda su infancia.

— La niñez de nosotros ha sido ver el río, ver los animales. 

 

 

Manuela, hija de madre y padre agricultores, defiende el territorio de San Pablo de Amalí, el río Dulcepamba y la vida que, en algún momento, emergió de esa corriente.

– La lucha de 18 años me ha dejado una experiencia; he luchado por la generación que viene atrás mío, para que no tenga que ser privatizada el agua. La lucha es pensando en los que vienen atrás de nosotros — dice con la misma fuerza con la que ha enfrentado por años, junto a otras y otros comuneros, a la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

Hidrotambo es una empresa ecuatoriana, cuyo presidente es Xavier Cuesta Vásconez y Franklin Pico es el Gerente General. La empresa, además, tiene por accionistas a tres empresas ecuatorianas y a una persona natural de origen suizo.  

Nómina de accionistas	Actividad
Bienes Raíces de la Sierra Puntosierra S.A.	Arrendadores de Bienes Inmuebles
Plasticaucho Industrial S.A.	Industria de calzado
Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA	Industria de textiles
Magistra Schenk Francesco María (Suiza)	(se desconoce)

Fuente: Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías

Esta hidroeléctrica entrega energía al Sistema Nacional Interconectado (SNI), un “sistema integrado que permite la producción y transferencia de potencia eléctrica entre centros de generación y centros de consumo, dirigido a la prestación del servicio público de suministro de electricidad”.

 

 

La cuenca del río Dulcepamba nace en Yagui Alto, a 3000 metros sobre el nivel del mar, parte de los cantones San Miguel y Chillanes, atraviesa 140 comunidades y llega hasta San Pablo de Amalí, comunidad que se encuentra en la parte baja de la cuenca. Allí se construyó las obras de captación, regulación y conducción del Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo, a cargo de Hidrotambo.

En 2004, la Corporación para la Investigación Energética (CIE) llegó a San Pablo de Amalí por una autorización o derecho de aprovechamiento de aguas que le concedió el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Luego, en 2005, la compañía transfirió sus derechos a Hidrotambo S.A., a cargo de la Central Hidroeléctrica San José del Tambo que se localiza a unos 70 km al suroeste de la Ciudad de Guaranda.

La empresa llegó al territorio sin consultar a las y los habitantes de San Pablo de Amalí ni tampoco a las demás comunidades de la cuenca. Fue en ese momento que empezó la resistencia de la comunidad San Pablo de Amalí, junto a cientos de personas de otras comunidades. Su lucha conjunta detuvo el accionar de la empresa por casi seis años; sin embargo, en 2012, la hidroeléctrica Hidrotambo S.A. tomó fuerza. Inició procesos de permisos para obtener un contrato de generación eléctrica del Estado y para actualizar su Estudio de Impacto Ambiental. En 2013, la empresa desvió el cauce del río hacia San Pablo de Amalí.

 

Según Yasmin Calva, abogada de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica, la zona de San Pablo se militarizó. El temor y el miedo se apoderó de las y los comuneros. Al mismo tiempo, la empresa Hidrotambo inició procesos de criminalización a las y los defensores del territorio. Entre las personas criminalizadas se encuentran Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, dos campesinos y defensores del agua que fueron acusados por terrorismo en 2012, para luego, en 2016, ser declarados inocentes. En 2013, la comunidad optó por tomar acciones legales frente a las continuas vulneraciones por parte de Hidrotambo.

De 2013 a 2015 se reformó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos; que ordena que todas las personas jurídicas y naturales que hayan tenido autorizaciones de uso de agua de plazo indefinido, serían canceladas. Antes de esta reforma, las autorizaciones eran de plazo indefinido. Con la reforma, las autorizaciones solo duran diez años, y para consumo humano duran 20 años. Eso incluía a Hidrotambo S.A, por lo cual, al cancelarse su autorización de agua, esta solicitó una nueva. Fue en 2017 cuando la Secretaría Nacional de Agua, a través de la dirección zonal de Guayas, concedió a la empresa la autorización de aprovechamiento de aguas del Río Dulcepamba.

Esta autorización, emitida por la Secretaría del Agua, dio paso a que Hidrotambo desvíe y canalice 6,5m³/seg de agua fuera del río a una distancia aproximada de 3 km, para producción eléctrica. El desvío del río provocó escasez de agua y puso en grave riesgo a la vida acuática.

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.“Vendrá el río y nos llevará”

Hidrotambo S.A, hidroeléctrica que tiene como misión empresarial, “generar energía eléctrica a partir del uso responsable y sustentable de los recursos hídricos en armonía con el medio ambiente”, ha sido la causante de que el río Dulcepamba se seque, y que vías, fincas, casas, vidas humanas y animales se pierdan.

En 2015, las y los habitantes de San Pablo de Amalí vivieron uno de los peores desastres registrados en la comunidad.

 

 

Manuel Trujillo, uno de los rostros más significativos del Frente de Defensa del Río Dulcepamba y sus afluentes, recuerda lo sucedido, aquel 19 de marzo de 2015.

— El río se taponó por 22 minutos, se fueron 12 casas y 4 personas fallecieron. Cada año tenemos el mismo pensar que vendrá el río y nos llevará— dice Manuel, mientras camina por la orilla del río Dulcepamba.

Otro de los comuneros, quien prefiere reservar su nombre, mantiene presente en su memoria el dolor y la resistencia que ha significado la llegada de la hidroeléctrica a la comunidad.

— Hemos venido sufriendo el maltrato de la Hidrotambo. Son 17 años y más de resistencia en la que hemos sido criminalizados, amenazados, perseguidos con los militares, con la policía, y, últimamente, Hidrotambo se ha opuesto a gran cantidad de compañeros campesinos que hemos pedido la adjudicación de pequeñas cantidades de agua.

El pedido de Manuel, junto a otras y otros campesinos, es de agua para la agricultura, para proveer alimento y sustento a las grandes ciudades del Ecuador.

— Para nosotros es algo injusto, nosotros venimos resistiendo como campesinos, porque nosotros somos este grupo que saca el alimento de nuestra pachamamita para mantener, para dar el pan a todas las esferas sociales

 

 

 

Darwin Paredes, defensor del río Dulcepamba, quien ha recorrido los territorios de las 140 comunidades del cantón Chillanes, asegura que la empresa hidroeléctrica, que lleva por slogan “Energía limpia para todos”, maneja un discurso falso.

— Energía limpia y energía renovable es un discurso falso. Primero porque no es verdad que es una energía limpia. Hidrotambo al momento que llegó, destruyó la naturaleza, destruyó la vida acuática, destruyó todo lo que estaba a su alrededor para poder, desde un inicio, hacer sus obras de captación; destruyó a la comunidad misma. Las personas perdieron la soberanía alimentaria, perdieron los peces. Además, es un discurso falso porque hay personas muertas, animales muertos, viviendas y familias destruidas — narra Darwin con rabia.

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Los estudios

Rachel y Emily Conrad, analistas ambientales, han realizado estudios socio-ambientales, de disponibilidad, necesidad de agua, estado socioeconómico, usos de suelo y otras investigaciones para entender la situación de la cuenca del río Dulcepamba. Todas las semanas, durante 5 años, ambas investigadoras midieron el caudal del río Dulcepamba y sus afluentes. Su investigación, complementada con datos y estudios de varias universidades ecuatorianas y estadounidenses, además de datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), reveló que, en 2017, a Hidrotambo le fue otorgado, por parte de la Secretaría Nacional del Agua (anteriormente conocida como SENAGUA), un caudal de agua inexistente.

— Estudios de la Universidad de California Davis evidenciaron que en el 83% de los días entre 2008 y 2018, no existían 6,5m³/seg de agua disponibles en el río para aprovechamiento de agua de Hidrotambo — cuenta Emily Conrad.

Las hermanas y el Proyecto Socioambiental Dulcepamba decidieron acompañar a las y los campesinos en el proceso de legalizar el uso del agua con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Asimismo, han informado de la situación socioambiental de la cuenca del río Dulcepamba a varias organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza; entre ellas, Acción Ecológica, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y organizaciones comunitarias con las que ha presentado varias acciones administrativas y judiciales para reclamar y exigir repartición de agua acorde a las necesidades de las comunidades de la cuenca Dulcepamba, y sobre todo, para asegurar que la gente tenga el agua que necesita para vivir, para sus casas, animales y plantas.

Las hermanas Conrad también analizaron la repartición del agua entre las personas campesinas de la cuenca.

—Muchas familias perdieron su autorización de uso del agua con el cambio de ley en 2014 y otros tienen nuevos usos a legalizar — cuenta Rachel Conrad.

Hidrotambo, para aumentar los caudales de agua disponibles para su Central, en 2016, comenzó a oponerse a los usos de agua de familias campesinas e indígenas aguas arriba.

— Se han opuesto hasta ahora a cerca de 200 procesos administrativos de autorización de uso del agua, que incluyen agua para más de 2800 personas, sus animales y sus cultivos. Muchos de los procesos siguen sin resolución— comenta Rachel.

— En la época de verano, es cuando hay mayor escasez. Hidrotambo quiere que la gente campesina aguas arriba deje de usar el agua para que mayores caudales drenen a su Central, pero las comunidades necesitan el agua— asegura Yasmin Calva.

Los estudios de SENAGUA y de la Universidad de California revelaron, además, algunos problemas estructurales causados por la Central Hidroeléctrica. Emily Conrad, mientras sonríe a la cámara, trae a su mente algunas de las problemáticas y cuenta:

— La obra de la Hidroeléctrica Hidrotambo fue colocada de una forma que desvía el río 120 metros hacia el Pueblo de San Pablo de Amalí. Eso ha causado muchos problemas en la época de invierno desde que Hidrotambo terminó de construir sus obras de captación. En marzo de 2015, a pesar de las crecidas ordinarias (lluvias comunes que, generalmente, no provocan daños) hubo socavaciones, erosiones e inundaciones que provocaron la muerte de 4 personas, la pérdida de 12 casas y vías que conectan a la Comunidad San Pablo de Amalí con la Parroquia San José del Tambo, lugar donde se encuentran centros educativos, centros de salud y mercados – explica Emily.

La manipulación del río Dulcepamba por parte de la hidroeléctrica ha provocado que, en las épocas de invierno, se desborde, por lo cual, la gente pierde sus bienes en el agua y no tiene acceso a estos servicios.

En noviembre de 2015, el Proyecto Socioambiental Dulcepamba, fundado por las hermanas, solicitó el apoyo y acompañamiento de la Universidad de California en Davis, institución que analizó la construcción de la infraestructura de la hidroeléctrica. Entre sus hallazgos consta que «…el evento de marzo de 2015 en el río Dulcepamba no habría causado el daño que ocurrió en San Pablo de Amalí sin otras actividades humanas en el sitio, particularmente las construcciones dentro del cauce, la desviación del caudal, y las obstrucciones por escombros».

 

La lucha por el agua, la vida y la soberanía alimentaria

Las familias de las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba resistieron por años a las acciones de la empresa Hidrotambo, hasta que el 22 de agosto de 2018 presentaron un recurso extraordinario de revisión a SENAGUA (actual Secretaría del Agua). Este recurso es una vía que “se abre excepcionalmente para recurrir a actos administrativos, una vez agotadas las otras formas de oponerse al acto que determine la ley”, explica Yasmin.

Por otra parte, el 25 de abril de 2019, la CEDHU y la Defensoría del Pueblo interpusieron una acción de protección frente a la omisión del Estado ecuatoriano y a la continua vulneración de derechos a la naturaleza, derechos colectivos, a la soberanía alimentaria y a una vida digna e íntegra. Demandaron a seis instituciones estatales, entre ellas, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la Secretaría del Agua (Senagua), el Gobierno Autónomo Provincial de Bolívar, el Gobierno Cantonal de Chillanes y la Secretaría Nacional de Recursos de Riesgos. Sin embargo, un mes después, el juez de Chillanes ratificó que la vía no era la adecuada.

El 5 de septiembre de 2019, la sala de admisibilidad de la Corte Constitucional, conformada por Karla Andrade Quevedo, Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques Martínez, admitió la acción extraordinaria de protección y lo seleccionó para generar jurisprudencia vinculante.

El 7 de octubre del mismo año se resolvió el recurso extraordinario de revisión, a favor de las comunidades. La Secretaría del Agua, en sus informes técnicos-hidráulicos, consideró que las obras de Hidrotambo son rudimentarias y ordenó que Hidrotambo las rediseñe y las reconstruya. La resolución N2018-008 reforma los caudales medios mensuales y determina que ciertos caudales, en ciertos meses, serán autorizados para la hidroeléctrica Hidrotambo.

De enero a mayo, explica Yasmin Calva, la empresa tiene permitido un caudal de 6.50 metros cúbicos por segundo. En junio, tiene 5.99 metros cúbicos por segundo, en julio se reduce a 1.70, y entre agosto, septiembre y octubre no tiene autorizada la captación de agua. En noviembre tiene autorizado 0.30 metros cúbicos por segundo, un caudal mínimo que no es suficiente para producción energética, y en diciembre tiene autorizado 1.73 metros cúbicos por segundo. Es decir, de acuerdo a los caudales mensuales, la Hidroeléctrica San José del Tambo, desde 2019, únicamente, puede operar de diciembre a julio, y debe dejar en el río 1.46 metros cúbicos por segundo todo el tiempo, solo para el caudal ecológico. Sin embargo, no ha acatado la resolución, continúa operando y captando el agua para generar electricidad.

Según Yasmin Calva, a partir del 16 de diciembre de 2020, Hidrotambo tenía seis meses para presentar los rediseños de reconstrucción de las obras de captación, conducción y regulación de caudal y tiene hasta dos años para reconstruir. Asimismo, la resolución 2018-008 solicita a la hidroeléctrica “instalar una estación hidrométrica y un medidor volumétrico”, con el fin de corroborar los datos estatales y universitarios modelados de los caudales medios mensuales. También le pide que todo proceso de reforestación debe ser consensuado desde sus inicios con todos los usuarios de agua que tiene la cuenca del río Dulcepamba. Hasta el momento, nada de lo mencionado ha cumplido la empresa.

En octubre de 2020, la comunidad de San Pablo de Amalí solicitó a la Defensoría del Pueblo realizar una visita in situ y la Defensoría pidió a la Universidad Ikiam visitar la zona para que mida los caudales y analice la ecología del río Dulcepamba. En su informe técnico, publicado el 22 de octubre del mismo año, la universidad determinó que “existe una afectación al ecosistema acuático derivado de las acciones de Hidrotambo S.A”.  Además, se observó que “la hidroeléctrica sigue captando casi en su totalidad el agua del río Dulcepamba incumpliendo la resolución de no operar en meses de estiaje”.

— Eso no permite que la vida acuática que en el río habita se recree, se reproduzca y se sostenga— expresa Yasmin Calva.

El 30 de noviembre de 2020, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) iniciaron un proceso de control de cumplimiento de obligaciones a Hidrotambo. La ARCA emitió un informe de control de cumplimientos en enero de 2021 indicando incumplimiento con lo resuelto, y el 22 de mayo del mismo año, el MAE ordenó el autoejecútese de la resolución. Sin embargo, Hidrotambo sigue sin acatarla.

Pese a que Hidrotambo S.A, en su página web, dice que “conserva un caudal ecológico conforme a lo que señala la ley, a fin de no alterar la flora y fauna de la zona”, la realidad que viven las y los comuneros de San Pablo de Amalí es otra.

De acuerdo al artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

— Los informes han demostrado que hay afectación al caudal ecológico, y cuando hay afectación al caudal ecológico, indiscutiblemente, hay vulneración al derecho de la naturaleza — comenta Yasmin Calva

 

Mirar la afectación del río

El 27 de agosto de 2021 se realizó un homenaje al río Dulcepamba. Los representantes de la Asamblea Nacional, entre ellos, Fernando Cabascango, Jhonny Tapia, entre otros asambleístas, junto a las y los habitantes del Cantón Chillanes, recorrieron la cuenca hidrográfica del río y conocieron las exigencias de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Hidrotambo S.A.

 

 

 

La convocatoria propuesta por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Proyecto Socio Ambiental Dulcepamba, explica que la visita in situ tuvo como fin “conocer la situación de las comunidades, las obligaciones de la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A., la criminalización de defensores y los procesos que se tramitan en materia administrativa y judicial”. Además de generar insumos para que la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización por lo ocurrido.

 

 

Al ritmo de una banda de pueblo, las y los comuneros marcharon hacia el río Dulcepamba; agitando carteles, lanzando voladores, agradeciendo al río por sus riquezas; exigían justicia sin cesar.

–¡Verdad, justicia y reparación para el río Dulcepamba! – clamaron las y los habitantes de las 140 comunidades indígenas y campesinas de la cuenca del río Dulcepamba.

Un joven sostenía, con digna rabia, un cartel:

“Hidrotambo primero atacó a mi pueblo, después nos inundó y mató a mis vecinos. Ahora se opone a mis derechos al agua y seca el río. ¿Qué hará después?”

 

 

Homero Quinatoa, presidente de la junta administradora de agua potable “Tigre Urco”, junto a otras personas, defiende la cuenca del río Dulcepamba por sus derechos al agua, a la vida, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano.

— Nosotros podemos vivir sin luz, pero menos sin agua — relata desde un micrófono a la comisión de asambleístas presente.

Luego, con mucha mesura, se acerca Rosa Quintanilla al micrófono. Ella es habitante de la comunidad de San Vicente.

— Gano más luchando por el agua que por irme un día a trabajar — dice con su voz casi entrecortada.

 

Más tarde, José Sacoto, habitante del recinto La Margarita, expone sus sentires.

— Los campesinos prácticamente somos olvidados por las altas autoridades — grita con coraje.

El respeto por la dignidad humana, por la búsqueda de la verdad, justicia y reparación — manifiesta Yasmin Calva, abogada— es la clave para que en el Ecuador no vuelvan a ocurrir hechos lamentables de pérdidas humanas, a causa de la irresponsabilidad empresarial y estatal.

En la lectura de las exigencias, las y los habitantes declararon que:

“La soberanía alimentaria debería ser un pilar estratégico en el desarrollo humano y propendiendo como política pública estatal y seccional”.

Además, ratificaron que “todos los agentes gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la planificación o en las políticas, en los proyectos, en los programas y en las actividades que pudieran tener un impacto potencial en la conservación de la naturaleza, deberían asegurar a todas las personas eventualmente afectadas sus derechos sustantivos y de procedimiento, garantizados en el derecho nacional e internacional”.

Las y los habitantes expresaron su desacuerdo y malestar con los agentes gubernamentales, quienes han impedido la resolución efectiva y eficaz a favor de los derechos de la naturaleza y derechos humanos. Además, manifestaron su inconformidad ante la falta de ejecución de medidas sancionatorias contra la empresa Hidrotambo S.A. y exigieron reparaciones ante las graves vulneraciones de derechos por parte de la hidroeléctrica, con el afán de que estos hechos no se repitan en el Ecuador.

 

 

Las y los comuneros se declararon en vigilia permanente hasta que los entes rectores de control apliquen las sanciones correspondientes a Hidrotambo S.A. Además, solicitaron a la Asamblea Nacional que inicie un proceso de fiscalización a los entes de control gubernamental y que las autoridades del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Agencia de Regulación y Control de Agua realicen un seguimiento sobre las resoluciones planteadas de reparación a la cuenca del río Dulcepamba, a las comunidades aledañas y eleven sanciones urgentes contra la empresa Hidrotambo por el incumplimiento de la resolución del recurso extraordinario de revisión N2018-008.

 

Resistir y nunca desistir

El martes 28 de septiembre de 2021, representantes de la comunidad San Pablo de Amalí y del Proyecto Dulcepamba llegaron a Quito, capital del Ecuador, para reunirse en la Defensoría del Pueblo con la ARCA, el MAATE y delegados de la Comisión de Garantías Constitucionales. En esa reunión se entregó un escrito de salto del orden cronológico para que la Corte Constitucional dé trámite prioritario al caso y convoque a audiencia. Asimismo, las y los representantes del proyecto insistieron en la visita al territorio de San Pablo de Amalí para que la Corte conozca la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba y las obras de la Hidroeléctrica San José del Tambo.

El miércoles 29 de septiembre se llevó a cabo la comparecencia de las y los comuneros de la cuenca del río Dulcepamba que han sufrido los estragos del accionar de la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A., en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional.

La hidroeléctrica Hidrotambo, explica Yasmin Calva en su comparecencia, no ha cumplido con la reconstrucción de la obra y tampoco ha respetado el caudal ecológico en el río Dulcepamba, que se debe mantener para respetar la vida.

Por su parte, ese mismo día, la Comisión de Garantías Constitucionales, con los votos de los asambleístas, Mario Ruíz, Virgilio Saquicela, Fernanda Astudillo, Edgar Quesada y Fernando Cabascango aprobó el proceso de fiscalización al proyecto hidroeléctrico de la compañía Hidrotambo.

— Eso nos alegra, porque nos permite pensar que hay espacios que te permiten tener esperanza. En Dulcepamba resistimos desde la alegría y el amor y estos pequeños hallazgos lo celebramos desde la esperanza y con la fe intacta de que haremos justicia — dice Yasmin Calva.

El proceso de fiscalización consiste en que la Comisión solicite información a las instituciones, ARCA, MAE y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS Provinciales y Municipales) para entender, en el marco de sus competencias, qué han hecho o cómo han actuado frente a las vulneraciones que la empresa Hidroeléctrica Hidrotambo ha provocado en las y los habitantes de las comunidades indígenas y campesinas de la cuenca del río Dulcepamba. De igual forma, este proceso busca conocer qué han realizado para garantizar el cumplimiento del recurso extraordinario de revisión N2018-008 por parte de la Hidroeléctrica Hidrotambo, y también, qué actividades han ejecutado para garantizar que la hidroeléctrica cumpla con la eliminación de la estructura de piedras antitécnica que obstruye el cauce del río e imposibilita el paso del caudal ecológico cada verano.

Asimismo, Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), se dirigió a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, donde expuso las implicaciones del incumplimiento por parte de Hidrotambo.

— El hecho de que no se cumpla la resolución significa que los derechos siguen siendo vulnerados, las personas siguen sin tener agua, existen riesgos de posibles desvíos del río y, por tanto, muertes de personas o afectaciones a sus bienes; como ya sucedió en 2015.

Para las abogadas defensoras y la comunidad, Hidrotambo S.A, con su Central Hidroeléctrica San José del Tambo, ha violado y continúa atropellando los derechos humanos y de la naturaleza. Las y los comuneros buscan que este caso se resuelva en pro de sus derechos, piden la no repetición de los hechos dentro del territorio ni en otra parte del Ecuador.

A pesar de que la reparación por parte de la hidroeléctrica es aún un pendiente, la memoria es una forma de sostener la lucha de la comunidad del cantón Chillanes. Una lucha que lleva 18 años sostenida por comuneros como Manuela Pacheco, Manuel Trujillo, Darwin Paredes y otras defensoras y defensores del río Dulcepamba, organizaciones de derechos humanos y ambientales. Esta lucha marca un precedente en la defensa del agua, de la salud y de la soberanía alimentaria. Son miles de personas las perjudicadas, de diferentes formas, por Hidrotambo S.A., por ello, las y los comuneros exigen ¡Sanción ya y justicia para Dulcepamba!