Promesas incumplidas y diálogos truncados:
el saldo en contra del gobierno de Lenín Moreno con los derechos LGBTI
Por: Víctor Hugo Carreño @victorhcarreno
Publicado 18 mayo de 2021
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El Gobierno de Lenín Moreno dejará el poder sin mayores avances en políticas públicas ni iniciativas de leyes para proteger a la diversidad sexo genérica.
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Cuando el presidente Lenín Moreno asumió el poder el 24 de mayo de 2017, en su discurso de posesión mencionó a la población LGBTI. En su ofrecimiento de dirigir un gobierno de diálogo incluyente, indicó que el Ejecutivo conocería los planteamientos de la diversidad sexo genérica. “No trataremos temas de género sin conocer las propuestas de las organizaciones de las mujeres y de la comunidad LGBTI”.
Después de aproximadamente un mes, para conmemorar el Día del Orgullo, el Palacio de Carondelet se iluminó con los colores del arcoiris, un hecho inédito en el país y, además, un gesto de inclusión después que en el anterior gobierno el ex presidente Rafael Correa se opuso al matrimonio igualitario y usó el término “ideología de género” para descalificar el enfoque de género en las políticas públicas.
Pero los discursos y los gestos no pasaron a la voluntad política. El gobierno de Moreno dejará el poder el próximo 24 de mayo sin mayores avances en políticas públicas ni iniciativas de propuestas de ley para garantizar derechos de la población de la diversidad sexo genérica.
Los avances en los últimos cuatro años como matrimonio igualitario o el reconocimiento de familias diversas fueron por decisiones de la Corte Constitucional, que falló a favor de casos que se impulsaron desde el activismo.
“No hay nada que evaluar. El Gobierno estuvo caracterizado por hermetismo total con relación a los temas LGBTI. Hubo promesas que se hicieron y no se cumplieron”, resume Lía Burbano, directora ejecutiva de la fundación Mujer & Mujer.
Las promesas a las que se refiere Burbano son las derivadas de un proceso de diálogo que el Gobierno inició con organizaciones de la sociedad civil para la creación de una política pública integral, pero quedó truncado.
En junio de 2018, la entonces vicepresidenta María Alejandra Vicuña ofreció la aprobación de un decreto ejecutivo para la implementación de políticas públicas para la garantía y protección de los derechos de las personas LGBTI.
La activista trans Mariasol Mite, presidenta de Comunidad Futura (una de las organizaciones que participó en estos encuentros), recuerda que hubo dos reuniones antes del anuncio de Vicuña y después de éste estaban previstas otras.
Sin embargo, no se dieron nuevos encuentros y Vicuña renunció en diciembre de 2018 tras las denuncias de cobrar “diezmos” cuando era legisladora.
“Con la renuncia de Vicuña (la política pública LGBTI) quedó en la nada. Enviamos oficios a la Presidencia y Vicepresidencia (para continuar con este proceso) y no nos respondieron”, señala Mite.
Las organizaciones planteaban que, en las políticas públicas, el Ejecutivo garantizara el acceso a derechos como educación, salud, trabajo y vivienda.
Entre las propuestas estaban: acceso y permanencia a la educación sin discriminación y protocolos para prevenir el acoso; servicios de salud inclusivos que observen, por ejemplo, las necesidades específicas de la población trans en su proceso de transición; y garantizar el acceso laboral de la población LGBTI, especialmente de las personas trans.
Estos planteamientos también fueron impulsados por las organizaciones al gobierno anterior, cuando éste implementó mesas intersectoriales para elaborar políticas públicas integrales.
Las propuestas de políticas fueron plasmadas en 2016 en un documento, pero no fueron impulsadas desde el Ejecutivo con su publicación en el Registro Oficial. Sí hubo, en cambio, iniciativas como el Manual de Atención en Salud a Personas LGBTI o la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral.
Christian Paula, presidente de Fundación Pakta, destaca que estas iniciativas fueron avances en el gobierno anterior, pero no una política pública integral.
“La política pública trataba de ordenar, organizar, vigilar y evaluar todas estas acciones y darle más fuerza (…) No hemos visto en este gobierno mayores avances, sanciones o mecanismos de implementación de lo que ya existió. Ha sido poco o nada”, sostiene.
Lo que buscan las organizaciones es la aprobación de un documento que integre a varios ministerios y dependencias y que, de esta manera, las decisiones no queden a discreción de la persona que lidera una Cartera de Estado.
Lía Burbano, de Mujer & Mujer, explica que los derechos están consagrados en la Constitución (que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género). “No hay ni una sola ley que nos impida alcanzar igualdad y no discriminación. El problema es que la ley está ahí, escrita, pero no existe el protocolo o mecanismo para garantizar lo que dice. El camino es la política pública, para que tenga institucionalidad que la respalde y recursos”, detalla.
Mariasol Mite, de Comunidad Futura, explica que un decreto ejecutivo (como lo ofreció la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña) hubiera planteado directrices para todos los ministerios para garantizar derechos de la población LGBTI en coordinación el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, responsable de la formulación de políticas con enfoque de género.
“Lo que queríamos era voluntad política para garantizar derechos. Si no hay voluntad política, nadie va a aplicar acciones”, indica Mite.
Además de las propuestas de las organizaciones, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, también planteó acciones en la Agenda Nacional de Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021.
En la agenda, el Consejo propuso políticas en distintas áreas, similares a las que plantean las organizaciones. Alexandra Andrade, directora técnica del organismo, señala que la institución se encuentra en proceso de evaluación del cumplimiento de estas propuestas y este proceso terminaría el próximo mes.
Mientras este proceso está en marcha, Andrade prefiere no anticipar evaluaciones sobre los avances del Gobierno en las políticas propuestas.
La Constitución establece la obligación del Estado de incorporar enfoque de género en planes y programas, pero el Consejo -agrega Andrade- no tiene un mecanismo legal y viable para exigir que las instituciones cumplan con sus recomendaciones. “Es una dificultad grande que tenemos”, comenta.
Además de la Agenda, Andrade menciona otras iniciativas del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, como la aprobación de una Guía de Orientaciones Técnicas para Prevenir y Combatir la Discriminación por Diversidad Sexual e Identidad de Género en Sistema Educativo.
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Sin iniciativas legales y hasta un veto
En su relación con la Asamblea, el Gobierno de Moreno tampoco propició leyes que promuevan derechos LGBTI. El Ejecutivo tenía inicialmente una mayoría legislativa de más de 70 legisladores, antes de la ruptura con asambleístas adeptos al ex mandatario Rafael Correa.
Como colegislador, incluso, vetó el Código Orgánico de la Salud, que contenía avances como la prohibición de asignación de sexo a personas intersex (que nacen con una anatomía sexual que no se ajusta a los estándares de cuerpos femeninos o masculinos), y la prohibición de las terapias para modificar la orientación sexual o identidad de género.
Expertos de la Organización de Naciones Unidas declararon que el veto fue decepcionante e indicaron que el Código de Salud “habría brindado mayor protección a las personas LGBTI”.
Mientras, la Asamblea incumplió con la creación o reforma de leyes que dispuso la Corte Constitucional en fallos de casos que impulsó el activismo.
Desde mayo de 2017, la Corte aprobó casos que representaron avances en derechos de la población LGBTI, como el de Bruno Paolo Calderón (que favoreció a un hombre transexual cambiar el campo de sexo de femenino a masculino en su cédula de identidad), Satya (que permitió que dos mujeres inscribieran a su hija con sus respectivos apellidos; y matrimonio igualitario (que reconoció la figura para parejas del mismo sexo).
Christian Paula, de Fundación Pakta, indica que, en los casos de Bruno Paolo Calderón y Satya, aprobados en 2017 y 2018, respectivamente, la Corte estableció que las reformas o adopción de disposiciones legales se hagan en un plazo de un año.
Sin embargo, el actual período de la Asamblea culminó sus funciones sin haber cumplido estas disposiciones, pese a que son obligatorias por mandato constitucional.
El año pasado, Fundación Pakta solicitó a la Corte Constitucional un seguimiento a estas disposiciones, pero el proceso continúa.
La Asamblea sostiene que los procesos están en ejecución. En un documento que elaboró la Unidad Técnica Legislativa para responder a un pedido de la Defensoría del Pueblo sobre estos procesos, se desprende el estado de estas disposiciones en el procedimiento legislativo.
En el caso de Bruno Paolo Calderón, la Unidad Técnica Legislativa señala que se presentó un proyecto de ley para la reforma de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles para que las personas transexuales puedan cambiar el campo de sexo en su cédula de identidad, pero no se ha dado trámite.
Mientras, con el caso Satya, la unidad indica que el Código de Salud abordó el tema de la reproducción asistida, pero el Ejecutivo vetó la ley.
Sobre las reformas para los procedimientos especiales y expeditos, el informe de la Asamblea a la Defensoría del Pueblo señala que está ejecutado en las reformas al Código Integral Penal, pero Paula advierte que el Legislativo hizo reformas para delitos contra las mujeres y no incluyó delitos de odio.
Paula considera que faltó voluntad política de las y los asambleístas, así como de quienes ocuparon las presidencias de comisiones e incluso de la misma Presidencia de la Asamblea para promover reformas y adoptar disposiciones legales que dispuso la Corte Constitucional.
Asimismo, señala que otra opción era que la Presidencia de la República o la Defensoría del Pueblo, con facultad para elaborar proyectos de ley, tomen la iniciativa, pero no ocurrió.
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Las tareas pendientes
Las obligaciones que tiene el Legislativo ahora deberán ser asumidas por las y los asambleístas que iniciaron funciones el pasado 14 de mayo.
La Asamblea debe cumplir también con reformas para garantizar la identidad autopercibida de personas trans e intersex, y el reconocimiento pleno de derechos de parejas del mismo sexo y familias homoparentales, tras la aprobación de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para Ecuador.
En ese instrumento, la Corte establece la eliminación de requisitos patologizantes para el cambio de sexo o género en los documentos de identidad y reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que tienen parejas heterosexuales.
Mientras, el Gobierno electo ofreció en campaña impulsar políticas para erradicar la discriminación en el campo laboral y educativo, y en instituciones públicas. Además, programas de respeto a la diversidad en colegios.
Las organizaciones LGBTI insisten que el Ejecutivo debe promover políticas públicas integrales. Burbano, de Mujer & Mujer, señala que la propuesta de Lasso es básicamente cumplir con la Constitución, pero no acciones concretas. Paula, de Fundación Pakta, indica que son iniciativas que actualmente existen, pero su implementación y alcance no han sido evaluados.
La voluntad política para garantizar derechos LGBTI ahora recae en el nuevo Gobierno y en una Asamblea atomizada. Mientras, el activismo está vigilante al cumplimiento y avance en derechos.
