“Impedir que una mujer, una niña decida sobre

su reproducción y sexualidad viola los Derechos Humanos”

 

Entrevista Ximena Casas, Vocera de la Campaña Regional Niñas No Madres @GlobalDSDR

Por: Redacción Wambra @wambraec

Ximena Casas es abogada y actual vocera de Niñas No Madres, una campaña regional, impulsada por cinco organizaciones internacionales, que busca visibilizar las consecuencias de la violencia sexual, el embarazo y la maternidad forzada de niñas.

Cuando terminó de estudiar jurisprudencia en la universidad no sabía cómo ejercer su carrera de una forma cercana a los derechos humanos –en un contexto de violencia por el conflicto armado en Colombia– entonces aplicó a una pasantía en Human Rights Watch. En esta organización trabajó en un primer informe sobre la situación del acceso al aborto en Argentina, que la llevó a entender algo que marcó su camino futuro: no permitir a las mujeres, a las niñas tomar decisiones de su reproducción y sexualidad es una grave violación a los derechos humanos. Es así que se especializó en la defensa jurídica e incidencia por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y es en esta área donde trabaja más de diez años en la organización Planned Parenthood Global.

 

¿Cuál es la situación de las niñas en América Latina?

América Latina, en este momento, tiene una gran deuda y desprotección hacia las niñas, específicamente en términos de violencia sexual. El 80% de víctimas de violencia sexual son niñas entre diez a dieciséis años. América Latina es la única región en el mundo donde los partos de niñas menores de quince años siguen en aumento.

Nosotras hemos hecho un seguimiento a través de una investigación llamada Vidas Robadas en Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Perú. En todos estos países vemos niñas que están siendo forzada a ser madres. Estas niñas no solo tienen una afectación a su salud física, sino sobre todo, una afectación a su salud social y mental. Hay un índice muy alto de suicidio, abandono escolar, que perpetúa ciclos de pobreza.

 

¿Cuál es el hilo conductor que ustedes evidenciaron en cuanto al embarazo y la maternidad forzada de niñas en toda la región?

En el estudio encontramos que había dos factores específicos que eran comunes en todos los países: por un lado, un patrón sistemático en la falta de acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva; y por otro lado patrones sistemáticos en la falta de acceso a la justicia en casos de violencia sexual.

Un niña víctima de violencia sexual en Ecuador, Guatemala, Colombia, tiene similar situación. En todos los países la protección del Estado a las niñas se limita a: sacarlas de su ambiente familiar y llevarlas a una casa – hogar de refugio donde vuelven a vulnerar sus derechos. Ellas mismas decían: ‘¿por qué soy yo la que debo irme de mi hogar?, ¿por qué soy yo la que tiene que estar encarcelada y el que me violentó estar fuera?’.

Encontramos también que ninguna de las niñas que fue víctima de violencia sexual tuvo la oportunidad de tener acceso a información, a la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), a la interrupción legal del embarazo, al acceso a un control prenatal. Muchas de las niñas supieron del embarazo cuando ya tenían siete, ocho meses, cuando la barriga ya era notable.

 

¿Quiénes son las niñas más afectadas por la violencia sexual y los embarazos no deseados?

Lo que hemos encontrado es que las niñas que continúan con un embarazo no deseado, usualmente, están en sectores socioeconómicos desprotegidos y desfavorecidos y esto es porque son las que tienen menos acceso a educación, servicios integrales de salud, acceso a justicia, y por tanto son las que en mayor situación de vulnerabilidad se encuentran. Vimos que niñas de zonas rurales, que tienen un valor adquisitivo menor, o niñas afro descendientes e indígenas son las que más índices de embarazos no deseados presentan.

 

¿Cómo enfrentan los Estados latinoamericanos esta situación?

Creo que desafortunadamente no la enfrentan, porque la violencia contra las niñas está normalizada, no solamente por unos patrones socioculturales, si no por la respuesta misma del Estado. No hay acceso a información o servicios para saber cómo enfrentar la violencia. Este es el gran problema que tenemos: la normalización de violencia hacia las niñas.

 

 ¿Cómo está siendo abordada la situación de las niñas en los organismos internacionales?

Cada vez se está haciendo más evidente que esto es un problema de la región, donde hay una pandemia de violencia sexual.

Cuando sacamos el informe regional y encontramos estos puntos comunes en los cuatro países, lo presentamos por primera vez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, en una audiencia temática sobre la  la “Situación de los Derechos de las Mujeres Embarazadas en América Latina”. Después en octubre del 2017 asistimos a una segunda audiencia en la CIDH sobre “Violencia Sexual contra Niñas en América Latina y el Caribe” donde tuvimos la oportunidad de hacer alianzas con organizaciones como Save the Children y Plan Internacional.

Presentamos nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría de la Mujer y de la Relatoría de la Niñez, que decidieron incluir un capítulo específico sobre la violencia sexual, el embarazo forzado y la maternidad forzada en niñas víctimas de violencia sexual. Este informe está por salir sobre violencia y discriminación en niñas y adolescentes.

Por otro lado trabajamos en un Informe Hemisférico que sacó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)  que es una de las entidades de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde utilizan nuestra información para saber qué está pasando en América Latina. Una de las recomendaciones de esta instancia fue que se debía permitir la interrupción legal del embarazo independientemente de si la causal de violencia sexual está permitida o no en el Estado. Esta recomendación se da porque se entiende que la vida y la salud de las niñas están en riesgo, que hay una afectación a la salud física , salud y mental y una afectación a su proyecto de vida.

Las recomendaciones no solamente son de organismo internacionales, como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), si no en casos muy específicos.

 

¿En qué casos ya se han pronunciado los organismos internacionales de Derechos Humanos?

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW pos su siglas en inglés), sancionó a Perú por el caso de una niña de trece años víctima de violencia sexual que cuando supo que estaba embrazada trató de suicidarse, llegó al hospital y no le realizaron una cirugía porque tenía pocas semanas de embarazo; por esta razón ella quedo parapléjica y luego tuvo un aborto espontáneo.

La CEDAW condenó al Perú y dijo que no haberle permitido a esta niña acceder a esa operación violó su derecho a la salud, que además esta niña debía haber accedido a información para interrumpir legalmente su embarazo porque era una afectación a su salud. El Estado peruano incumplió con los convenios, no solamente internacionales sino con su propia legislación que permite interrumpir legalmente el embarazo cuando la salud de la mujer está en riesgo.

 

¿Qué otros organismos se han pronunciado sobre este tema?

En el Informe del Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, también se ha pronunciado. Esta Relatoría ha dicho que la imposición del embarazo no deseado es un trato cruel, inhumano, degradante y puede ser considerado por tanto una tortura; el no permitir a una mujer o una niña adolescente interrumpir el embarazo no deseado puede considerarse como una tortura porque es una carga que se le está imponiendo sin su voluntad.

 

¿Qué pertinencia tienen estos pronunciamientos internacionales, qué logran en los Estados?

Esto depende del organismo que lo emita, por ejemplo las emisiones que sacan las relatorías de Naciones Unidas no son decisiones totalmente vinculantes, ellos dan su opinión como expertos. Pero tanto los Estados, como también los organismos internacionales los toman en cuenta para el lineamiento de políticas públicas, dan una guía de cómo el derecho internacional de Derechos Humanos debe ser aplicado dentro de las legislaciones nacionales, entendiendo que hay toda una reciprocidad entre el derecho internacional y el derecho nacional

Los pronunciamientos como la CEDAW, en el caso especifico contra el Perú, es totalmente vinculante y si el Estado peruano no cumpliera con la decisión, tendría repercusiones específicas, porque es totalmente vinculante.

 

¿Por qué se debe considerar la opción de la interrupción voluntaria del embarazo para estas niñas? ¿qué implica el embarazo para una niña?

Lo que hemos documentado es que físicamente el cuerpo de las niñas no está preparado para enfrentar un embarazo, de hecho las niñas tienen cuatro veces más posibilidad de morir en el parto que una mujer adulta. Por otro lado la capacidad psicológica para afrontar el embarazo y la maternidad es un impedimento.

Por eso es necesario permitir a las niñas acceder a toda la información de manera adecuada, para que realmente puedan tomar la decisión, si desean o no interrumpir el embrazo. Un embrazo que no ha sido deseado y en el que posiblemente ni física ni emocionalmente estén preparadas.

En América Latina en casi todos los países de la región, excepto en cinco países, el aborto está permitido al menos en alguna causal y usualmente es cuando la vida y /o la salud de la mujer está en riesgo. En este sentido entendiendo las interpretaciones y recomendaciones que se han dado desde los mecanismos internacionales de derechos se podría decir que esta niñas podrían interrumpir legalmente su embarazo, por el peligro a su salud.

 

¿Qué deberían hacer los Estados para proteger a estas niñas que viven estas violencias?

Necesitamos un cambio estructural amplio en materia de políticas publicas en dos áreas especificas: por un lado en temas de acceso a la justicia, y por otro lado a temas de servicio de salud sexual y reproductiva.

En cuanto es al tema de acceso a la justicia es importante cambiar prácticas del proceso penal donde no se re victimice a niñas que son víctimas de violencia sexual. Es importante garantizar el acceso a servicios integral en salud reproductiva que no solo permitan impedir que una violencia sexual termine en un embarazo, si no que también permitan, si por alguna razón no se pudo acceder a la Anticoncepción de Emergencia, dar la opción de interrumpir legalmente el embarazo, entendiendo que la vida y la salud de las mujeres y las niñas estaría en riesgo.

Otro punto fundamental es que necesitamos que se garantice el acceso a la Educación Integral en la Sexualidad con una medida de intervención a la violencia, de prevención a la violencia sexual. Sin esto las niñas no van a ser capaces de tomar sus decisiones de manera libre e informada.

 

¿Qué significa tener Educación Integral de la Sexualidad para prevenir la violencia?

Garantizar la Educación Sexual de manera integral significa dar una información clara, veraz y pertinente sobre la sexualidad y la reproducción, una información sin tapujos, una información que realmente no esté sesgada y que permita realmente a las niñas y jóvenes tomar relaciones informadas sobre su sexualidad, poder disfrutarla de manera responsable y si quieren o no quieren hijos. Eso les permitirá continuar con su proyecto de vida, mantener su educación y cuando decidan si quieren o no formar una familia, lo puedan hacer teniendo todas sus herramientas. Esto sabemos que es fundamental si queremos acabar con ciclos de pobreza

 

Sobre la campaña de Niñas No Madres, ¿qué es lo que busca esta campaña?

La investigación de Vidas Robadas nos permitió entender que había un problema sistémico en la región y que si queríamos cambiar las políticas públicas, no iba a ser solo suficiente con cambiar las normas y leyes, porque del papel a la realidad hay mucho trecho y que para ello se necesita un cambio sociocultural de patrones que tenemos metidos en el ADN del patriarcado en América Latina.

Hay una percepción social de que las mujeres tenemos que ser madres en América Latina, no importa que tengamos once años, catorce años y que primero está ser madre antes que ser niña.

Es necesario abrir un dialogo con la ciudadanía para entender qué significa ser madre cuando eres una niña y si realmente estaríamos dispuesto como sociedad democrática a seguir permitiendo que las niñas sean madres, o si lo que realmente queremos es que las niñas sean niñas y puedan disfrutar de su niñez y sean felices.

Si decimos que queremos mejorar nuestras economías y ser países democráticos ¿cómo podemos garantizar que estas niñas verdaderamente tengan acceso a la educación, mejorar su propio entorno de vida?, ¿cómo lo vamos a lograr si lo que estamos haciendo es imponerles una maternidad que ellas no han deseado y que es producto de una violencia sexual?

 

¿Qué pasos se requieren para generar un cambio en el Estado y la sociedad?

Es importante que los Estados se hagan responsables de estas niñas y que entendamos que hay un problema sistémico y estructural en América Latina en relación a la violencia sexual.

Buscamos que los Estados tengan una conversación mas abierta con las organizaciones de la sociedad civil, con los movimientos de mujeres, con los movimientos de niñez, para que entre todos podamos tener un dialogo de cómo se deben mejorar estas políticas públicas, teniendo en cuenta todos estos aspectos y que respondan a lo que un estado democrático que quiere dejar que las niñas sean niñas y sean felices, y lo puedan cumplir. 

 

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