OTRAS MIRADAS
Guatemala: autoritarismo y elecciones 2023
Por: Prensa Comunitaria. Guatemala
Publicado 23 de junio del 2023
El 25 de junio de 2023 se realizarán elecciones generales en Guatemala. Ese día 9,372, 164 ciudadanos empadronados están convocados para elegir presidente y vicepresidente; diputados al congreso de la república; diputados al parlamento Centroamericano y corporaciones municipales.
A diferencia de elecciones anteriores, esta se realiza en un clima de desconfianza e incertidumbre en tanto que la coalición gobernante ha utilizado todos sus recursos disponibles para incidir sobre este proceso. Sin un sistema de justicia independiente, el cierre de espacios para la sociedad civil, con medios de comunicación cercados y perseguidos, con candidatos presidenciales excluidos, y la persecución y encarcelamiento de periodistas y opositores, las elecciones de 2023 parecen ser el preámbulo a la consolidación de un régimen autocrático.
En su informe de 2023, V-Dem señaló que el sistema político de Guatemala pasó de ser una democracia electoral a ser una autocracia electoral, en la que, a pesar de que se realizan elecciones, las condiciones en las que las mismas se llevan a cabo carecen de garantías democráticas.
El autoritarismo guatemalteco no está liderado por un líder carismático, como el caso de Nayib Bukele, en el Salvador; ni se trata de dictaduras tradicionales como la de Ortega-Murillo en Nicaragua. Se trata de una suerte de dictadura corporativa-mafiosa en la que distintas Redes Políticas y Económicas Ilícitas (RPEI) han tomado control total o parcial de las entidades del Estado y se coordinan y alían para mantener y amplias sus posiciones; beneficiarse de los recursos públicos; y, garantizarse impunidad.
Aunque el presidente Giammattei es la figura más visible y quien lidera la coalición, los distintos actores de esta alianza mantienen una relación de co-dependencia y, para mantener el control sobre el Estado, requieren niveles mínimos de coordinación y acuerdos. Por ejemplo, el Ministerio Público (MP) no puede perseguir y neutralizar adversarios sin contar con el respaldo de las altas cortes; que a su vez depende de mayorías parlamentarias. En el mismo sentido, la presidencia requiere de otros actores estatales para mantener su predominio y cierta gobernabilidad.
Así, el apoyo mayoritario del legislativo a la gestión de Giammattei ha implicado mantener un pacto con los distintos bloques parlamentarios cuyo precio ha sido el intercambio de obras públicas, plazas, dinero y otras prebendas a cambio de los votos de la mayoría de bancadas. En el poder judicial, la impunidad se ha sostenido al precio de romper el Estado de derecho con la extensión indebida del mandato de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones, cuyo mandato terminó hace más de tres años. La integración de la actual Corte de Constitucionalidad respondió a los intereses de esta coalición que interfirieron abiertamente en las distintas instancias nominadoras para garantizarse impunidad.
El pleno control que estas redes tienen de la institucionalidad del Estado, fue el resultado de una ofensiva autoritaria que inició en 2016 y que, de expulsar a la CICIG y neutralizar las investigaciones contra la corrupción. Para lograr esto, fueron articulando una estrategia que les posibilitó cooptar el sistema de justicia para criminalizar a sus adversarios.
En las elecciones de 2023 todos los elementos de la estrategia autoritaria están siendo puestos en juego para moldear los resultados electorales. Como se verá en este informe, esto ha implicado graves anomalías en el proceso electoral, y colocan a Guatemala a las puertas del cierre del campo democrático.
La estrategia autoritaria
El desmantelamiento del Estado de Derecho y la democracia es el resultado de una ofensiva autoritaria que empezó a gestarse desde 2016. Como se sabe, las investigaciones y procesos judiciales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP), sobre todo a partir de abril de 2015 lograron identificar y desarticular redes de corrupción que habían anidado en las instituciones públicas y a las que se vinculaban políticos, funcionarios, empresarios de diversos niveles de escala, militares en activo y en situación de retiro y grupos criminales propiamente dichos.
Las denuncias públicas dadas a conocer por la CICIG y el MP generaron una fuerte reacción y movilización ciudadana, que fortaleció el trabajo investigativo y a su vez, empoderó al movimiento ciudadano.
Aunque en un inicio la lucha contra la corrupción generó un respaldo unánime, conforme las investigaciones fueron llegando a las elites políticas y empresariales, y, sobre todo a las corporaciones globalizadas, se empezó a generar una reacción contraria. Inicialmente, se trató de acciones individuales y relativamente aisladas de individuos o grupos afectados por las investigaciones. Posteriormente, estas respuestas se fueron coordinando hasta que el entonces presidente Jimmy Morales se puso al frente de la cruzada contra la CICIG, para lo que contó con el apoyo de las cámaras empresariales, del entonces alcalde Alvaro Arzú y de otros actores relevantes.
Aunque el intento de expulsar a la CICIG no tuvo éxito, se logró reducir su capacidad de acción. Desde el ministerio de gobernación se limitó el trabajo de investigación policial, vehículos artillados de la policía fueron utilizados para amedrentar a la comisión y los aparatos de inteligencia realizaron operaciones para controlar a los funcionarios y trabajadores de la comisión.
Tras el fin del mandato de la CICIG, la ofensiva autoritaria continuó, no solo para perseguir a manera de venganza a quienes participaron en la primera línea de la lucha contra la impunidad (magistrados y jueces independientes, fiscales, ex funcionarios de la CICIG) sino para lograr el pleno control del Estado y el conjunto de sus instituciones.
Entre los elementos de esta estrategia, y han tenido impacto en las elecciones de 2023 pueden mencionarse:
- El control de los organismos del Estado, que, a través de distintas redes desde el ejecutivo, el legislativo y el judicial coordinan sus acciones. (Por ejemplo, la continuidad indebida e ilegal de las altas cortes ha resultado funcional para el conjunto de la coalición).
- El control y uso del sistema de justicia para criminalizar opositores y garantizarse impunidad. La no elección de nueva CSJ y cortes de apelaciones; la elección amañada de la Corte de Constitucionalidad (de la que fue excluida la magistrada electa por la USAC); y la reelección de la fiscal general han anulado la posibilidad de justicia independiente para la mayoría de los ciudadanos. Como se verá adelante, las personas criminalizadas no se enfrentan solo a acusaciones espurias avaladas por la fiscalía, sino al conjunto del sistema de justicia.
- La subordinación de las entidades públicas que podrían ser un contrapeso. La Contraloría General de Cuentas CGC desde hace muchos años ha dejado de cumplir con sus funciones, y más bien ha sido utilizada para encubrir actos de corrupción y perseguir a conveniencia a ex funcionarios. La elección del actual procurador de los derechos humanos fue realizada por la coalición gobernante para neutralizar y limitar el papel que la procuraduría venía desempeñando para enfrentar la impunidad. Otro ejemplo es el de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyo actual rector de facto fue impuesto mediante un escandaloso fraude electoral. Con esto se logró neutralizar no solo a la única universidad pública del país sino limitar la capacidad de organización y movilización del movimiento estudiantil.
- Un elemento clave de la estrategia de la dictadura corporativa mafiosa ha sido la criminalización de quienes la enfrentan o tienen posibilidades de enfrentarla. Esta criminalización se ha mantenido en las zonas rurales, donde continúa la persecución contra defensores/as del territorio y líderes indígenas y comunitarios. Asimismo, se ha ampliado hacia operadores de justicia, periodistas, lideres/as de la sociedad civil en los centros urbanos y políticos. Para ello se ha utilizado el sistema de justicia en su conjunto, que se alinea para perseguir a lo que en la práctica se presenta como enemigo interno.
- En los procesos de criminalización se ha dado una suerte de “privatización” de hecho de la persecución penal. La Fundación contra el Terrorismo (FCT) financiada por grupos empresariales globalizados se ha constituido en querellante adhesivo en varios de estos casos, en los que el MP parece estar subordinado a esta entidad. La FCT amenaza abiertamente a los opositores con cárcel o exilio.
- Restricciones a la libertad de organización. Las reformas a la ley de ONG y las acciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) contra organizaciones internacionales, sumado a la criminalización de líderes y lideresas han restringido el espacio cívico.
- Uso de los medios de comunicación. Además de contar con el respaldo incondicional de los canales de la televisión abierta y varias cadenas de radio con cobertura nacional; la coalición se ha hecho del control de medios y espacios que en su momento fueron independientes. Por su parte, los medios tradicionales que mantienen cierta autonomía, enfrentan una profunda crisis financiera. El trabajo periodístico en general se ha precarizado, y la criminalización de comunicadores y el cierre de fuentes de información gubernamental limitan aún más su trabajo.
- En las instituciones que tienen por mandato trabajar por la seguridad ciudadana, incluyendo Policía Nacional Civil y sistema de inteligencia, se ha impuesto la agenda de la coalición mafiosa y se ha privilegiado la vigilancia, acoso y persecución en contra de opositores.
- La economía política de la coalición mafiosa. Aunque los resultados sociales del ejercicio gubernamental en la última década han sido negativos en términos de ingresos, educación, salud, desnutrición, pobreza y extrema pobreza e incluso seguridad, el sistema ha beneficiado tanto a las redes de corrupción por la vía de la apropiación de recursos públicos como a los grandes grupos empresariales que se benefician de la estabilidad macroeconómica, la depredación de bienes naturales, y una economía de servicios alimentada por las remesas.
- Finalmente, otro elemento de la estrategia de la coalición mafiosa ha sido el uso de la política exterior para legitimarse e intercambiar posicionamientos a cambio de apoyo político. El papel de Guatemala en la crisis migratoria; el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel; la continuidad de las relaciones con Taiwan, y la relación con grupos cristianos extremistas le han permitido al gobierno mantener la permisividad de Estados Unidos en política interna.
- Esta estrategia se fundamenta y legitima en un discurso ideológico sustentado en el cristianismo conservador; el anticomunismo; el neoliberalismo; el nacionalismo y el racismo. El “nuevo enemigo interno” es ateo, pro aborto, globalista, comunista (guerrillero, chairo), operador extranjero, y promotor del “indigenismo” (definido como una amenaza a la unidad nacional).
El sistema de justicia frente al proceso electoral 2023
Frente al proceso electoral de 2023, el sistema de justicia bajo el control de las RPEI, ha mostrado las siguientes tendencias:
- Desestimar procesos penales en los que figuran como sindicados potenciales candidatos, lo cual se observó a partir de noviembre y diciembre de 2022[1];
- Viabilizar mediante resoluciones judiciales de la CSJ y la CC, la participación política de candidatos no idóneos o con prohibición constitucional pero afines al régimen como en el caso de Zury Ríos;
- Ratificar las exclusiones emitidas por el Registro de Ciudadanos o por el TSE de candidatos no afines al régimen; y
- Usar la criminalización como mecanismo para impedir que corran candidatos que constituyen un riesgo para el régimen.
Las facultades atribuidas constitucionalmente a la CSJ y a la CC sobre las resoluciones emitidas por el Tribunal “Supremo” Electoral, que en la práctica se convierten en un mecanismo de revisión, han sido utilizadas en el marco del proceso electoral de 2023 para ir modelando la tendencia a favorecer la participación política de candidatos no idóneos pero afines al régimen que el TSE ha marcado con claridad.
Ambas cortes resultaron electas a partir de las negociaciones espurias entre partidos políticos y RPEI en 2014 (CSJ) y 2021 (CC) por lo que su independencia es inexistente y el continuum en los mecanismos de “toma y da” entre redes ilícitas se continúa fortaleciendo por medio de la emisión de estas resoluciones que aseguran impunidad y que legitiman la participación política de candidatos supuestamente víctimas de la FECI-CICIG. Algunos de los magistrados electos por las RPEI en 2014 para la CSJ saltaron al TSE y a la CC como parte del mecanismo de cooptación de las cortes.
Como se observa en la tabla siguiente, ambas Cortes han mantenido una línea unánime frente a las apelaciones por el otorgamiento de amparos provisionales a favor o en contra de la inscripción de candidatos, es decir que todas las resoluciones adoptadas por la CSJ han sido ratificadas por la CC sin excepción. Esto permite observar cómo las cortes se constituyen en el marco del proceso, en el instrumento para modelar el panorama de candidaturas, excluyendo de manera temprana a quienes constituyen una amenaza para la continuidad de la ofensiva autoritaria.
A 4 días de las elecciones, tres binomios presidenciales se encuentran fuera de la contienda, uno de ellos abiertamente opuesto a los intereses de las RPEI (MLP) y dos de ellos con altas posibilidades de elevar su popularidad y afectar la llegada a la presidencia de los candidatos más leales a las RPEI. La candidatura de Manuel Baldizón, actor central de la cooptación de las Cortes y de graves casos de corrupción investigados por FECI-CICIG fue revocada tras un fuerte posicionamiento de algunos sectores incluido el CACIF[2]. Manuel Baldizón se constituyó en el actor que facilitó la salida de Carlos Pineda de la contienda electoral, viabilizando así la posible llegada de Zury Ríos a la presidencia.
Otra de las tendencias es el uso indebido del derecho penal para bloquear a candidatos no afines a las RPEI o que son considerados una amenaza para los candidatos favoritos de las elites. Para esto se utiliza la misma estrategia de instrumentalización de la FECI-MP y de las denuncias interpuestas por la FCT que se utiliza en los casos de criminalización contra operadores de justicia.
Las elecciones 2023 ¿la consolidación de la dictadura mafiosa?
Las elecciones generales de 2023 están siendo aprovechadas por la coalición de redes político económicas ilícitas (RPEI) para consolidar su control del Estado, garantizarse continuidad en el control de las instituciones públicas, y la impunidad.
Todos los recursos políticos y financieros, lícitos e ilícitos han sido puestos en juego por esta coalición para moldear los resultados electorales.
Como se ha señalado en este y otros informes, el pleno control del sistema de justicia incluyendo las altas cortes, el ministerio público y la corte de constitucionalidad han sido utilizadas para excluir, criminalizar y perseguir opositores.
El uso de la exclusión mediante procedimientos legales se utilizó en las elecciones de 2019 para dejar fuera de la contienda a la candidata presidencial del Movimiento Semilla, Thelma Aldana.
Recurriendo a acusaciones espurias y a la exigencia de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) emitido por la Contraloría de Cuentas se negó la inscripción de su candidatura presidencial. Esto limitó el derecho de los guatemaltecos a elegir a las y los candidatos a la presidencia. A esto se suma que, la no inscripción de Zury Ríos también candidata presidencial, contribuyó a producir una distorsión de las preferencias electorales que, en buena medida posibilitó que el entonces candidato presidencial Alejandro Giammattei pasara a la segunda vuelta electoral con apenas el 13% de los votos en la primera elección.
Esta experiencia fue asumida como una lección aprendida, y la coalición gobernante ha recurrido a excluir candidaturas en distintos niveles y a pulverizar la oferta electoral.
En el nivel presidencial se negó la inscripción de la candidata a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, Telma Cabrera y Jordán Rodas. Telma Cabrera fue la candidata presidencial del MLP en las elecciones de 2019, alcanzó el 10% de los votos a nivel nacional y fue la candidata más votada en los distritos de Totonicapán, Sololá y Chimaltenango. A diferencia de otras experiencias, la participación de Cabrera logró movilizar el voto en los distritos y municipios mayoritariamente indígenas y aparecía en posiciones destacadas en la mayoría de encuestas antes de su exclusión.
La no inscripción de Cabrera se dio a partir de una denuncia tardía en contra de Jordán Rodas por parte del actual procurador de derechos humanos Alejandro Córdoba. La denuncia hasta el momento permanece en secreto, aunque se supone tiene un carácter administrativo pero fue suficiente para que la Contraloría de Cuentas revocara el finiquito de Rodas e impidiera la inscripción en las elecciones presidenciales del MLP. Con esta decisión se viola el derecho de un porcentaje importante de ciudadanos a elegir a la y el candidato de su preferencia y se afecta también la representación, que es un componente clave de la democracia, en tanto que se vetó la participación de la candidata indígena con mayor intención de votos.
Otro candidato excluido de las elecciones presidenciales es Roberto Arzú García Granados, postulado por el partido Podemos y a quien, con una confusa argumentación se le revocó la inscripción. En este caso puede considerarse que, en su discurso, Arzú se posicionó no sólo como crítico al sistema, sino reclamando autonomía frente a los grupos de poder, lo que le posibilitó subir en las encuestas. La revocación de su inscripción, que se realizó con procedimientos poco transparentes fue un mensaje para el conjunto de partidos y candidatos en cuanto a no salirse del guion y no desafiar a la coalición gobernante.
Finalmente, el candidato de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda que encabezaba a principios de mayo las encuestas para la presidencia, fue eliminado de la contienda junto con todos los candidatos de su partido en un proceso “fast track” promovido por el ex candidato presidencial Manuel Baldizón.
El uso espurio de la legalidad para excluir candidatos y/o amedrentar partidos y candidatos se ha continuado utilizando en distintos ámbitos, incluyendo diputaciones.
El hecho que estén pendientes las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre varios amparos presentados, introduce incertidumbre sobre el proceso electoral.
El cuestionamiento de la imparcialidad y la capacidad técnica del Tribunal Supremo Electoral
A diferencia de los procesos electorales realizados en el país desde 1984, el actual no cuenta con la credibilidad en la imparcialidad y la capacidad técnica del Tribunal Supremo Electoral. Sobre el primer asunto, la imparcialidad de la autoridad electoral, distintas voces han referido la subordinación del TSE a los intereses de la coalición y que se expresa en decisiones discrecionales que afectan las posibilidades de participación y competencia ecuánimes.
Las decisiones contradictorias respecto a que candidatos son inscritos, cuáles no, y la revocatoria de inscripciones parecen confirmar que se trata de una autoridad electoral parcializada. De acuerdo con el segundo informe de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE); el 24% de las inscripciones de candidatos a la presidencia se encuentran judicializadas; y existe “preocupación por la aplicación de criterios contradictorios e inconsistentes para la inscripción de candidaturas, así como el uso indebido de recursos judiciales para alterar la competencia electoral.” (p. 17)
Además de la parcialidad del TSE, se suman dudas e interrogantes sobre la capacidad técnica para organizar las elecciones generales. En el informe citado de la MOE se señala que el 71% de las juntas electorales departamentales han tenido modificaciones. La mayoría de los integrantes de las juntas electorales departamentales no poseen experiencia en dicha responsabilidad y, algunos de sus integrantes han tenido o tienen vínculos con actores políticos.
Los temas de ejecución presupuestaria, compra de software y su calidad para la transmisión de datos, capacitación de las juntas electorales, y preparación de los centros de votación para el día de las elecciones han sido igualmente cuestionadas.
Las dudas sobre la imparcialidad y capacidad del TSE abren la puerta al cuestionamiento de los resultados, su impugnación y eventualmente al aumento de la conflictividad electoral.
Los medios de comunicación
Con relación a los medios de comunicación, las elecciones de 2023 se dan en el marco de una profunda transformación de los medios y el predominio de las redes sociales. Pueden considerarse cuatro ámbitos de análisis: a) Los medios tradicionales independientes; b) el monopolio de radio y televisión; c) los medios alternativos; y d) las redes sociales.
Con relación a los medios tradicionales independientes, fundamentalmente los medios escritos, algunos canales de televisión abierta y algunas radios, se parte de reconocer que estos enfrentan una triple crisis. En primer lugar, la transformación global de medios de comunicación tradicionales como los periódicos impresos, cuya circulación se ha reducido y que deben competir con medios digitales y las redes sociales. Esta crisis ha interactuado con las dos que se abordarán a continuación, y han llevado a la digitalización de medios con una larga trayectoria como La Hora y El Periódico, que pasaron a un formato digital; mientras que la Prensa Libre ha intentado mantenerse a flote a costa de reducir costos y cobertura. En segundo lugar, y por razones políticas, los medios tradicionales enfrentan el boicot de sus anunciantes. Esta renuencia a pautar publicidad responde a presiones de otros actores políticos como el mismo gobierno o las cámaras empresariales; o, las preferencias políticas de los empresarios. El resultado ha sido un menor flujo de recursos para los medios.
Y, finalmente, la tercera crisis que enfrentan es la de la criminalización. A pesar de que anteriormente periodistas sobre todo de medios alternativos habían sido criminalizados, el caso de José Rubén Zamora constituyó un antes y después para el periodismo. A raíz de este caso varios periodistas han tenido que salir al exilio y otros han optado por bajar perfil y no abordar temas delicados. A pesar de esto, muchos medios tradicionales independientes han mantenido una cobertura profesional y bastante ecuánime del proceso electoral.
En este contexto, el viernes 12 de mayo de 2023 se anunció el cierre de El Periódico que, a pesar del cerco financiero y el encarcelamiento de su director logró migrar a una edición digital que logró mantener durante 283 días. El cierre de El Periódico constituye un golpe a la libertad de prensa, al derecho a la información, y es un grave mensaje para el resto de medios de comunicación y la ciudadanía.
Por su parte, el monopolio de la Televisión Abierta y las radios conexas a este conglomerado, jugaron un papel de primera línea en la ofensiva contra la CICIG y han contribuido a legitimar y justificar las ilegalidades y arbitrariedades cometidas desde 2018. En cuanto a la cobertura electoral, meses antes de la convocatoria a elecciones desde sus noticieros y a través de infomerciales contribuyeron a posicionar a las y los candidatos preferidos por las Redes Políticas y Económicas Ilícitas. Aunque las reformas a la ley electoral han tratado de controlar la pauta de publicidad en radio y televisión, es en la cobertura periodística de los noticieros donde se dan las asimetrías.
Con relación a los medios alternativos, particularmente los digitales, estos han florecido desde 2015, y presentan una amplia gama de enfoques y de periodismo en profundidad. La cobertura electoral ha permitido hasta el momento combinar la cobertura de la campaña electoral con investigaciones de fondo que permiten comprender los actores y poderes que están atrás de las principales candidaturas. El desafío para estos medios sigue siendo el alcance, y el acceso a un público más amplio.
Finalmente, las redes sociales se han convertido en las grandes protagonistas del proceso electoral. Mientras que las discusiones políticas se dan en twitter, que sigue siendo una red minoritaria en Guatemala, el intento de llegar a públicos más amplios y de manera más cercana se ha estado dando en tik tok. Ahora bien, existe una discusión abierta sobre cuanto las redes sociales contribuyen a moldear las preferencias políticas y si existe una correlación entre seguidores y likes y votos.
Reflexiones finales
Como se señaló al inicio de este informe, Guatemala es considerada como una autocracia electoral, que está cada vez más cera de convertirse en una dictadura cerrada como puede ser la nicaragüense o la norcoreana. Sin embargo, el desenlace de los procesos políticos es determinado por la acción de los pueblos y de las personas. Al respecto, se considera que, las elecciones de 2023 pueden generar tres posibles escenarios: la consolidación de la dictadura corporativa mafiosa y el cierre de las vías democráticas para enfrentarlas; la contención de la ofensiva autoritaria y la posibilidad de reconstruir el espacio cívico; y, el inicio del rescate del Estado y la transformación del Estado.
El primer escenario, la consolidación de la dictadura y el cierre de las posibilidades de cambio democrático sigue siendo un escenario posible. El eventual triunfo electoral de las candidaturas más afines a la coalición gobernante, Zury Ríos y la coalición Vamos Unionista o Manuel Conde y el partido Vamos podría significar no solo la continuidad sino la profundización de la ofensiva autoritaria que el país viene enfrentando. A este dominio del ejecutivo se sumaría un congreso fraccionado en múltiples bloques, pero controlado por las RPEI. Esto posibilitaría la elección de altas cortes afines, la continuidad del uso político del MP, y el fortalecimiento de actores externos al sistema de justicia pero que parecen dominar su agenda, como la Fundación contra el Terrorismo. Con el antecedente de exclusión política de las últimas dos elecciones, la subordinación e incapacidad del TSE, y el uso de la política exterior para defender la impunidad frente a la comunidad internacional, se cerraría aún más el espacio cívico, y en las próximas elecciones solo podrían competir candidaturas afines al régimen. Sin embargo, como lo han mostrado las encuestas, la ciudadanía no ha aceptado la imposición. El candidato oficial, que cuenta con recursos ilimitados provenientes del Estado y el apoyo de decenas de alcaldes, no ha logrado despuntar en las encuestas, y más bien han sido candidatos menos directamente ligados a la coalición mafiosa los que han irrumpido (y han sido excluidos) del proceso electoral.
El segundo escenario, la contención, implicaría que la presidencia fuera alcanzada por candidatos y partidos con menos compromisos con la impunidad y dispuestos a detener la ofensiva autoritaria. Esto requeriría acciones en el congreso de una mayoría decidida a rescatar el Estado de Derecho, así como la acción decidida de la sociedad civil que posibilite un proceso transparente de designación de nuevas cortes, y nominación de funcionarios clave. Esto implicaría acuerdos mínimos entre actores políticos, sociales y empresariales para reconstruir el Estado de derecho y recuperar la institucionalidad democrática. Los cambios en la composición del congreso y el ejecutivo, podrían abrir oportunidades para este tipo de acciones.
El tercer escenario plantearía que los resultados electorales posibilitaran un cambio en el ejecutivo y el legislativo favorable al rescate del Estado y a la recuperación y transformación de la democracia. La fragmentación del campo progresista y la exclusión del MLP limitan este escenario, que es el más deseable pero el menos probable con la información disponible a 25 días de las elecciones generales.
Notas al pie:
[1] https://www.hrw.org/es/news/2023/03/31/guatemala-debe-poner-fin-la-exclusion-arbitraria-de-candidatos
[2] De acuerdo con un sondeo realizado a 44 casos de la FECI-MP y CICIG, en 41 de ellos hubo actos procesales que beneficiaron al menos a 284 personas sindicadas, de las cuales 38 fueron inscritas como candidatos en el proceso electoral 2023; la mayoría de ellos con candidatura a diputados por el Congreso de la República.
[3] https://www.lared1061.com/nacionales/cacif-inscripcion-manuel-baldizon/
[4]https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/elecciones-generales-en-guatemala-cc-confirma-candidaturas-de-zury-rios-y-sandra-torres-y-la-denegatoria-a-jordan-rodas-y-roberto-arzu/
[5] https://www.hrw.org/es/news/2023/03/31/guatemala-debe-poner-fin-la-exclusion-arbitraria-de-candidatos
[6] En las elecciones de 2019 no fueron inscritos las candidatas Thelma Aldana; Zury Ríos; y Edwin Escobar.
[7] En las elecciones de 2023 no fueron inscritos las candidatas Telma Cabrera, Roberto Arzú, Carlos Pineda y Oscar Rodolfo Castañeda.
