El acoso escolar
Una forma de violencia que es prevenible en los centros educativos
Por: Gabriela Peralta @gaperalta07
Publicado 24 de abril del 2023
Johana tenía 16 años, era estudiante del Instituto Nacional Mejía donde cursaba el segundo año de bachillerato y pertenecía a la banda musical de la institución. Sus familiares denuncian que la estudiante fue víctima de bullying o acoso escolar y agredida por parte de un compañero. Aseguran, además, que la violencia que vivió le ocasionó pérdida de movilidad y le afectó física y emocionalmente, al punto de quitarse la vida.
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Cecilia, tía de Johana, a través de la red social Facebook, manifestó que su sobrina fue víctima de acoso (bullying) dentro de su colegio y esta fue la razón por la cual Johana se suicidó.
El acoso escolar o bullying, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es la conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua e intencionada. Según Henry Zaruma, psicólogo clínico y coordinador del Departamento de Bienestar Estudiantil (DECE) de un colegio particular de Quito, el acoso escolar tiene el propósito de causarle daño a la persona y ocurre en una relación de poder, en donde una de las partes somete a la otra y utiliza el poder como una forma de menoscabo.
Como a Johana, hasta inicios de 2015, en Ecuador, el acoso escolar afectó al 23% de estudiantes entre 11 y 18 años, es decir que 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de un acto violento de manera reiterativa, según el estudio Violencia entre pares en el sistema educativo: Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador, presentado en 2017 por el Ministerio de Educación, Visión Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. Las principales formas, en orden de frecuencia, son: insultos, rumores, sustracción de pertenencias, ciberacoso, golpes, etc. De acuerdo al mismo estudio, las víctimas pasivas, quienes tienen conductas que denotan temor frente al acoso escolar, pueden llegar incluso al suicidio. Además, manifiestan reacciones de aislamiento, algunas víctimas no quieren volver a la escuela o quieren cambiarse de colegio, sobre todo mujeres y niños entre 11 y 14 años. Por difusión de rumores o secretos, el 16% de las mujeres consideraron quitarse la vida (vs 7% en los hombres). Por otro lado, de aquellos entre 11 y 14 años de edad, el 20% pensó en el suicidio.
En Ecuador, en 2020, durante la pandemia, el suicidio fue la segunda causa de muerte en niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años con 187 defunciones, es decir, el 13,1% de las muertes de ese grupo etario, de acuerdo al Registro Estadístico de Defunciones Generales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
De acuerdo a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de 2021, en su Art. 64.6., las instituciones educativas deben establecer programas y actividades de sensibilización contra la violencia y el acoso escolar; promover el respeto a la vida y a la integridad física de las y los estudiantes; difundir información entre los estudiantes, las personas a cargo de su cuidado, los maestros y el personal que trabaja con niños y niñas sobre los mecanismos de denuncia y remediación en casos de acoso, abuso y violencia en el entorno escolar. Sin embargo, en la historia de Johana esto no ocurrió. Según Cecilia, el personal docente del colegio no actuó a tiempo y no protegió a su sobrina, así lo expresó en su red social: “denuncio a aquellos profesores que sabiendo que un alumno tiene problemas, se quedan sin decir nada. Cada persona merece respeto y los colegios están para resguardar la integridad de cada alumno”.
Sybel Martínez, abogada y Directora de la organización Grupo Rescate Escolar, explica que lo que vivió Johana es una violencia ya existente, pero que en los últimos tiempos se ha incrementado “hay un recrudecimiento de la violencia, lo mismo que pasa en la sociedad, pasa en las escuelas”. Para Martínez, el acoso escolar debe ser visto como un problema o forma de violencia prevenible. En ese sentido, la experta expresa que dentro de las instituciones educativas hay adultos que tienen que servir de modelo, pero que también tienen un papel fundamental a la hora de prevenir o de detectar formas de violencia porque son cuidadores de facto.
Según la experta, los colegios tienen la obligación de implementar verdaderos mecanismos de prevención, de atención y reparación de la violencia en todas sus formas y manifestaciones. Deben medir los índices de violencia a través de encuestas, actuar de manera responsable, ser buenos modelos de comportamiento, proteger a la víctima y dar posibilidad de cambio al agresor cuando son niños. Por su parte, la ciudadanía debe aunar esfuerzos para que, en los espacios educativos, los conflictos se resuelvan de manera no violenta y así lograr un cambio en la cultura escolar en materia de violencia, “una sociedad responsable debería presionar para que los niños en las escuelas dejen de sobrevivir porque eso es lo que está sucediendo. Un acto de violencia implica también el que haya sabido un docente, una autoridad y este no sintió la necesidad de auxiliar a una víctima en peligro”.
Los niños, niñas y adolescentes, además de los adultos, vienen de un contexto de confinamiento que duró dos años por la Covid-19, donde su salud mental se vio afectada. Para revertir ese daño, según Martínez, no se ha hecho nada: “la protección o la acción de proteger o de des proteger a un niño es únicamente adulta. No estamos siendo responsables con nuestros niños”. Asimismo, Sybel manifestó que además de la dolorosa muerte de la adolescente, que pudo ser evitada, hay también otras situaciones dentro del Colegio Mejía: “se habla de chicas que son obligadas a prostituirse en los baños, se habla de golpes de parte de un compañero que le causó daño físico a la adolescente, se habla de complicidad de adultos, autoridades que miran a la distancia y que no hacen nada al respecto”.
Sobre estas denuncias, pedimos hablar con un representante del Departamento de Consejería Estudiantil del Mejía, responsables de ejecutar las acciones de promoción de derechos como la prevención, detección, atención, seguimiento y reparación de casos provenientes de situaciones de riesgo psico social, violencia, exclusión o vulneración de derechos de los estudiantes, pero se negaron a dar declaraciones. En ese contexto, Sybel Martínez apunta a que es necesaria la creación de una Comisión Multidisciplinaria, a través de la Junta de Protección de Derechos, para que investigue lo sucedido en el colegio, en donde el Ministerio de Educación no sea juez y parte porque si ellos investigan, según la experta, “lo más seguro es que no salga absolutamente nada de la realidad de ese colegio”.
La comunidad educativa, las escuelas, los colegios, en palabras de la experta, son ecosistemas en donde al final del día permea todo lo que se vive fuera de ella. Martínez también asegura que las escuelas han dejado de ser lugares de referencia o lugares seguros y que retomar esa visión es importante, pero que tomará tiempo: “hay que hacer muchos cambios, debemos comenzar por exigir índices reales en materia de violencia porque lo que no se mide, no se mejora”.
El Art. 64.7. de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de 2021 señala que la Autoridad Educativa Nacional en coordinación con la Defensoría del Pueblo, los Consejos de Igualdad y el ente rector de Justicia y Derechos Humanos elaborará, implementará y evaluará el Plan Nacional para la erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo que contendrá las políticas, estrategias, programas, proyectos, acciones y mecanismos concretos para la prevención, detección y atención de todo forma de violencia, así como la protección y reparación de derechos de las víctimas; incluirá mecanismos de coordinación con otras instituciones del Estado en el ámbito de sus competencias; definirá los comportamientos violentos que se intentan prevenir y atender; analizará las causas primarias de esta conducta; identificará los grupos sociales en riesgo; formulará sistemas o mecanismos de prevención y atención de la violencia escolar a través del uso de recursos cognitivos, emocionales y sociales; incorporará investigación estadística; evaluará y medirá los resultados de las intervenciones. Eso en teoría; sin embargo, según Sybel Martínez, el diseño e implementación del plan aún no es realidad.
De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación, los protocolos de actuación ante acoso escolar y/o violencia entre pares, detectada o cometida en el ámbito educativo son:
Según Martínez, hoy las escuelas se lavan las manos y lo único que hacen es poner una denuncia, cuando en realidad lo que se pretende es cambiar la cultura escolar que no pasa por la sanción, sino por romper los patrones de conducta violenta para implantar una convivencia armónica y pacífica en las escuelas y colegios: “aquí, en el caso de Johana, hubo maltrato institucional, la responsabilidad es únicamente adulta y hay que sancionar al colegio por acción u omisión, dependiendo de lo que hicieron o dejaron de hacer”.
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¿Qué dijo el Ministerio de Educación?
El Ministerio de Educación, en un comunicado emitido el 16 de abril, dijo que luego de una indagación preliminar de los hechos; el 31 de marzo de 2023, el docente tutor de Johana reportó al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) sobre una presunta agresión a la estudiante por parte de un compañero. El DECE recomendó a las autoridades del plantel activar las rutas y protocolos, y organizó una reunión con los padres de familia de la víctima y del agresor. También señaló que constataron que no se presentó la denuncia por parte de los padres ni por la institución educativa.
El Ministerio manifestó, además, que siguen investigando el hecho, “para aplicar la normativa y las sanciones contempladas en la normativa vigente”, que están brindando acompañamiento a la familia y contención emocional a los compañeros y demás miembros del plantel. Sin embargo, el silencio del Ministerio –tardó varios días en pronunciarse–, para Sybel Martínez es un insulto a la adolescente y al resto de niños del Ecuador que al final del día están desprotegidos y que sobreviven en las escuelas y colegios.
Solicitamos información a la Dirección Distrital de Educación 17D04 del Centro Histórico para saber cómo están abordando y atendiendo el caso de Johana, y para conocer qué están haciendo para prevenir, atender y erradicar la violencia en las escuelas y colegios del Ecuador; sin embargo, Teresa Guerrero, responsable de la Unidad de Atención Ciudadana, indicó que el Ministerio de Educación se comunicará con nosotros para una entrevista. Hasta el cierre de esta nota, no hemos tenido respuesta.
