¿Quiénes son los grupos antiderechos, detrás del “compromiso por la niñez y la vida” firmado por Noboa y González?

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Por: Verónica Calvopiña Panchi @kinoraxx

Publicado 25 de marzo de 2025

 

Luisa González y Daniel Noboa, candidata y candidato presidencial de Ecuador, firmaron un “Compromiso público por la niñez y la vida” con el colectivo Sociedad y Familia, donde se adhieren a las causas que promueve la extrema derecha global y los grupos más conservadores, que rechazan el avance de derechos de las personas trans, el aborto y la eutanasia, a la par que abogan por más políticas de mano dura, antimigrantes, de recorte estatal; todo en nombre de “restaurar la Civilización”. Pero ¿quiénes están detrás de la carta de apoyo firmada por González y Noboa?

 

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El  colectivo denominado Sociedad y Familia dio a conocer la firma de Luisa González y de Daniel Noboa, candidatos a la presidencia de Ecuador, al “Compromiso público por la Niñez, la Vida y la Familia”, a través de un comunicado difundido en medios de comunicación, el martes 11 de marzo de 2025.  Sociedad y Familia se define como un “colectivo de juristas, médicos, psicólogos, pedagogos y otros profesionales”, quienes aseguran “contar con el apoyo espiritual de las iglesias católica, evangélica y ortodoxa”. La firma de este compromiso se dio luego de un diálogo, por separado, entre el colectivo y ambos candidatos.

Sociedad y Familia se reunió con Luisa González el 7 de marzo y con Daniel Noboa el 11 de marzo de 2025; donde el colectivo planteó al candidato y a la candidata cuatro puntos que recogen sus principales propuestas y que constan en la carta firmada, cada una, con diferencias mínimas: 

  1. Defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, comprometiéndose tanto González como Noboa, a no aprobar “ninguna reforma que legalice o amplíe el aborto o la eutanasia”. 
  2. Respetar el derecho de madres y padres a educar a sus hijos según su fe y sus convicciones.
  3. Proteger a la niñez y adolescencia sin permitir la ideología de género en textos e instituciones educativas ni cambios de sexo en menores de edad. 
  4. Proteger y fortalecer la familia mediante una instancia gubernamental. 

En su comunicado, Sociedad y Familia explica que ambos candidatos “coincidieron totalmente en los tres primeros puntos”, mientras que en el cuarto punto hubo diferencias. Luisa González se comprometió “en crear una secretaría de Estado” relacionada con la familia. Daniel Noboa, en cambio, “encargará esta misión a la Subsecretaría de Movimientos Sociales, Libertad de Cultos, creencias y conciencias del Ministerio de Gobierno”.

Este compromiso se dio varias semanas después de que la Corte Constitucional dio a conocer una sentencia donde reconoce la vulneración de derechos a una niña trans en el sistema educativo, ante la que grupos antiderechos activaron una campaña de desinformación en contra de la sentencia. 

Previo a la firma del acuerdo, Noboa y González tuvieron acercamientos con grupos católicos y evangélicos, y participaron de rituales religiosos. El 5 de marzo, Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, asistieron a la misa oficiada por el Arzobispo Luis Cabrera en Guayaquil a propósito de la celebración católica del Miércoles de Ceniza. Además, el 04 de febrero, Noboa anunció el pago de una deuda de dos millones de dólares con los vicariatos de Aguarico, Napo, Puyo, Méndez, Esmeraldas, Sucumbíos, Zamora y Galápagos. 

Luisa González participó de una ceremonia de ungimiento el 07 de marzo de 2025, convocada por la Asociación de Pastores Evangélicos en Guayaquil. En un video, se mira a Luisa de rodillas y con los ojos cerrados en medio de seis pastores evangélicos. Jacqueline Salas, presidenta de la Asociación de Pastores toma las manos de la candidata y dice: «Te declaramos y decretamos como la nueva presidenta del Ecuador», mientras el resto de pastores acompaña el ritual, con las manos alzadas en señal de bendición a González. En este evento, González también fue condecorada por el grupo de capellanes Global Conacce Chaplains y la Asociación de Pastores afroecuatorianos. 

Pero esta no es la primera vez que Luisa González recibe una bendición evangélica. En las elecciones presidenciales del 2023, Luisa visitó el Centro Cristiano Unción de Dios en el sur de Quito, donde se la ungió y proclamó como próxima presidenta del país, para lo cual se le entregó una banda presidencial y un bastón de mando. La unción es un acto religioso en que se coloca aceite sobre la cabeza de alguien como un acto de consagración o reconocimiento de una autoridad. En el caso de Luisa González se la unge para reconocerla como futura presidenta y consagrar su mandato al servicio de Dios. 

Luisa se identifica como evangélica pentecostal conservadora. El pentecostalismo principalmente de Estados Unidos fue la corriente que más se extendió por América Latina. Esta corriente destaca la prosperidad material como bendición de Dios y del Espíritu Santo; también se destacan por la creación de escuelas, hospitales y otros servicios para ampliar su tarea evangelizadora.

A la izquierda, Luisa González en ceremonia de unción. A la derecha, Daniel Noboa en misa católica

 

A pocos días de la firma de este acuerdo, el 17 de marzo, el Consejo de Resistencia, fe, vida y familia, un colectivo de iglesias evangélicas, liderado por el pastor Francisco Loor y uno de las organizaciones convocantes de la campaña Con Mis Hijos no te Metas que se activó con fuerza en 2019 contra el aborto y el matrimonio igualitario, brindó una rueda de prensa donde comprometió su apoyo a la candidatura de Daniel Noboa y anunció su respaldo a una posible Asamblea Constituyente, así como su participación en la elaboración de una nueva Constitución. 

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¿A qué sentencia de la Corte sobre niñez trans hacen referencia los grupos antiderechos?

La sentencia 95-18-EP/24 de la Corte Constitucional, aprobada el 28 de noviembre de 2024, se hizo pública los primeros días de enero del 2025. Esta sentencia reconoce que, en 2017, una unidad educativa privada de la provincia de Santa Elena vulneró los derechos de una niña trans, cuyo nombre en siglas es C.L.A.G. La sentencia explica que los derechos vulnerados fueron “a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación en el componente de adaptabilidad, al interés superior del niño y el derecho a ser escuchada”. 

Clara es una niña trans que  ese entonces tenía cinco años, a ella no se le permitió usar el nombre de Clara, sino que era llamada por su nombre masculino. También se la excluyó de actividades sociales, sus compañeros se burlaban de su identidad de género y su situación fue divulgada entre las madres y padres generando rechazo. Frente a esto, la escuela no activó ningún protocolo para precautelar que sufriera violencia y discriminación. 

La Corte dispuso varias cosas a favor de los derechos de Clara. Como “medida de satisfacción” que la escuela presente disculpas públicas a la familia de la niña.  Como medida de no repetición que “se modifiquen el código de convivencia de la institución educativa” e incluir la revisión de los protocolos para prevenir y combatir la discriminación por identidad de género en espacios educativos. Como medida de no repetición, el Ministerio de Educación debe diseñar un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes. La sentencia no habla sobre el cambio de sexo, ni tampoco sobre hormonización de niños, sino que aborda el tema de la no discriminación de una niña por razón de su identidad de género.

Sin embargo, grupos antiderechos y religiosos activaron una campaña de desinformación. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado, el 16 de enero, donde califica a esta sentencia como “un peligroso atropello a la integridad de los menores de edad” y alerta sobre un nuevo dictamen de la Corte Constitucional donde aseguran “podría legalizarse el cambio de sexo en menores de edad, abriendo paso a tratamientos de hormonización, bloqueo de pubertad y cirugías en niños, niñas y adolescentes”. 

Posteriormente, grupos antiderechos convocaron a movilizaciones en rechazo a la sentencia de la Corte con el argumento de que “promueve el cambio de sexo en niños” e incluso “la mutilación en niños”, algo que no consta en la sentencia. 

En Quito, realizaron un plantón a las afueras de la Corte Constitucional, el 30 de enero de 2025, mientras que el 5 y el 22 de febrero, marcharon en Guayaquil. Días antes, en rueda de prensa, la agrupación FIRMES, que se autodenomina “la única derecha nacionalista de Ecuador”, una de las convocantes a las acciones públicas, aseguró que la sentencia de la Corte busca “implementar la cultura de cambio de sexo en los niños” y señaló que el organismo “tiene preparada una sentencia para aprobar el cambio de sexo en niños”. 

El medio Edición 111 identificó y contrastó cinco puntos de información falsa difundidos por estos grupos entorno a la sentencia de la Corte:

1. “Niñes podrán acceder a reasignación de sexo”: En la sentencia, “no hay registro o indicio alguno que posibilite a que las infancias y adolescencias acceder a este tipo de cirugías”.

2. “No hay la suficiente madurez”: Es un discurso discriminatorio y adultocentrista que menciona que las y los niños no tienen la madurez ni física ni mental para tomar decisiones

3. “Se impone ‘ideología trans’ e ‘ideología de género’: Según Amnistía Internacional de Argentina, el término se usa con fines políticos para atacar a colectivos que promueven los derechos de las mujeres, infancias y de la población LGBTIQ+.

4. “Se requiere diagnóstico”: Grupos antiderechos señalan que la “incongruencia de género” no es fácil de diagnosticar en las infancias y aseguran que les niñes pueden ser obligadas a transiciones “dañinas”. La transexualidad no es una enfermedad ni una condición mental.

5. “Se necesita permiso de padres y madres para educar sobre diversidades sexogenéricas”: Esta idea se opone a la Educación Sexual Integral (ESI).

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En busca del pronunciamiento político

Los grupos antiderechos no solo rechazaron la sentencia de la Corte Constitucional sino que buscaron el pronunciamiento de miembros del actual gobierno y de la y el candidato a la presidencia. Una de las primeras en reaccionar fue la Ministra de Educación, Alegría Crespo. En un video difundido el 17 de febrero de 2025, Crespo aseguró que “el Ministerio de Educación no implementará ninguna acción basada en ideologías de género” e indicó que esta cartera de Estado “ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de sus protocolos de protección para prevenir y abordar cualquier tipo de vulneración de derechos en las aulas”. 

Semanas después, un día antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la candidata Luisa González difundió un video con su postura, alineada a las ideas de grupos antiderechos. Según González “un menor no tiene la madurez para tomar decisiones irreversibles sobre su vida y peor sobre su género”. También se declaró en contra de “permitir cambios en documentos de identidad, tratamientos hormonales o cirugías en niños y adolescentes”. 

González, en su video, señaló que las instituciones “no deben actuar por presiones políticas ni porque algo se haya convertido en tendencia en otros países”. Esto a pesar que, los grupos antiderechos son quienes han buscado incidir en las autoridades frente a este tema. 

Esta postura de González recordó, entre los grupos feministas, su accionar en la Asamblea Nacional, en febrero de 2022, cuando exhibió el pañuelo celeste con el lema de la campaña antiderechos “Salvemos las dos vidas” y  y votó en contra de  ampliar la causal legal de aborto consentido en casos de violación. 

González en votación Ley de Aborto por Violación. 17 de febrero del 2022

 

Los grupos antiderechos también se oponen a que la Corte Constitucional dicte otra sentencia a favor de la niñez trans. Se trata de la historia de Amada, una niña trans que salió del país debido a la discriminación y odio que sufría ella y su familia; sin embargo, la niña hoy busca volver a Ecuador para renovar sus documentos, pero exige que su identidad como mujer sea reconocida. 

En 2018, los padres de Amanda presentaron una Acción de Protección en contra del Registro Civil para que su hija pueda cambiar su nombre y sexo en la cédula de identidad. En octubre de ese año, un juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito aceptó la acción y ordenó el cambio de datos para Amanda, pero la decisión fue apelada por el Registro Civil y el caso se elevó a la Corte Constitucional. El 8 de enero de 2025, siete años después, la Corte realizó una audiencia sobre este caso y escuchó las posiciones a favor y en contra. Ahora, el juez proponente Richard Ortiz debe subir el caso No. 1313-19-JP al pleno para su votación, pero todavía no se conoce la fecha. 

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¿Con quiénes firmaron este pacto?

Sociedad y Familia se presenta como un colectivo ciudadano, conformado por profesionales de distintas ramas. Sin embargo, en las reuniones de este colectivo con los candidatos Luisa González y Daniel Noboa se puede identificar a actores políticos de derecha, pastores evangélicos y líderes católicos. 

Luisa González se reunió y firmó el  “Compromiso por la Niñez, la Vida y la Familia”, con la presencia de Francisco Loor, pastor de la Asamblea de Dios; el Cardenal Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; la activista antiderechos y ex candidata vicepresidencial, Martha Cecilia Villafuerte y el ex asambleísta por CREO, el partido de Lasso, Héctor Yépez. Esta firma se realizó el 7 de marzo de 2025, el mismo día que González recibió la bendición evangélica. 

Daniel Noboa en cambio, mantuvo la misma reunión con Sociedad y Familia,  el 10 de marzo. En esta cita con Noboa, a más de los líderes católicos y evangélicos mencionados, participó Gonzalo Celi de la Iglesia Ortodoxa. En un boletín de la presidencia de la república se aseguró que el acuerdo firmado por Daniel Noboa busca “proteger a la niñez y la adolescencia ecuatoriana frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo su bienestar, y  sin permitir ideología de género en textos o instituciones educativas, ni cambios de sexo en menores de edad”.

Daniel Noboa y Luisa González durante la firma del Compromiso por la niñez y la vida

 

Varios de estos personajes que acompañaron la firma del  “Compromiso por la Niñez, la Vida y la Familia” son políticos vinculados a partidos de derecha y años anteriores organizaron acciones contra el avance de derechos de las mujeres y  personas LGBTI, como: 

– 2008: Marcha de iglesias evangélicas para que se incorpor el nombre de Dios en la Constitución 

– 2013: “14 millones, Vida Familia y Libertad”, colectivo opuesto a la distribución de la pastilla del día después, la incorporación de la identidad de género en la cédula de identidad y el matrimonio homosexual.

– 2019: “Con mis Hijos no te Metas”, campaña en contra de la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.

Así también, en el compromiso público de Sociedad y Familia aparecen como números de contacto los nombres de Héctor Yépez y Braulio Álvarez; dos abogados y líderes de derechas que han hecho incidencia en varias ocasiones, para imponer la agenda antiderechos en las políticas públicas. 

Héctor Yépez Martínez participó en las elecciones legislativas de 2013 por SUMA, el partido de Mauricio Rodas, ex alcalde de Quito y de Guillermo Celi, ex asambleísta. Durante su militancia en este partido, Yépez no obtuvo ninguna curul. Posteriormente, fue asambleísta de 2017 a 2021 por CREO, partido fundado por el ex presidente Guillermo Lasso. Durante su periodo legislativo, Yépez tuvo una participación activa para evitar que se amplíe las causales de aborto legal en el Código Penal en cinco causales. Ahora, Yépez lidera la Academia de Líderes Católicos del Ecuador, un espacio de “formación de líderes políticos teniendo siempre una perspectiva católica”. También fue parte, en 2024, del Programa de Formación Política del grupo FIRMES en su escuela de formación, donde también participaron otros políticos de la derecha ecuatoriana como el ex vicepresidente de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner, y Mamela Fiallos, activista de extrema derecha y antiderechos. 

En las elecciones presidenciales de 2025, Yépez integró el Comité de Debate que elaboró las preguntas para los candidatos presidenciales. La primera pregunta en el bloque de seguridad, tenía que ver con la imputabilidad a niños y adolescentes. Esta pregunta fue criticada por organizaciones de derechos humanos y derechos de la niñez. En un comunicado del 21 de enero de 2025, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil calificaron de “inadmisible” que este tipo de preguntas se hayan puesto en el debate puesto que “no hizo más que replicar los discursos estigmatizantes que criminalizan a las niñeces”. Al ser entrevistado sobre este tema, Yépez defendió la pregunta y aseguró: “escogimos una pregunta que fuera puntual, pero a la vez genere respuestas que reflejen las distintas visiones ideológicas de los candidatos”.

Yépez y su padre, también llamado Héctor Yépez, fueron parte de la logística de la movilización del 24 de febrero de 2025 en Guayaquil en contra de la sentencia de la Corte Constitucional. En una entrevista durante la marcha, Yépez comparó la formación de la identidad de género en un niño con la venta de una moto: “Imagínese, un niño de cinco años que no puede vender ni una moto, va a decidir cambiarse de sexo”. También arremetió contra el tratamiento en la Corte del caso de Amada y las demandas para la despenalización total del aborto del Código Penal. 

El otro contacto que aparece en el compromiso público con Sociedad y Familia es el de  Braulio Álvarez, abogado cuencano que en 2019, de manera pública arremetió contra la sentencia de la Corte Constitucional referente al Matrimonio Igualitario. En el programa de televisión Hora 25 del 9 de julio de 2019, Álvarez aseguró, sin pruebas ni sustento, que la Corte estaba tratando “un caso para legalización de la pedofilia impulsado por la fundación Pakta”. En un comunicado, la fundación Pakta, que es una organización de defensa de los derechos de las personas LGBTI, aseguró que Álvarez  usó “mentiras y argumentos falaces que no permiten a la ciudadanía elevar la reflexión”. 

A la firma del Compromiso por la Niñez, la Vida y la Familia se unen las acciones públicas que los grupos antiderechos hicieron para rechazar la sentencia de la Corte Constitucional sobre la niñez trans. En estas acciones destacan estos grupos: 

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FIRMES, Frente para la Regeneración del Estado y Sociedad 

FIRMES en su página web se define como “un movimiento político y cultural que busca la restauración del orden y la civilización en Ecuador”, se presentan como “la única derecha nacionalista de Ecuador”. Este grupo, entre otras cosas, promueve “políticas de mano de hierro”, la abolición de los partidos políticos, la iniciativa privada y la protección de la familia. Esta agrupación asegura también que se encuentra impulsando “la formación de una nueva derecha”. 

En su manifiesto también aseguran que su accionar es en contra de la ideología de género, el marxismo cultural o el globalismo, ideología que aseguran “quieren destruir los fundamentos de la nación”. 

André Santos se presenta como Presidente de este movimiento. Santos fue candidato a asambleísta en 2021 por SUMA, de allí que no es de extrañarse que Guillermo Celi, líder de este partido político, sea cercano a FIRMES, al igual que otras figuras de este partido, quienes además apoyaron la precandidatura de Jan Topic. 

FIRMES convocó las recientes movilizaciones contra la sentencia de la Corte Constitucional y felicitó la firma de Luisa Gonzáles y Daniel Noboa en el compromiso hecho con Sociedad y Familia. Al momento, FIRMES se encuentra difundiendo una interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional en unidades educativas de la Sociedad de Beneficencia Señoras de Guayaquil, según menciona en una publicación en redes sociales del 13 de marzo. 

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Tradición y Acción Ecuador

Es una asociación de “inspiración católica”, cuya finalidad, dicen en su web, “es defender los principios básicos de la civilización cristiana”. Para ello, aseguran realizar “formación moral de jóvenes” mediante foros y conferencias donde tratan temas como el aborto, la vida de santos y vírgenes o del ex presidente Gabriel García Moreno. Este grupo también tiene un fuerte discurso contra el socialismo y el comunismo y en defensa de la propiedad privada y el capitalismo. Esta agrupación también convocó y participó en las acciones contra la sentencia de la Corte Constitucional, realizadas a inicios de este año sobre la niñez trans. 

Tradición y Acción se caracteriza por participar en actos públicos como la recolección de firmas, rezos colectivos o la entrega de panfletos, donde adolescentes y jóvenes hombres cubiertos con una pañoleta roja cargan estandartes donde se divisa una cruz dorada, el León de Judá y el nombre del grupo. En el marco de las Elecciones Presidenciales de 2025 en Ecuador,  este grupo desarrolló la Campaña Contra el Socialismo, en varias ciudades del país. En estos actos se observa a un grupo de jóvenes entregar volantes y conversar con la gente; mientras que otros sostienen carteles con la frase: “Pite contra el socialismo”. Otros más tocan trompetas y tambores para llamar la atención de los transeúntes. También difunden panfletos donde puede leerse: “Aún estamos a tiempo de impedir el socialismo” “En esta segunda vuelta es hora que todos actuemos en conjunto contra la penetración del socialismo y el comunismo”, así como otros mensajes en clara alusión al partido de la Revolución Ciudadana, su líder Rafael Correa y otros mandatarios latinoamericanos adscritos a la izquierda y al progresismo

Panfleto difundido por Tradición y Acción

 

Estas acciones de Tradición y Acción llamaron la atención del ex presidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, quien en su cuenta de X posteó: “Parece mentira, pero es verdad. Y son tan fascistas e ignorantes que ni siquiera han leído la encíclica Frateli Tutti del papa Francisco. Por supuesto, tampoco leyeron Populorum Progressio, de Paulo VI. Este es el «catolicismo» que en lugar de más creyentes nos hace más «dudantes». En fin”. En dicha Encíclica Frateli Tutti, el Papa Francisco habla de construir un mundo más fraterno y critica la intolerancia y el fundamentalismo religioso.

Pese a estas críticas, González coincide con Tradición y Acción en su posición contra la niñez trans. A la par que este  grupo calificó a la firma del Compromiso por la vida como “un nuevo triunfo en defensa de la familia Ecuatoriana”. 

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El guiño con la extrema derecha 

Más recientemente, los grupos antiderechos apuntaron su discurso en contra de la izquierda y los sectores progresistas tras el ascenso a la presidencia de Petro en Colombia, Boric en Chile o Lula en Brasil. Estos grupos tachan al socialismo de ser enemigo de la familia o de “destructor de la civilización occidental”.

Estos discursos se empatan con el de los líderes de la llamada derecha extrema o ultraderecha global, quienes nombran al feminismo y el socialismo como sus enemigos a los que buscan eliminar, mediante entre otras cosas, una “batalla cultural”. Esta confrontación moviliza, según el sociólogo argentino Ariel Goldstein, el descontento social; la desconfianza hacia las instituciones públicas, el sistema de partidos, los políticos; e impulsa sentimientos nacionalistas. 

Como parte de lo que llaman “batalla cultural” encontramos que la derecha promueve grupos formados por mujeres que reivindican un feminismo neoliberal, el empoderamiento individual o la feminidad, recuperando valores tradicionales o roles históricamente asignados a las mujeres como la maternidad o el cuidado; presentándolos en oposición al feminismo. 

El ascenso de líderes como Javier Milei, en Argentina y, más reciente, de Donald Trump, en Estados Unidos, han dado nuevos bríos a los grupos antiderechos y de extrema derecha en otros países de América Latina. Los grupos antiderechos principalmente difunden los decretos de Trump contra la población LGBTI, en especial trans y buscan que las mismas se repliquen, entre los decretos de Trump se encuentran:

–  Defensa de las mujeres frente al extremismo ideológico de género, aprobado el 20 de enero 2025: que ordena a las agencias de gobierno reconocer sólo dos sexos 

Sin hombres en deportes femeninos, firmado del 5 de febrero de  2025, donde prohíbe a las mujeres trans participar en deportes femeninos, o que eliminan las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en las agencias estatales. 

 

Las posturas cercanas a la extrema derecha promueven el aparecimiento de políticos de esta tendencia en Ecuador o autoritarismos como Nayib Bukele de El Salvador. De allí que, en  las recientes elecciones de primera vuelta en Ecuador, candidatos como Luis Felipe Tillería o Andrea González replicaron en su campaña el mismo discurso neoliberal de Javier Milei en Argentina con respecto a la eliminación masiva de ministerios en caso de ser electos. 

El historiador canadiense, Quinn Slobodian, habla de diagonalismo ideológico para señalar los puntos de encuentro entre corrientes de izquierda y de derecha en torno a temas que se ponen en debate como la migración, la pandemia, el cambio climático o en este caso, los derechos sexuales y reproductivos y sobre los cuales, ambas tendencias pueden mostrar posturas que caen en lo autoritario, conservador o negacionista. 

En el caso de Daniel Noboa y Luisa González, más allá de sus posturas partidistas, ahora los une su acercamiento con la agenda antiderechos. Para la agrupación FIRMES esto es resultado de “una estrategia metapolítica”; es decir, de que los grupos antiderechos hayan introducido la batalla cultural en la conversación pública. Sin embargo, los grupos antiderechos tienen sus reparos sobre ambos candidatos. 

Sobre Daniel Noboa destacan como favorable su acercamiento a Donald Trump y su política autoritaria, militarista, además de que el candidato proviene de la élite económica. Sin embargo, los grupos antiderechos y de extrema derecha no es suficiente y le han exigido al mandatario acciones más contundentes como la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, de toda política con perspectiva de género, así como la destitución de ministros o funcionarios supuestos promotores de la “ideología de género”. Noboa intentó hacerlo cuando quiso convertir el Ministerio de la Mujer en el Ministerio de la Política Criminal.

Mientras que de Luisa González destacan su postura como asambleísta en 2022 cuando votó en contra de la Ley de interrupción del embarazo en casos de violación, pero hay desconfianza por la pertenencia de González a la Revolución Ciudadana, el partido que se proclama de izquierda progresista. 

Ahora resta ver si alguno de estos candidatos cuando llegue al poder, traduce en acciones o en políticas públicas la agenda antiderechos o si sus creencias personales pesan más a la hora de proponer y ejecutar el manejo del Estado.