Gobierno sigue sin entregar presupuesto a refugios de mujeres víctimas de violencia de género
Por: Gabriela Peralta @gaperalta07
Publicado 02 de abril del 2024
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Desde que inició el 2024, las casas de acogida y los centros de atención integral no han recibido el presupuesto asignado para sostener sus servicios este año. Estos espacios, sostenidos por organizaciones de mujeres, fundaciones sin fines de lucro, brindan atención y protección a mujeres e hijos, víctimas de violencia de género. La falta de recursos amenaza el funcionamiento de las casas y centros y, por ende, la vida de las mujeres y sus hijos e hijas. Esto, a pesar de que el gobierno de Daniel Noboa afirmó que la erradicación de la violencia de género es una de sus prioridades y declaró a las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral como servicios esenciales.
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En Ecuador existen cinco casas de acogida y veintidós centros de atención integral. Estas instituciones reciben financiamiento por parte del Estado, a través de un convenio con el Ministerio de la Mujer. Cada año deben postular a la convocatoria abierta que impulsa el Ministerio de la Mujer, antes Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, las casas y centros deben concursar a nivel nacional por los fondos del Estado.
Desde 2022 se redujo el personal de casas y centros, luego de que la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno del expresidente Guillermo Lasso modificó el Reglamento de procedimiento de selección, suscripción de convenios y funcionamiento de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida. Antes de las reformas, en lo que respecta a las casas de acogida, siete miembros del personal garantizaban la atención y recibían su sueldo. Ahora, solo se garantiza el de cuatro profesionales: administrador/a, abogado/a, psicólogo/a y un trabajador/a social, prescindiendo de la educadora-parvularia, persona encargada de monitorear y acompañar procesos de niños y niñas, y de dos facilitadoras, personas que duermen en las casas de acogida, encargadas de la alimentación y atención de las mujeres y sus hijas, las 24 horas del día. También se eliminó el monto asignado para procesos de capacitación y prevención de violencia en casas de acogida.
Pese a la reducción de personal, algunas casas de acogida continúan operando con el mismo personal. Casa Matilde, la primera casa de refugio de Ecuador desde 1990, es una de ellas. Lucila Donoso, vicepresidenta de la Casa, cuenta que optaron por contratar por su cuenta una facilitadora. “Su sueldo lo sacamos de aquí y de allá, haciendo un poco de malabares”, dice. Sin embargo, no han podido contratar a una educadora-parvularia para que acompañe a los hijos e hijas, de las madres víctimas de violencia.
El presupuesto no llegó a pesar de que en diciembre de 2023 concursaron por los fondos para continuar con el acompañamiento a mujeres. Cinco casas y veintidós centros ganaron la convocatoria. Así, el 1 de febrero de 2024, 24 organizaciones sociales sin fines de lucro, incluyendo la Casa Refugio Matilde, suscribieron 27 convenios con el Ministerio para la cooperación técnico-financiera. La Casa Matilde firmó dos convenios para el funcionamiento del albergue temporal, de libre ingreso y egreso, y para el centro de atención integral.
Ya para el 7 de febrero, la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, y representantes de las organizaciones firmaron, de forma simbólica, los convenios para el funcionamiento de casas y centros en 2024. El evento se realizó en la Casa Refugio Matilde con representantes de otras fundaciones del país. En este evento, Rosario Gómez Santos, directora de la fundación, exhortó a la ministra para que impulse con las organizaciones el funcionamiento del Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género para mujeres, niños, niñas y adolescentes como el órgano ejecutor del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2020-2030.
Ese día, el Ministerio publicó una noticia en la que afirmó que “la violencia de género es prioridad para el gobierno” de Daniel Noboa. Además, el 7 de marzo, el presidente suscribió el Decreto Ejecutivo de Declaratoria de Servicios Esenciales a las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral, para “combatir el problema social de la violencia”. Su presentación se hizo en un evento en el cantón Rumiñahui, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También se comprometió a “proporcionar los recursos necesarios para garantizar la atención continua a las víctimas”. Sin embargo, desde esta declaración han pasado más de veinte días y el gobierno aún no entrega los recursos.
“Estamos en desesperación porque no hemos pagado a los equipos. A las mujeres en el albergue y a los niños y niñas no podemos dejar de darles de comer, de atenderles. Las mujeres piden hablar al menos una vez al día con la psicóloga o la trabajadora social”, dice Lucila, sobre la situación actual de Casa de Refugio Matilde, que tiene previsto atender a 150 mujeres en el albergue y a 400 más en el centro de atención integral este año.
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S.O.S Casas de acogida y centros de atención integral
El 19 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 126 votos, una resolución que insta al presidente Daniel Noboa a declarar en emergencia el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres. Noboa y el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, deberán asignar los recursos económicos necesarios para implementar políticas públicas y así detener la crisis de violencia contras las mujeres y los feminicidios. Además, la resolución dispone que los ministros de Economía y Finanzas y de la Mujer deberán comparecer para informar sobre las acciones realizadas en el plazo de 30 días, que empezaron a correr desde el 19 de marzo. Así lo detalla Fundación Aldea en un comunicado.
El Ministerio de la Mujer informó a las representantes de las organizaciones que envió un oficio al Ministerio de Finanzas para la celeridad en la entrega de los recursos, pero se mantienen en incertidumbre.
Foto: Gabriela Peralta
El 27 de marzo, organizaciones de mujeres, como CEPAM Quito, Casa Refugio Matilde y otras organizaciones llevaron a cabo un plantón en los exteriores del Ministerio de Finanzas. Mayra Hidalgo, integrante de la Fundación Nosotras con Equidad de Chimborazo, fue una de las manifestantes que exigieron la entrega inmediata de los recursos. Esta fundación atiende mensualmente alrededor de 700 mujeres, víctimas de violencia de género, en sus dos centros de atención integral, ubicados en Riobamba y Colta. Mayra pide que se refuercen las casas y centros para que estos espacios, que previenen la violencia machista y los feminicidios, no desaparezcan. “Alzamos nuestra voz al gobierno y los ministerios para que se cumplan los compromisos y también se asignen más recursos para continuar y ampliar los servicios a nivel nacional”, expresó.
El día de la manifestación, representantes de las organizaciones ingresaron al Ministerio de Economía y Finanzas y mantuvieron una reunión con el asesor del ministro Vega, quien les comunicó que los pagos se realizarán a partir del 15 de abril de 2024, de manera paulatina. Sin embargo, no aseguró el pago completo de los recursos, valorados en un total de $2’697.355,68 millones de dólares para casas y centros, presupuesto que mujeres y organizaciones sociales lograron en 2008.
Según Fundación Aldea, solo en 2023, en Ecuador se registraron 321 muertes violentas de mujeres, una cada 27 horas. De esas muertes, 128 fueron feminicidios íntimo, familiar y sexual; 172 feminicidios en sistemas criminales; 17 transfeminicidios y 4 desaparecidas en años anteriores. Ese mismo año, las casas de acogida atendieron a cerca de 13.000 mujeres y los centros de atención integral a 72.000 mujeres más. Las casas de acogida son espacios de protección, en donde se garantiza que mujeres, víctimas de violencia, reciban un abordaje de calidad multidimensional, interdisciplinario e intersectorial para salir de la violencia en sus entornos.
