Geraldine Guerra: Las casas de acogida no son bodegas de mujeres; son espacios de protección

Por Gabriela Peralta

Publicado 16 de mayo de 2022

Geraldine Guerra, vocera de la Red Nacional de Casas de Acogida, en entrevista con WambraEc, calificó como positiva la efectivización de la firma de convenios, tanto con centros de atención externa como con las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, dijo que hay que tener claro que, los dos millones que entregó la Secretaría, “son dos millones ganados, hace varios años, por el esfuerzo y el trabajo del movimiento de mujeres y de las organizaciones de sociedad civil”, quienes han luchado por más de 10 años, desde 2008, para que eso se concrete.

“Eso es algo ganado, no es algo que en esta administración se pone a disposición. Si hubieran puesto a disposición, tenía que haber sido, por lo menos, el doble para ampliar los servicios. Eso tiene que estar claro, porque parecería otra cosa. Esos dos millones ya estaban designados en las partidas presupuestarias. Eso fue ganado hace tiempo”, afirmó. 

Asimismo, la vocera mostró preocupación porque las casas de acogida, que anteriormente firmaban con el Estado, eran cinco y, este año, no han firmado dos de ellas: Casa Paula en el Coca y Casa amiga en Lago Agrio. Únicamente firmaron tres antiguas y una nueva organización. Es decir, en total firmaron cuatro casas: Casa Hogar de Nazaret de Guayaquil, Casa Mariamor de Cuenca, Casa Matilde de Quito y una Casa de Machala.

Guerra también se refirió al anuncio de Bernarda Ordóñez, quien aseguró que nuevas organizaciones recibieron financiamiento por parte del Estado, sin tomar en cuenta que para fortalecer los servicios bajaron el presupuesto de las casas de acogida: “Con el mismo presupuesto están financiando más servicios. Si bien, subieron los sueldos a los centros de atención externa para las profesionales, a las casas de acogida les quitaron dos profesionales. Usualmente, el Estado cubría siete profesionales y, ahora, cubren cinco en casas de acogida. Para mí es una pérdida también”, expresó. Por ello, exhortó a la Secretaría de Derechos Humanos, como ente competente, para que amplíe los servicios y no que estos se vayan reduciendo. “En este momento, en frontera, en Sucumbíos, no tienen servicios. En El Coca no hay casas de acogida, y si hay, no tiene nada que ver la Secretaría. Cuando la Secretaría debería apoyar a todos los servicios que hay en el país y no solo a unos sí y a otros no”, asintió.

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¿Geraldine, por qué hay casas que se quedaron fuera del convenio con la Secretaría de Derechos Humanos?

En realidad, es por esta falta de claridad en la relación sociedad civil-Estado. Parece que fuera una relación de contratación, como si fuéramos proveedoras y, las casas y centros de atención no son proveedoras de servicio o, si son proveedoras, pero no con esa relación. Es una alianza Estado-sociedad civil para mejorar y fortalecer los servicios de atención a víctimas y para prevenir femicidios. Ese es el concepto o la noción con la que se deben entender esos convenios. No como que nos contratan. No nos están haciendo un favor; eso es lo que debe hacer el Estado, es el rol del Estado.

Entonces, por un lado, parece que fuera un gran apoyo, pero por otro, en realidad no. Hay que trabajar, colectivamente, para que cambie esa mirada de que no somos una simple proveedora de servicios y que nos contratan como si fuéramos una empresa. Estamos generando un sistema de protección, fortaleciendo el sistema de protección integral a víctimas, en donde los servicios son las casas de acogida, los servicios de atención externa y, también una serie de otros servicios que se tienen que cumplir para que realmente se configure un panorama de protección a las víctimas de violencia.

En esa relación, lo más importante es que se valorice la experiencia de las casas de acogida. Las casas de acogida tenemos un modelo de atención que fue validado, que ha sido socializado, que lo tenemos y que tiene que ser también reconocido y valorado como lo que es, porque nos ha costado años saber que necesitamos, por ejemplo, dos facilitadoras. Unas de las facilitadoras quitaron, entonces ahora pretenden que una persona atienda 24 horas y siete días a la semana. Eso no se puede, eso va contra todas las normas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, ellas hacen turnos para cubrir las 24 horas. Ahora el Estado dice: “No, con una. Ustedes arréglense con una, ustedes resuelvan”. Estamos dejando de lado la importancia de lo que significa el cuidado, porque las facilitadoras de lo que se encargan es del cuidado. En las casas están niños, niñas y adolescentes y requieren atención, una atención de calidad. Claro, por un lado, sube el sueldo, pero no puede dejar de lado el resto. Bajando el presupuesto a las casas de acogida subieron el sueldo a otros servicios. Yo no sé si eso es equiparable en una balanza. No es así. No es quitar y poner, en temas de atención a víctimas de violencia, es poner, es sumar, no restar.

Las casas de acogida no son bodegas de mujeres; son espacios de protección, en donde se garantiza un abordaje de calidad multidimensional, interdisciplinario e intersectorial, en donde se garantiza que esa señora que fue vulnerada en sus derechos sea ayudada a reparar el daño.