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Familiares de personas privadas de libertad asesinadas en cárceles demandan al Estado ecuatoriano. Estas son sus exigencias
Por: Gabriela Peralta @gaperalta07
Fotos: CDH
Publicado 26 de abril del 2023
Familiares de personas privadas de libertad, víctimas de las masacres carcelarias, denunciaron al Estado ecuatoriano, a través de una demanda de Acción de Protección que fue presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF) y el Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles, en el Complejo Judicial del Albán Borja, en Guayaquil, este viernes 21 de abril de 2023. ¿Qué exigen al Estado?
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Desde 2018, en Ecuador se han registrado más de 14 masacres carcelarias en las que perdieron la vida, aproximadamente, 591 personas privadas de libertad, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido en 2022.
Particularmente, 2021 fue el año con más hechos de violencia ocurridos en diversas cárceles del país, dando como resultado la muerte de 316 personas. Solo el 28 de septiembre de ese año se registró la muerte de 122 personas presas, constituyendo la jornada con el mayor número de pérdidas de vidas humanas en un recinto carcelario. La mayoría pereció por impactos de armas de fuego, según el mismo informe de la CIDH.
El Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Guayaquil es donde se ha registrado la mayor cantidad de muertes y hechos de violencia, desde 2018 hasta 2022, con un total de 277 personas en prisión asesinadas bajo custodia del Estado, según la demanda presentada por el CDH. Además, de acuerdo a la demanda, las masacres dentro de los centros penitenciarios tuvieron características similares en cuanto a “premeditación del Estado, violencia exacerbada e incapacidad del Estado en ofrecer respuestas o acciones concretas”.
Fernando Bastías, abogado y vocero del CDH, organización que lleva 40 años trabajando el tema carcelario, afirma que desde que comenzaron a ocurrir las muertes violentas colectivas en las cárceles, evidenciaron que la crisis carcelaria se agudizaba mucho más en las familias de los privados de libertad y que el cambio abismal al proyecto de vida de las familias representa una vulneración a sus derechos, que tiene una causa directa con omisiones que son atribuidas al Estado. Así ocurrió en la masacre del 28 de septiembre de 2021, donde las familias tuvieron que recorrer caminos tormentosos, sobre todo para acceder a información de sus parientes. La situación es aún más grave para las mujeres, ya que, según explica Bastías, el rol de cuidado que debería cumplir el Estado es suplido por las mujeres: esposas, cuñadas, hermanas, hijas y abuelas.
Paula Casco, Coordinadora Regional de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF), conformada por 10 países, indica que todo lo que les sucede a las personas privadas de la libertad, también afecta a las familias, en particular a las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Casco señala que las familias cargan con la pena de sus familiares privados de libertad y que son también víctimas de violaciones de derechos humanos: “hay 591 personas que perdieron la vida en las masacres carcelarias y nuestro cálculo es que, por cada persona privada de libertad, el entorno afectivo involucra a cinco personas. Por tanto, la cantidad de personas alcanzadas por las masacres sería de casi tres mil”.
Un ejemplo de ello es Ana Morales, madre de Miguel López, víctima de la masacre del 28 de septiembre de 2021, y vocera del Comité de Familiares por la Justicia en Cárceles. Ana señala que la demanda presentada representa una esperanza para ella y otras familias, no por lo monetario, sino porque considera que ninguna familia, madre, hermana, esposa, hijos e hijas, deben seguir sufriendo por la negligencia del Estado, “el Estado, a pesar de que habían alertas antes de los amotinamientos, no hizo nada; no salvaguardó la vida de las personas privadas de la libertad que ahora son fallecidas y aunque no me van a devolver a mi hijo, estoy luchando para que no vuelva a pasar lo mismo. Le decimos al Estado ¡Basta ya de tanto dolor!, ¡Basta ya de tanta inhumanidad!”
Fernando Bastías explica que el escenario de vulneración de derechos de las familias es claro, ya que de por sí, el fallecimiento de un ser querido genera dolor y sufrimiento, pero que eso se agrava cuando las muertes son violentas, no son muertes naturales, por enfermedad o por edad avanzada, sino por decapitación, intimidación, mutilación, etc. A eso se suma que esa muerte ocurrió bajo la custodia del Estado y que, a pesar de que la familia hizo todo lo posible para que su pariente en prisión sobreviviera a la crisis carcelaria, no valió la pena porque al final lo mataron, “el dolor y sufrimiento, agravado por estas tres características, se incrementa debido a la falta de reparación integral, pero también a los múltiples escenarios de revictimización que las familias han venido sufriendo; primero desde el Estado con su discurso estigmatizante, de que hay personas buenas y malas, de que ellos se lo buscaron. Y, sobre todo, del show mediático y psicológico de ingresar militares y policías para enfrentar la crisis carcelaria, pero que al final del día todo sigue igual. Ese discurso revictimiza y también se replica en la opinión pública”. Todo eso, según Bastías, se traduce en vulneración de derechos.
Por ello, los familiares de víctimas de las masacres exigen una reparación integral completa, es decir, que tiene que cumplir con todas las modalidades: restitución, satisfacción, rehabilitación, no repetición, compensación o indemnización. La modalidad de restitución es imposible ejecutar porque no se puede recuperar la vida de las víctimas, por lo cual, se deben fortalecer las otras medidas para que sea integral.
Las medidas de reparación integral están orientadas a mejorar las condiciones de las víctimas y buscar la restitución de derechos vulnerados, de acuerdo a la demanda del CDH.
Para Paula Casco, la reparación es entendida como un principio, una obligación y también como un derecho que tienen las familias porque “perder a un familiar privado de la libertad que está en custodia del Estado es uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos, de tortura y de un trato muy cruel”. Por tanto, para Casco las medidas de reparación son necesarias para que esto no se olvide.
Los artículos 52, 53 y 97 de la Constitución del Ecuador respaldan el derecho de reparación de las personas usuarias y consumidoras y, de forma general, de cualquier persona cuyo derecho haya sido vulnerado por acción u omisión del Estado. Además, los artículos indican que todas las organizaciones podrán demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados. En ese sentido, el CDH, RIMUF y el Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles demandan concretamente lo siguiente:
Los familiares de víctimas de las masacres y las tres organizaciones también exigen la declaratoria de reserva al caso. La audiencia, su información, su expediente y todo contenido deberá ser de carácter reservado para proteger la privacidad, la imagen e intimidad de las familias que expondrán sus testimonios en la audiencia.
Según Fernando Bastías, que el Estado pida disculpas a las familias de las víctimas de las masacres es significativo porque toda su vida, mientras estuvo su pariente en prisión, creían que no tenían derechos: “hablamos del impacto de una crisis estructural y material donde es responsable el Estado y lo que se busca es que no vuelva a ocurrir y que, de forma mínima, se repare a quienes han sido perjudicados por completo. Ninguna muerte debería quedar en impunidad, mucho menos aquellas muertes que ocurren bajo la custodia del Estado”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó una visita de trabajo a Ecuador, del 1 al 3 de diciembre de 2021, para observar los hechos de violencia que ocurrieron en diversas cárceles del país durante ese año. En 2022 dio varias recomendaciones al Estado ecuatoriano, entre ellas consta: “Garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia, así como de los funcionarios que cumplen tareas en los centros de detención”. Sin embargo, el abogado Bastías asegura que no hay voluntad política para ejecutar las recomendaciones, por lo que la demanda de Acción de Protección presentada busca obtener una respuesta del Estado para las familias de las víctimas.
