OTRAS MIRADAS

La falsa guerra interna, una guerra contra los de abajo

Por: Camila Martínez @CamilaMaryFuego

Publicado 06 de marzo del 2024

El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa implementó el Decreto Ejecutivo No. 111, declarando al Ecuador en «Conflicto Interno Armado», hecho que no había ocurrido en más de un siglo. Frente a ello, nos encontramos ante un país militarizado, paralizado por la presencia del narcotráfico, golpeado por una pandemia de salud que nunca se recuperó y sin salidas económicas ante la crisis. ¿Cómo llegamos a este punto?

Lo primero que anhelamos en momentos tan caóticos es identificar un responsable, un causante o un culpable. El cerebro humano en estado de shock piensa el mundo en blanco-negro, bueno-malo, seguro-inseguro. Busca de alguna manera garantizar su sobrevivencia. Sin embargo, el “enemigo interno” no nos explica cómo llegamos a este momento, tampoco cómo saldremos del caos. A más de un mes del decreto, vemos que el presidente del Ecuador no ha convocado una guerra contra el narco, pero sí contra los pobres.

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El día 2 de febrero de 2024, los militares realizaban un allanamiento en el barrio Cuba. Un barrio del sur, que integra el viejo Guayaquil, antes de la expansión y regeneración urbana. Carlos Javier Vega de 19 años vivía en el barrio y se dirigía con su primo hacia la Universidad Salesiana, ubicada en la Francisco Robles y Chambers. Los dos no llevaban pistola, ni tenían drogas, no estaban articulados a ninguna red de narcotráfico. Sin evidencia, sin conocimiento y sin motivo los militares lo asesinaron con cuatro balas. Las Fuerzas Armadas publicaron un comunicado diciendo: “Terroristas aprehendidos ante intento de ataque a un retén militar”. La Fiscalía adjudicó cargos de “ataque y resistencia”, mientras que su padre y madre relataron con indignación y tristeza cómo las autoridades y los militares tildaron a su hijo como “terrorista”.

Ahora se habla del caso como un “falso positivo” y no existe consecuencia alguna, no existe cobertura mediática ni autoridad del Estado que nombre a Carlos Javier Vega, que dé una respuesta a los pedidos de la familia. Un joven murió en manos del Estado durante la falsa “guerra interna”. Lo único que sabían los militares antes de disparar es que Carlos Javier era joven, varón y de un barrio. ¿Esto puede volver a ocurrir? ¿Qué distintivo llevaba Carlos Javier para que pensaran que presenta un peligro? ¿Qué pasará si el hecho de ser un joven en un barrio se vuelve suficiente información para disparar?

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El país vive una coyuntura trazada por hilos invisibles que tienen larga data. Uno de ellos es  la fuerte presencia de droga dentro de la economía nacional desde el año 2000, debido al feriado bancario y la llegada de una economía dolarizada que permitió ser de fácil acceso para el lavado de dinero de carteles de países vecinos. La narco-economía no es nueva dentro de América Latina, su incremento en la región está atado a los efectos económicos provocados por la crisis inmobiliaria en Estado Unidos, posterior al 2008, y a una economía globalizada que se expande cada día más, así lo explica Fernando Carrión, investigador y docente, en la publicación de “Perfil Criminológico” de FLACSO en 2015.

A la par, Ecuador lleva un permanente y sistemático crecimiento de pobreza, impulsado por la ausencia de trabajo asalariado y olas de migración masiva a las urbes. No existe la generación de trabajo asalariado ni los intentos de industrializar la economía nacional. La realidad que atraviesa el país es que no existe empleo pleno y el único actor que está impulsando trabajo remunerado para miles es la droga. Tanto la élite política como la burguesía no desean invertir en el país, prefieren caminos cortos: mano dura sumado a mano de obra barata y recursos estatales al servicio de negocios privados. Una clase dominante que solo ha logrado exportar materia prima y, para incrementar sus ganancias, ha optado por integrarse a los circuitos de comercialización mundial de la cocaína. 

La clase política del país identifica el problema como el “narco-Estado”. En este relato poco claro se enreda la corrupción, una crítica a los gobiernos progresistas de la región y la ausencia del rol de las élites económicas dentro de la crisis que vive el país. Sin embargo, es un relato hegemónico que anula y encubre cómo las élites juegan un rol central dentro del problema. Si bien el narco-Estado es un producto de la crisis, los engranajes de la economía dentro de la disputa política, no son elementos paralelos, pero sí las causas principales de los conflictos. Pensar el problema exclusivamente desde una crítica al Estado, es en su mejor caso fragmentar el relato, y en el peor escenario es encubrir el problema. Obviar el rol de la narco-élite, es eliminar que las élites son parte integradora del narco.

El ajuste económico neoliberal aparenta ser un fenómeno paralelo a la crisis de seguridad y la llegada del narco-Estado, sin embargo, todo lo contrario de lo que se relata, es el mismo problema. La crisis carcelaria que explota en febrero 2021, la salida de Adolfo Macías- alias “Fito” de la cárcel y finalmente la intervención del canal TC Televisión y los posteriores operativos de la Fuerza Pública, narran el conflicto y el narcotráfico como un problema de los pobres, de los barrios, de los invisibles y de los olvidados. Simultáneamente van surgiendo hechos como la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el gobierno de Guillermo Lasso, el Tratado de Libre Comercio con China, la flexibilización de derechos laborales y, finalmente, el llamado a todos los ecuatorianos a subir el IVA al 15% para financiar la falsa “guerra interna”. Es irónico cómo en las crisis más severas que viven los más pobres, las élites han encontrado las formas más agresivas de acumular mayor riqueza.

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Las élites marcan la idea de que la crisis de seguridad es culpa de los pobres, porque ser pobre es sinónimo de ser delincuente o en palabras de seguridad: terrorista. Entonces, las medidas de seguridad se convierten en criminalización de la pobreza. La prensa posiciona una cultura del temor, el miedo penetra la sociedad y funciona como un virus. Es contagioso, se multiplica y nos deshumaniza. La guerra del gobierno apunta en contra de nosotros mismos, el “enemigo” aparenta estar adentro y en todo lado. ¿Quiénes son los delincuentes y terroristas que tanto hablan?, ¿dónde viven?, ¿cómo son?, ¿los conocemos? No tienen nombres, pero sí tienen rostros y en ello se empieza a fabricar una narrativa que condena todo lo popular a ser elemento de sospecha. Sin embargo, los pobres no son los culpables. En los barrios populares no duermen los peces gordos del narco, estos están mucho más cerca de Samborondón que del barrio La Isla Trinitaira.

Los peces gordos están sentados en la misma mesa que los grupos económicos de poder. Los pobres integran las telarañas del narco de la misma forma que los obreros ingresan a ser parte de la empresa: son apenas la simple fuerza de trabajo, son los trabajadores, no los que toman decisiones dentro de la fábrica. El problema del país no es que no hay recursos, el problema del país es que los peces gordos son parte de la élite, no los más empobrecidos.

En las grandes urbes, sin trabajo no hay comida. En Guayaquil más del 64% de la población se encuentra en condiciones de trabajo precarizado, subempleo o el desempleo completo, según datos del INEC en enero de 2024. Una ciudad portuaria que históricamente ha negado derechos básicos a su población, como se evidencia cuando miramos las muertes durante el año 2020, apenas entre febrero a abril se registra 15,184 fallecidos por la pandemia del COVID-19, según el Observatorio Social del Ecuador en 2022. En una población en donde generaciones enteras carecen de derechos humanos y acceso básico de salud o de agua potable, se sobrevive en condiciones estructuralmente inequitativas. La segregación urbana diseña una ciudad en que los barrios populares se aproximan cada vez más a guetos o favelas. En ellos se evidencia que donde el Estado no llega, el narco sí. Una fórmula precisa para el desastre: mayor pobreza, mayor droga. Bajo el llamado de “guerra interna” incrementa la miseria. En efecto, ¿en los barrios más vulnerables los militares podrán disparar a quien sea?

Se evidencia un callejón sin salida, donde la ficción creada de que frenar el narcotráfico es posible por medio de militarizar la vida de los barrios. Cuando ser pobre se vuelve el problema, más no la inequidad, los gobernantes sólo hablan de comprar armamento y construir cárceles.

Como única medida para enfrentar la crisis, tanto el gobierno de Noboa como el de Moreno y Lasso, decretan estados de excepción, hasta la actualidad se registran  42 desde octubre de 2019. Es el clima político perfecto para fomentar un nivel de ansiedad tan severo en la población que el uso de “la mano dura” sobre el “otro” se vuelve legítimo y tristemente aplaudido. Un terror que se impulsa desde las élites que gobiernan el Estado, secundado por los medios de comunicación. Un discurso moral de “buenos y malos” que fomenta odio y nos aísla. Un caldo de cultivo perfecto para germinar un pánico que paraliza y vuelve legítimo el uso de la violencia sobre los más pobres, sobre las víctimas de un narco economía y después sobre cualquiera persona que cuestione el orden y uso de la fuerza del Estado.

Lo más hostil de este clima político, es que cuando los más empobrecidos protesten, tomen las calles para exigir cambios, para buscar respuestas ante el hambre, el Estado podrá matar y silenciar las demandas. El Estado y sus élites pasarán impunes, y la prensa oficial dirá que eran meros “delincuentes” o “terroristas” que generaron pérdidas económicas para el país.

Irónicamente los cargos contra Carlos Javier Vega y su primo impuestos por la Fiscalía son los mismos utilizados en contra luchadores sociales durante los paros de octubre de 2019 y junio 2022, el cargo en su contra siendo “ataque y resistencia”. En un momento de crisis tan severa, criminalizar la pobreza termina abriendo las puertas para criminalizar a las grandes mayorías, a todos aquellos que piensan por fuera del estatus quo. Así, el miedo se confundirá con seguridad, la pobreza se nombrará como delincuencia y la sociedad se atomizará. En un silencio que paraliza nos olvidaremos de Carlos Javier Vega y borraremos nuestra historia dentro de la supuesta “guerra interna”.  Pero, en tiempos históricos de polarización, el poema escrito por Martin Niem Moeller posterior al facismo en 1946, nos recuerda que guardar silencio lleva altos riesgos para la humanidad.

Primero vinieron a buscar a los comunistas
y no dije nada porque yo no era comunista.

Luego vinieron por los judíos
y no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas
y no dije nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los intelectuales
y no dije nada porque yo no era intelectual.

Luego vinieron por los católicos
y no dije nada porque yo era protestante.

Luego vinieron por mí
pero, para entonces, ya era demasiado tarde.

 -Martin Niem Moeller, Pastor Lutherano