Manuela murió en la cárcel condenada a 30 años de prisión por un delito que no cometió. Sus dos hijos, de 9 y 7 años, quedaron huérfanos desde entonces; y su muerte, impune. Era una mujer de 33 años que vivía en una zona rural y no sabía leer ni escribir. El 27 de febrero de 2008 fue a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa, en el municipio de Cacaopera, Departamento de Morazan, porque empezó a sentir un fuerte dolor en la panza. Manuela estaba embarazada. Una vez en la letrina se desmayó y sus familiares la encontraron en un charco de sangre. La envolvieron en una hamaca y la llevaron al Hospital de San Francisco Gotera. Cuando despertó, estaba engrilletada a la camilla, una práctica común en El Salvador: engrilletar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas cuando todavía están recibiendo tratamiento médico. Manuela había tenido un parto precipitado, que le provocó una hemorragia severa, acompañado de una preclamsia grave, que le quitó el conocimiento. 

Los y las profesionales de la salud que recibieron a Manuela en el centro de salud, en vez de ayudarla, la interrogaron y la denunciaron por el supuesto delito de aborto. Armaron una ficción alrededor de su tragedia: imaginaron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad” y por eso había arrojado a su hijo a la litera para esquivar la crítica pública. A Manuela la interrogaron sin la presencia de un abogado. Ni ella ni su familia tenían cómo pagar a un abogado particular y tuvo que depender de tres defensores públicos distintos que no lxs escucharon. Su historia hilvana una cadena de vulneraciones de derechos: un episodio detrás de otro viene a recordar que su final podría haber sido evitado. 

La sospecha ronda a todos los cuerpos gestantes en El Salvador: si los fetos nacen muertos, las embarazadas sufren abortos espontáneos o cualquier otra complicación, se convierten en sospechosas de un delito grave. La única ley que rige es ser madres a como dé lugar. Se trata de uno de los países de Latinoamérica y el Caribe que prohíbe el aborto en todas sus formas: aún en casos de violación, cuando peligra la vida o salud de la mujer o malformación mortal del feto. Desde 1998 El Salvador tiene uno de los marcos legales más restrictivos del continente americano en materia de aborto. En 1999 se reconoció en la Constitución Política como persona “a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

En El Salvador es ilegal, también, ayudar a interrumpir un embarazo. Los castigos van de dos a ocho años de prisión y existen condenas de hasta doce años para profesionales de la salud. Pero si las mujeres superaron las 22 semanas de gestación y sus embarazos se vieron interrumpidos ya sea voluntariamente o no, los efectores de justicia juegan la carta del homicidio agravado, que tiene penas que van desde 30 a 50 años de cárcel.

El 11 de agosto de 2008 Manuela fue condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado. Ella perdió su embarazo de forma natural debido a una emergencia obstétrica pero la sentencia que la condenó estuvo cargada de estereotipos de género que reproducían la versión policial. El tribunal que condenó a Manuela consideró que el “instinto maternal” debió haberla llevado a buscar atención médica, incluso aunque ella había quedado tirada en el suelo inconsciente y desangrándose.

Manuela había llegado al juicio con prisión preventiva: del hospital fue directo a la cárcel. Solo en los primeros meses de su privación de la libertad adelgazó más de 10 kilos y era evidente que estaba perdiendo el cabello.

Era una mujer pobre que no había tenido acceso a educación, a salud integral, ni a métodos anticonceptivos. Sus dos primeros partos habían sido en su casa. Entre 2006 y 2007, había empezado a sentir múltiples malestares. Tenía bultos protuberantes en el cuello, que indicaban un cáncer linfático y, a pesar de ello, nunca la diagnosticaron de manera apropiada. Llegó a a caminar 5 kilómetros para pedir ayuda en la Unidad de Salud más cercana, pero se volvió sólo con analgésicos para calmar el dolor. Le dijeron que tenía gastritis. 

En prisión se agravó su enfermedad sin ser diagnosticada ni recibir tratamiento médico. Un año después de haber sido encerrada, cuando ya no podía levantarse le diagnosticaron que padecía un linfoma de Hodkking, un cáncer linfático. Sólo entonces inició un tratamiento de quimioterapia intermitente. Manuela pasó los efectos de la quimioterapia en condiciones de hacinamiento e insalubridad y sus últimos meses de vida esposada a una camilla. Murió el 28 de abril de 2010, dejando dos hijos huérfanos, a quienes no pudo volver a ver desde que ingresó a la cárcel.

En una época en la que todavía había más distancia entre los activismos feministas de El Salvador y estas historias, no hubo marchas exigiendo su libertad ni su caso empujó indignación social en ese momento. Su injusta condena salió a la luz demasiado tarde. Doce años después continúa impune pero este 2021 es la primera vez en la que la reparación y esperanza aparecen como una posibilidad. 

“La historia de Manuela es una historia triste que está cambiando y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres que en América Latina y el Caribe son criminalizadas por eventos obstétricos”, dijo a LatFem, la activista y defensora de los derechos humanos salvadoreña Morena Herrera.

El poder del litigio y la oportunidad histórica de la Corte 

El nombre de Manuela llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la insistencia del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. El próximo 10 y 11 de marzo las organizaciones presentarán sus argumentos. Pedirán a la Corte IDH emita una decisión para que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad, repare a la familia de Manuela y establezca políticas públicas estructurales para que este caso no se repita.

Las organizaciones buscan que El Salvador reconozca su responsabilidad en un acto público; repare a la familia de Manuela por el sufrimiento causado garantizándoles acceso a educación, seguridad social, tratamientos de rehabilitación de salud mental y física, y les provea los medios suficientes para reestablecer sus proyectos de vida.

“Lamentablemente lo que le pasó a Manuela sucede en muchas partes del mundo y por esa razón acudimos a la Corte IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con ese tipo de persecución a mujeres inocentes en toda América Latina y el Caribe”, dijo a LatFem Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. Y agregó: “El Centro sigue utilizando el poder del litigio para que niñas y mujeres puedan tener las garantías necesarias para gozar de sus derechos humanos al más alto nivel posible. Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”. 

La Corte tendrá, por primera vez en la historia, la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra quienes sufren emergencias obstétricas. La decisión de la Corte tendrá, a su vez, efectos a nivel continental pues los derechos humanos que se reconozcan allí generarán jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.

“Queremos que El Salvador asuma una responsabilidad internacional que ha evadido desde hace años a pesar de que en reiteradas oportunidades múltiples organismos de derechos humanos le han pedido que revise la legislación que causa esta injusta criminalización de mujeres”, dijo Catalina Martínez Coral. 

Rehenes de sus úteros

Entre 2000 y 2019 las organizaciones feministas contaron 181 casos de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por aborto o por el delito de homicidio agravado en El Salvador. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto fue la primera en reunir estas cifras después de revisar cientos de expedientes judiciales y puso en evidencia una problemática estructural. Una de las causas que encontraron en esa búsqueda fue la de Manuela, cuyo nombre es ficticio, para proteger la intimidad de su entorno. Cuando la fueron a buscar a los distintos penales salvadoreños, descubrieron que había muerto en prisión. En 2011 lograron contactar a su familia y así pudieron reconstruir la cadena de violaciones a sus derechos que había sufrido. 

Después de empujar algunas acciones legales ante el sistema penitenciario, la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), presentaron el 21 de marzo de 2012, ante la CIDH una demanda en nombre de Manuela y su familia, para que se reconozca la inocencia de Manuela, rehabilitando su nombre y el de sus hijos y familia, a la vez que tomen medidas para que otras mujeres no enfrentan la misma violación de derechos. El 18 de marzo de 2017 la CIDH admitió la demanda y el 29 de julio de 2019 la CIDH, sometió el caso de Manuela a la Corte IDH. Una oportunidad de reparación histórica y reconocimiento del impacto de la criminalización se presenta en el horizonte de los hitos feministas logrados en los últimos años: justicia y esperanza para Manuela.