Publicada: 20 agosto 2016

 

El Estado judicializa a las mujeres por negarnos a parir el hijo de una violación

 

entrevista a Pilar Rasa, abogada y feminista, Directora del Observatorio de Género y Diversidad, forma parte del Colegio de Abogados de Pichincha y colabora en el Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos, de la Fundación Surkuna.

Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx

Los datos sobre violencia sexual, principalmente contra niñas y adolescentes menores de 14 años en Ecuador son alarmantes. En el 2011 se registraron 12 violaciones diarias, la mayoría contra mujeres menores de 14 años, varias de ellas se quedaron embarazadas y fueron obligadas a ser madres producto de la violación (Fundación Desafío). Estos son solo algunos de los datos que vuelven a poner en la mesa pública la necesidad de un amplio debate sobre el aborto en Ecuador, algo que la Asamblea Nacional, dirigida por tres mujeres, no podrá ignorar.

 

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Su frase:

La violencia sexual contra menores de 15 años es gravísima y nosotras seguimos pariendo al hijo de nuestro violador y el Estado nos judicializa. Entonces el Estado es responsable de lo que está sucediendo porque deben haber políticas públicas sostenidas, porque deben haber planes, programas, proyectos encaminados a precautelar la vida de las mujeres, a prevenir la violencia

 

El Colegio de Abogados de Pichincha emitió un comunicado donde pide a la Asamblea Nacional revisar la legislación referente al aborto en Ecuador ¿En qué consiste este documento?

Para las mujeres en Ecuador es muy importante el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas; este organismo manifiesta que debería el Estado Ecuatoriano revisar la legislación respecto al aborto por violación. Sobre la base de ese pronunciamiento y sobre la base de esas observaciones es que el Colegio de Abogados y en específico, el Observatorio de Género y Diversidad se pronuncia y presentan a la Asamblea Nacional, en específico a su Presidenta, una comunicación en la que solicitan se legisle conforme a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

¿Cuáles son las recomendaciones dadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU?

Son despenalizar el aborto por violación, cuando hay malformaciones y también cuando es por incesto. Lo importante es que no solo es el Comité de Derechos Humanos, también hay otros comités que se han pronunciado como por ejemplo: el Comité de Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Relator Especial contra la Tortura, quien señala que en el caso del aborto por violación, es una tortura obligar a la mujer a mantener un embarazo que no desea.

Varios comités de organismos internacionales se han pronunciado al respecto. No es el criterio de una u otra persona, no es un criterio del Colegio de Abogados de Pichincha, al contrario es la ONU la que se ha manifestado en este sentido y ha presentado observaciones.

“La existencia de leyes muy restrictivas, que prohíben los abortos incluso en casos de incesto, violación, deficiencia fetal o cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre, vulneran el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o malos tratos”. Informe Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, enero 2016. Lea más en: http://bit.ly/2bPVNvk

 

– ¿Los Estados están en la obligación de seguir estas recomendaciones?

Según el análisis que hemos hecho al interno del Colegio de Abogados de Pichincha son de obligatorio cumplimiento. Entendemos que hay otros organismos y abogados que hacen una interpretación media “sui géneris” que dicen que no. Nosotras consideramos que es importante señalar las normas de interpretación de tratados internacionales establecidas en la Convención de Viena, donde se señala que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin; es decir deben acatarse las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Además nuestra Constitución lo señala.

El Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer) dijo que el Estado debe revisar el Código Orgánico Integral Penal con el fin de introducir excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos firmado un pacto internacional, hemos firmado instrumentos internacionales y por tanto, son de obligatorio cumplimiento; sino simplemente, no firmemos nada.

“Despenalizar el aborto significa que las mujeres puedan acceder a servicios de salud seguros. Sin miedo, puedan ir y decir yo he sido violada y necesito un aborto pero eso es lo que no sucede en este país. Entonces las mujeres abortan en situaciones graves, de inseguridad” Pilar Rassa

 

– ¿Qué significa la despenalización del aborto?

No estamos pidiendo la despenalización total, como Colegio de Abogados de Pichincha estamos pidiendo la despenalización del aborto por violación ¿Qué significa en toda su dimensión esto? Significa que las mujeres puedan acceder a servicios de salud seguros. Sin miedo, puedan ir y decir yo he sido violada y necesito un aborto, pero eso es lo que no sucede en este país. Entonces las mujeres abortan en situaciones graves, de inseguridad.

De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, 2014, 4 de cada 10 embarazos en el mundo no son planeados; 2 de cada 10 terminan en aborto inducido, es decir 22 de millones de abortos inseguros ocurren en el mundo; 47 mil mujeres mueren y 5 millones quedan discapacitadas a causa de la inseguridad al practicarse un aborto anualmente. A esto se suma que la ilegalidad del aborto disuade a otras 3 millones de mujeres a no acudir a servicios de salud y ponen en riesgo su salud y su vida.

En Ecuador hay un subregistro que no puede ser valorado, de acuerdo al anuario de camas y egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador del año 2014, se registraron 35719 egresos hospitalarios relacionados con abortos, de los cuales 15783 son considerados como abortos no especificados, esta causal generalmente se usa para registrar procedimientos realizados en condiciones de ilegalidad y riesgo para las mujeres.

Nosotras consideramos importante diferenciar que el número de abortos que se practican y el número de abortos que se registran oficialmente no es el mismo, hay un subregistro muy, muy alto en este país, lo que quiere decir que la ilegalidad no persuade a las mujeres de no abortar; cuando una mujer decidió abortar lo hace por cualquier medio y lo más grave es que lo hace en condiciones de ilegalidad.

“El aborto es una práctica generalizada. Las mujeres que más riesgo corren, son las mujeres más pobres, porque las que pueden pagar un aborto lo hacen en sitios con todas las seguridades del caso”. Pilar Rassa

 

– ¿A cuántos años puede verse sentenciada una mujer acusada de aborto en Ecuador?

Depende. Hay muchas causales y depende de qué es lo que se te acuse. Tenemos casos de mujeres que se les ha acusado de parto en casa, ellas han tenido un aborto espontáneo, ha sido en casa y el niño ha muerto y también por eso se nos culpabiliza.

Nuestra legislación considera que por practicarse un aborto en cualquier otro caso que no sea los que están en la ley, la pena es de 6 meses a dos años de prisión, a pesar de ello, el aborto es una práctica generalizada.

Lo más grave es que las mujeres que más riesgo corren, son las mujeres más pobres, porque las mujeres que pueden pagar un aborto lo hacen en sitios con todas las seguridades del caso. No es cierto que las mujeres de estratos altos no aborten, no es cierto que solo las mujeres de estratos bajos abortan, ambas abortan, ya sea en Miami o sitios totalmente seguros. Las mujeres que no tienen acceso, que no tienen dinero, abortan en condiciones deplorables, en condiciones de absoluta vulnerabilidad para su salud y pueden estar avocadas a que las lleven presas.

– ¿Cuál es la situación jurídica de las mujeres que han sido judicializadas por abortar?

Tenemos un número bastante alto de mujeres que han sido judicializadas por abortar y en algunos casos como no hay un análisis del tema, inmediatamente se llama a la policía, se la judicializa. Tenemos casos muy graves donde a las mujeres se les toma la declaración en el propio hospital, se llama a la policía, a la custodia inmediatamente y entonces se le hace la declaración en ese momento. Supuestamente ponen en los partes policiales que han dicho una serie de cosas que la mujer ni se acuerda o simplemente ha dicho lo que los médicos le han preguntado y ellas dicen lo que ellos quieren oír, porque tienen miedo de su salud, porque están asustada, porque están vulnerables, después ya no tienen opción a la defensa; esas cosas se están dando en Ecuador.

Nosotras reclamamos que cuando una mujer llega en situación de aborto, al personal médico no tiene porque importarle si es aborto espontáneo, si es aborto inducido, ellos tienen que cumplir con su función de tratar a la persona, de cuidar a la mujer. No pueden hacerle ni siquiera una entrevista, peor hacerle el parte policial ¿por qué tienen que preguntarle a ella cosas que en ese momento, en que está en una condición grave de vulnerabilidad, puede decir cualquier cosa?. Lo más grave también es que el Policía pone lo que quiere poner, las mujeres ni siquiera contestan.

Teníamos un caso de una paciente que nos decía: “yo la verdad es que ni siquiera les escuchaba” había estado con sangrado bastante abundante, ella estaba mareada pero en ese rato le comenzaron a preguntar, y dice: “yo no me acuerdo siquiera haber contestado las preguntas pero allí dice que he dicho cosas que no podría haber dicho porque no son verdad”, así se están dando las cosas.

“El Estado es responsable de lo que está sucediendo porque deben haber políticas públicas sostenidas encaminadas a precautelar la vida de las mujeres” Pilar Rassa

 

– ¿Desde el Colegio de Abogados de Pichincha se está pensando una estrategia para dar seguridad jurídica a estas mujeres?

Desde el Observatorio de Género y Diversidad nosotras esperamos y trabajaremos para que las mujeres tengan seguridad jurídica y seguiremos denunciando. Creemos que las mujeres no tienen facilidad de acceso a la justicia y que nuestra justicia está siendo violenta contra las mujeres. Planteo que hay una violencia institucionalizada contra las mujeres, no puede ser que lleguemos para que nos curen, para que nos den seguridad en nuestra salud y lo que se haga es traer a la Policía. No puede ser que en temas de violencia no podamos acceder rápidamente a la justicia, no puede ser que nos violen y nosotras seamos revictimizadas.

– ¿Qué papel cumple el Estado frente al aborto?

Es un papel fundamental. Las mujeres no estamos seguras, seguimos siendo sujetas de violencia a pesar de todas las campañas que se dice que se han hecho, el Estado tiene una deuda con las mujeres. La violencia sexual es atroz, la violencia sexual contra menores de 15 años es gravísima y nosotras seguimos pariendo al hijo de nuestro violador y el Estado nos judicializa, entonces el Estado es responsable de lo que está sucediendo porque deben haber políticas públicas sostenidas, porque deben haber planes, programas, proyectos encaminados a precautelar la vida de las mujeres, a prevenir la violencia; hombres y mujeres deberíamos tener claridad en que la violencia contra las mujeres es una lacra contra la sociedad que nos impide avanzar en la igualdad de derechos.

No se puede hablar de la igualdad de derechos, a pesar de que lo diga la Constitución, si en este país las mujeres seguimos violentadas. 6 de cada 10 mujeres siguen siendo objeto de violencia, 1 de cada 4 han sido sujetas de abuso sexual.

– En Ecuador está permitido el aborto en dos casos pero ¿se están brindado garantías para que las mujeres puedan abortar según estas causales?

A nosotras nos preocupa de sobre manera el tema del aborto terapéutico. Recién pasamos un caso donde una menor de edad que fue violada por el tío, quedó embarazada, su discapacidad es más del 70% y el tener un niño le crearía grandes problemas para su salud. El Código Orgánico Integral Penal señala que se puede realizar un aborto cuando es por la violación a una mujer discapacitada. En este caso te estoy dando algunos otros agravantes y te cuento que algunos médicos se negaron a hacer el aborto. Entonces no, no se está cumpliendo a pesar de que existe una Guía de Aborto Terapéutico, nuestros prejuicios impiden que se realicen estas cosas o los prejuicios de los médicos.

– Nos mencionas que el Estado está judicializando rápidamente a las mujeres que abortan ¿y las violaciones? ¿qué tan rápidas son penalizadas?

La Encuesta de Relaciones Familiares (INEC, 2012) nos dice que 1 de cada 4 mujeres ha sido sujeta de acoso o abuso sexual. ¡Imagínate ese número tan grande de mujeres con menos de 15 años! ¡Eso es terrible!

Nosotras consideramos que mientras se judicializa a las mujeres por abortar, no tenemos en cambio una justicia ágil, eficiente, no tenemos seguridad. A nosotras con una rapidez increíble se nos judicializa y te puedo poner ejemplos: en la entrada de un centro hospitalario se pregunta:

-¿a qué viene?- y lo pregunta el guardia

Es que tengo un aborto

– ahh es que están metiendo presas a las señoras que vienen a abortar

Yo no vengo a abortar, tengo un aborto espontáneo

– bueno… le aviso

¿Qué es eso? Hasta por un aborto espontáneo nos están judicializando, tenemos casos de esos. Surkuna hizo un trabajo sobre el tema y hay casos de mujeres judicializadas por abortos espontáneos.

“Nosotras consideramos que el cuerpo de la mujer sigue siendo mancillado, de manera permanente, cotidiana, sistemática y que el Estado no responde a esa violencia.” Pilar Rassa

 

– En el caso de una violación que tan eficazmente actúa el sistema de salud pública para evitar que la mujer quede embarazada?

Hay medicamentos, la Píldora del Día Después y eso es lo que nos dicen, que puedes ir y hacer la denuncia e inmediatamente te dan el medicamento, lo cual no es cierto, no es cierto que se pueda acceder tan fácilmente al medicamento, pero bueno digamos que eso hay.

Pero yo les pregunto ¿una vez que una mujer ha sufrido una violación, así de rápido va y pone la denuncia? No. Por la experiencia que nosotras tenemos en este trabajo de violencia contra las mujeres, nosotras sabemos que las mujeres lo primero que hacen es ir a su casa, llorar y si tienen a alguien de confianza a quien le puedan contar, le cuentan; caso contrario lloran toda la noche, todo el día y no saben qué hacer y generalmente no denuncian.

¿Y qué pasa cuando el violador es un familiar? Según los datos de la propia encuesta de Relaciones Familiares, quienes mayormente agreden a las mujeres son los familiares: padre, madre, hermanos, hijos, sobrinos, padrastros. Son las personas más cercanas. Una mujer que ha sido violada por el padre ¿lo va a ir a denunciar fácilmente, si vive en un entorno de violencia, le tiene miedo y sabe que tiene que regresar a ese mismo sitio? No, simplemente no lo hace. Y claro cargamos con el embarazo.

Casos los vemos a diario, de padres que violan a sus hijas, de hermanos que violan a sus hermanas, de sobrinos…. Nosotras consideramos que el cuerpo de la mujer sigue siendo mancillado, de manera permanente, cotidiana, sistemática y que el Estado no responde a esa violencia contra las mujeres y la forma de responder es judicializándonos por no querer tener el hijo de nuestro hermano, de nuestro padre, de nuestro sobrino. Esa es la razón por la que el Colegio de Abogados de Pichincha y en específico, el Observatorio de Género y Diversidad hemos presentado el pedido, porque creemos que es de justicia, es lo mínimo que en este país se tiene que hacer para que las mujeres no tengamos el hijo de nuestro violador

– Si yo conozco o soy víctima de un abuso sexual, y tengo una discapacidad o no, puedo acudir al Colegio de Abogados de Pichincha para tener apoyo legal?

El Colegio no hace litigio, pero sí tomamos el caso, hacemos seguimiento, una revisión y tratamos de acompañar a las mujeres para que su caso sea atendido de manera eficiente.

 

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Relacionados

– El Colegio de Abogados de Pichincha presentó el 11 de agosto una carta a la Asamblea Nacional donde solicitan que se modifique la legislación ecuatoriana que penaliza el aborto acogiendo las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Lea más en: http://bit.ly/2bliSaD)

– Una semana después organizaciones de mujeres en rueda de prensa apoyaron la posición del Colegio de Abogados de Pichincha y pidieron que el poder Legislativo despenalizase el aborto por violación, incesto y en caso de discapacidad fatal para el feto; además que se acepte la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, COIP, realizada por el Defensor Público en julio de 2016. (Ver comunicado organizaciones de mujeres).