Ecuador: ¿Qué pasa con las recomendaciones del examen de DDHH?
Por: Elena Pinos @ElenaPinosC
Publicado 4 de octubre de 2023
La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador, evaluó el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Cuarto Ciclo del EPU de 2022 al Estado ecuatoriano y presentó diez acciones de seguimiento que el Estado ecuatoriano y la Sociedad Civil deben promover para garantizar su cumplimiento.
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Una evaluación poco alentadora
La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador, conformada por instituciones como INREDH, AC DEMOCRACIA, CEDEAL, Fundación Equidad, Observatorio de Criminología Política Criminal y Ejecución Penal del Ecuador, Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social-PLAGCIS, entre otras, evaluó el cumplimiento de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo al Estado Ecuatoriano en el Cuarto Ciclo del EPU de 2022.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo que aplica el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, cada cuatro años, para que los 193 países miembros expliquen, respectivamente, qué medidas han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y compartir las mejores prácticas en materia de derechos humanos en el mundo.
Ecuador ha participado en el Primer Ciclo del EPU de 2008, en el Segundo Ciclo del EPU de 2012, en el Tercer Ciclo del EPU de 2017 y en el Cuarto Ciclo del EPU de 2022. El informe de este último recogió 174 recomendaciones sobre temas relacionados con las vulneraciones de derechos humanos a los pueblos y nacionalidades indígenas, población privada de la libertad, ciudadanía que ejerce su derecho a la manifestación, mujeres, población LGBTIQ+ y otros sectores sociales del país.
También incorporó aportes sobre experiencias de incidencia nacional e internacional de varias organizaciones que defienden derechos humanos y de la naturaleza, y propuestas de seguimiento al compromiso internacional, ofrecido por el Estado ecuatoriano.
Sobre esto, la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador, en una rueda de prensa en Quito, manifestó su especial preocupación por el incumplimiento sistemático de las recomendaciones del EPU de 2022 y por la violación de derechos humanos en el período 2022-2023 por decisiones como la aprobación de la Ley Orgánica que Regula el Uso Excesivo de la Fuerza; el Decreto Presidencial N. 707 de Porte de Armas de Uso Civil; y la grave crisis de gobernabilidad que ha vivido el país desde la declaratoria de Muerte Cruzada en mayo de 2023, que genera la falta de control legislativo a decretos presidenciales.
Felipe Rodríguez, del Observatorio de Criminología Política Criminal y Ejecución Penal del Ecuador, explicó que “la crisis institucional, la violencia a gran escala por el crimen organizado y la negligencia o inactividad del ejecutivo han provocado el aumento de violaciones a los derechos de grupos que necesitan protección especial”.
Renata Mantilla, de la Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social (PLAGCIS), explicó que se han vulnerado los derechos de varias personas “de pueblos y nacionalidades con la minería y la vulneración de la consulta libre, previa e informada; de las mujeres con la falta de presupuesto y políticas; de niñas, niños y adolescentes por la falta de acceso a la educación y protección; y de las personas privadas de libertad (PPL) por la crisis carcelaria que se enfrenta con estados de excepción en contextos de violenci” Todo esto, pese a que el EPU recomienda atender con prioridad a estos grupos y garantizar sus derechos.
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Acciones por los derechos
Con base en su informe de seguimiento, la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador socializó en el mismo evento, las principales acciones que desde el Estado y Sociedad Civil deben ejecutarse a fin de acompañar el cumplimiento de las recomendaciones del EPU.
Desde el Estado, se propusieron varias recomendaciones. Una de ellas tiene que ver con el acceso de la ciudadanía al Sistema Informático de Seguimiento sobre la Aplicación de las Recomendaciones del EPU, con la reactivación de la Plataforma SIDERECHOS creada en 2014 para facilitar información sobre estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos, informes y recomendaciones. Pero que “necesita cambios porque se convirtió en un listado de informes que no dan cuenta de una verdadera ejecución de las recomendaciones, además de sus deficiencias tecnológicas y falta de imparcialidad”, según explicó Rosa Bolaños, abogada del INREDH.
Otra de las acciones es presentar el informe de mitad de período sobre el progreso en la aplicación de las recomendaciones del EPU para verificar las acciones que realiza el Estado, a partir de un análisis acorde al contexto y a las problemáticas actuales.
Además de socializar las recomendaciones del EPU al interior del Estado para que conozcan los compromisos internacionales adquiridos y direccionen responsabilidades que generen proyectos, programas o planes destinados al cumplimiento de las recomendaciones.
Otra de las acciones tiene que ver con Impulsar estrategias directas para la atención y protección a grupos sociales históricamente excluidos, en el caso de Ecuador: niños, niñas y adolescentes; jóvenes; personas mayores; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; personas que habitan en zonas rezagadas; personas de la Comunidad LGBTIQ+; migrantes y desplazados por conflictos; y las poblaciones afectadas por los desastres y el cambio climático.
La transparencia es otro de los temas que el informe exige al Estado en los avances de la aplicación de las políticas públicas aplicadas a escala nacional mediante la rendición de cuentas como mecanismo de participación para evaluar el cumplimiento de los objetivos de cada política pública.
El mecanismo que el informe solicita para que exista una transición adecuada para mantener el seguimiento y aplicación de las recomendaciones de cada ciclo del EPU, más allá de la terminación de los períodos de las autoridades de gobierno y funciones del Estado, es mediante el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB), creado para garantizar una transición eficiente y la continuidad de las políticas públicas.
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Propuestas desde Sociedad Civil
Desde la Sociedad Civil se plantea que se socialice y promocione a escala nacional y se traduzcan las recomendaciones en lenguas de los idiomas oficiales de relación intercultural como el kichwa y shuar. Además, que las organizaciones participen en la construcción de políticas públicas a partir de las recomendaciones del EPU y se generen reuniones con las entidades de las Naciones Unidas para aportar a las soluciones específicas.
Finalmente, otro aspecto que Patricia Gálvez, de CEDEAL, mencionó, fue “la importancia de la creación de un plan de incidencia por parte de las organizaciones defensoras de derechos, con énfasis en el acceso a la información sobre lo que está ejecutando el Gobierno, a fin de que la falta de información no sea una excusa para el incumplimiento”.
