DERECHOS

Xenofobia y discriminación: ¿Cómo se percibe la migración venezolana en Ecuador?

Por: Gabriela Peralta gaperalta07

Publicado 26 de diciembre 2023

En Ecuador persiste la discriminación y xenofobia contra la población migrante venezolana. Las percepciones negativas hacia la migración se agudizan en medio de la crisis de seguridad y violencia que vive el país. La marcha en Pelileo, del 5 de diciembre de 2023, refleja los desafíos y situaciones de vulnerabilidad que enfrenta la población migrante. Organizaciones sociales y de derechos humanos instan al Estado a cumplir sus responsabilidades frente al desempleo y la inseguridad, lejos de culpabilizar a la migración.

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Ecuador se posiciona como el cuarto país con mayor recepción de migrantes venezolanos, según revela el informe «Entre la empatía y el rechazo» de Oxfam, organización internacional que trabaja para reducir las desigualdades sociales y económicas en el mundo. Hasta agosto de 2023 se registró un total de 474,945 personas provenientes de Venezuela en territorio ecuatoriano. Uno de los destinos de la población venezolana en Ecuador es Pelileo, un cantón de Tungurahua, atractivo económicamente por su industria textil.

Allí, el 21 de noviembre de 2023, el Consejo de Gobierno del Pueblo Kichwa Salasaka, a través de un comunicado, instó a cada gobierno comunitario verificar antecedentes penales de todos los arrendatarios de casas o departamentos, su lugar de procedencia y la nacionalidad de quienes llegan a Tungurahua. El Consejo, además, dispuso “expulsar de su territorio a extranjeros de nacionalidad venezolana”, responsabilizando a la población venezolana de la “ola de crímenes que se ha desatado en todo el territorio ecuatoriano”. Esto ocurrió días después del asesinato al policía Wilson Ortiz, durante un allanamiento en Pelileo, en el que presuntamente un migrante estaba involucrado.

Para el 5 de diciembre, la Confederación de Juntas de Defensa del Campesinado del Ecuador convocó a una marcha contra la inseguridad y junto a habitantes del cantón caminaron por las calles de Pelileo anunciando la expulsión de «malos extranjeros» en 72 horas, un plazo que ya se ha ejecutado por algunos arrendadores. Al respecto, la sociedad civil y diversas organizaciones sociales del país, como el colectivo Corredores Migratorios, calificaron la marcha como una acción xenofóbica. El colectivo, además, hizo un llamado al Pueblo Salasaka para que abandone sus acciones en contra de la población venezolana. “No desconocemos la violencia ni su derecho a sentirse a salvo en su tierra. Instamos a identificar a los verdaderos responsables de esa violencia social. No caigamos en la trampa de que el odio al otro, de que expulsar a una persona por su origen nacional y criminalizarla, nos traerá paz. Por el contrario, el odio llama a más odio”, manifestó el colectivo a través de un comunicado.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Cancillería y el Ministerio de Gobierno rechazaron los actos de xenofobia en contra de la población venezolana en situación de movilidad. El Ministerio de la Mujer señaló en un comunicado que activó al Servicio de Protección Integral de Tungurahua (SPI), para que brinde contingencia y soporte psicológico a posibles víctimas.

Producto de estas acciones, algunas familias tuvieron que abandonar el cantón; otras se quedaron. Ahora la situación parece más tranquila. Sin embargo, la población venezolana continúa enfrentando desafíos complejos y situaciones de vulnerabilidad por percepciones negativas sobre el impacto en la seguridad de la provincia y a nivel nacional.

Verónica Yuquilema, abogada y presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), en entrevista con Wambra, manifestó que lo ocurrido en Pelileo sucede también en otras ciudades de Ecuador y que eso se debe a un discurso gubernamental que no viene de ahora, sino de hace tiempo atrás. Por ejemplo, durante el gobierno de Lenin Moreno, asegura Yuquilema, se evidenció discursos gubernamentales xenófobos, específicamente en contra de la población venezolana en situación de movilidad humana, debido a que se le exigió pasaporte para residir en Ecuador, sin considerar que el país promulga en su Constitución el derecho a la ciudadanía universal. Pese a que luego se dio de baja ese requisito por una acción de protección que interpusieron organizaciones de derechos humanos, eso, para Yuquilema, es una muestra de lo que el propio gobierno, el propio sistema político y económico ha cimentado dentro de la población ecuatoriana. A partir de ese hecho, según la abogada, posteriormente todos los discursos tendieron a culpabilizar a la migración de la mala administración del Estado, específicamente en el caso del empleo y de la inseguridad. “Los Estados no han resuelto el problema de seguridad y responsabilizamos a otros. El Estado no se ha hecho cargo” señaló.

El actual y reciente gobierno de Daniel Noboa no ha sido la excepción. Durante una reunión, Franklin Edmundo Encalada Calero, ministro de salud, expresó que los médicos que trabajan en el sistema de salud pública deben ser exclusivamente ecuatorianos, rechazando y promoviendo un discurso de odio en contra de otros profesionales que están sirviendo al país de forma legal. Estos discursos, para Yuquilema, calan en la población y los ciudadanos, al sentirse respaldados por eso, promueven este tipo de manifestaciones. “Yo creo que no hay que minimizar estos mensajes gubernamentales, que también crean imaginarios, cuando hay una cuestión de fondo que no está siendo resuelta”, dijo. Asimismo, la abogada expresó que la marcha masiva, que contó incluso con la presencia de Gabriel Zúñiga, alcalde de Pelileo, es muestra de xenofobia en contra de la población migrante en general y, de forma específica, en contra de la población venezolana.

Yuquilema, también resaltó que la decisión del Consejo de Gobierno, el ejercicio de la autonomía de los pueblos, el ejercicio de la administración de justicia de las comunidades, pueblos y nacionalidades no pueden contrariar la Constitución ni los tratados internacionales y que, al hacerlo, en este caso, es una resolución inconstitucional. “Están promoviendo una suerte de xenofobia en contra de la población venezolana. Definitivamente es un acto inconstitucional tanto lo que ha hecho el pueblo Salasaka como la Confederación de Juntas de Defensa del Campesinado que convocó a la marcha. Es inconcebible una cuestión de esas en este marco de violencia en el que vive el Ecuador. Todo el marco constitucional y de tratados internacionales deben ser respetados, incluso, por las comunidades, los pueblos y nacionalidades. No podemos ir por sobre eso”, indicó.

A nivel legal y constitucional, los artículos 11 y 171 de la Constitución ecuatoriana cuestionan la resolución del Consejo de Gobierno del Pueblo Kichwa Salasaka:

Art. 11, numeral 2: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

Por otro lado, Yuquilema, como Kichwa Puruhá, como representante de una institución de derechos humanos y defensora de la administración de justicia y del ejercicio de la autonomía, dijo que, si bien los caminos para resolver el problema de inseguridad en Tungurahua no fueron los correctos y es inconstitucional, también es importante recalcar que frente a la ausencia del Estado en los territorios se están dando estos movimientos. La abogada resaltó la importancia de la autoorganización y de la unidad, pero asimismo dijo que esta autoorganización tiene que darse de acuerdo con marcos constitucionales y el marco de respeto a los derechos humanos. No puede violentar otros derechos.

Yuquilema mira la autoorganización como una de las vías que ha salvado a la población ecuatoriana en diversos momentos, uno de ellos la pandemia: “la pandemia en las comunidades, pueblos y nacionalidades no fue resuelta por el Estado. Las personas sobrevivieron gracias a la autoorganización, al ejercicio de la autonomía y de la autodeterminación que, en ese caso, se aplaude, pero en otros, como el de Pelileo, no, porque están promoviendo xenofobia, odio entre hermanos, y no se puede pasar por alto”, asintió.

Según Yuquilema, lo ocurrido en la marcha del 5 de diciembre, “no tiene que ver con pueblos y nacionalidades, no tiene que ver con derechos colectivos y, por tanto, no tiene que ver con el ejercicio de la justicia indígena. Son hechos totalmente aislados”. Yuquilema hace esa distinción porque, asegura, que hay una tergiversación de los hechos que, al final, siguen estigmatizando y condenando el ejercicio de la justicia indígena, cuando en realidad no tienen nada que ver, especialmente la marcha, ya que fue convocada por personas no indígenas, no pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Para Yuquilema, la convocatoria a la marcha por parte de la Confederación de Juntas de Defensa del Campesinado es un acto ciudadano, de personas que creen que esa es la forma de resolver la inseguridad que está viviendo el país. Por ello, Yuquilema apunta a que es necesario que el Estado y los gobiernos descentralizados den una respuesta a la raíz de este problema que responde a su ausencia, a la falta de recursos y a la falta de políticas y lineamientos claros respecto a qué hacer en los territorios frente a la inseguridad.

El factor de inseguridad, como estereotipo, está asociado con la migración, tanto en Ecuador, como en Colombia y Perú, así se detalla en el informe «Entre la empatía y el rechazo» de Oxfam. Personas nacionales de los tres países, que fueron consultadas para el estudio, consideraron que la migración “hace subir la delincuencia y la inseguridad”. Además, identificaron la delincuencia como una “característica”, del hombre migrante. Sin embargo, datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y la Plataforma R4V dan cuenta de otra realidad en Ecuador, puesto que menos del 1% de la población venezolana está detenida por cometer algún delito. Para octubre de 2023, había 1.389 personas venezolanas detenidas de las 474.945 que habitan en Ecuador.

Según Oxfam, el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales, los estereotipos y prejuicios y las experiencias personales inciden en la percepción pública sobre la migración venezolana.

Por lo cual recomienda, entre otras cuestiones, lo siguiente:

• Que los medios de comunicación documenten el impacto específico en las mujeres migrantes venezolanas y sensibilicen a la sociedad y las autoridades acerca de los desafíos que viven.
• Que los medios de comunicación y autoridades competentes documenten y diseñen campañas de sensibilización sobre la migración basadas en evidencia, en las que se valore el aporte de las personas migrantes en distintas facetas de la sociedad y la economía, incluyendo el trabajo de cuidado
• Que los gobiernos de países de acogida, con apoyo de la cooperación internacional, garanticen servicios de fácil acceso para la regularización del estatus migratorio, que permitan la obtención de documentación personal, permisos para trabajar, convalidación de credenciales técnicas o profesionales, y acceso a sistemas de salud, educación, cuidados y alojamiento.
• Aunar esfuerzos entre medios de comunicación y las autoridades para diseñar e implementar campañas que cambien las percepciones asociadas con la sexualización de la mujer venezolana.
• Promover el diálogo entre gobiernos, empresas y sociedad civil de los países de acogida para facilitar la inserción laboral sin discriminación y garantizando los derechos laborales de las personas migrantes.

Además, Oxfam, en su informe, exhorta a medios de comunicación, a los Estados y a la sociedad civil a ofrecer un trato digno, respetuoso y que fomente la integración de las personas migrantes de Venezuela en los países de acogida. También señala que, pese a las percepciones negativas sobre el impacto en la seguridad a nivel nacional, existen aspectos alentadores:

“Cuatro de cada diez entrevistados de Ecuador expresó que la población venezolana debe recibir el mismo trato y oportunidades que la nacional. Además, las personas consultadas muestran preocupación por el crecimiento del racismo y la xenofobia”, lo cual, según Oxfam, “se traduce en indicios de sensibilización ante actitudes discriminatorias y disposición a contrarrestarlas”.