Defensores de San Lorenzo denuncian criminalización por defensa de territorios ancestrales
Por: Génesis Anangonó Ch. @genestefa
Publicado 27 de julio 2021
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Siete defensores de derechos de la Comuna de Barranquilla de San Javier, en San Lorenzo provincia de Esmeraldas, denunciaron ser objetos de criminalización por parte de la empresa palmicultora Energy & Palma S.A. del grupo empresarial La Fabril. Los siete defensores fueron demandados por la palmicultora tras exigir a la empresa que suspenda el cultivo de palma y la extracción de aceite en su comunidad. Este grupo está conformado por siete hombres afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura y al momento, ejercen como autoridades comunales.
Barranquilla de San Javier mantiene un proceso de defensa de su territorio, pues aseguran que la palmicultora ha provocado la contaminación de la tierra, los ríos y el aire. La comuna exige la salida de la empresa de sus territorios ancestrales y la reparación inmediata de los daños medioambientales en el bosque primario del Chocó.
En 2019, habitantes de la comuna iniciaron protestas pacíficas para exigir la restitución de los territorios comunales que fueron adquiridos de manera fraudulenta por la empresa Palmeras del Pacífico (hoy Energy & Palma) entre el 2006 y el 2010. Según la comunidad, sus territorios fueron reconocidos como ancestrales en el 2000; por lo cual, no se pueden vender ni total ni parcialmente, tal como se establece en la Constitución desde 1998. Como parte de la protesta, las y los comuneros impidieron el paso de maquinaria y personal de la empresa, sin embargo, Energy & Palma S.A. obtuvo medidas cautelares en el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo y con apoyo de la fuerza pública desalojó a las y los comuneros que protestaban e interpuso una demanda por daños y perjuicios en contra de las autoridades comunales que defienden el territorio, exigiendo una compensación de 320.000 dólares por una “supuesta violación de propiedad privada y daños generados”.
Además, en septiembre de 2019 inició acciones legales en contra de las siete autoridades comunales y ahora, casi dos años después, el proceso vuelve a reactivarse. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que denuncia la utilización del “sistema de justicia para amedrentar, intimidar y hostigar a las y los defensores de derechos” que, en el caso de la Comuna Barranquilla, estaría direccionado a que las y los comuneros renuncien a la reivindicación de su territorio y a la defensa de sus bosques y ríos. De igual forma, comuneros que trabajan para la compañía han sido amenazados con despidos, mientras que las autoridades comunales, que continúan en la defensa del territorio ancestral han sido intimidados y temen por su integridad física.
El cantón San Lorenzo está habitado por un gran porcentaje de población negra y afrodescendiente, la misma que constituye uno de los grupos poblacionales más abandonados y empobrecidos del país: el 42% de la población negra y afroecuatoriana vive en condiciones de pobreza. Ecuador ya recibió observaciones del Grupo de Trabajo sobre Población Afrodescendiente y Anti Racismo de las Naciones Unidas (GT), cuando visitó este cantón en diciembre de 2019. Las y los expertos de la ONU expresó su preocupación por la situación de la población negra y afrodescendiente del cantón, a quienes aseguró: “se les niega constantemente su derecho a un medio ambiente limpio, así como el acceso a la justicia, a la educación, y al trabajo decente. Las personas están enfrentando dificultades para acceder a la justicia, seguridad, tierra” y destacó que el 80% de los ríos de Esmeraldas están contaminados por la minería ilegal y la palma, lo que configura un caso de racismo ambiental en contra de este grupo poblacional.
Así mismo, el Grupo de Trabajo de la ONU dijo estar “profundamente preocupado por la criminalización de las personas afrodescendientes como una estrategia para reprimir o incluso eliminar la oposición a los proyectos extractivistas” que poseen miles de hectáreas de tierras ancestrales. Las personas negras y afrodescendientes no han podido acceder de manera efectiva a garantías constitucionales efectivas que permitan el acceso al derecho a la tierra y la vida digna “por la inacción del Estado” y sus instituciones.
La Alianza exigió al Estado ecuatoriano y a su sistema de justicia garantizar los derechos colectivos, el derecho a la protesta y a la resistencia para que las y los defensores de la Comuna de Barranquilla de San Javier puedan acceder a entornos seguros y libres de violencia. También exigió a la empresa palmicultora Energy & Palma S.A. iniciar con las medidas necesarias para la remediación y restauración de los derechos de la naturaleza, la restitución del territorio ancestral a la comuna y el desistimiento de la acción civil que judicializa las acciones de defensa de las y los comuneros.
