CPCCS: Crisis institucional y disputa de poderes
Por: Gabriela Peralta @gaperalta07
Publicado 16 de febrero de 2022
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vive una crisis institucional y una disputa de poderes. El Consejo es una institución que tiene la potestad de luchar contra la corrupción, impulsar la participación ciudadana y designar las máximas autoridades de control del Estado. Esta última es la manzana de la discordia, pues, al parecer, grupos de poder no quieren que el Consejo sea el encargado de la elección de autoridades. Cuatro consejeros, aliados al gobierno de Guillermo Lasso, han intentado remover a Sofía Almeida, presidenta del Consejo, y se autoproclaman como nuevas autoridades del mismo.
La noche del martes 15 de febrero, miembros del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, un comando especializado de la Policía Nacional, en compañía de funcionarios de la Fiscalía, allanaron a través de un acto urgente, la sede principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para incautar equipos y recolectar evidencias por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos, denunciado el 6 de enero, por el Consejero Hernán Ulloa.
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social llamó a comparecer a la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, al Comandante de la Policía, Carlos Cabrera y a los consejeros del CPCCS: María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Graciela Estupiñán y Francisco Bravo, para explicar la presencia policial en la reunión del CPCCS, del pasado 10 de febrero, donde se nombraron nuevas autoridades del organismo.
La Ministra Vela manifestó durante su comparecencia, que la presencia policial respondió a un pedido del Consejero Ulloa, y aseguró que el accionar de la Policía “en esta intervención, ni en ninguna otra que se ha realizado bajo mi mandato se ha incumplido el marco constitucional, se lo ha violado, ni se ha cometido ningún acto de arbitrariedad”.
Señaló también que la Policía está presta “para defender la institucionalidad” y para “garantizar la mayoría que se ha establecido en el Consejo de Participación Ciudadana”.
***
Sofía Almeida Fuentes, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); David Rosero, vicepresidente, y Juan Javier Dávalos, consejero, denunciaron en un mensaje a la ciudadanía, emitido el 10 de febrero de 2022, que cuatro consejeros del organismo, “de forma ilegal y arbitraria”, pretendieron tomarse la presidencia y vicepresidencia del CPCCS, la noche del 9 de febrero.
La presidenta del CPCCS denunció, además, que la Policía, desde el 9 de febrero acordonó e intentó ingresar, en reiteradas ocasiones, a las instalaciones del Consejo. “Los consejeros golpistas: Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán buscan allanar con la fuerza pública la casa de la participación ciudadana”, expresó. A decir de Almeida, se están tomando todas las funciones del Estado y por eso quieren cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. “Esto va a ir a instancias internacionales”, indicó.
David Rosero, vicepresidente de la institución, en entrevista con Wambra.Ec, señaló que, tras la toma arbitraria de los consejeros, se está desconociendo la institucionalidad, el Estado de derecho y la seguridad jurídica. “Buscaron burdamente apoderarse del Consejo de Participación para reformar los reglamentos de designación de autoridades a última hora e imponer a dedo a los acólitos del gobierno”, expresó.
Por su parte, Juan Javier Dávalos, consejero del CPCCS, manifestó que “el gobierno ha violentado la independencia de funciones, el debido proceso y la democracia de manera autoritaria y dictatorial”. Por ello, los representantes legales del Consejo solicitaron a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, “detener sus actos de intromisión y de amedrentamiento en contra del Consejo de Participación”, ya que el Ministerio de Trabajo valida la acción de los cuatro consejeros que cooptaron el Consejo.
A decir de Almeida, el Ministerio de Trabajo ha validado “documentos ilegales”, a pesar de que ella presentó al mismo ministerio y a todas las entidades del Estado una copia de la medida cautelar, emitida por la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karly Vargas, el 10 de febrero de 2022. La sentencia a favor de Almeida desconoce a las nuevas autoridades designadas el 9 de febrero: Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira como presidente y vicepresidenta del CPCCS.
Además, la sentencia impide remover de la dignidad de presidenta a Almeida, señala que cualquier acto que intente removerla es ilegal. Asimismo, Hernán Ulloa presentó otra acción de protección en la misma unidad judicial y la jueza, Larissa Ibarra, revocó dicha medida.
A decir de David Rosero, los cuatro consejeros se han alineado a la política del gobierno y, en las últimas horas, se ha vivido una “burda e ilegal toma del Consejo de Participación Ciudadana por parte de la Policía con el auspicio del gobierno”. En horas de la noche del 9 y madrugada del 10 de febrero, los representantes legales volvieron a tomar el control de la institución. Sin embargo, la noche del 15 de febrero, Almeida denunció que policías y funcionarios que apoyan a Hernán Ulloa ingresaron al área de informática de la institución.
La policía allanó el edificio y el departamento de tecnología y comunicaciones del Consejo. Según Ulloa, el allanamiento a las instalaciones del CPCCS, “responde a la denuncia presentada el 6 de enero de 2022, ante la Fiscalía General del Estado, por la reiterada suspensión de las sesiones del Pleno del Organismo”, por parte de Almeida.
Cuatro consejeros en la mira de la Asamblea
El nombramiento de nuevas autoridades del CPCCS se dio luego de que una comisión de asambleístas presentó una solicitud de juicio político, con 70 firmas, para destituir a los cuatro consejeros Ulloa, Estupiñan, Rivadeneira y Bravo, por obstaculizar el concurso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General, una vez que ya había iniciado. Según David Rosero, vicepresidente de la institución, el concurso del Contralor, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNI) y del defensor público tiene un avance del 40%.
Rosero indicó que para presentar un juicio político se necesitan 35 firmas, pero que, en este caso, la solicitud de juicio político, en contra de los cuatro consejeros, “por la gravedad de los hechos que se denuncian, por los posibles actos de corrupción, se tienen cerca de 80 firmas de diferentes bancadas e ideologías. Yo creo que el gobierno, en la desesperación de ver esta situación, optó por una medida de fuerza, una medida desesperada y totalmente atropellada que ha sido rechazada por varias organizaciones”. Según el vicepresidente, “básicamente se ha querido dar un golpe a la institucionalidad”.
A decir de Mireya Pazmiño, asambleísta por Pachakutik, se recaudaron firmas de respaldo de todas las bancadas, excepto del partido de gobierno CREO. Pachakutik, la bancada Unes, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática firmaron la solicitud y, ahora, deberá ser el Consejo de Administración Legislativa, CAL, quien decida si procede o no el juicio a los consejeros.
¿Qué dicen los partidos políticos y organizaciones sociales?
Los representantes legales del CPCCS hicieron un llamado a la Asamblea Nacional, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos para que “fiscalicen, observen y vigilen estos actos que consideran atentatorios a la Constitución por parte del Gobierno Nacional”. Además, responsabilizaron al gobierno de la integridad personal de la presidenta Sofía Almeida, de sus consejeros, de los funcionarios y de ciudadanos que defienden la Casa de la Participación, como llaman a la sede del organismo.
Por otro lado, organizaciones sociales del Frente Popular, FUT, mostraron apoyo a la estabilidad institucional y a las autoridades legítimas del CPCCS. Maestros, obreros, jóvenes, estudiantes, comerciantes minoristas y barrios se reunieron el 9 de febrero en las instalaciones del Consejo, para respaldar a la presidencia. Los representantes de las organizaciones, en rueda de prensa, emitida el mismo día, advirtieron que se mantendrán vigilantes para que esta institución no sea “asaltada por el poder del ejecutivo”.
Los comerciantes autónomos de la Provincia de Pichincha, la Juventud Revolucionaria, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y Mujeres por el cambio también respaldaron a los representantes legales del CPCCS. “Nosotras rechazamos categóricamente la actitud del gobierno central a intentar ingerir sobre una cartera independiente. Estamos las mujeres presentes apoyando la democracia y rechazando la actitud del consejero Ulloa que ha intentado usurpar el Consejo de Participación”, manifestó Mayte González, presidenta de la organización de mujeres.
De igual forma, la Bancada de la Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Social Cristiano exigieron a la presidenta Guadalupe Llori que convoque, de manera inmediata, a la ministra de Gobierno, a la Cúpula Policial y a los Consejeros del CPCCS para que “rindan cuentas ante el pleno de la Asamblea Nacional, por el golpe institucional y a la democracia”, perpetrado el 9 de febrero.
Esta comparecencia se dio el miércoles 16 de febrero en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, donde las y los asambleístas increparon la presencia policial en el organismo y la orden dada por parte del Ministerio de Gobierno para apoyar dicha reunión de los cuatro consejeros.
¿Qué hace el CPCCS?
Según David Rosero, el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social es una institución con tres atribuciones fundamentales: la designación de autoridades del Estado; promoción de la participación, entendida como el derecho que tienen los ecuatorianos a ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público, lo que implica el fortalecimiento de las organizaciones sociales, el fortalecimiento del tejido social para que la gente se organice y luche por sus derechos.
Entre sus funciones también consta luchar contra la corrupción. “Nosotros hemos presentado 14 denuncias de posibles actos irregulares durante los gobiernos anteriores. Estamos investigando también al actual en algunos temas”, manifestó Rosero, vicepresidente del organismo. También señaló que la designación de autoridades de los organismos de control y transparencia del Estado es quizá el punto más polémico de su labor. Anteriormente, la designación de autoridades de organismos como la Contraloría o la Corte de Justicia se hacía mediante el envío de una terna por parte del presidente de la República a la Asamblea para que esta designe al funcionario correspondiente.
El CPCCS, en estos años, ha avanzado en varios procesos como la elección del Contralor, la renovación parcial del nuevo Consejo Nacional Electoral, la designación del nuevo Defensor Público, entre otras autoridades. “Ha llamado la atención cómo el gobierno nacional, a través de la cooptación de cuatro miembros del Consejo de Participación, ha intentado realizar una intromisión en una función distinta del Estado, irrespetando la independencia de poderes. Se pretende cambiar los reglamentos ya cuando los procesos han sido iniciados” señaló el vicepresidente del CPCCS.
Para Rosero, la esencia de la participación es la toma de decisiones conjuntas entre autoridades y organizaciones o ciudadanos. “La institución representa a la ciudadanía; es un facilitador, amplificador de las exigencias y necesidades de las organizaciones sociales. “Nosotros hemos recibido en el pleno del Consejo a maestros, estudiantes, sindicatos, colectivos de mujeres, sectores de la sociedad civil organizados para amplificar sus demandas ante el Estado ecuatoriano, ante las diferentes instituciones que tienen que cumplir con una serie de derechos”, dijo.
Finalizó ratificando que las actuales autoridades han actuado en el marco de la ley y que, al ser electos de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación, “cualquier cosa extra es totalmente ilegal”.
