Comunidad de Buenos Aires, en Imbabura, denuncia salida de material minero sin permiso de operación

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

La organización Acción Ecológica alertó sobre la salida de más de 2000 sacos de material aurífero, el 4 de agosto de 2022, extraído por mineros ilegales en la comunidad el Triunfo de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Asimismo, denunciaron que la comunidad se quedó sin internet durante todo el día hasta que el material fue sacado en custodia de las Fuerzas Armadas y de trabajadores de la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A

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Las comuneras y comuneros de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, se encuentran en resistencia desde el mes de abril de 2021, en que cerraron las vías para impedir el ingreso de maquinaria y de los trabajadores de la minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A. La comunidad también tomó acciones legales frente a esta incursión, que fue considerada un atropello. En junio del mismo año, el Juez de la Unidad Multicompetente del cantón Urcuquí, Manuel Sucuzhañay, emitió medidas cautelares a favor de la comunidad y le dio un plazo de 10 días   a la empresa para levantar los campamentos.

Sin embargo, eso no fue suficiente. En julio de 2021, la minera intentó ingresar nuevamente a la  parroquia, en compañía de la Policía Nacional, basándose en una acción de protección que le otorgó el juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, Byron Andrés Vallejo Naranjo, porque supuestamente el pueblo de Buenos Aires vulneró el derecho de la empresa “a la libertad de tránsito, a la libertad de ejercer actividades económicas, seguridad jurídica y el derecho al trabajo”. Desde entonces la comunidad se ha mantenido en resistencia.

 Ahora, las y los comuneros denunciaron que el 4 de agosto de 2022, mineros ilegales sacaron más de 2000 sacos de material aurífero; es decir, material que contiene o lleva oro en bruto. En esta operación, indicaron que además habrían participado trabajadores de la minera, quienes habrían sido custodiados por la fuerza pública. Lucía Chicaiza, moradora de la parroquia la Merced de Buenos Aires, dijo el material aurífero fue recogido desde hace 6 meses, con la ayuda de militares, policías e inteligencia, diciendo que contaban con todos los permisos de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables, Arcernnr. Algunos moradores de la comunidad fueron hasta ambos organismos, el Arcom y el Arcernnr, para conocer si los mineros realmente contaban con los permisos necesarios. Pero al llegar a las instituciones supieron que quienes estaban sacando el material no contaban con los permisos adecuados; es decir, lo estaban haciendo de manera ilegal. Lucía, además, cuenta que el material extraído fue guardado en uno de los retenes policiales de la comunidad.

José Cueva, parte del Observatorio Ambiental Social y Minero del norte del Ecuador de la provincia de Imbabura, dijo que cuando ese tipo de material es sacado de las minas ilegales es llevado a Zaruma y Ponce Enríquez para ser procesado y extraer el oro, luego lo venden en el mercado oficial, “muchas veces al Banco Central o a las mismas mineras formales”.

Según la versión de Lucía, el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, inauguró “unas calles que no están completas y con pretexto de eso ingresaron 4 volquetas y una retroexcavadora para cargar el material”, de la comunidad de Buenos Aires.

Además, agregó que los vehículos pasaron los controles policiales sin ningún problema y cuando la comunidad manifestó su descontento, les dijeron que vayan hasta el Comando Policial a pedir información, pero la misma les es negada. Asimismo, Lucia menciona que desde la llegada del prefecto no hubo conexión a internet “para que no podamos comunicarnos y 15 minutos después de la salida de las volquetas regresó la conexión de internet. Tienen vulnerados nuestros derechos hasta decir basta”.

Debido a la vulneración de derechos, la comunidad entregó a su equipo legal y técnico de defensa del territorio, los videos que registraron sobre la salida de las volquetas, y las intimidaciones que sufrieron por parte de la fuerza pública cuando pidieron respuestas a lo sucedido.

Lucía recalca que la empresa minera está en etapa de exploración inicial y no avanzada, menos aún, de explotación. Por ende, la comunidad está en proceso de investigación del proyecto minero. También buscan conocer al nuevo gobernador de Buenos Aires, quien fue nombrado al mismo tiempo que la comunidad estuvo sin conexión a internet. “Todo coincidió. La población está molesta porque no respetan sus derechos”, agregó Lucía y aseguró que continuarán en la lucha.