¿Cómo están los derechos LGBTI en las propuestas

de gobierno de Arauz y Lasso?

Por: Víctor Hugo Carreño @victorhcarreno

Ilustración portada Víctor García @guayaqueer

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Publicado 30 de marzo 2021

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Andrés Arauz y Guillermo Lasso, candidatos que pasan la segunda vuelta electoral, han abordado los derechos LGBTI sin precisiones ni planes concretos, pese a que el Estado tiene obligaciones pendientes para la población de la diversidad sexo genérica.

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Los candidatos presidenciales Andrés Arauz (UNES) y Guillermo Lasso (CREO-PSC) enfrentarán el 11 de abril la segunda vuelta electoral con escasas propuestas para la población LGBTI, sin planes concretos, y con el peso de acciones antiderechos de sus organizaciones políticas.

Arauz tiene cercanía con la Federación Nacional LGBT, que respalda su candidatura; mientras que Lasso ha incluido planteamientos de último momento tras la primera vuelta electoral. Sin embargo,  en los planes de gobierno de los dos candidatos presentados al Consejo Nacional Electoral (CNE) no constan acciones específicas para la población de la diversidad sexo genérica, pese a que el Estado tiene obligaciones pendientes en el marco nacional e internacional.

Christian Paula, presidente de Fundación Pakta, organización que ha defendido casos de derechos humanos de la población LGBTI, explica que los planes de gobierno deben incluir propuestas para la población LGBTI porque históricamente ha sufrido discriminación y, en consecuencia, incide en el acceso a sus derechos. “Si no están (las propuestas), ¿cuál va a ser la lógica en la implementación de estas necesidades en la política pública?”, comenta.

El Código de la Democracia establece que los planes de trabajo de candidatas y candidatos deben incluir objetivos generales y específicos, y las propuestas que ejecutarán. El plan de gobierno es la hoja de ruta que delimitará las acciones de quien llegue a la Presidencia. En ese sentido, Emilio Villafuerte, director de Valientes de Corazón, organización que aglutina a hombres trangénero, señala que los planes deben contener “propuestas en firme y con presupuesto”.

En el plan de gobierno de Arauz consta, entre las propuestas para mujeres y grupos excluidos, la implementación de un Plan de Lucha contra las Violencias y Discriminación, y la creación de observatorios contra las violencias de todo tipo, pero no menciona explícitamente a la población LGBTI. Sin embargo, el informe del Observatorio Electoral de ILGA LAC, que analizó los planes de gobiernos de los 16 candidatos presidenciales, recalca que Arauz, en una entrevista antes de la primera vuelta, convocó a varios sectores de la sociedad civil, entre ellos la población LGBTI, para construir un plan participativo.

En el plan de Lasso presentado al CNE, asimismo, no hay referencia directa a la diversidad sexo genérica y ni siquiera menciona la palabra discriminación. Solamente hace mención a los derechos humanos dentro de las políticas de comercio exterior y turismo. Tras la primera vuelta, Lasso, en un giro de estrategia, ha incluido propuestas para las personas LGBTI, como políticas para erradicar la discriminación en los campos educativo y laboral.

Sarah Flores, vicepresidenta del círculo transgénero Crisalys, considera que no hay interés de ambos candidatos en derechos LGBTI y las últimas acciones son meramente de carácter electoral. “Si bien la Constitución reconoce derechos, en la práctica falta mucho trabajo y falta voluntad política”, agrega.

La Constitución establece que las personas no podrán ser discriminadas por orientación sexual e identidad de género. Desde la vigencia de la actual Constitución, ha habido avances como: la aprobación de Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que permite a las personas trans reemplazar el campo de sexo por género de acuerdo a su identidad autopercibida; la penalización de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género en el Código Orgánico Integral Penal; y el reconocimiento del Matrimonio Igualitario por dos sentencias de la Corte Constitucional en junio de 2019.

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Derechos pendientes fuera del discurso

El Estado ecuatoriano tiene obligaciones pendientes relacionadas a derechos de las personas LGBTI que no están en el discurso de los candidatos.

La Corte Constitucional, máximo organismo de control e interpretación de la Constitución, ha emitido cuatro sentencias relacionadas a derechos de la población de la diversidad sexo genérica en las que dispuso a la Asamblea Nacional reformas legales, sin embargo estas no han sido realizadas.

Entre esas sentencias se encuentra, por ejemplo, la sentencia del caso Bruno Paolo Calderón, que favoreció a un hombre transexual cambiar el campo de sexo de femenino a masculino en su cédula de identidad. El organismo emitió esta sentencia en mayo de 2017, un año después de la aprobación de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que permite reemplazar el campo de sexo por género. Esta ley, desde el activismo tuvo críticas porque creó un documento de identidad distinto para las personas trans, algo que consideran que es estigmatizante. En esta sentencia, la Corte Constitucional consideró que la ley vulnera el derecho a la identidad autopercibida de personas trans e intersex y dispuso que la Asamblea realice reformas para regular el procedimiento de cambio de sexo en la cédula.

Otra sentencia fue la del caso Satya, que permitió que dos mujeres inscribieran a su hija con sus respectivos apellidos. El organismo dispuso al Legislativo regular los procedimientos médicos de reproducción asistida para las familias en sus diversos tipos; además, que el Registro Civil inscriba a hijas e hijos de parejas del mismo sexo sin necesidad que exista una ley que reconozca la doble filiación paterna o materna.

El Estado ecuatoriano tiene otras obligaciones que cumplir tras la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tales como eliminar requisitos irrazonables que deben cumplir personas trans cuando desean cambiar el género en su cédula y reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que tienen parejas heterosexuales.

Christian Paula, de Fundación Pakta, considera que estas obligaciones dispuestas por la Corte Constitucional y la Corte IDH deberían ser insumos para la elaboración de propuestas en los planes de gobierno, ya que el presidente de la república tiene la potestad de elaborar proyectos de ley. Sin embargo, los candidatos públicamente no han realizado propuestas relacionadas al impulso de leyes desde el ejecutivo que garanticen avance de derechos para la población LGBTI.

Flores, de Crisalys, y Villafuerte, de Valientes de Corazón, coinciden que a partir de la Constitución y las obligaciones pendientes aún hay deudas en el reconocimiento de derechos para la población trans, como el acceso a educación, empleo y salud integral. La sentencia de la Corte Constitucional del caso Bruno Paolo Calderón reconoció que la identidad de género es un derecho fundamental y, en consecuencia, el Estado debe generar políticas para garantizarlo.

Para que los candidatos conozcan las necesidades y problemas de la población de la diversidad sexo genérica, la campaña Voto Informado LGBTI, que tuvo el respaldo de Naciones Unidas, convocó a los 16 binomios presidenciales y postulantes a asambleístas a reuniones durante enero. De los binomios, solamente acudieron un candidato a la Presidencia y tres a la Vicepresidencia. Entre los ausentes estuvieron Arauz y Lasso; tampoco enviaron delegados y no se excusaron. Los candidatos a asambleístas de ambas organizaciones tampoco asistieron. “Eso nos da una primera lectura del poco interés que tienen sobre los temas de la población LGBTI”, comenta Efraín Soria, coordinador de la Campaña y coordinador general de Fundación Equidad.

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El pasado antiderechos

Además de las escasas propuestas para la población LGBTI, los dos candidatos tienen sobre sus hombros el pasado antiderechos de sus organizaciones.

Aunque Arauz no ha expresado declaraciones LGBTIfóbicas o discriminatorias, tiene una estrecha cercanía con el ex presidente Rafael Correa, quien en una sabatina usó el término “ideología de género” para arremeter contra el movimiento feminista y LGBTI, y se opuso al Matrimonio Igualitario,

Arauz ha indicado que, si llega a la Presidencia, Correa será su principal asesor. Por esta cercanía, la activista transfeminista Devy Grijalva, preguntó en el segmento Indignadas, del programa Ingobernables: “¿En qué momento usted se va a desligar del discurso misógino y LGBTIfóbico que tiene Rafael Correa y que ha perdurado durante este proceso electoral?”. La respuesta de Arauz fue: “Yo ya estoy desligado de cualquier discurso misógino o LGBTIfóbico”, pero no mencionó a Correa, ni rechazó sus posturas antiderechos. En cambio, sí destacó que en el gobierno anterior hubo políticas para combatir las denominadas clínicas de deshomosexualización.

Arauz tiene el respaldo de la Federación Nacional LGBT, liderada por la activista Diane Rodríguez, que en diciembre de 2020, emitió un comunicado para anunciar su apoyo. El documento, menciona que el candidato presidencial ofreció, en un encuentro con mujeres, garantías para la disminución del transfemicidio. Sin embargo, Arauz, aún no firma el Acuerdo por la Igualdad, que promueve Silueta X, liderada también por Rodríguez, con acuerdos mínimos de políticas públicas para la garantía de derechos de las personas LGBTI. En su momento, lo suscribió Lenín Moreno cuando fue candidato de Alianza PAIS.

Sarah Flores, de Crisalys, señala que Arauz tiene una sola imagen de la población LGBTI y no considera la posición de otras organizaciones. De manera pública, los ofrecimientos de Arauz sobre temas LGBTI han sido escasos y sin precisiones. En el segmento Indignadas indicó que en su gobierno se creará una Secretaría de las Mujeres e Igualdad, que abordará temas de género y de la diversidad sexo genérica. Y la semana pasada, en una respuesta a una publicación en Instagram de Guayaqueer, comentó que generará políticas públicas con enfoque de género y diversidad sexual.

El candidato Guillermo Lasso tiene su propia trayectoria antiderechos. En su historial de declaraciones constan, por ejemplo, que para él la familia solamente la integran hombre y mujer con el fin de procrear. Entre sus acciones, solicitó en 2020 al presidente Lenín Moreno el veto al Código de Salud (COS), en una carta donde señaló que los artículos que garantizaban derechos a la población LGBTI respondían a una “ideología altamente cuestionada y cuestionable”.

Lasso cuestionó los artículos del COS que  prohibían los procedimientos de asignación de sexo a personas intersex, que poseen desde su nacimiento una anatomía sexual que no se ajusta a los estándares de cuerpos femeninos o masculinos, y la prohibición de terapias para modificar la orientación sexual o identidad de género. Además, el candidato está relacionado con el Sodalicio de Vida Cristiana, sociedad católica fundada en Perú. Esta sociedad religiosa católica fue acusada de ocultar el abuso sexual de niños en colegios católicos de Perú, además de tener vínculos con grandes empresas y hasta poseer una fundación offshore, como lo cuenta la investigación “Mitad Monges, Mitad Soldados” de los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas. El Sodalicio llegó a Ecuador en 2002 con el apoyo económico de Lasso a través de Human Consulting Group, según la investigación periodística.

El candidato a vicepresidente de CREO, Alfredo Borrero, también tiene un antecedente. Días antes de la primera vuelta, circuló una entrevista donde el candidato indicaba que la homosexualidad es un “problema genético”.  Borrero se disculpó tres semanas después, la misma semana en que la campaña del partido tomó un giro para acercarse al electorado interesado en derechos humanos. Con este giro, Lasso incluyó propuestas para la población LGBTI, como políticas para erradicar la discriminación en el campo laboral y educativo y en instituciones públicas. Además, programas de sensibilización y respeto a la diversidad en colegios. Estas propuestas fueron incluidas recientemente en el plan de trabajo disponible en la página web de Guillermo Lasso, pero no constan en el plan presentado al Consejo Nacional Electoral.

Para Paula, los últimos planteamientos no son propuestas. “Es delito discriminar y es delito que el Estado limite el ejercicio de derechos por orientación sexual o identidad de género. Entonces, que digan que van a promover que el Estado no discrimine o no limite derechos, es cumplir con lo mínimo que está en la ley”. Además, recuerda que el Estado ya ha tomado iniciativas para eliminar la discriminación en algunas áreas: El Ministerio de Trabajo aprobó una normativa para el ámbito laboral; el Ministerio de Salud, un manual de atención para personas LGBTI; y el Consejo de Educación Superior un reglamento para garantizar la igualdad en las universidades. Es decir, para Paula  lo que propone Lasso ya existe. Sin embargo, explica, no hay un mecanismo de seguimiento en caso de incumplimiento y por ello el Estado necesita una política pública LGBTI integral.

Con este panorama, se acerca la segunda vuelta electoral y los dos candidatos miran de lejos los  derechos LGBTI.