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Comuna Barranquilla de San Javier espera justicia y reparación por Energy & Palm
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 07 de junio del 2022
El 08 de junio de 2022, a las 10:30 de la mañana, se instalará la audiencia de apelación solicitada por cuatro campesinos afrodescendientes, de la Comuna de Barranquilla de San Javier, en San Lorenzo, en la Corte Provincial de Esmeraldas. Los campesinos fueron demandados a pagar 151 mil dólares a la palmicultora Energy & Palma S.A. del grupo empresarial La Fabril.
La coalición mundial Tolerancia Cero, a través de una carta abierta, manifestó su preocupación por la criminalización y la demanda a la que se enfrentan 4 afrodescendientes, defensores de derechos, en diciembre de 2021.
El proceso legal en contra de los campesinos se mantiene pese a que en marzo pasado fueron favorecidos en el proceso de amnistías otorgado por la Asamblea Nacional.
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José Pachito, Antonio Mina, Luis Quintero, Julio Javier Quintero, Andrés Arce, Néstor Caicedo y Samir Mina son 7 hombres afrodescendientes de la Comuna de Barranquilla de San Javier, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, quienes denunciaron ser perseguidos y criminalizados por la empresa palmicultora Energy & Palma S.A., propiedad del grupo empresarial La Fabril. Los campesinos han mantenido un proceso de defensa de su territorio a causa de la contaminación de sus territorios, el agua y el aire.
En 2019, las y los defensores de la Comuna iniciaron una manifestación pacífica en resistencia a la ocupación ilegal de 251 hectáreas de su territorio ancestral legalmente titulado. Esa protesta “por la ocupación de sus tierras, la contaminación de sus fuentes de agua y la deforestación de los bosques tropicales del Chocó, fueron violentamente reprimidas”, según la carta abierta presentada por la Coalición Internacional Tolerancia Cero, una plataforma que aborda las causas fundamentales relacionadas a asesinatos y a la violencia en contra los defensores de los derechos humanos vinculados a las cadenas de suministro mundiales
En su carta abierta, Tolerancia Cero manifestó su preocupación por la criminalización y la demanda a la que se enfrentan los cuatro afrodescendientes, defensores de derechos de la Comuna de Barranquilla de San Javier, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
Natalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica, dijo que en la manifestación pacífica que duró 3 meses, participó toda la Comuna de Barranquilla, sin embargo, para el 2020, Energy & Palm inició acciones legales en contra de “siete líderes comunitarios por 320.000 dólares”.
Bonilla explicó que durante el juicio de primera instancia, en la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, realizado el 8 de septiembre de 2021 “se presentó una pericia en donde se demostró que la Comuna no dañó nada de la plantación, no rompió ni una hoja. Además se demostró que la empresa tenía 4 caminos para cosechar todos sus frutos. También hubo testimonios de que la empresa cosechó absolutamente cada fruto de la palma. Sin embargo, el juez, sin ninguna justificación, condenó a cuatro de los siete dirigentes acusados al pago de 151 mil dólares a favor de Energy & Palm”.
Así, esta sentencia en contra de Néstor Caicedo, Samir Mina Caicedo, Andrés Arce y Luis Quintero “despertó la indignación internacional porque se da una persecución en contra de los defensores de la naturaleza por medio de un juicio civil, por parte de una empresa que es tan millonaria y tan potente económicamente, y que exija a una población tan empobrecida por el abandono y el racismo que se da a las poblaciones negras, le pague a la empresa”, aseguró Natalia.
A todo esto se suman “los abusos del sistema judicial de Ecuador y la violación de los derechos humanos en contra de los compañeros”, agregó. Por eso, tras conocer la sentencia presentaron una apelación. Según la carta abierta de la coalición Tolerancia Cero, el 10 de abril de 2022, “los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, debían comparecer ante el tribunal. Pero la audiencia fue cancelada 30 minutos después de su inicio”.
La audiencia de apelación se retomará el 8 de junio de 2022, a las 10:30 de la mañana, en la Corte Provincial de Esmeraldas. “Esperamos que varios actores, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, estén presentes haciendo una vigilancia del debido proceso”, añadió Natalia. También espera que Néstor Caicedo, Samir Mina Caicedo, Andrés Arce y Luis Quintero “tengan justicia y que la Corte no dé paso a la demanda”, porque, además, las 7 personas criminalizadas fueron beneficiarios de las amnistías dadas por la Asamblea Nacional, el pasado 10 de marzo.
Ahora, “la Comuna quiere la restitución de sus territorios, que no se tale el bosque del Chocó, que Energy & Palm deje de contaminar sus fuentes de agua y empiece acciones de reparación ambiental. Ellos son inocentes, no hubo daño a la empresa y esto es solo un acto persecutorio”, aseguró Natalia Bonilla de Acción Ecológica.
Barranquilla de San Javier: propiedad comunal
La Comuna Barranquilla de San Javier se constituyó en 1997, como Comuna a través del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA. Y para el año 2000 se adjudicó “su título de propiedad comunal de 1500 hectáreas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Comunas y en los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de 1998 y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT”, aseguró la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos por medio de un comunicado presentado en 2021.
Según el comunicado de la Alianza, a pesar que la Comuna de Barranquilla es un territorio comunitario y está amparada por la Constitución, la cual prohíbe la “venta total o parcial de los territorios comunitarios y garantiza su imprescriptibilidad, inembargabilidad e indivisibilidad”, la empresa palmicultora, en 2006, “ empezó a comprar tierras en la zona”.
La Alianza aseguró que la compra de los terrenos se hizo de manera “fraudulenta y frente a ello, el Estado ecuatoriano atravesado por un racismo estructural, ha fallado en su deber establecer mecanismos efectivos e idóneos para proteger los territorios comunales y los derechos colectivos”.
En diciembre de 2019, las Naciones Unidas presentó el informe: Ecuador debe implementar planes para eliminar la discriminación contra afrodescendientes, donde se determina que las personas “afrodescendientes de Ecuador representan el 40% de la población que vive en la pobreza, se les niega constantemente su derecho a un medio ambiente limpio, así como el acceso a la justicia, a la educación, y al trabajo decente”.
Además en el informe se asegura que los y las afrodescendientes sufren de “racismo ambiental debido a la contaminación sistemática de sus fuentes de agua y del medio ambiente”. Algo que se evidencia en la Comuna de Barranquilla de San Javier, quienes iniciaron sus labores de defensores y defensoras desde las compras y ventas de sus tierras a través de “traficantes de tierras”, añadió la Alianza de Derechos Humanos.
