ENTREVISTA

Rosa Bolaños: “El uso progresivo de la fuerza debe estar acompañado de una política de seguridad adecuada”

 

 

Publicado 07 de junio del 2022

 

Rosa Bolaños, abogada de la Fundación INREDH, habló sobre la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza que se discute en la Asamblea Nacional y dijo que, la función legislativa responde a la alarma social creada por la inseguridad y que, el Ejecutivo también responde con su papel de colegislador para ayudar a construir la norma.

Pero ¿en qué condiciones sale la ley? Esta ley se aprueba en medio de un antecedente donde existe una política criminal. La cuestión normativa no está para apalear problemas sociales, pero cuando se tiene un fenómeno de orfandad, la ley no tendría una cuestión de implementación adecuada con lo que está sucediendo.

Según Bolaños, los artículos sobre movilizaciones, protesta social y derecho a la resistencia que tiene esta ley, muestran que una de las falencias es la estructura legislativa. Es decir, se presenta una cláusula o norma de tipo abierto que da una cuestión de interpretación bastante amplia y dotación de facultades en las que no están delimitadas estás funciones. Entonces ¿Qué facultades tendría la fuerza pública en el contexto de una movilización social?

En cuanto a la capacitación del personal de la fuerza pública, la abogada mencionó que esa acción está regida por el Ministerio de Defensa y del Interior. Pero ¿quién se va encargar del seguimiento de la capacitación y la certificación? Serían los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Por esta razón, Bolaños no encuentra imparcialidad en estas instituciones, así que propone que haya un ente externo a estos ministerios para obtener un mejor de calificación.

“El uso progresivo de la fuerza debe estar acompañado de una política de seguridad adecuada que permita inversión, capacitación y que se genere la certeza de la fuerza pública en la intervención de lo que está sucediendo. Es el momento en que la alarma social desemboca en una supuesta norma de legitimidad para solventar problemas sociales. Eso no debería suceder”, concluyó la abogada.

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