DERECHOS
La Asamblea Nacional y su crisis política:
Renuncias, acusaciones y muerte cruzada
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Por Gabriela Peralta @gaperalta07 y Verónica Calvopiña @kinoraxx
Publicado: 14 de marzo del 2022
La Bancada Unión por la Esperanza, UNES, una facción de Pachakutik (PK) y el Partido Social Cristiano (PSC) intentaron por segunda ocasión, el 9 de marzo de 2022, evaluar la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Sin embargo, esta solicitud no se aprobó debido a la falta de un voto para modificar el orden del día.
El primer intento para evaluar la gestión de Llori se dio el pasado 24 de febrero. Eso desató controversias al interior del Pleno y Llori suspendió la sesión 766, convocada para ese día. En fechas posteriores, la Asamblea no logró el quórum necesario para sesionar, sino hasta 13 días después.
Sin embargo, la controversia al interno de la Asamblea continúa tras la votación del Informe de Amnistía realizada en la sesión del 9 y 10 de marzo y de las declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio, de este domingo pasado, pidiendo al Presidente Lasso, aplique la figura de Muerte Cruzada.
Guadalupe Llori fue designada el 15 de mayo de 2021 como presidenta de la Asamblea Nacional; funciones previstas hasta el 2023.
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El asambleísta Fausto Jarrín de UNES planteó cambiar el orden del día de la sesión 765 que la Asamblea Nacional realizó el 9 de marzo de 2022. El legislador de UNES aseguró que “son varios hechos los que motivan el pedido de evaluación al CAL”, la calificación a trámite de dos pedidos de juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y uno contra el Consejo de la Judicatura y los atrasos en la calificación de Proyectos de Ley.
Jarrín, con su moción, pretendía que la Asamblea forme una comisión para evaluar al CAL, presidido por Guadalupe Llori, pero Jarrín no logró modificar el orden del día, debido a la falta de un voto.
La ausencia de Mariuxi Sánchez de la Bancada de UNES y de Javier Ortiz del Partido Social Cristiano fueron determinantes para que la evaluación no se lleve a cabo. Estos asambleístas estuvieron ausentes de la sesión pese a que sus bancadas promueven la evaluación de la gestión de Guadalupe Llori.
Mariuxi Sánchez justificó su ausencia vía Twitter, asegurando que, mediante memorando, el 8 de marzo de 2022, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional participar de forma virtual en la sesión 765, debido a que atraviesa una calamidad doméstica. Sin embargo indicó que su petición no fue autorizada.
La evaluación a las autoridades de la Asamblea Nacional también es promovida por un grupo de nueve asambleístas de PK: Patricia Sánchez, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Fernando Cabascango, Peter Calo, Dina Farinango, Ángel Salvador Maita y Manuel Medina, quienes se denominan “Pachakutik Patriota”, pero fueron considerados por la propia Llori, como el ala rebelde del bloque
Mario Ruiz, en rueda de prensa, el 22 de febrero de 2022, señaló que apoya la evaluación del CAL: “Las autoridades públicas estamos sujetas a que nos evalúen. Deberíamos exigir que nos evalúen, que me evalúen a mí, que evalúen a quien sea y no hay ningún problema, porque sabemos y todo el pueblo ecuatoriano sabe que, si hay inconvenientes, y que no se ha cumplido a cabalidad con la representación de la Asamblea Nacional aquí en el legislativo”, indicó.
Señaló, además, que la evaluación a las autoridades de la Asamblea Nacional es una acción legítima. Los nueve asambleístas de Pachakutik aseguran que las autoridades de la Asamblea han incumplido con las funciones que determina la ley al no haber dado paso al proyecto derogatorio de la Ley Tributaria. Este grupo de asambleístas cuenta con el apoyo de la Bancada UNES y del Partido Social Cristiano.
Patricia Sánchez, asambleísta por Pachakutik, en entrevista con WambraEc, también pidió que se evalúen las actuaciones de la presidenta y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), ya que según ella, a través de estos espacios “se está boicoteando, se está frenando la acción legislativa de asambleístas y se está, sobre todo, frente a problemas y temas clave como es la Ley económica urgente que desde el Ejecutivo recibió una orden de que no se toque y, eso no vamos a permitir, porque se está impidiendo la acción fiscalizadora que tienen los asambleístas”, señaló.
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Tensión en Pachakutik
Los nueve asambleístas de Pachakutik, quienes se declaran como “Pachakutik Patriota”, en un comunicado, emitido el 24 de febrero, rechazaron las “acciones contrarias al debate democrático”, en alusión a la decisión de Llori de suspender la sesión 766 de la Asamblea que debía realizarse ese día.
Las y los asambleístas de la facción de PK, además, denunciaron que se han dado repetidas violaciones en la conducción de la Asamblea Nacional, por lo que se declararon en vigilia permanente para “detener la metida de manos del Gobierno Nacional en el control de la Asamblea Nacional”.
Asimismo, la presidenta de la Asamblea emitió, el 1 de marzo de 2022, un pronunciamiento público sobre la situación que atraviesa el Legislativo y denunció que “se busca controlarla para imponer un Consejo de Participación Ciudadana que nombre contralor, procurador, fiscal, autoridades electorales”. Según la presidenta, esa es la razón que se oculta detrás de todos los acontecimientos que se viven, hoy por hoy, en la Asamblea Nacional.
La Asambleísta Patricia Sánchez se refirió a las disputas al interior de PK y aseguró que llegó un momento en que ya no pudieron sostener contradicciones al interior de la Bancada, “porque las bases, las organizaciones a las que nosotros nos pertenecemos, a la que estamos representando, las que también se sienten representadas por sus asambleístas en el Movimiento Pachakutik, comenzaron a cuestionar la actuación de los asambleístas vinculados a un proyecto de derecha y no a un proyecto de izquierda, un proyecto de reivindicación de los intereses populares que es el Pachakutik”, señaló en una entrevista para este medio.
Sánchez manifestó que Guadalupe Llori, “poco a poco ha ido caracterizando una conducta de sumisión ante el proyecto neoliberal del ejecutivo del presidente Lasso”.
Pese a las acusaciones al interior de la bancada de PK, el 7 de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional, los Coordinadores Provinciales y Asambleístas de este movimiento junto a dirigentes de las organizaciones indígenas Ecuarunari, Confeniae y CONAIE, realizaron un Consejo Político Nacional.
En este evento llamaron al “cumplimiento de la agenda legislativa y al fortalecimiento organizativo”, según se menciona en un tuit. Otro de los temas que los unió fue la aprobación del informe de amnistías, realizado por la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Fernando Cabascango, integrante de la Bancada. Informe por el que todo el bloque votó a favor.
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Pedido de Muerte Cruzada
César Rohón, asambleísta por la provincia del Guayas, reavivó la polémica en la Asamblea Nacional, tras anunciar su renuncia cuestionando el trabajo del organismo. En la sesión del 13 de marzo, referente a la Ley de Inversiones, Rhon renunció a su curul, señalando que la Asamblea debe“ terminar con la componenda y con los intereses particulares, con los intereses de las organizaciones políticas”.
Aseguró que el trabajo legislativo no avanza y que “en estas condiciones es mejor cerrar esta Asamblea, porque la Asamblea no está aportando a lo que el pueblo necesita allá afuera”.
El legislador Fernando Villavicencio también se hizo eco de las palabras de Rohón y exhortó al Presidente Lasso a hacer uso de la Muerte Cruzada “El asambleísta Cesar Rohon ha prendió la luz para que de una vez por todas el presidente Guillermo Lasso tome la decisión de disolver la Asamblea y enviarnos a la casa”.
Villavicencio también increpó a la Presidenta Llori señalando que existe un “ambiente de conspiración” al interior del legislativo, pues según él, un grupo de asambleístas volvió a ingresar una moción para evaluar la gestión del CAL.
Desde Carondelet sin embargo, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, descartó que el gobierno haga uso de la Muerte Cruzada “El gobierno busca priorizar el diálogo con los distintos bloques”, señaló Jijón en rueda de prensa con medios este lunes.
Esta no es la primera vez que se habla de Muerte Cruzada en la Asamblea Nacional. En octubre pasado, el presidente Guillermo Lasso acusó al legislativo de bloquear sus proyectos de ley, tras el rechazo de su paquete de ley Creando Oportunidades. En esa ocasión, el mandatario señaló que no tendría problema con aplicar el artículo 148 de la Constitución.
Bajo esta figura, el Presidente de la República y la Asamblea serían cesados y tendría que convocarse a nuevas elecciones generales: “La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”, expresa dicho artículo.
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Marcelo Espinel: “El conflicto en la Asamblea Nacional viene desde su primer día de gestión”
Para el analista político, Marcelo Espinel, el conflicto en la Asamblea Nacional ha alcanzado el clímax “de lo que ya se venía viendo desde su primer día de gestión”. A decir de Espinel, desde el 15 de mayo de 2021 se evidenció que “la alta polarización política entre las distintas organizaciones política-ideológica dentro de la Asamblea Nacional iba a tener como resultado que existan mayorías móviles y dificultad de encontrar consensos. Los últimos sucesos ponen en evidencia esto”, indicó.
Según el analista político lo que sucede al interior de la Bancada de Pachakutik “responde a un fenómeno en el cual, los candidatos de varios movimientos, al no existir verdaderos procesos de democracia interna, al haberse cambiado el método de asignación de escaños en la Asamblea Nacional a partir de la elección, dio como resultado que, personas que tal vez no son tan orgánicas, que no pertenecen a las bases de las organizaciones políticas, resulten electas”.
Además, aseguró que posterior a eso, se presentó un fenómeno en el Parlamento, más conocido como “camisetazo”. “Se puede ver que, en el Legislativo, hay 9 asambleístas que se han declarado independientes, porque precisamente se encontraban inmersos en este fenómeno”, expresó.
Para Marcelo Espinel, mientras, por un lado, la presidenta de la Asamblea Nacional tiene la “prerrogativa de decidir la agenda en el orden del día, de establecer un orden para poder tratar determinados temas y por el otro lado, la oposición puede tener artículos que le faculten la evaluación y remoción de las autoridades”, las y los ciudadanos son quienes terminan afectados.
A decir del analista, todo esto es parte del juego político, ya que “mientras los políticos se están peleando por tratar de satisfacer ciertos intereses político-partidistas, existen asuntos pendientes que la Asamblea Nacional no está tratando que son los que sí afectan a la ciudadanía. Hay intereses político-partidistas de lado y lado”, finalizó.
