DERECHOS
Armas y militares en las calles
La política de Lasso para enfrentar la inseguridad
Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx
Publicado el 4 de mayo de 2023
Desde enero hasta mayo de 2023, Guillermo Lasso ha emitido dos decretos, el 707 que autoriza la tenencia y porte de armas para civiles, y el 730 que ordena a las Fuerzas Armadas enfrentar y contrarrestar las amenazas terroristas. De su parte, la Asamblea Nacional aprobó en medio de un silencio público, en enero, una ley que reforma nueve normas sobre seguridad y al momento discute dos nuevas leyes más, la primera relativa al porte y tenencia de armas, y la segunda sobre las tareas complementarias de seguridad entre FFAA con la Policía Nacional.
Estas leyes y decretos, dice el gobierno de Lasso, son una respuesta a la inseguridad que vive el país. Mientras que académicos y organizaciones de derechos humanos aseguran que el actual gobierno ha profundizado una política securitista; es decir, que ante la supuesta existencia de amenazas o enemigos internos se incrementa la presencia militar policial y militar, y el presupuesto para armamento y equipos de seguridad, pero se dejan de lado las políticas sociales.
¿Cuáles son los decretos y las leyes que nos llevan a un estado policial y militar en Ecuador?
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La tenencia y porte de armas es un viejo ofrecimiento de Guillermo Lasso, quien ya en la campaña para las elecciones presidenciales de 2016 ofreció, cambiar las leyes para permitir el porte de armas, durante una reunión en Guayaquil con gremios agrícolas y ganaderos.
El mismo ofrecimiento lo hizo cuatro años después, a finales de noviembre de 2020, en plena campaña electoral por la presidencia. Un vibrante Guillermo Lasso parado en un pódium, frente a decenas de campesinas y campesinos de la Costa, decía sin empacho: «Una familia agrícola tiene derecho a tener un arma en su casa para que los delincuentes sepan que si se atreven, van a recibir bala».
Y aunque la promesa era la misma, para su tercera campaña electoral, Lasso sumó el apoyo del Partido Social Cristiano, PSC. El 1 de diciembre de 2020, en una rueda de prensa conjunta, el líder socialcristiano Jaime Nebot, junto al entonces candidato Lasso, explicaba la propuesta sobre seguridad que planteaba su alianza. Al respecto, Nebot decía: “El ciudadano que cumpliendo los requisitos de la ley que pasan por exámenes psicológicos, entrenamiento, comportamiento y antecedentes, quiera tener o portar un arma de fuego, eso hay que autorizarlo” Según Nebot, la propuesta tenía el respaldo de asociaciones de ganaderos, agricultores, pescadores y clubes deportivos. De su parte, Lasso, en esta rueda de prensa, se comprometió a facilitar el porte y la importación de armas para las empresas de seguridad privada “bajaremos costos de impuestos y aranceles del 300% a no más del 30% para la importación de armas”; anunciando ya lo que sería una de sus medidas en el gobierno.
Ya en la presidencia, Guillermo Lasso centró su discurso en hablar de la seguridad como la prioridad de su gobierno. El Partido Social Cristiano fue el encargado de llevar el debate de la tenencia y el porte de armas al legislativo, a través de una propuesta del asambleísta Esteban Torres. Mientras que los gremios de productores camaroneros y ganaderos insistían con el tema en las mesas de diálogo que instaló el Ejecutivo con varios sectores sociales.
Así lo reveló el mismo presidente Lasso en una entrevista en el palacio de Carondelet, el 12 de octubre de 2022. El periodista Carlos Vera le preguntó al presidente si eliminaría el Decreto Presidencial 749 de 2011, donde se mantenía la prohibición para el porte de armas. Ante esto, el mandatario señaló que en una reunión días atrás, con empresarios y sus gremios, el representante de los gremios camaroneros le planteó el tema y aseguró: “lo estamos pensando y ayer en la reunión con el gremio de los camaroneros me lo planteó. Probablemente es un camino para defender y darle derecho a la familia de que un agricultor se pueda defender. Está en proceso de análisis».
Para el 2023, los discursos y las promesas de Lasso se harían realidad. El 10 de enero, se anunció la rebaja del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para la importación de armas y municiones del 300% al 30%. Como consecuencia, la compra de armas se elevó y también la recaudación de este impuesto por el Servicio de Rentas Internas, SRI. Así, este organismo en 2022, recaudó 135 mil dólares por el ICE a la compra de armas, mientras que en 2023, sólo en los meses de enero y febrero, la recaudación de este impuesto llegó a 485 mil dólares.
Una segunda acción vendría el sábado 1 de abril de 2023. En el mensaje a la nación, desde la sede del Ecu 911 en Guayaquil, Lasso anunció la aprobación del Decreto Presidencial 707 donde autoriza “la tenencia y porte de armas de uso civil para uso personal, de acuerdo a los requisitos de ley y reglamento y se autoriza el uso de gas pimienta”. Lasso también anunció que: “los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo”.
Esta medida también deroga el decreto 749, aprobado en 2011 en el gobierno de Rafael Correa, que prohibía el porte de armas para civiles “como medida necesaria para precautelar y coadyuvar al mantenimiento de la seguridad”. Con su decreto, Lasso también incorporó varias disposiciones reformatorias al Reglamento de la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos.
Para Luis Córdova, abogado y docente, el anuncio de Lasso no es una política aislada ni improvisada sino que “cuando uno analiza la tendencia de las decisiones que ha adoptado desde que asumió el mandato, la forma en que ha ido implementado sus acciones es evidente que la flexibilización de la tenencia y porte de armas para defensa personal forma parte de la política que viene impulsando el gobierno”.
Córdova define a esta política como “militarista, elitista y narcotizada y que claramente apunta a esa concepción de la seguridad donde entre más poder y recursos tengo, más seguro estoy”. Según el docente, la aprobación de la Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral fue clave para modificar el marco legal.
Una ley silenciosa
En enero de 2022, el gobierno de Guillermo Lasso entregó a la Asamblea el proyecto de ley denominado Proyecto de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Esta fue una de las leyes que el Ejecutivo planteó como parte de sus acciones en contra de la inseguridad; también está la Reforma constitucional sobre apoyo de las Fuerzas Armadas, que aún se discute en la Comisión Ocasional de Enmiendas, en la Asamblea Nacional.
Dicha propuesta del Ejecutivo fue discutida por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral donde posteriormente tomó su actual nombre: Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral.
El pleno de la Asamblea realizó el primer debate de esta ley, entre el 09 y el 25 de agosto de 2022. Y el segundo debate en cambio, se efectuó el 5 de enero pasado, mientras el país discutía las ocho preguntas de la Consulta Popular y se desarrollaba la campaña para las elecciones seccionales.
La votación obtuvo 117 votos válidos, de 121 asambleístas presentes. Los cuatro votos restantes fueron de abstención por parte de los asambleístas: Fernando Cabascango, Peter Calo, Joel Abad y Mireya Pazmiño.
Entre otras cosas, esta ley reformó el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal,COIP, ampliando la tenencia de armas. Anteriormente, el COIP definía la tenencia de armas como “el derecho” a poseer un arma, la misma que puede estar en un determinado lugar. Mientras que el porte de armas significa que una persona lleve consigo dicha arma. Ahora, con la reforma, la tenencia de armas se entiende como “la posesión de un arma de uso civil”
Para el docente Luis Córdova, esta reforma lo que hace es modificar la finalidad del uso, “Antes el COIP hablaba que la tenencia consiste en la posesión de un arma lícitamente, no precisaba ni la finalidad ni el uso”. Además subraya que lo más grave de la reforma es su último inciso donde se menciona que “no comete delito de tenencia o porte no autorizado de armas, la persona que demuestre que ha presentado al organismo de control correspondiente. Ni siquiera va a ser necesario que tengas el permiso, basta con que tengas la solicitud de haber pedido la renovación. Esta es una medida con dedicatoria para las empresas de seguridad privada”.
La ley se publicó en el Registro Oficial y entró en vigencia el 29 de marzo de 2023. A la par, el presidente Guillermo Lasso, en un mensaje a la nación del 1 de abril, anunció la aprobación del Decreto Presidencial 707 donde permite el porte de armas. De allí que, para Córdova, esta reforma respalda el decreto.
Pero no solo eso, según Córdova, la Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral reforma nueve leyes:
- Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado
- Ley de Defensa Nacional
- El Código de la Niñez y Adolescencia
- La Ley Orgánica de Extensión de Dominio
- El Código Orgánico de la Función Judicial
- La Ley de Telecomunicaciones
- El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop)
Las reformas en el COIP fueron introducidas por el asambleísta socialcristiano Luis Almeida. En lo que tiene que ver con el Código de la Niñez y Adolescencia, la ley incorporó y modificó varios artículos (322, 371, 377, 396, 397) referentes a las medidas socioeducativas para adolescentes infractores
Sin embargo, la bancada socialcristiana buscaba que la ley introduzca la imputabilidad a adolescentes. La asambleísta Geraldine Weber, del PSC, en su intervención durante el segundo debate, en la sesión 832, propuso “varias reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código Penal integral con el objetivo de que los adolescentes menores de 18 años, que participen en sicariatos, sean juzgados ante la ley penal ecuatoriana”.
Es decir, su propuesta buscaba que los adolescentes sean juzgados como adultos y reciban las penas que establece el COIP para los delitos en contra de la vida. En esa misma sesión, la asambleísta exigió la derogación de la tabla de drogas. Finalmente, las recomendaciones de Weber no fueron consideradas.
Además de estos artículos, la Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral modifica otros temas que llaman la atención al abogado e investigador, Luis Córdova. Así:
El Art. 25 que reforma el artículo 43 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, permitiendo que las instituciones del Estado que tengan a su cargo la concesión de sectores estratégicos incorporen una cláusula especial de seguridad.
El Art. 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado convierte en “zona de seguridad” a todo centro de privación de seguridad.
Al respecto, el docente señala que en Ecuador hay “una enorme conflictividad en torno al modelo extractivista que intenta impulsar el gobierno y que busca ampliar la frontera petrolera, ampliar la frontera minera y ampliar los agronegocios. En esos tres flancos hay tensiones sociales enormes, porque no se quiere hacer consulta previa, libre e informada a las comunidades campesinas”. Es decir, las inversiones estarían “protegidas por las Fuerzas Armadas”, las mismas que pueden declarar zonas de seguridad y asumir su control de sectores estratégicos, pudiendo aumentar la represión en estos territorios.
El Art.5 de la Ley de Defensa Nacional amplía el papel de las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna y estados de emergencia.
El Art. 369 del COIP contempla ahora la figura de «colaborador» de la delincuencia organizada; entendiendo a la persona que «preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros de manera ocasional o permanente”.
El Art. 471 del COIP, con la reforma, se permite la recopilación de información digital sin autorización judicial, incluso aquellos que sean obtenidos por policías y militares.
El Art. 527 del COIP amplía la flagrancia, pudiendo ser detenida la persona que tenga algún indicio que haga presumir un delito o en persecución ininterrumpida física o por medios tecnológicos desde el momento de la comisión de un delito hasta su aprehensión.
En el COIP también se incluye una sección sobre espionaje cibernético que incluye la conservación sin necesidad de orden judicial de datos informáticos. También se incluye el acceso transfronterizo a contenido digital, que permite que autoridades extranjeras, sin petición a las autoridades ecuatorianas, puedan acceder a sistemas informáticos almacenados en Ecuador. También se crea la figura de Agente encubierto informático, donde agentes del sistema de investigación de medicina legal podrán realizar investigaciones o acciones digitales cibernéticas para descubrir hechos delictivos con el uso de tecnología de información o comunicación; es decir, ciberdelitos.
Para Córdova, este es uno de los puntos integrales no solo de esta reforma sino también del “modelo de seguridad y coerción sin que los ciudadanos tengamos capacidad de debatirlo”.
La abogada en derechos Humanos y presidenta del INREDH, Verónica Yuquilema, considera que tanto el Decreto 707, como la Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral son una amenaza para los derechos humanos. Según Yuquilema “Esta es una ley que como mencionaba reforma varios cuerpos normativos y entre ellos, además de reformar el artículo 360 del COIP, relacionado al tema del porte de armas, también brinda mayores facultades a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, inclusive para que sean las FFAA las encargadas de vigilar o de proteger a las empresas extranjeras. Esto en función de toda la política extractivista ya presente y que tiene un sinnúmero de problemáticas”. Estas políticas, para la abogada, responden a una visión de país que consolida el extractivismo y protege a las empresas extranjeras.
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Una eterna propuesta socialcristiana
La tenencia y porte de armas ha sido una exigencia permanente del Partido Socialcristiano. De hecho, es común encontrar en la web fotografías de su fallecido líder, León Febres Cordero, portando un arma. En una entrevista, en 1986, para el periódico Los Ángeles Times, el ex mandatario dijo: “Mi mejor amigo es mi pistola, no me pide nada, no come y siempre está lista”.
En los últimos años, Esteban Torres ha sido uno de los asambleístas socialcristianos que ha enarbolado el tema. Torres presentó en el anterior periodo legislativo (2016-2021), un proyecto de ley que ya buscaba liberalizar el porte y la tenencia de armas. En su parte central, esta propuesta permitía tener armas de fuego, traumáticas y de fogueo, así como aerosoles para la protección personal. Además, simplificaba los requisitos para obtener un permiso en 15 días: copia de cédula, ser ciudadano ecuatoriano con residencia en Ecuador, un examen biométrico, un examen psicológico acreditado y el certificado de 40 horas de adiestramiento.
Este proyecto de ley no prosperó en la anterior Asamblea, pero el Partido Socialcristiano insistió. Posteriormente, Torres volvió a presentar a la Asamblea su proyecto de ley en 2022. En la Mesa de Seguridad instalada por la Asamblea Nacional con autoridades del Estado, el 6 de octubre de 2022, el asambleísta Esteban Torres aseguró que la tenencia y el porte de armas “están permitidos en el Ecuador. No estamos en una discusión para decir que algo que está prohibido se haga legal. Está permitido desde 1830. No está prohibido”. Según Torres esta es una demanda de camaroneros, ganaderos y de los pescadores.
Pero la propuesta de seguridad socialcristiana no solo involucra las armas, sino también busca la imputabilidad de adolescentes obligados al sicariato por bandas criminales. La asambleísta de esta bancada, Geraldine Weber, pretendió que en la Ley Reformatoria a varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral se introduzca la imputabilidad para niños y adolescentes infractores.
A la par, el asambleísta Xavier Jurado, de Centro Democrático y parte de la bancada de UNES, también presentó otra propuesta de reforma a la Ley de Armas y Municiones. Según Jurado, busca mejorar la actual normativa y que la gente regularice sus armas tanto letales, como menos letales. Ambos proyectos, el de Torres y Jurado, ingresaron dentro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde continúa el debate.
Tanto Torres como Jurado son cercanos a los gremios de ganaderos, camaroneros y pesqueros, sectores en el que han apoyado para presentar sus reformas. En el caso de Jurado, este entregó una medalla a la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, en su anterior periodo legislativo.
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Un actor clave
Desde el 2011, el porte de armas para civiles ha estado prohibido en Ecuador. Sin embargo, camaroneros y ganaderos podían obtener permisos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero dicha política no era del total gusto de este sector.
En una reunión realizada el 1 de noviembre de 2018, la Cámara de Productores de Camarón de El Oro aseguró que hacía falta voluntad política para permitir que los productores puedan adquirir armas y legalizarlas. Según los representantes del sector, el impuesto de Consumos Especiales de 300% en la compra de armas debía eliminarse. Esta demanda la presentaron anteriormente con el gobierno de Lenín Moreno.
De hecho, los gremios de camaroneros y ganaderos ya permanecieron cercanos tanto al gobierno de Moreno como al de Guillermo Lasso con sus demandas de fortalecer la agroindustria y la seguridad para los productores. Así en 2018, a propósito del 75to aniversario de la Federación de Ganaderos del Ecuador del Litoral y Galápagos, el presidente Moreno condecoró a la asociación, al igual que los asambleístas Xavier Jurado y Verónica Arias.
Para 2020, estos gremios realizaron reuniones, ruedas de prensa y otros eventos públicos donde colocaron su demanda del porte de armas para los afiliados al sector como una medida en contra del robo de ganado. Así, el 3 de diciembre de ese año, la Cámara Nacional de Acuacultura convocó a una rueda de prensa donde pedía al gobierno “reforzar la seguridad y simplificar procesos para la tenencia y porte de armas”.
Fruto de la incidencia, el gremio de ganaderos logró que se expida el Acuerdo Ministerial 270, con el cual, los ganaderos puedan portar armas y se renovaron sus permisos.
Uno de los voceros de los ganaderos era Francesco Tabacchi, quien fue presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos hasta agosto de 2022. Tabacchi se presentó como candidato a la Prefectura de la provincia del Guayas por el partido oficialista CREO. En las elecciones seccionales de febrero de 2023, quedó en 5to lugar; sin embargo, semanas después fue nombrado Gobernador del Guayas. Su hermana, Doménica Tabacchi, fue vicealcaldesa de Guayaquil entre 2011 y 2019.
El docente Luis Córdova menciona que la designación de Tabacchi como Gobernador del Guayas no es casual y es parte de la política del gobierno de Guillermo Lasso, la misma que asegura, “los ciudadanos no tienen capacidad de debatirlo y peor aún de controlarlo”.
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La puerta para más leyes
Luego de la aprobación del Decreto 707, el Ministerio de Defensa elaboró el Acuerdo Ministerial 145 con los nuevos requisitos para regular el porte de armas, según el objetivo de su uso. Así se distingue entre autorizaciones para empresas de seguridad, de vigilancia aduanera, para uso deportivo, centros de formación de guardias privados, para coleccion, para empresas importadoras de armas y materiales químicos, gas pimienta, entre otras especificaciones.
Según el Ministro de Defensa, Luis Lara, el porte de armas no es libre, sino que el control y la emisión de permisos seguirá en manos de la institución, para lo cual se deberán cumplir los requisitos señalados en el acuerdo ministerial. “para tranquilidad de los ecuatorianos, se trata de un porte o tenencia de armas de fuego regulado, con requerimientos estrictos, de manera que su uso permita defender la vida sin comprometer la seguridad de los demás”, señaló Lara.
Días después, el Consejo de Seguridad Públicas del Estado, COSEPE, se reunió y se emitió el Decreto 730, donde dispone a las FFAA realizar acciones para enfrentar y contrarrestar a personas y organizaciones terroristas. Así también les ordenó iniciar acciones para reprimir las amenazas.
Reacciones de la sociedad civil
El 25 de abril, un grupo de abogados presentó una demanda de inconstitucionalidad con el porte de armas para defensa personal, previstos en el Decreto 707 y en los acuerdos ministeriales 194 y 145, emitidos por el Ministerio de Defensa. Según Alexander Barahona, tanto el decreto como los acuerdos, tienen incidencia hacia derechos como la vida, integridad y libertad.
Asimismo, la Fundación de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, demandó por inconstitucional, 20 artículos de la Ley Orgánica Reformatoria a 9 Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral. La abogada Annie Cuji señaló que principalmente les preocupa el aumento en el tiempo que una persona puede permanecer detenida en flagrancia, de 24 a 48 horas; así como la ampliación de las zonas de frontera “inobservando que en las zonas de frontera se encuentran pueblos indígenas y no contactados”.
El Sistema Nacional de Control de Armas estima que en el país existen alrededor de 248.779 armas registradas hasta abril de 2023. La mayor parte de estas armas son de uso policial y militar; mientras que 11.412 están en manos de personal civil y 2.536 las tienen personas jurídicas. En cuanto al porte de armas, según la información, hay 241 personas con permisos.
