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Amnistías para defensores de la naturaleza de Buenos Aires, Imbabura, se hacen efectivas después de 5 meses
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 12 de agosto del 2022
Defensores y defensoras de la naturaleza de la comunidad de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, que fueron criminalizados y judicializados por el conflicto socioambiental a consecuencia de las actividades mineras legales e ilegales, recibieron amnistías por parte de la Asamblea Nacional, el 10 de marzo de 2022. Sin embargo hasta ahora las amnistías entraron en vigencia después una serie de procesos que han llevado a cabo abogadas y abogados defensores de las personas criminalizadas.
Hasta el momento la resolución de amnistías cuenta con dos demandas de inconstitucionalidad que ponen en peligro el proceso.
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Con 99 votos a favor afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, el 10 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional otorgó amnistías a 268 personas criminalizadas por defender la naturaleza y ejercer el derecho a la protesta social en octubre de 2019, defensores de territorios comunitarios y quienes ejercieron justicia indígena. La votación se dio después de que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad analizó y aprobó un informe con los casos de estas personas. El 15 de marzo la resolución de amnistía fue publicada en el Tercer Suplemento Nº 21 del Registro Oficial.
El pedido de amnistías fue suscrito, el 21 de septiembre de 2021, por algunas organizaciones como: Acción Ecológica, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, APT-NORTE, Surkuna, el Observatorio Nacional Ciudadano para vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos y de la naturaleza, junto al asambleísta de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, según lo que dijo Javier Rodríguez, abogado y sub coordinador del observatorio nacional ciudadano.
Aunque las amnistías ya fueron otorgadas en marzo, recién el 9 de agosto, 39 defensores y defensoras de la naturaleza de la comunidad de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, recibieron la resolución de su proceso de amnistía. La organización Acción Ecológica, publicó en twitter que estas 39 personas, son “defensores/as de la naturaleza, criminalizadas y judicializadas por el conflicto socioambiental que se produce por las actividades mineras legales e ilegales que se desarrollan en la zona, recibieron amnistías de la Asamblea Nacional”
La tardanza de la resolución se debe a que el proceso se debía presentar a todas las fiscalías, unidades judiciales y tribunales donde se conocen los procesos de judicialización de las personas que recibieron amnistías para que se archiven sus casos.
El artículo 72 del Código Integral Penal determina que la pena se extingue por algunas causas, entre ellas, obtener amnistía.
Yuly Tenorio, abogada de la comunidad de Buenos Aires, explicó que en este contexto, la Asamblea Nacional debió hacer escritos, adjuntar la resolución y el registro oficial. Para solucionar también otros conflictos presentaron la fe de erratas, que es un método de corrección, de cada uno de los procesos porque habían errores de forma dentro de la digitalización de los nombres y números de procesos. “Lo que ha dificultado que se hagan eficaces y efectivas las amnistías para las personas especialmente defensoras de la naturaleza”.
Algo que preocupa a quienes están en la defensa de personas criminalizadas y judicializadas por la protección de la naturaleza y las comunidades, es el contexto nacional de crimen organizado, delincuencia e inseguridad dentro de las cárceles del Ecuador, donde Víctor Guaillas, defensor del agua y de los derechos de la naturaleza de la comunidad de Molleturo, fue asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral ocurrida la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre de 2021 en Guayaquil.
“Es de forma indigna que esos espacios sean para quienes están protegiendo los derechos de la naturaleza, las comunidades y de las ciudades, porque los alimentos, agua, energía, gasolina y demás salen de las comunidades que están en resistencia. Es necesario buscar reparación integral”, agregó la abogada Tenorio. Además explicó que la Asamblea Nacional se demoró mucho en tramitar las amnistías y eso generó una pérdida muy grande y no quieren que ninguno de los defensores sean asesinados “en esos espacios donde el Estado ecuatoriano tampoco tiene soberanía”.
Las amnistías no se han ejecutado al 100% y según la abogada Tenorio eso responde a procesos políticos y la fuerza que el Estado tiene sobre la justicia. También explicó que han realizado incidencia política y comunicacional en todos los casos, inclusive en los territorios haciendo conocer a jueces y fiscales, los conflictos que atraviesan las personas criminalizadas. “Nos hemos tenido que pronunciar para que ellos sepan el por qué de la amnistía y que no solo fue por las protestas de octubre de 2019 sino por conflictos históricos”, como el caso de los hermanos Javier y Víctor Ramírez, de Intag.
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¿En peligro la resolución de amnistías?
En contra del proceso de amnistías aprobado por la Asamblea Nacional existe una acción de protección presentada el 14 de marzo, por el político Andrés Páez “que se perdió. La jueza dio la razón, no cabe una acción de protección a un proceso legislativo”, acotó la abogada Yuly Tenorio. Además hay dos demandas de inconstitucionalidad; la primera ingresada el 15 de marzo, por Andrés Castillo y Patricio Alarcón, hoy candidatos a la Prefectura de Pichincha y Alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano. La segunda demanda fue ingresada el 24 de marzo, por un grupo de ciudadanos, encabezados por Washington Palacios.
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite el 23 de junio, la segunda demanda por el fondo y la forma a las amnistías resueltas por la Asamblea y decidió además, unificarla con la demanda presentada por Castillo y Alarcón. “Lamentablemente están siendo admitidas por la Corte Constitucional”, señaló Tenorio.
La abogada cree que la responsabilidad del Estado y sobre todo la Corte Constitucional es pronunciarse sobre las competencias de la Asamblea Nacional en su función de dar amnistías, a quienes realmente están siendo perseguidos por procesos políticos históricos, lo que asegura responde a una criminalización sistemática. Estas personas han sido desprestigiadas por el Estado, los medios de comunicación y vulnerados en sus derechos. El caso de la comunidad de la Merced de Buenos Aires “es una vergüenza nacional que hasta la fecha no se haya podido controlar la minería ilegal en el territorio. Ellos son sobrevivientes de la corrupción estatal, pero sobre todo de la negligencia de los operadores gubernamentales”.
Para Tenorio, las acciones de inconstitucionalidad presentadas no son en contra de los defensores de la naturaleza, sino en contra de los que ejercieron el derecho a la protesta en octubre de 2019 y otros procesos, pero como se votó en bloque y hay una sola resolución, a la Corte Constitucional podría resolver por casos o todo el proceso.
A todo esto, la abogada Tenorio hace un llamado a las organizaciones sociales, personas y comunidades que han sido perseguidas por el sistema, a los casos donde se ha visibilizado el poder punitivo del Estado para que presenten amicus curiae y para que comparezcan ante la Corte. Según la abogada es fundamental que se haga conocer lo importante que es para las personas criminalizadas, estar en libertad, sobre todo porque tras vivir la pandemia del covid-19, una crisis económica y climática, es necesario que, “las personas puedan desarrollarse y hacer de sus comunidades los medios de vida que ellos están haciendo y protegiendo”.
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Beneficiarios de amnistías de la Merced de Buenos Aires
Lucía Chicaiza, representante de Bonaerenses unidos protectores del ecosistema, Buproe, fue criminalizada por asociación ilícita. “Me involucraron con el doctor Mario Ruiz por el supuesto cobro de dinero a los líderes de los mineros ilegales, con el fin de desprestigiarme y no avanzar en la defensa de la naturaleza”. Ella relata que al acusarla desconocía el término y menos, las acciones que conllevan la asociación ilícita
En busca de ayuda, Lucía visitó la Asamblea Nacional y allí, la involucraron con el asambleísta de la bancada de Pachakutik, Mario Ruíz, alegando que “era aliado de los mineros ilegales de Buenos Aires y como yo era la representante de los defensores, me criminalizaron. Así la mayoría fuimos acusados de asociación ilícita, daño a bien ajeno e invasión a propiedad privada para paralizar nuestra defensa y no dejarnos continuar”.
Lucía recibió la amnistía juntos a otros de sus compañeros defensores y cuenta que al enterarse de la ejecución de las amnistías todos estaban muy contentos, aunque no significa que haya parado la criminalización ni hostigamiento de las empresas. “Ganamos las amnistías pero siguen denunciados por defender nuestra casa, por ir a protestar de manera pacífica, por no callarnos y defender nuestros derechos”.
Ahora, el objetivo de la comunidad es sacar a las mineras de la parroquia y a nivel nacional, “ya no somos dos o tres. Estamos a nivel nacional los que hemos formado un frente antiminero grande con muchos territorios que buscan vivir en paz y en un ambiente sano”
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“El problema no cesó”
Después de la entrega de las amnistías el problema no cesó sino todo contrario. 135 personas están siendo criminalizadas por conflictos socioambientales. Una de ellas es la abogada July Tenorio que, al ser defensora técnica del GAD parroquial de Pacto tiene una denuncia por sabotaje y otra por daño a bien ajeno. En este contexto, espera volver a presentar a la Asamblea Nacional otro bloque de peticiones para generar un nuevo proceso de amnistías en favor de más defensores de derechos criminalizados.
