Tiempo de lectura: 9 minutos

Alternativas a la crisis y la pandemia

Propuestas de las comunidades y los pueblos en Ecuador

 

 

Texto por: Génesis Anangonó @genestefa y Verónica Calvopiña @kinoraxx

Reportería por: Luisana Aguilar, Gabriela Gómez y Génesis Anangonó

Ilustración de portada: Angie Vanesita @angie.vanessita 

Infografías: Roberto Chávez

Video: Camila Albuja, Génesis Anangonó, José Mosquera

 

Publicado 30 de diciembre 2020

 

 

 

Tiempo de lectura: 9 minutos

 

La situación económica y social en Ecuador se ha agravado en medio de la pandemia de la COVID- 19, y de cara a un nuevo proceso electoral en febrero de 2021. Miles de trabajadoras y trabajadores han perdido sus empleos o mantienen condiciones laborales no adecuadas. Miles de estudiantes han dejado de estudiar debido a la falta de recursos económicos y tecnológicos en sus hogares para acceder a educación virtual, sumado a la reducción del presupuesto estatal para la educación en los últimos años. 

 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía ecuatoriana decrecerá en alrededor del 10,9% en 2020; siendo el segundo país más afectado por la crisis económica en Latinoamérica, solo después de Perú que tendrá una caída de su economía del 13,9% este año. Toda esta situación acrecentará las desigualdades sociales y económicas en Ecuador. 

 

 

Para el politólogo Carlos Pástor: “El COVID viene para profundizar una crisis que ya veníamos acarreando desde hace mucho tiempo”; una crisis agravada además por “los profundos recortes para el sistema de salud y educación”. La mezcla de este mal sistema económico, de un deficiente sistema de salud y de educación dice Pástor, lo que hacen es generar desigualdad y precariedad en los territorios, agravando la situación para los sectores populares, mientras que ha beneficiado a los sectores corporativos.

Así pone de ejemplo lo que pasa con las y los pequeños agricultores y ganaderos, cuyas ganancias por la venta de hortalizas o de leche se la llevan los intermediarios y las grandes corporaciones y supermercados; mientras que los productores son mal pagados: “Un quintal de papa se vende en 20 dólares, cuando el costo de producción es de 40 dólares y luego en las ciudades la libra termina costando 1 dólar con 25 centavos”. Esta desigualdad se ha complicado, señala Pástor, con la pandemia, pues los agricultores tienen miedo de sacar sus productos a la ciudad y prefieren venderlos en la carretera, y entregarlos a cualquier costo a los intermediadores.

Frente a esto la Economía Social y Solidaria se convierte en una alternativa para los pequeños y medianos productores, ya que permite que los recursos se queden en los territorios en vez de alimentar a las grandes empresas. Esta economía está reconocida en el artículo 283 de la Constitución, y propende una relación armónica y de equilibrio entre el mercado, el estado y la sociedad.

Carlos Pástor explica cómo funciona la economía social y solidaria a pequeña escala, por ejemplo, en una comunidad el dinero que produce una persona que hace pan, luego podría pagar algún servicio dentro de la misma comunidad. Esta es la diferencia con la economía capitalista donde “los recursos limitados de los sectores populares se transfieren de manera directa o indirecta a los grandes grupos económicos”, pues gran parte del salario de un trabajador se destina a comprar alimentos principalmente en los supermercados. Para Pástor, la economía social y solidaria puede fomentarse a través de una educación que enseñe de dónde vienen los alimentos y quién los produce.

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Alternativa frente al sistema de producción de alimentos

La pandemia de la COVID- 19 no es la primera que se relaciona con la producción masiva de carne. La pandemia de influenza más conocida y letal ocurrió en 1918 con la «gripe española», influenza causada por una cepa del virus H1N1. Se cree que el precursor fue un virus aviar que mutó y migró al ámbito porcino y de allí saltó a los humanos. Decenas de miles de soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial habían estado en contacto con los animales. Fue una pandemia global que se extendió por todos los continentes e infectó a unos 500 millones de personas y se estima que dejó entre 17 millones y 50 millones de muertes. En 2009, el H1N1 se manifestó otra vez, en un brote conocido como gripe porcina, que se originó en cerdos en México.

Otro caso fue el virus conocido como el de las vacas locas. Su nombre científico de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), el desorden neurológico es el resultado de una infección por un agente de transmisión poco común llamado prion que contiene una proteína replicante, cuya naturaleza no está entendida completamente. Se cree que el ganado fue infectado al ser alimentado con productos que contenían restos animales, como huesos y carne de otras criaturas que habían desarrollado espontáneamente la enfermedad. El primer caso humano relacionado a la epidemia de EEB se dio en 1996, en forma de una nueva enfermedad: una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vCJD), que causa trastornos mentales y psicológicos.

 

 

 

Según la doctora Fernanda Soliz, directora del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y miembro del Movimiento para la Salud de los Pueblos y de Acción Ecológica, el coronavirus no creó una crisis, sino que es una expresión que se origina como parte del sistema capitalista, su forma de consumo, producción alimentaria y explotación de la naturaleza. Así, la industria de carne se basa en la crianza y el faenamiento de miles de animales a gran escala; necesita grandes hectáreas de tierra para el ganado, provocando la tala de bosques para la siembra de pasto, impactando en la pérdida de cultivos tradicionales y de la soberanía alimentaria de las comunidades.

Fernanda Soliz señala, además, que las grandes plantaciones y criaderos dependen de agrotóxicos letales y nocivos para masificar su producción. Pero las grandes granjas de animales principalmente propagan una forma de nociva de crianza, lo para Soliz las convierte “en verdaderos puentes epidemiológicos para la trasmisión de estas enfermedades y la proliferación de enfermedades degenerativas como producto de la mutación”.

Soliz enfatiza en la necesidad de cambiar estos modelos de desarrollo, pues asegura son “depredadores de la vida, asentados en la concentración de la tierra, del capital financiero, del agua, en la exclusión, en la precarización laboral creciente”, que dejan como saldo “procesos de inequidad social, ecológica, económica y de género” y también procesos infecciosos como la pandemia por la COVID19.

 

En defensa de lo público

La privatización y reducción de los sectores públicos ha sido una de las políticas neoliberales más fuertes en el gobierno de Moreno. En mayo del 2020, el gobierno anunció la eliminación de diez empresas públicas: TAME, Correos del Ecuador, Inmobiliar, Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador – Medios Públicos EP, Siembra, El Servicio de contratación de obras (SECOB), Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, La Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNAEP), Ecuador Estratégico EP (EEEP), y el Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento -CEAR. También se habló del concesionamiento de la Refinería de Esmeraldas y de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT.

 

 

La Seguridad Social es otra área pública que busca ser privatizada. El 8 de junio de 2020, Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, en una entrevista radial habló de la privatización de la seguridad social y de buscar empresas extranjeras para su administración: “Yo sí me arriesgaría a agarrar un centro de salud y concesionarlo, y ver el análisis por un año”. Para Wated, el sector privado tendría éxito dirigiendo la salud ya que tiene experiencia y podría disminuir los costos de operación: “al sector privado una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuesta alrededor de 25.000 dólares, al IESS le representa 50.000 dólares”.

El discurso neoliberal ha apuntado a una supuesta ineficacia y obsolescencia del sector público que, junto con una emergencia de ideas en contra de los derechos, más los escándalos de corrupción en la salud durante este año, han allanado el camino para proponer la privatización. Sin embargo, para Raúl Yánez, secretario de prensa y propaganda de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados Alfonso Yánez Montero, privatizar el IESS no es una opción.

Para Yánez es necesario “que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sea manejado por sus dueños: los trabajadores, los pensionistas y los jubilados”, pues argumenta que es un bien común y un patrimonio del país. Pero, además, menciona que la seguridad social tiene que seguir siendo pública para garantizar el acceso libre y gratuito de los trabajadores, los pensionistas y jubilados.

Como alternativa frente a las pretensiones de privatizar la seguridad social, nació el Frente de defensa del IESS. Este colectivo está integrado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Comisión Nacional Anticorrupción, el Frente Popular, la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados Alfonso Yánez Montero, la Confederación Nacional de Servidores Públicos y la Confederación Nacional de Jubilados. Según explica Yánez, la agrupación busca: “defender la autonomía del IESS por sobre los intentos privatizadores y recuperar los bienes inmuebles mediante inventario”, para rechazar cualquier intento de privatización.

El Frente de defensa del IESS también sostiene que uno de los principales problemas del sistema de salud ecuatoriano está ligado a la corrupción, que ha trascendido a espacios como el Instituto de Seguridad Social (IESS) y explica que “el IESS siempre ha sido caja chica o caja grande para los diferentes gobiernos que han saqueado sus fondos. En el último gobierno no más, está la repartición de hospitales”. También abogan por una representación más amplia de sectores en el Consejo Ejecutivo, que hasta ahora mantiene una fuerte presencia de los sectores empresariales, dejando de lado a la pequeña y mediana empresa.

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La organización popular después de octubre

Tras doce días de protestas el gobierno de Lenín Moreno eliminó el decreto 883 en octubre de 2019, sin embargo, el decreto continuaba allí “con tanque de oxígeno esperando ser resucitado”, como explica Blanca Chancoso mujer indígena del pueblo Kichwa de Otavalo, parte de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)

Mama Blanca, como la llaman, asegura que luego de las protestas de octubre “era necesario no bajar los brazos y mantenernos en vigilia”, pues pese a que el gobierno nacional ofreció mantener diálogos con la Conaie, esto no ocurrió. Por ello, se realizó una convocatoria a la que respondieron alrededor de 182 organizaciones sociales, “para analizar e intercambiar puntos de vista sobre el comportamiento político del gobierno y sobre cuál sería nuestra postura”. Nació entonces el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador. 

La líder indígena Blanca Chancoso explica que el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador se sostiene con “la presencia masiva de hombres y mujeres, no solo indígenas sino también de otros sectores sociales, obreros, de barrios de Quito, vendedores minoristas”, quienes se identificaron con la causa indígena, la lucha social y la exigencia de eliminar el decreto 883. Según Mama Blanca, varias organizaciones sociales tenían la intención de articularse desde los años 90, sin embargo, fue hasta luego del Paro Nacional y el Levantamiento del 2019, que lograron unificar sus objetivos.

Así, el Parlamento elaboró una propuesta conjunta, publicada en julio de 2020, que recoge siete grandes temas prioritarios relacionados con: salud para la vida digna, seguridad social, política económica transformadora que pone en el centro el cuidado y la justicia social, educación pública, comunitaria e intercultural, soberanía alimentaria y justicia para el campo y políticas antiextractivistas. La propuesta se construyó de manera colectiva y es una actualización de la propuesta presentada en octubre de 2019, durante el Levantamiento Indígena y Popular, por el Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador al gobierno de Lenín Moreno, pero ahora incluye temas relacionados con la pandemia y las afectaciones a la vida.

Esta propuesta se denomina Minga Por la Vida. Mama Blanca Chancoso explica en que consiste: “La minka no tanto en el trabajo, en la tierra paleando, sino paleando con el pensamiento, con el sentir de hombres y mujeres; y dejar guachando la propuesta. Eso es lo que se hizo: actualizar el documento acorde a la situación de la pandemia”. Este documento está transversalizado por un enfoque de género e intergeneracional, explica Blanca Chancoso. Además fue aportado por mujeres trabajadoras, sindicalistas, populares, indígenas, campesinas, afrodescendientes, con discapacidad, pertenecientes a organizaciones sociales y, algunas colectivas feministas que se reconocen “anti-imperialistas, anticapitalistas” y antipatriarcales y que son parte del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas, también creado después Levantamiento Indígena y Popular de octubre de 2019.

Las propuestas plasmadas en Minga Por la Vida tienen como principio fundamental el cumplimiento de derechos, el bienestar de los pueblos y las personas con un enfoque laico, comunitario, plurinacional e intercultural, en donde no se reproduzcan formas de discriminación, racismo, opresión o humillación de ningún tipo. Chancoso asegura además que este documento permitió la construcción de esta propuesta de cara a la crisis que se agudizó durante la pandemia: “Ahora en la pandemia se visibilizó que para la comida o la salud no nos servía para nada un trozo de oro, de plata o de cobre. Para enfrentar esta pandemia lo que sirvió fue poner un trozo de choclo, una papa, un maíz o un frijol. Eso era importante para salvar la vida”

 

 

El 2021 será un año electoral donde se escucharán principalmente propuestas de cara a la crisis económica y a la gestión de la pandemia. El periodo electoral para el politólogo Carlos Pástor, es una etapa de aparente esperanza, puesto que la gente tiene perspectivas de mejorar sus condiciones a futuro. Pero los candidatos o los partidos no son los únicos con propuestas. Para colectivos y organizaciones es importante discutir desde qué enfoques y qué políticas públicas se harán realidad esas propuestas, y cómo se atenderán los problemas del país.

Después de Octubre del 2019, las organizaciones han afianzado diversas alternativas en medio de un año marcado por la pandemia y por la aplicación de un modelo que se ha impuesto como la única opción válida. En suma, el próximo año no solo se discute el cambio de gobierno o los problemas económicos, sino también las perspectivas que queremos y esperamos para el país.