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Mujeres y feministas entregaron acción de incumplimiento a Corte Constitucional por veto presidencial
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 30 de marzo del 2022
Colectivos de mujeres y feministas entregaron una acción de incumplimiento a la Corte Constitucional el 30 de marzo de 2022, para rechazar el veto parcial del presidente Guillermo Lasso, que modifica 61 a 63 artículos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación.
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La Asamblea Nacional aprobó el 17 de febrero de 2022, la Ley de Garantía de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, que fija en 18 semanas, el plazo para que niñas y mujeres de la ruralidad puedan acceder a un aborto. Mientras que para mujeres mayores de edad el plazo es de12 semanas y sin plazos para mujeres con discapacidad mental,
Sin embargo, el 15 de marzo, el presidente Guillermo Lasso vetó la ley, proponiendo 61 textos alternativos y realizando objeciones respecto de los plazos y requisitos para el acceso al aborto; así como planteando una objeción de conciencia institucional; entre otros artículos.
Colectivos, organizaciones, mujeres feministas y disidencias sexuales rechazaron el veto del Ejecutivo y presentaron una acción de incumplimiento. Esta acción consiste en demandar el cumplimiento de una sentencia, decisión o informe que garantice la protección de derechos humanos. En este caso, el acceso al aborto en casos de violación sin mayores restricciones.
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Mujeres y feministas en resistencia
La mañana del 30 de marzo de 2022, mujeres y feministas de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Acción Jurídica Popular y Trenzando Feminismos y otras organizaciones presentaron una acción de incumplimiento al veto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación.
Según la acción de incumplimiento, el Ejecutivo incumple los estándares mínimos fijados por la sentencia de la Corte Constitucional. Además, las organizaciones consideran que el presidente Lasso impone su visión personal en el veto, lo que va contra de los derechos de las mujeres que han sido violadas.
Es así como la acción de incumplimiento presentada, solicita que la Corte Constitucional establezca las siguientes medidas cautelares:
– Se ordene a la Asamblea Nacional la devolución del veto parcial enviado por el Presidente para que éste remita nuevamente sus observaciones en el plazo de treinta días, las que deben ser alejadas de su interés y creencia personal
– Y, se suspendan los plazos, y se vuelvan a activar cuando nuevamente sean remitidas las observaciones del Presidente respecto del Proyecto de Ley Orgánica para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de violación.
Angélica Porras, abogada y parte de Acción Jurídica Popular, mencionó que el veto presentado por el presidente Guillermo Lasso: “incumple todos los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional” que despenaliza el aborto en casos de violación. Lo que hace el veto es “obstaculizar el acceso al aborto con todos los requisitos que se piden”
Entre los siguientes requisitos que el veto incorpora a la ley está que las víctimas de violación deben presentar una denuncia; una declaración juramentada; o un examen médico legal, es decir, demostrar que la persona fue víctima de violencia sexual. Esto obliga a que las niñas y mujeres con embarazos, producto de una violación, “acudan a abortos clandestinos que ponen en peligro su vida”, recalcó Angélica.
Además, mencionó que el veto es una acción que “criminaliza, estigmatiza a mujeres que deciden interrumpir su embarazo”. A esto, Angélica añadió que la Corte no estableció un tiempo específico para responder a la acción de incumplimiento y a las medidas precautelares solicitadas.
En la misma línea, Gabriela Gómez, parte de Trenzando Feminismos, dijo que el veto de Lasso es “discriminatorio y no reconoce las desigualdades que se viven en el país”. Mencionó que el veto afecta a niñas, mujeres de las zonas rurales, indígenas afrodescendientes y empobrecidas.
También mencionó que seguirán impulsando la defensa por tener una ley “justa y reparadora”, porque el veto “promueve la revictimización de las víctimas de violencia sexual”, además de ser inconstitucional porque no cumple con la sentencia establecida por la Corte el 28 de abril de 2021.
Virginia Gómez de la Torre, parte de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, añadió: “Emplazamos a la Corte para que tramite lo que estamos presentado, debe darle prioridad”. Ella explicó que la Corte tiene un mecanismo de seguimiento de sus sentencias; por lo que pidió que “se analice y vea la barbaridad que el presidente ha presentado y dé un pronunciamiento”.
Las mujeres y feministas se autoconvocaron e hicieron un llamado a la sociedad civil a unirse a las movilizaciones que seguirán realizando hasta obtener una ley que garantice verdaderamente el aborto en casos de violación.
