El acceso al agua, una lucha sostenida por mujeres

 

Por Dennise Herrera

Publicado 31 de julio del 2022

 

 

 

En la provincia de Bolívar, en el corazón de la sierra ecuatoriana, se encuentra la comunidad San Pablo de Amalí. Ésta es una de las 140 comunidades que se benefician de la cuenca del río Dulcepamba, la cual nace en las cumbres andinas y desciende hasta la costa. En esta zona se cultivan varios productos  como papa y  fréjol, los cuales abastecen a esta región y a la capital.

Durante años, San Pablo de Amalí y otras comunidades aledañas han librado una batalla contra la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A., la cual ha interferido en la distribución de acceso al agua para las comunidades que viven de la agricultura en este territorio. Además, esta empresa ha causado otras afecciones como la desviación del río que bordea sus viviendas pese a que se describe como una empresa que genera energía eléctrica a partir del uso responsable y sustentable de los recursos hídricos en armonía con el medio ambiente. 

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Más de 15 años de lucha

En el año 2005, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la licencia para la construcción de la Hidroeléctrica frente a las viviendas de estas comunidades. Desde ese entonces, las poblaciones cercanas se han opuesto al proyecto principalmente por las afectaciones que les ha causado la intervención de la hidroeléctrica  en el proceso de la distribución del agua.

Pese al rechazo de las comunidades, se inició la construcción un año después de aprobado el proyecto. Luego se suspendió la obra nuevamente debido a enfrentamientos entre ciudadanos y trabajadores de la empresa, pero en 2013 se retomó la construcción, lo que generó todavía más conflicto.

 

La denuncia de las comunidades ubicadas en la cuenca del río Dulcepama se conoció  más ampliamente el año 2015 cuando el desbordamiento del río causó la muerte de tres personas y la destrucción de doce hogares en esta zona. Según miembros de estas comunidades, este desbordamiento se debió a que Hidrotambo S.A. desvió el caudal del río para la construcción del proyecto hidroeléctrico San José de Tambo llevado a cabo por esta empresa.

Desde entonces, las comunidades han reportado múltiples desbordamientos y secuelas. Sin embargo, la empresa ha negado su responsabilidad, argumentando que éstos no han sido causados por las actividades relacionadas al proyecto sino por fenómenos naturales.

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Un fallo histórico

En 2019, gracias a la lucha de las comunidades y de las organizaciones de derechos humanos que se sumaron, la entonces Secretaría del Agua emitió un Recurso Extraordinario de Revisión a favor de las comunidades y la naturaleza, en la cual se determinó tres obligaciones para la empresa. 

La primera determina la reconstrucción de la obra en un plazo de dos años para corregir los riesgos de erosión e inundación que afectan a las comunidades durante las crecidas normales del río. La segunda exige a la empresa evitar el uso del agua del río Dulcepamba en la época seca. Por último, en la tercera cláusula se modificó la autorización del uso del agua de la empresa para garantizar el derecho prioritario a las comunidades y a la vida acuática del río. Sin embargo, este último punto ha sido uno de los más álgidos y  ha desencadenado en diversos enfrentamientos, pues las comunidades han denunciado que no pueden acceder al agua de manera continua a pesar de esta estipulación. 

Por su parte, en el 2021 Hidrotambo S.A. presentó una acción de protección contra esta resolución. La empresa alegaba que no debería cumplir con lo determinado ya que sostenía que sus derechos habían sido vulnerados. Sin embargo, en febrero de 2022, el Tribunal de la Corte Provincial de Tungurahua rechazó la acción de protección presentada por la empresa, ratificando  así las obligaciones en protección de las 140 comunidades afectadas.

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La resistencia de un pueblo, sostenida por mujeres 

Las mujeres han jugado un rol fundamental en esta lucha. Por ejemplo, Silvia Verdesoto, integrante de una de las comunidades afectadas, asegura que la situación es muy complicada. Ella lleva más de tres años luchando para tener acceso regular al agua y está cansada. Tiene a su cargo varios animales. Además, sembró 4000 árboles nativos para subsistir.  Para cuidarlos, debe utilizar baldes para llevar el agua hasta su sembrío, pero no son muchos los que alcanza a levantar a la vez, incluso con la ayuda de un caballo para transportarlos. Silvia espera que en algún momento la empresa deje de interferir en su actividad. Como otras personas en su comunidad, ella no teme seguir luchando por el libre acceso al agua.

Noemi Gavilánez es otra mujer de la comunidad. Ella ha vivido toda su vida en este lugar y dice que “ahí mismo morirá”. Noemi es agricultora; siembra fréjol, papa y  maíz. Como Silvia, Noemi necesita agua para sus cultivos. Ella cuenta que le gustaría que la empresa fuera un poco más humana y entendiera su situación.

Por su parte, Yazmin Clava es la abogada de la comunidad que ha acompañado por varios años este caso. Ella resalta que además del acceso al agua, los habitantes exigen justicia y reparación.  También señala que hay dos procesos legales para proteger el río: uno administrativo y otro judicial, y aclara que existen vulneraciones a la naturaleza cuando se ha comprobado que se ha intervenido en el curso natural del río. Por último, recalca que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones pese a las resoluciones emitidas por las autoridades. 

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Persecución a las voceras del caso 

Comunidad “El Ripio”, quebrada Villa Mora. Emily y Rachel Conrad  miden el caudal volumétrico del río como parte de un estudio hidrológico de la cuenca del Río Dulcepamba – 2015

Rachael Conrad es analista ambiental. Ella llegó a la comunidad hace nueve años por un intercambio de estudio. Cuenta que, al aprender sobre la problemática de este lugar, se sintió impactada por los relatos que escuchó. Asegura que sus primeros días junto a la comunidad fueron tensos debido a encuentros violentos entre los trabajadores de la empresa Hidrotambo S.A. y la gente de la comunidad que había bloqueado las vías para impedir que la obra avanzara. Actualmente su estadía migratoria ha  sido cuestionada por la empresa, la cual ha insinuado que su trabajo podría tener intereses personales. Rachael ha empezado a hacer público su temor de que la empresa la hostigue por hacer su trabajo. 

Manuela Pacheco junto Elsie Monge (CEDHU) Y Cecilia Cherres (Acción Ecológica) en la comunidad San Pablo Amalí – 2021  

Otra de las mujeres que ha liderado esta batalla es Manuela Pacheco. Manuela ha abrazado esta lucha por casi 20 años y continúa esta resistencia en defensa de su tierra, ahora desde una silla de ruedas. A lo largo de los años, Manuela ha enfrentado denuncias en su contra debido a su activismo. La lideresa considera que el camino sigue siendo largo, pero afirma que no se detendrá pese al cansancio y la afectación en su espalda que le impide caminar. Ella asegura que el agua debe ser para los y las campesinas que viven de la siembra, y espera ser una esperanza para la continua defensa de los recursos de las comunidades.