Abortar: una decisión que vence al miedo y la culpa
Por : Sinchi Gabriela Gómez T.
Foto de portada Hannah Valladares
Publicado 09 de noviembre 2021
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–¿Qué se tomó? Si no me dice, no voy a poder ayudarle. Tiene que decirme qué se tomó– me insistía la doctora que me atendió en un hospital público del sur de Quito.
Tenía veinte y tres años y cursaba mi segundo embarazo. Llegué en una ambulancia, a las nueve de la noche, con contracciones dolorosas y un fuerte sangrado. Permanecía tranquila, sabía que la complicación era una probabilidad después de haber interrumpido de forma voluntaria mi embarazo. Después esto cambió. Cuando hablé con la doctora, ya era la madrugada, las enfermeras me trataron con hostilidad, la ecógrafa también y hasta los camilleros, lo que logró quebrarme. Estaba asustada y ya no podía guardar la información. Entendía que podían denunciarme si decía que me provoqué un aborto, pero también sabía que usé un método seguro, como es el Misoprostol, y que no había forma de que este medicamento sea detectado en mi sangre para acusarme. Pero la presión que ejercían sobre mí, el miedo a morir desangrada por no recibir atención pudo más que el temor a la cárcel. Entonces hablé:
– Por favor doctora, le voy a decir, pero no me denuncié ni le diga a mi esposo. Sí, usé Misoprostol.
No me denunciaron, no tuve que pasar por un arresto y no tuve a policías custodiándome mientras estaba débil en la cama de un hospital, vestida únicamente con una bata y abrazada a la angustia de que en casa me esperaba mi pequeña hija.
La suerte que yo tuve no la tuvieron otras 120 mujeres, adolescentes a las que sí les abrieron procesos judiciales por abortos en Ecuador, de las cuales 33 mujeres cumplieron pena de prisión tras la condena o estuvieron privadas de la libertad durante el juicio o antes, como lo recoge el informe “El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador” realizado entre 2009 y 2019, por Human Rigths Watch, (HRW) una organización internacional de derechos humanos que anualmente elabora y publica cerca de 100 informes y emite periódicamente información sobre las condiciones de derechos humanos en 90 países alrededor del mundo.
Este informe también revela que la criminalización del aborto no sólo trastocó la vida de 120 mujeres y niñas, sino también de 20 acompañantes y 8 personas que son parte del personal de salud, que en total suman 148 personas; contando solo los casos que se pudieron registrar para este informe.
El informe demuestra que el discurso de que “no existen mujeres encarceladas por aborto”, que han levantado grupos conservadores para impedir la ampliación de causales para el aborto no punible, es erróneo e incompleto. Un ejemplo es que Lourdes Cuesta, ex asambleísta, afirmó en medio del debate legislativo para las reformas del Código Penal en 2019, que “al día de hoy no existe una sola mujer privada de su libertad por haber tenido que tomar una decisión tan espantosa”. Pero los datos oficiales demuestran que las mujeres judicializadas por abortos son condenadas a la cárcel o son criminalizadas y obligadas a realizar medidas sustitutivas como el trabajo comunitario o asistir a terapia psicológica.
En mi historia, yo decidí no continuar con el embarazo en las condiciones de precarización que atravesaba mi familia, con empleos sobreexplotados y de poca paga, que impedían cuidar y acompañar como deseábamos a nuestra hija que en ese entonces ya tenía tres años, y largos etcéteras que solo se conoce cuando vives la desigualdad. Todos esos motivos que la sociedad ignora a la hora de juzgar y de la cual el sistema no se hace cargo. Finalmente, los motivos de mi decisión fueron míos y a pesar del trato violento que recibí en el hospital público en el que me atendieron, por lo menos no fui procesada.
Pero hay otras historias que el Informe de HRW recoge y que deben leerse como si fueran nuestras propias historias, para poner la indignación y la empatía en común.
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Imagina llegar al hospital público con un episodio de aborto no provocado, el médico que te atiende registra que el aborto fue causado por una infección de vías urinarias. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, o mejor dicho, de un turno a otro, otro médico que tiene a su cargo tu atención cambia ese diagnóstico, te interroga de forma violenta y te denuncia por “aborto consentido”. Tú, con una bata de hospital y compresas para recoger tu sangrado, aún inestable y con fiebre, eres apresada.
Esto le sucedió a Sara, una mujer de 38 años, madre de dos hijos. Esa noche Sara no solo perdió su embarazo, también fue apresada e imputada por aborto consentido. Sara recibió apoyo de un abogado defensor público, quien en lugar de defender su inocencia, le recomendó que se declarara culpable. En menos de 24 horas desde que Sara entró al hospital a pedir ayuda y pasar de ser una paciente a ser una persona privada de libertad. Sara estuvo en la cárcel de Latacunga por un año, hasta que su hija se contactó con una abogada particular que pudo interponer un recurso que permitió cumplir los ocho meses restantes de pena fuera de la cárcel.
En Ecuador el aborto es legal bajo tres casuales: cuando corre riesgo la vida y salud de la mujer y cuando ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Esta ultima causal fue ampliada, el 21 de abril de 2021, después del dictamen de la Corte Constitucional a favor del aborto por violación. A pesar de esto, el informe recoge historias de mujeres que fueron criminalizadas incluso cuando abortaron para salvar su vida o su salud, causales legales vigentes.
Lucía de 15 años, fue violada cuando regresaba a su casa después del colegio y a sus 15 años se enfrentó a un embarazo producto de esa violación. Dio a luz sola y sin ayuda en el baño de su casa, por lo que, sin la asistencia médica necesaria, el bebé falleció. Lucía nunca vio restituidos sus derechos como víctima de un delito, como es la violación; al contrario, fue condenada por homicidio en un tribunal para adultos con una pena de cinco años dentro de un centro para menores infractores.
Las mujeres y sus hijos e hijas, en su mayoría empobrecidas, son a quienes más afecta la criminalización de aborto. Muchas de ellas tienen que abandonar a sus hijos e hijas para cumplir sus condenas o en otros casos pagar sus condenas con sus hijos en la cárcel.
Ese fue el caso de María, una mujer afroecuatoriana, cabeza de hogar, que tuvo que pasar cuatro meses en prisión junto a su hijo de tres años que tiene discapacidad, y dejar a su madre, también con discapacidad, sin el sostén de vida. María no sabía que estaba embarazada cuando llegó a la maternidad en búsqueda de atención por un sagrado después de sufrir un accidente a la salida de su trabajo. En el hospital no le avisaron que tuvo un aborto espontáneo, solo le hicieron una limpieza y después la denunciaron. El 73% de las denuncias de abortos se dan cuando el personal de salud pone en conocimiento de la Policía, aunque esto viole el deber de confidencialidad de la información, un derecho consagrado en la Constitución de Ecuador.
Como María, la mayoría de casos recogidos en el Informe de HRW son de mujeres que provienen de sectores rurales, de población indígena y afro descendientes. Esto demuestra que la criminalización tiene como componente fundamental la discriminación que en este caso se vuelve sistemática; además, la edad es otro factor de riesgo. No en todos los casos de este estudio se pudo determinar la edad; sin embargo con base en 78 casos que sí se pudo obtener este dato, el 61% tenía entre 18 y 24 años, mientras que un alarmante 12% corresponde a menores de 18 años, es decir adolescentes y niñas.
Cada historia y cada contexto es distinto. Las mujeres que enfrentamos la decisión de abortar lo hacemos rodeadas de dificultades y falta de acceso tanto a información como a servicios, hambre, sobrecarga de trabajo no remunerado, falta de oportunidades, desempleo. Todo esto provocado por la desatención del Estado que no se hace cargo y más bien refuerza la criminalización.
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El Informe de HRW muestra cómo el Estado omite incluso la violencia de género estructural que viven las mujeres. Eso se refleja en la historia de Yolanda.
Yolanda llegó a los servicios de Salud en silla de ruedas, afirmando que interrumpió su embarazo de manera voluntaria, después de haber sido violentada por su pareja y sobrevivir a un posible femicidio. Yolanda víctima de violencia de género, fue sentenciada a dos meses de prisión por aborto consentido; mientras que su denuncia por de violencia no se investigó, ni recibió justicia. En el Informe se recoge la siguiente anotación hecha en el expediente judicial de este caso:
“Se hizo el reconocimiento médico a la madre, en donde efectivamente ella presenta un corte a la altura del ombligo y a más de aquello presenta tres golpes, dos a la altura de la espalda y uno por los glúteos; presumimos también ella pudo ser maltratada, se conoció que esta habría tenido problemas con su conviviente, quien le venía hostigando respecto que el niño posiblemente no era suyo”.
¿Qué hacer con toda la información que recoge este informe? Más allá de ser números que alimentan las indignantes cifras, son historias que marcan la vida de las mujeres que hemos vivido en el cuerpo la necesidad de ser atendidas por una circunstancia de aborto, y lejos de un trato humano, hemos recibido violencia. Es necesario que esto deje de suceder, para lo cual se requieren medidas interinstitucionales, que den respuesta precisa a estas problemáticas.
Dentro del informe se incluyen recomendaciones para cada institución del Estado ecuatoriano que puede intervenir para que la vida de mujeres, niñas, personas con posibilidad de gestar vivan una vida plena.
Una de las principales recomendaciones es sobre la legislación, sobre todo lo que tiene que ver con las responsabilidades que derivan de la sentencia dada por la Corte Constitucional en abril de 2021, sobre la inconstitucionalidad del Art 149 y 150 del Código Penal para el aborto en casos de violación, después de años de lucha por parte del movimiento feminista y que permanece en la Asamblea Nacional pendiente de ser aprobada.
El duro camino que ha tenido que transitar la exigencia por el aborto legal desde el movimiento de mujeres y feministas del Ecuador, es el símil de lo que enfrentan las mujeres y personas con posibilidad de gestar para poder vivir una interrupción del embarazo digna. El debate ahora está en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El proyecto de ley fue elaborado por la Defensoría del Pueblo por mandato de la Corte Constitucional.
En diciembre de 2021 por fin podremos decir que el aborto ¡Ya es ley!. Hasta entonces, las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas con posibilidad de gestar ya pueden ir a los centros de salud y hacer uso de su derecho a abortar voluntariamente en casos de violación. Pero no basta con que sea legal tiene que ser digno y aplicado por el personal de salud, sin prejuicios. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que el Estado se encargue de hacer cumplir como se debe la ley?
Es momento de hablar de las consecuencias de que la sociedad y el Estado se sostengan en el machismo, y el peligro de trasladar los prejuicios morales a la legislación y al ejercicio profesional. El aborto es algo común en la vida sexual y reproductiva de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Las causas pueden ser múltiples, puede suceder por el deseo y la decisión tanto como de manera espontánea y natural. Del aborto nadie se libra y de la injusticia tampoco nos libramos, sobre todo en un Estado que criminaliza las decisiones de las mujeres, un sistema que con criterios altamente morales deja de escuchar, atender a las mujeres y niñas, y solo las sentencia, por ello reitero la urgencia de poner la empatía en común.
La ley que debe aprobar la Asamblea es una oportunidad más para quienes se deciden por el aborto frente a una maternidad no deseada; pero también es la oportunidad para el Estado de reparar la vida de las mujeres sobrevivientes del delito de violación.
La culpa, la herramienta de dominación de la sociedad conservadora usada por siglos para oprimir los cuerpos de las mujeres, no puede seguir escondida tras la ley, sobre todo en un mundo en el que las mujeres se enfrentan al miedo, lo vencen cada día y con o sin ley abortan y seguirán abortando legítimamente.
