Noboa busca una constituyente, mientras el descontento social va en aumento
Por: Redacción Wambra @wambraec
Publicado 26 de septiembre del 2025
Ecuador ya tiene fecha para su próximo llamado a las urnas: el domingo 16 de noviembre de 2025. Los ciudadanos deberán votar en una consulta popular y decidir si apoyan o no a Noboa. ¿El motivo? Tras varios tiras y aflojas, la Corte Constitucional dio luz verde para que la ciudadanía decida si quiere o no instalar una Asamblea Constituyente que reescriba las reglas del juego del país.
Después de los ajustes al estatuto de la Constituyente (eliminación de considerandos, clarificación del proceso y tamaño de circunscripciones), la Corte Constitucional emitió dictamen favorable para que la consulta popular y la Asamblea Constituyente avancen. Desde la llegada al poder de Noboa en 2023, el organismo ha emitido mayoritariamente dictámenes favorables (66%) a las medidas planteadas por el Ejecutivo. Incluso, en las más polémicas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) destinó USD 5,57 millones para organizar el proceso. Y fijó que las dos campañas — por el“Sí” y el “No”— podrán gastar cada una hasta USD 2,78 millones. Además, habrá un fondo especial para spots y propaganda gratuita en medios, como manda el Código de la Democracia.
Si empleamos la doctrina del shock para analizar la tensión generada entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional podemos identificar que se ha dado en un momento de crisis desatada por la eliminación del subsidio al diésel y el alto conflicto con sectores sociales y el movimiento indígena en oposición a la aplicación del ‘paquetazo’ económico del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El 17 de septiembre, en carta pública a la nación, Noboa anunció que impulsaría una consulta popular para que la ciudadanía decida si convoca una Asamblea Constituyente. Argumentó que el país estaba “secuestrado institucionalmente” por estructuras políticas y judiciales que bloquean cambios. Señaló que “el cambio no puede lograrse mientras las reglas actuales nos impidan luchar contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen”.
La doctrina de shock explica que al generar un conflicto como “cortina de humo” se pueden impulsar cambios profundos –incluyendo reformas institucionales– como la Constituyente. La población está “distraída, aturdida o polarizada” tomando posición a favor y en contra mientras los temas de fondo pasan sin mayor debate ni obstáculo.
Un “shock” puede generarse mediante una emergencia, conflictos institucionales, amenazas al orden legal, etc. En ese ambiente, quienes quieran reformar estructuras pueden aprovechar para debilitar contrapesos institucionales o cambiar reglas del juego.
En este reporte informativo te proponemos elementos de análisis de la actual coyuntura nacional bajo la doctrina del shock.
Un tesoro de oro bajo un páramo enfrenta al gobierno de Ecuador con su pueblo. Mientras el presidente Noboa intenta eludir su responsabilidad, el pueblo se moviliza masivamente para defender su agua, desafiando una licencia ambiental que ignora consultas populares Foto: Rafael Idrovo Espinoza.
.
¿Cómo Noboa habría aplicado la doctrina del shock en Ecuador?
- Crear tensión e identificar un enemigo visible
Se señala a la Corte Constitucional como “enemiga del pueblo” cuando suspende artículos de leyes urgentes impulsadas por el Ejecutivo (ej: Leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia) que Noboa considera clave. Un ejemplo de esto: la marcha convocada hacia la Corte para protestar dicha suspensión. - Legitimar la propia narrativa
El presidente promueve la idea de que la Corte está bloqueando medidas para combatir el crimen, mejorar la seguridad, etc., y que retener el poder institucional es una forma de proteger intereses oscuros contra el bien común. Eso crea un “shock” institucional y moviliza la opinión pública. - Proponer soluciones estructurales en medio del conflicto
En ese contexto de tensión, Noboa impulsa la idea de convocar una Constituyente, una reforma constitucional profunda, lo que requiere cambios institucionales y participación popular. La estrategia incluye decretos, consultas, etc. Es decir, propone cambiar las reglas del juego mientras los ciudadanos están focalizados en la crisis institucional. (Crisis de inseguridad, derechos bloqueados, leyes suspendidas, etc.) - Lograr aval de la Corte cuando ya hay avances
Aunque la Corte es presentada como antagonista, en múltiples casos ha emitido dictámenes favorables a medidas del Ejecutivo. Eso sirve para legitimar el proceso y mostrar que, pese a la tensión, los controles siguen funcionando, lo que reduce parte del riesgo político. El shock inicial sirve para mover la opinión, pero luego los fallos favorables suavizan el conflicto institucional.
En el caso sobre las bases militares extranjeras, la Corte determinó que la pregunta sobre eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras cumplía con los requisitos legales (claridad, lealtad al elector, etc.) y emitió dictamen favorable para que ese punto siga al CNE.
Se usa retórica de conflicto para movilizar apoyo, distraer de otras crisis, y acelerar reformas estructurales mientras la Corte concede lo necesario para que el proceso no se declare inconstitucional.
El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la colocación de la ofrenda floral a los héroes del 10 de Agosto al conmemorarse los 216 años del Primer Grito de Independencia, en la Plaza Grande. Fuente: Presidencia de la República. 08 de agosto de 2025
.
La corte nunca dijo “NO” a la Constituyente
El 19 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 148, que convocaba una consulta popular para decidir si se instalaría una Asamblea Constituyente.
Ese decreto fue enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que antes la Corte Constitucional emitiera su dictamen de constitucionalidad sobre la propuesta. Por la noche, la Corte Constitucional de Ecuador se vio obligada a evacuar durante una sesión de emergencia debido a una amenaza de bomba mientras revisaba las demandas presentadas contra el decreto presidencial.
Luego, diversas demandas de inconstitucionalidad fueron admitidas contra el Decreto 148, y la Corte Constitucional dispuso la suspensión provisional de sus efectos. Las objeciones legales se fundamentaban en la omisión del control previo que exige la Constitución. El artículo 104 de la Constitución exige que “en todos los casos” en que se convoque consulta popular, se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.
Por esta razón, el presidente emitió el Decreto 153, insistiendo en la pregunta para la Asamblea Constituyente, con ajustes y remisión a la Corte. El 24 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que la convocatoria a la consulta popular con la pregunta de Constituyente pueda avanzar, luego de verificar que la Presidencia había subsanado vacíos en los considerandos y clarificado el Estatuto Constituyente adjunto. Con esos cambios, la Corte Constitucional finalmente dio dictamen favorable. Tras ese aval, el CNE presidido por Diana Atamaint, incorporó la pregunta de la Constituyente en una consulta prevista para noviembre de 2025.
En un comunicado oficial, el gobierno nacional explica que con esta acción “devuelve el poder al pueblo”. En opinión de Ramiro García, decano de Jurisprudencia de la Universidad Central, la Corte nunca dijo que “No” a la Asamblea Constituyente. “La Corte le mandó a corregir la plana, le mandó a hacer los deberes bien”.
¿Puede mantenerse el CNE imparcial? Por pedido del presidente Daniel Noboa, ingresó al servicio exterior Vinicio Kar Atamaint Wamputsar, hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint en enero de 2024.
Diana Atamaint, presidenta del CNE (i), junto con Daniel Noboa (d) en la entrega de las credenciales de su elección como presidente de la República, en los comicios anticipados de octubre de 2023 tras la declaratoria de muerte cruzada por el presidente Guillermo Lasso. Foto: Cortesía de Consejo Nacional Electoral.
.
Violación del orden constitucional
El presidente rompió el orden constitucional porque no siguió el camino que manda la Constitución donde es necesario un control previo de la Corte Constitucional. Esto puede interpretarse como una ruptura del “Estado de derecho”.
Pero no es la primera vez que Noboa desconoce las leyes: en elecciones, no solicitó licencia a la Asamblea Nacional para hacer campaña electoral durante su candidatura por no considerarla “reelección”; mediante un delegó de forma irregular el cargo a “vicepresidenta encargada” a su secretaria de la presidenta, Cynthia Gellibert, reemplazando a la vicepresidenta electo, Verónica Abad sin procedimiento constitucional; ha emitido “decretos” y “estado de excepción” sin justificación, varios de los cuales la Corte Constitucional declaró inconstitucional en casos puntuales.
El mismo viernes, 19 de septiembre, el bloque oficialista ADN intentó que se incluyera en el Pleno una resolución de respaldo a la convocatoria de Constituyente. Esa moción fracasó por tres votos; faltaron esos apoyos para cambiar el orden del día y debatir formalmente. En esa votación, ADN sumó apoyos de aliados, incluyendo algunos ex-correístas, pero muchas otras bancadas se opusieron o se abstuvieron, incluyendo Revolución Ciudadana (RC) y Partido Social Cristiano (PSC).
«Cualquier interferencia con la Corte Constitucional socava el Estado de derecho», dice la relatora de la ONU sobre Ecuador, Margaret Satterthwaite. «La independencia judicial no es un privilegio para los jueces, es una condición fundamental del Estado de derecho y una salvaguarda para los derechos de todas las personas» continuó dejando clara la preocupación por la creciente tensión entre el poder Ejecutivo y el poder judicial.
Previamente, la Relatoría Especial de ONU publicó un comunicado que señaló la injerencia en la Corte Constitucional como una “amenaza al estado de derecho y a las garantías contra el abuso de poder”.
”Desarrollé una reunión con el nuevo presidente y vicepresidenta de la Conaie Ecuador, para afianzar las relaciones interinstitucionales en favor de una democracia incluyente y diversa, que garantice la participación de los pueblos y nacionalidades” Fuente: 30 de julio, Quito. Redes sociales de Diana Atamaint
.
Crisis reales: salud, educación, empleo y seguridad
Tras medidas como la eliminación del subsidio al diésel que ocurrió apenas 7 días antes de la convocatoria a una nueva Constituyente, el Gobierno anunció el pago de USD 1.1 millones en incentivos, un monto que compite directamente con otras obligaciones incumplidas en educación, salud pública, gobierno locales y pagos consolidados a proveedores.
Reclamos por la falta de medicinas, infraestructura deteriorada, escuelas sin recursos, hospitales sobrepasados. Gremios docentes y de salud denuncian que los fondos destinados a esas áreas no se usan adecuadamente o que hay deudas que no se han pagado.
El gobierno de Noboa lanzó un paquete de “18 medidas de compensación” para mitigar impactos sociales y económicos. Estas medidas incluyen bonos temporales, incentivos productivos y apoyos a sectores afectados.
El Gobierno también inició pagos de un programa de incentivos productivos por USD 1.100 millones y reportó desembolsos en distintos rubros.
Las organizaciones reclaman que la propuesta constitucional se está promoviendo sin diálogo, sin cumplimiento de los procedimientos legales, y la ven como una distracción o una forma de trasladar responsabilidades. No hay reportes sobre el cumplimiento y ejecución presupuestaria relacionada al Plan Fénix. En el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios, un aumento del 47% respecto al mismo periodo de 2024.La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 se proyecta en 52, la más alta de la historia reciente del país.
En la cárcel de Esmeraldas, este jueves 15 de septiembre, se produjo una masacre con al menos 17 fallecidos, lo que refuerza el contexto de violencia penitenciaria.
¿Por qué el Gobierno prioriza bonos/compensaciones antes que pagar ciertas deudas o hacer inversiones públicas? La decisión es política y tiene dos opciones: ¿priorizar calma y visibilidad inmediata o priorizar pagos técnicos y gastos de inversión pública que no producen réditos políticos inmediatos? En medio de un aumento del descontento social con un Paro Nacional consolidándose, el gobierno ha optado por la segunda.
El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la entrega de 70.000 bonos raíces y 100 tractores. Fuente: 18 de septiembre de 2025, Chimborazo. Presidencia de la República del Ecuador
Paro Nacional
El paro nacional fue convocado por la CONAIE y otras organizaciones indígenas y sociales, oficialmente el 22 de septiembre de 2025. La CONAIE, protagonista de los Paros Nacionales en 2019 y 2022, en asamblea extraordinaria del 18 de septiembre anunció paro nacional inmediato e indefinido como “respuesta frente al abuso de poder” del Gobierno.
Sin embargo, las cercanías entre el actual representante Marlon Vargas y Diana Atamaint, presidenta del CNE, así como de otros dirigentes del movimiento indígena al gobierno nacional, dejan en evidencia simpatías que podrían terminar con el Paro Nacional y el reconocimiento del presidente Noboa como el líder que frenó al movimiento indígena. Para incrementar la presión, el gobierno bloqueó las cuentas bancarias de los líderes y organizaciones.
En estos primeros días, se reportaron movilizaciones y bloqueos de vías en varios cantones de la Sierra como Imbabura, Cotopaxi, Pichincha. Las manifestaciones continúan activas a pesar de que el gobierno las minimiza, y amenazó con 30 años de cárcel a quienes paralicen servicios. Al momento, la Alianzas de Organizaciones de Derechos Humanos reporta 70 violaciones a derechos humanos, 42 personas heridas y 85 detenciones.
Entre las manifestaciones más importantes destacan la hecha previamente en Cuenca para defender el agua de la explotación minera a gran escala en los páramos de Kimsakocha con más de 90 mil personas, y las realizadas en Imbabura. En el paro, los reportes de medios comunitarios dejan el registro de detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, el atropellamiento a un manifestante, el incendio de un cuartel policial en Otavalo.
En el caso de los 12 de Otavalo, las autoridades levantaron cargos por terrorismo a 13 personas.Gina Cahuasquí, la única procesada que quedó en libertad bajo medidas sustitutivas, también denunció agresiones físicas y detención injustificada. “Me detuvieron por acercarme a los policías y pedirles que no disparen. No estaba con palos ni rocas. Los abusos que sufrimos son evidentes y documentados en videos”, relató. Los 12 de Otavalo fueron trasladados de manera ilegal a la cárcel de Esmeraldas donde ayer se produjo una masacre poniendo en riesgo su integridad.
La defensa asegura que no participaron en los ataques al cuartel, ni presentes en el momento del ataque; algunos habrían sido capturados en lugares distintos, en horarios que no coinciden con el hecho principal denunciado. Familiares y las propias personas detenidas denunciaron maltratos por parte de la policía. La esposa de uno de los procesados, Luis Moreta, relató: “A mi esposo lo quisieron golpear y a mí también nos detuvieron. Mis hijos quedaron traumatizados. Somos gente trabajadora, y nos tratan como delincuentes”.
En abril de 2025, Noboa fue reelegido con el 55.8% de los votos.Su índice de aprobación ha mostrado fluctuaciones, ubicándose en el 49.1% en julio de 2025, con un 48.2% de desaprobación. La reciente medición del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIESS) entre el 13 y 14 de septiembre muestra que el 55% de los encuestados se siente muy afectado y el 28% algo afectado por el incremento del precio del diésel, con un aumento consolidado del 83%. La desconfianza hacia el gobierno se eleva al 68% en Quito y al 58% en Guayaquil, mientras que la confianza llega al 31% y al 34%, respectivamente.
Con actos violentos y tensión entre pueblo y fuerzas del Estado, puede legitimarse la narrativa de que la “institución debe actuar con firmeza”, reduciendo cuestionamientos a medidas fuertes del Ejecutivo. Mientras buena parte del debate público se concentra en protestas, detenidos y tensión institucional, otros cambios —legislativos, constitucionales, estructurales— pueden avanzar con menor resistencia mediática o institucional.
Este viernes 16 de septiembre, se debate para aprobación el Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia del BIESS, uno de los proyectos urgentes que el Ejecutivo ha impulsado para reformar el sistema previsional y financiero. Se ha advertido que autorizar al BIESS a endeudarse o vender cartera vencida puede poner en riesgo los ahorros de los afiliados y jubilados. Este tipo de maniobras podrían conducir al uso del BIESS como “caja chica” del Estado y el traspaso de los fondos a manos de privados en demérito del sector público.
