Historias COVID19

Pandemia en las sombras

Las dificultades para denunciar violencia de género en la pandemia

Por: Luisana Aguilar @luibeagal

Publicado 21 de noviembre 2020

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María Fernanda dio a conocer  su historia en su cuenta de twitter. A través de una carta denunciaba los maltratos de su pareja durante ocho meses, donde también presentaba la orden judicial de restricción a su favor y boleta de auxilio. Solo pudo salir del mismo espacio que su agresor, cuando dos amigas acudieron en su ayuda.

Un caso similar al de María Fernanda fue el de Ximena, su testimonio en video, ocultando su rostro y distorsionando su voz, narra la violencia que recibió por parte de su novio. Después de la última agresión que recibió este ocultó el teléfono de ella para impedir que solicite ayuda. Varios días después se armó de valor para denunciar, con el apoyo de su familia y amigas, se realizó un examen médico legal, donde se aprecia que estuvo cerca de morir estrangulada por su pareja.

Así también, Nina Gualinga, mujer indígena amazónica defensora de derechos ambientales y territoriales, en el mes de julio de 2020 hizo pública por redes sociales, su historia de violencia. A pesar de que su relación terminó dos años atrás, se vio en la necesidad de publicar la historia porque su agresor pretendía continuar ejerciendo violencia contra ella, a través de las visitas al hijo que tienen en común, situación que empeoraba con la pandemia, y porque a pesar de contar con boleta de auxilio, no se sentía segura. 

María Fernanda, Ximena y Nina no fueron las únicas en hacer públicas sus historias de violencia por redes sociales durante la pandemia. Ellas contaron con el apoyo de amigas, familiares y organizaciones que las acompañaron en estos procesos, para colocar la denuncia y hacerla pública, en medio de un Estado de Excepción que impedía la libre movilidad de las personas para controlar la pandemia.  

Según ONU Mujeres, “las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo notifican un incremento de llamadas en busca de ayuda” en medio del confinamiento. En tal sentido, la organización internacional nombró a la violencia de género como una pandemia en la sombras. En un comunicado, la organización señaló que el confinamiento es “la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar”. 

En Ecuador, hubo una aparente reducción en las cifras de violencia de género durante la cuarentena. En el mes de abril, el Sistema Integrado de Emergencia, ECU911, reportó que las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, entre enero a abril de este año, se redujeron en promedio de un 20% en relación al mismo período en el 2019. La reducción fue mucho más dramática a inicios de la emergencia. Así, entre el 12 de marzo y el 11 de abril, se habrían atendido 6.819 alertas, un 37.2% menos en comparación con el año anterior.  Sin embargo, esta reducción en cifras se debe a que muchas mujeres estuvieron imposibilitadas de denunciar a sus agresores, debido al confinamiento y a la pandemia. Organizaciones sociales que acompañan a mujeres en situación de violencia, defensoras de derechos humanos y feministas, advirtieron la falta de enfoque de género en las medidas implementadas por el gobierno de Ecuador cuando inició la emergencia sanitaria. Estas organizaciones aseguraron que el toque de queda y la medida de aislamiento en los hogares, representaba la convivencia constante de las mujeres, niñas y niños con su agresor hasta por 15 horas seguidas. Por otra parte, la suspensión de las actividades comerciales, sin mayores alternativas de sostenibilidad, profundizó las condiciones de precariedad en la vida de las familias.

En este contexto, organizaciones, fundaciones y algunos servicios estatales adoptaron una serie de estrategias para facilitar la denuncia y la protección de quienes estaban viviendo estas violencias, por ejemplo el Centro Ecuatoriano para la Atención a la Mujer de Guayaquil (CEPAM) mantuvo habilitada su línea de apoyo e incorporó el consultorio virtual sororo transmitido en sus redes sociales, y junto a otras organizaciones acompañan, visibilizan y llevan el registro de los casos. Desde instituciones estatales, además de líneas telefónicas para llamadas de emergencia, se establecieron palabras clave para que mujeres puedan denunciar, sin que sus agresores puedan impedirles. Esto fue promocionado por el GAD de la provincia de Pichincha que estableció la clave “¡Necesito una canasta roja!” para atención inmediata.

La Fiscalía, por su parte, habilitó un formulario de denuncia en línea y la Defensoría del Pueblo puso a disposición de las organizaciones de la sociedad civil el reporte de casos a través de la Dirección Nacional del Mecanismo para la Prevención de Violencia contra las Mujeres y basada en Género.

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101 mujeres asesinadas en 2020

Plantón exteriores Fiscalía General del Estado – Ecuador

Kattya, Brigith, Paola son parte de las 101 mujeres víctimas de feminicidios que se registran en Ecuador, desde el 1 de enero al 16 de noviembre de 2020, según cifras del Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, así como de otras organizaciones de mujeres. Solo durante la Emergencia Sanitaria, las organizaciones de mujeres, han contabilizado  82 mujeres víctimas de feminicidio.

La indignación por estas cifras llevó a la realización de plantones autoconvocados en varias partes del país, a los que acudieron familiares de víctimas y activistas feministas. Una de estas acciones fue la de los “Zapatos Rojos” donde, además, se colocaron fotografías de las mujeres asesinadas y se reclamó justicia por cada una de ellas. En Quito, la acción se realizó en dos ocasiones, durante el feriado de difuntos el 2 de noviembre en el Centro Histórico de la ciudad, como “Homenaje a nuestras muertas” y la segunda ocasión, el 6 de noviembre en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Con música, con carteles, con fotografías, con gritos y consignas, se exigía una respuesta oportuna de la Fiscalía para las familias de estas mujeres. De acuerdo a Priscila Vélez, activista cuencana, quien también acompañó estas acciones, los zapatos rojos significan “ponte en sus zapatos y en tus zapatos que han derramado sangre”. 

Durante una acción de protesta en contra de los femicidios, realizada a las afueras de la Fiscalía General del Estado en Quito, la Fiscal General, Diana Salazar se dirigió a las familiares y activistas, asegurando que: “de no ser por la Fiscalía no se conseguirían las sentencias de 34 años contra quienes nos matan”. La fiscal recibió un manifiesto contra la violencia machista suscrito por varias organizaciones, al cual respondió con un pronunciamiento el 12 de noviembre, asegurando que durante su gestión se ha fortalecido y transversalizado el enfoque de género en la institución. 

El pronunciamiento de la Fiscalía contrasta con el testimonio de las familiares de las víctimas que se encontraban en la acción del 6 de noviembre. En ese lugar estaba Marisela, madre de Kattya, asesinada en abril de 2020 en Quevedo, provincia de Los Ríos, en medio de la emergencia. Marisela narra que para que el caso de su hija fuera investigado como femicidio y no como un robo, como originalmente se estaba haciendo, debió hacer una campaña en redes sociales y en medios de comunicación. “Recién en septiembre, después de toda la presión se ratificó que lo de mi hija es femicidio. En la actualidad se está investigando y estamos avanzando”. 

También estaba la familia de Julissa, asesinada hace dos años por su conviviente, quien hace dos meses recibió una sentencia de 34 años y 8 meses, pero que apeló alegando su inocencia. Su prima, en el plantón pide que se ratifique la sentencia, “sabemos que los 34 años que pasará encerrado no nos devolverán la vida de ella, pedimos al Estado, jueces y fiscales que no decaigan”.

Otra madre que reclama justicia es Mónica Jiménez. Su hija Nicole, una joven de 19 años, murió a consecuencia de una violación grupal, en la que estarían involucrados integrantes activos de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y un paramédico. Nikki, como su madre la llama, fue asesinada hace dos años. Su madre denuncia que desde un principio se intentó declarar la muerte de Nikki como accidental y así, omitir la investigación por femicidio. Con indignación, Mónica narra: “la Fiscal Alejandra Llerena Flores no dictó flagrancia, tenía un cuerpo de una joven de 19 años, con tipos ahí intoxicados, un cuerpo inerte botada en una cama y ella creyó que el caso debía ir a causas administrativas”. 

Mónica debió soportar una revictimización constante por parte del agente de la DINASED, Jorge Tabango, quien se negaba a emitir un informe clave para que el caso pase de una Fiscalía de causas administrativas a una de género. Según narra, este le decía “usted qué hace aquí señora, qué hace, a mí no me moleste, usted aquí no tiene nada que hacer, su hija se murió, se murió”. Mónica asegura que el caso avanzó cuando cambiaron al fiscal, algo que volvería a ocurrir durante la pandemia. Mónica insistía en estar presente en cada pericia, pero ya no pudo continuar haciéndolo debido a las restricciones de movilidad. Asegura que, con el último cambio de fiscal, se logró que, de las siete personas implicadas en el caso de su violación y muerte de su hija, apenas haya una persona detenida y con sentencia. Ella afirma que solo se ha alcanzado un 12% de justicia, y que “justicia a medias, no es justicia”.

La propia Fiscalía publicó un informe estadístico donde reporta 432 femicidios perpetrados desde el 10 de agosto de 2014, cuando entró en vigencia el COIP y la tipificación del delito de femicidio, hasta el 1 de noviembre de 2020, de los cuáles 210 casos habrían sido resueltos, es decir el 48,6%, 127 están en investigación previa, es decir, el 29,4%, y 95 en diferentes etapas del proceso judicial. 

Detrás de estas cifras están los cuerpos de diversas mujeres y niñas que viven la violencia encerradas con sus agresores, quienes no pudieron denunciar y que fallecieron, quienes denunciaron y murieron con la boleta de auxilio en mano, quienes nos alcanzaron a llamar a una amiga, y quienes ahora sobreviven y se enfrentan a una justicia que también es violenta y que no impide que nos sigan matando.

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El Dato

Mientras tanto, el ECU911 registró al 15 de noviembre un total de 74.565 atenciones del servicio integrado de emergencia por violencia intrafamiliar y violencia física, psicológico y sexual contra la mujer u otro miembro de la familia, un promedio de 300 atenciones diarias.

De acuerdo a la Fiscalía se han registrado durante la Emergencia Sanitaria: 424 casos de acoso sexual, 2.407 de violación, 2.263 de abuso sexual. De acuerdo a CEPAM, entre los casos registrados de femicidio 4 son transfemicidios.