Norma tenía doce años cuando su padre comenzó a violarla, producto de esta violencia quedó embarazada a los trece años. Su padre, a la vez su violador y agresor de su madre, había abusado antes de su prima sin ser sancionado por la justicia. Norma no quiso continuar con su embarazo, pero el mismo Estado que no la protegió del abuso tampoco le permitió decidir. Norma, hoy de diecinueve años, viajó hasta Ginebra, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), junto con organizaciones de mujeres y derechos humanos de Ecuador Nicaragua y Guatemala, para demandar a los Estados por la falta de protección, justicia y reparación para las niñas.
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Norma viaja por primera vez en avión. Mayra Tirira, abogada de Surkuna, una de las organizaciones parte de la demanda al Estado ecuatoriano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), la acompañó al aeropuerto.
–Estaba nerviosa, un poco ansiosa, pero segura de que quiere que la escuchen, no quiere que lo que le pasó a ella les suceda a otras niñas –cuenta Mayra.
Es la primera vez que se presenta una demanda ante el Comité de la ONU sobre maternidad forzada en niñas y que se hace de forma articulada entre tres países: Nicaragua, Guatemala y Ecuador. La demanda liderada por el Centro de Derechos Reproductivos y Planned Parenthood Global es una acción colectiva frente a un problema regional: “América Latina y el Caribe es la única región donde los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron” según el informe del Estado Mundial de la Población Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescente publicado en 2013 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Fátima, Lucía, Susana y Norma: cuatro niñas llevan la voz de las miles de niñas forzadas a la maternidad en toda la región. En Ecuador es Norma quien reclama al Estado por todas las falencias que la forzaron a tomar el camino de ser una niña madre.
La primera
Norma creció en un pueblo rural, en un hogar donde ser mujer implicaba estar casi predestinada a vivir violencia. Su mamá, sus hermanas, su prima, ella misma: todas mujeres víctimas de violencia de género, desde niñas. Los abusadores, dos hombres de la misma familia: padre y padrastro.
El padre solía golpear a la madre de Norma de forma seguida, hasta que un día casi la asesina. Para evitar ser un número más de las estadísticas de feminicidio en el país –que desde el 2014 hasta mayo del 2019 suman 663 femicidios registrados por las organizaciones de mujeres– la madre huye con sus otras hijas, pero deja a Norma con su padre. Es cuando el padre viola a su prima de doce años. Ahí se muestra la primera falencia del Estado, según Ana Vera, Abogada de Surkuna
– A pesar de que el servicio de salud denuncia el caso, se deja en total impunidad.
Esta primera impunidad tendrá consecuencias en la vida futura de Norma.
Norma, con apenas seis años, empieza un camino de rotar por hogares en busca de protección. Primero donde una prima, luego con una amiga de la familia y finalmente con su madre. Pero este hogar tampoco era un lugar seguro para una niña. Su padrastro ya había violado y embarazado a la mayor de las hermanas, que tenía en ese entonces trece años. Para la abogada de Surkuna, las falencias del Estado en proteger a las niñas son sistemáticas.
– Este hecho tampoco se investigó, la justicia nunca hizo nada, a pesar de que, para poder insertar en la casa a la niña (Norma), debían haber hecho una evaluación del entorno social, y ahí había ya una niña de trece años embarazada por el padrastro.
El camino de Norma continúa. Es su hermano quien, al mirar el peligro de que su hermana menor esté en un hogar con un padrastro abusador, la traslada a vivir con su abuela y abuelo. Estos son los únicos años que Norma recuerda con tranquilidad, al poder estudiar, jugar, ser niña. Pero su abuela muere y tiene que regresar a la casa de su padre. Sí, del violador de su prima, del maltratador de su madre, que no fue sancionado.
Norma es abusada por su padre hasta quedar embarazada a los trece años. Poco tiempo después, su padrastro viola y embaraza también a su hermana menor.
Dos hombres, cuatro niñas violentadas, seis años de camino, ninguna medida de justicia y protección. Es por eso que Ana Cristina Vera, abogada de Surkuna, cuando narra la historia de Norma, no puede contener la indignación:
– Esto demuestra cómo el Estado cotidianamente fue irresponsable, porque hubo cuatro niñas violadas. El Estado sabía que estaban en riesgo y nunca hizo nada para prevenir y proteger a estas niñas. En el caso de Norma, si hubieran actuado cuando tenía seis años, la hubieran protegido de manera adecuada, ella no hubiera sido víctima de violencia sexual y quedado embarazada. Eso hay que dejar claro: la razón por la que Norma quedó embarazada producto de violencia sexual es que el Estado no la protegió nunca.
La protección
Las niñas como Norma –como su hermana mayor, como su hermana menor, como su prima– según el Art. 35 de la Constitución de Ecuador son “sujeto de atención prioritaria”, solo por ser niñas. La madre de Norma, por haber sido víctima de violencia intrafamiliar*, también es considerada sujeto de atención prioritaria. El artículo constitucional dice que “el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. Las cuatro vivieron una doble y hasta triple vulnerabilidad: son niñas, sufrieron violencia sexual y estuvieron embarazadas. Pero el Estado no actuó a tiempo para protegerlas.
¿Qué debía hacer el Estado para proteger a Norma? Mayra Soria, fiscal y experta en justicia de género, explica que en la época en que sucedió la violencia contra Norma, sus hermanas y su madre, aún no estaba vigente el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este entró en vigencia en agosto del 2014, donde se establecieron Medidas de Protección en el Art. 558. Una de las medidas es la salida de la persona procesada de la vivienda o morada, “si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima”; cuando hay una vivienda común, se puede determinar la salida del procesado y el reintegro de la víctima a su domicilio. En casos de violencia de género como el que sufrió la madre de Norma, es su padre quien debería haber salido del domicilio. Otra de las medidas de protección establecidas en el COIP es “ordenar el tratamiento respectivo al que debe someterse la persona procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso”. Para Mayra Soria esta medida, en especial, es necesaria para las madres:
–Mucha gente pide sancionar a la madre, al igual que el abusador, por ver y no hacer nada. Pero ten por sentado que si la hija es víctima de abuso sexual, la madre es una víctima también de agresión psicológica, sexual, patrimonial. Esa mujer está incapacitada para reaccionar, en ese caso también es necesario hacer algún tipo de contención. Yo he visto casos en los que, con esta medida de protección, logramos salvar a la madre y con eso parar el círculo de violencia que se perpetuaba.
Salvar a la madre y con eso salvar a sus hijas. Pero en la historia de Norma la desprotección para todas fue el patrón.
El camino de Norma – Ilustración animada Vilma Vargas
Nadie preguntó
Norma desconocía lo que era estar embarazada. En su casa nadie le habló de esto y en la escuela no recibió información sobre salud sexual y reproductiva. Su padre y a la vez su agresor la retiró de la escuela y la tenía encerrada dedicada al trabajo doméstico. Nadie en la escuela preguntó por ella.
Para Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, y directora de la organización Rescate Escolar, el espacio educativo es indispensable para detectar los abusos sexuales contra niños y niñas, ya que estos siempre presentan síntomas y signos:
–Yo no puedo creer que un profesor o profesora, que pasa cuarenta horas o más a la semana con los niños y niñas, no pueda darse cuenta que hay ciertos síntomas o signos que pueden ser indicios de una forma de violencia, no se diga de abuso sexual.
En la escuela de Norma nadie detectó que algo malo estaba ocurriendo, por eso no existe registro de una denuncia o alerta. Esto hoy no sería posible, al menos en papel. Después de que varios casos de abuso sexual en el sistema educativo salieron a la luz, a raíz del caso AAMPETRA, el Ministerio de Educación elaboró protocolos para la detección de la violencia, donde se especifica los mecanismos que deben tomar los docentes y las autoridades educativas. Además elaboró una “Guía Básica de Actuación frente a situaciones de Maternidad y Paternidad en estudiantes del sistema educativo” . Si bien esto es un avance, para Sybel Martínez no es suficiente.
– Los protocolos no se aplican y los docentes no tienen herramientas para detectar los abusos.
Esto lo confirmó, en varias visitas a colegios donde preguntaron a docentes si contaban con herramientas para detectar la violencia de género, y la respuesta fue que no. Es por eso que para ella, como experta en prevención del abuso a niños y niñas, a la par de la elaboración de protocolos y su socialización, hay que brindar herramientas a los docentes y sensibilizarlos para que no miren a otro lado cuando esto sucede.
La única opción
Antes de quedar embarazada Norma había tenido recién su primera menstruación, por eso no sabía que debía volver a menstruar. Cuando se encuentra con su hermana, es ella quien le dice que está embarazada y la lleva donde una doctora privada. Tenía siete meses de gestación.
–Solo me dolía un poco la barriga, pensaba que tenía bichos – contó Norma a las abogadas que le acompañan en su caso.
Como Norma, la mayoría de embarazos de niñas llegan al sistema de salud tarde, esto se debe a que muchos de estos embarazos son producto de incesto, es decir de la violación de una persona dentro del círculo familiar, lo cual hace que se escondan el mayor tiempo posible. Margarita Velasco, del Observatorio Social del Ecuador, una organización especializada en el monitoreo y evaluación de los derechos de la niñez y adolescencia en Ecuador, lo explica:
– Aquí en este país ocurre incesto con las niñas. No solo abuso sexual, tocamientos, sino violación por parte de padres, padrastros, tíos, primos. Ocurre en los sitios donde mayor seguridad las niñas deberían tener, que es el hogar, la familia; pero es ahí donde están ocurriendo. El incesto ha sido detectado sistemáticamente, pero no tenemos un registro total de cuántos son. Entonces se oculta, se hace como que no sucede, eso es lo más grave.
Si bien el Art. 171 del Código Integral Penal dice que todo acceso carnal con menor de catorce años es violación y se establece como un agravante que el agresor sea “ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”, la no tipificación del incesto como un delito específico hace difícil tener estadísticas oficiales. Solicitamos cifras a la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura sobre cuántas de las denuncias de violación, tienen como agravante alguno de los numerales que hacen referencia a la relación de parentesco o familiaridad del agresor, pero los datos enviados presentan inconsistencias, lo cual nos impide compartirlos. Las cifras que hay son de organizaciones de la sociedad civil. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) registró 196 casos de delitos sexuales, de estos 6 de cada 10 fueron incesto, solo desde 2014 hasta 2017.
Los embarazos de niñas y adolescentes tienen esa constante: se ocultan, son silenciosos. Esto impide que las niñas embarazadas accedan a controles prenatales, lo que aumenta el riesgo de tener anemia, infecciones a las vías urinarias y abortos espontáneos. Como no saben que están embarazadas, las niñas no reciben los cuidados necesarios, ni se alimentan bien. Esto afecta su salud física, pero no solo eso, cuando el embarazo es producto de violencia sexual los efectos en la salud mental son aún más graves.
Norma expresó su deseo de no continuar con su embarazo, le provocaba tensión, depresión, rabia, pensamientos suicidas.
–Quería botarme de una peña, no quería vivir– le contó a su hermana.
Pero a Norma no le dieron opción de decidir. En Ecuador el aborto es legal por tres causales: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada, y cuando el embarazo es producto de violación a una mujer con discapacidad mental. Cuando se dice salud, muchas veces se piensa en no tener una enfermedad, pero la salud es mucho más. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Norma podía acceder a un aborto legal por las graves afectaciones a su salud física, mental y social, pero ni siquiera fue informada de esta opción.
El Ministerio de Salud del Ecuador, emitió en 2015 una “Guía Práctica Clínica de Atención al Aborto Terapéutico” donde se especifica que “Las mujeres deben recibir asesoramiento para tomar decisiones sobre sus opciones frente a un embarazo que ponga en peligro su salud o vida”. Varios médicos cumplen con la guía, pero otros no lo hacen. Según Eréndira Betancourt, Presidenta de la Federación de Obstetrices y Obstetras del Ecuador (FENOE), esto tiene varias razones:
– Uno es desconocimiento, otro es falta de sensibilización con estos casos. No se dimensiona la situación, las condiciones de las mujeres y las niñas, y también hay temores por el tema del COIP.
Según Eréndira, incluso en casos legales de abortos terapéuticos se han conformado comités de ética para decidir, algo que no está establecido en ningún reglamento.
– Lo hacen por miedo a ser sancionados, no se sienten respaldados– explica Eréndira.
Es así como la penalización del aborto en otras causales, como la violación, afecta el acceso a abortos terapéuticos legales e indispensables para salvar la vida o la salud de miles de niñas.
Tuve que parir
Al llegar al Hospital, Norma no sabía lo que implicaba dar a luz. Una ginecóloga quería hacerle el tacto, es decir introducir los dedos en su vagina para mirar el nivel de dilatación, pero ella no quería que la toque nadie.
El tacto vaginal para cualquier mujer que va a parir un embarazo deseado representa una situación incómoda; es por eso que en la “Norma de Atención al Trabajo de Parto, Parto y Post” del Ministerio de Salud Pública, se explica que antes de hacer este procedimiento es necesario “conocer que el examen vaginal es una exploración molesta e invasiva, asociada a un incremento del riesgo de infección”. Eréndira Betancourt, presidenta de la Federación de Obstetras y Obstetrices del Ecuador, explica que el tacto se requiere para observar el avance de la dilatación y la maduración cervical, y se lo recomienda hacer cada cuatro horas, según la “Norma y Protocolo Materno” basada en la OMS.
Una niña violada y embarazada a la fuerza no está preparada para todos estos exámenes corporales, más aun cuando estos le pueden generar el recuerdo de su agresión. Es por eso que Eréndira explica que una niña víctima de violencia sexual debería recibir información en su control prenatal, para saber cómo es el trabajo de parto y darle apoyo psicológico. Norma no recibió este acompañamiento y lo que vivió fue violencia obstétrica.
– ¿Pero para abrir las piernas ahí sí querías no? –recuerda Norma que le dijo la ginecóloga que la atendió en la Maternidad Isidro Ayora.
La violencia obstétrica contra la niña fue tal que una fiscal tuvo que intervenir para que la atendiera otra ginecóloga. Norma fue intervenida en cesárea, una cirugía que según Eréndira Betancourt representa “más riesgo que un parto normal”.
La huella que deja en el cuerpo de una mujer parir un hijo producto de violación no es un tema menor. La cicatriz de una cesárea para una mujer, que quiere su embarazo y se prepara para el parto, significa su sacrificio para traer al mundo un hijo que ama, pero para Norma su cicatriz en el vientre es la huella eterna de la violencia que vivió.
Pasaron tres días y Norma no quería ver a su hijo ni saber nada de él, quería darlo en adopción pero no recibió información oportuna de cómo podía hacer un proceso real. En vez de esto, el personal médico la presionaba:
– Tienes que verle a tu hijo, incluso para saber que no le quieres. Hasta a un perrito uno le ve, para ver si lo quiere o no lo quiere ¿Cómo no vas a verle a tu guagua (niño)? –es lo que Norma recuerda que le decían en el hospital y lo que contó a sus abogadas.
Esta presión de asumir la maternidad es algo que lo tienen que afrontar las niñas forzadas a parir, según Ana Vera, abogada de Surkuna:
– Es un contexto de presión muy complicada, porque las niñas van a una sala de parto general grande, tienen que ver a otras mujeres que están con sus guaguas (niños) y esas otras mujeres también les están presionando. “¿Por qué no estás con tu bebé?, ¿Qué no le vas a ver?, no seas mala”, les dicen. Hay toda una presión social del entorno. No se considera una diferenciación entre una niña víctima de violencia sexual y una mujer que desea tener un parto; no se las separa ni nada.
Para conocer si existen protocolos o mecanismos diferenciados para atender a una niña o adolescente víctima de violencia sexual solicitamos una entrevista con la Maternidad Isidro Ayora de Quito; la responsable de comunicación derivó nuestro pedido a la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud, quien a su vez lo pasó a la autoridad nacional. Hasta el momento seguimos esperando una respuesta, que nos permita contrastar la información dada por las organizaciones de mujeres sobre el trato dado a las niñas y adolescentes obligadas a parir.
Son #NiñasNoMadres exteriores Asamblea Nacional Ecuador foto: Ana Acosta – Wambra
La reparación esperada
Norma viaja a Ginebra porque en Ecuador la justicia está cerrada para ella. Su padre y violador murió sin ser sancionado, lo que impide que sea reparada integralmente. Según la abogada Ana Cristina Vera, en el proceso nacional solamente se puede acceder a reparación a través de una sentencia condenatoria y en su caso, como su padre murió y no fue sancionado, Norma no podrá tener una sentencia condenatoria, ni tener una reparación integral en el ámbito nacional.
– Esa es la limitación del derecho penal. Las víctimas de delitos como violencia sexual o feminicidio requieren reparaciones desde el primer momento y no pueden esperar a que el Estado decida condenar.
Para Ana Vera, el Estado no tiene un rol adecuado en temas de reparación integral, al supeditarla a la condena del acusado:
– No hay respuestas efectivas, ni adecuadas, ni integrales, ni oportunas para las niñas sobrevivientes de violencia sexual. Eso queremos poner en debate en el caso de Norma.
Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, coincide con Vera en que falta mucho por trabajar la reparación integral para víctimas de violencia de género y especialmente niñas:
– Creemos que reparación es dinero. Este pago lo debe dar un agresor sexual que va a la cárcel y que no tiene un medio, por lo que en la mayoría de los casos no hay cómo cobrar. La reparación integral es como su nombre lo dice integral. Entonces ¿cómo garantizamos que esa niña retome su proyecto de vida, sane, si podría sanar, porque que este hecho es grave y más aún si es obligada a recordar a través de un hijo siempre esa violencia?. Incluso el aborto debería ser visto como una forma de reparación. Si ya no alcanzamos hacer nada de esto, por lo menos no obliguemos a las niñas a parir.
Para Sybel Martínez permitir el aborto en casos de violación es una forma de reparación:
– Obligar a una niña a parir, es torturarla, es como decirle: «te mereces todo lo que te está pasando».
Virginia Gómez de la Torre, médica y directora de Fundación Desafío, otra de las organizaciones parte de la demanda internacional ante la ONU en Ecuador, explica que uno de los puntos que están pidiendo al Comité es que inste al Estado ecuatoriano a aumentar las causales de violación, incesto y malformación genética incompatible con la vida, para un aborto legal en el país.
–La maternidad forzada no es terapéutica, la maternidad forzada es tortura, es una situación degradante, humillante para la mujer, para las niñas, que viven con el estigma de haber sido violadas y de haber parido del violador, y lo es también para esos hijos que nacen con el estigma de haber sido engendrados de una manera cruel y violenta.
Sobre este tema el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en sus recomendaciones al Estado ecuatoriano le instó a velar para que “las niñas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos el aborto terapéutico, y estudie la posibilidad de despenalizar el aborto, prestando especial atención a la edad de la niña embarazada y los casos de incesto o violencia sexual”.
Es por eso que Norma quiere una reparación integral. Quiere educación para ella, para su hijo, retomar los estudios que dejó para dedicarse a trabajar como empleada doméstica; quiere un lugar digno donde vivir, porque ahora vive en una pequeña casa en construcción de un familiar. También Norma pide algo para las niñas que están viviendo un camino similar al de ella y aún pueden cambiar: quiere que mejore el sistema judicial en atender a las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género; quiere que en los hospitales se capacite a los operadores de salud para que no traten a otras niñas como le trataron a ella. Norma también espera que todas las niñas, niños y adolescentes reciban educación en salud sexual y salud reproductiva, porque sabe que si a ella en su escuela alguien le explicaba que lo que estaba pasando no estaba bien y esto debía parar, otro sería su camino.
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Este reportaje es parte de #NiñasNoMadres, la primera conversación regional sobre el impacto del embarazo forzado de niñas en América Latina. Una alianza entre GK y Wambra Medio Digital Comunitario (Ecuador), Mutante (Colombia), Ojo Público (Perú), Nómada (Guatemala) y Managua Furiosa (Nicaragua).
* Norma es un nombre protegido
*La Constitución dice “violencia doméstica”. Este término ya no se usa, es más adecuado usar violencia intrafamiliar o violencia de género. Ya que la violencia de género es un delito de acción pública que afecta a toda la sociedad, y no es algo privado o doméstico.
