FEMINISMOS

8 años, la edad más temprana de embarazo entre niñas producto de la violencia sexual en Ecuador

Por: Elena Pinos C @ElenaPinosC

Publicado 15 de diciembre 2023

El Ministerio de Salud registró  21 casos de niñas de 8 años embarazadas a consecuencia del incesto y la violencia sexual entre 2021 y 2023. Este y otros datos que reflejan la violencia de género en contra de las niñas, niños y adolescentes se presentó en el Informe Alternativo de Seguimiento del Cumplimiento del Estado ecuatoriano a la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Este informe, elaborado por Fundación Desafío y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, recoge los insumos de una investigación realizada por varias organizaciones sociales entre 2021 y 2023. 

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Ecuador es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, donde se reconoce el derecho pleno al desarrollo físico, mental y social de niñas y niños. Como parte de sus obligaciones al sumarse a esta convención, el Estado ecuatoriano tiene la tarea de enviar un informe que dé cuenta de las medidas que toma para la garantía y cumplimiento de estos derechos. 

Paralelo a los informes oficiales, las organizaciones sociales de la sociedad civil, cada periodo presentan un informe alternativo al enviado por el Estado. Estos informes, llamados sombra, permiten que el Comité sobre Derechos del Niño de la ONU, envíe recomendaciones más acertadas a los Estados. Estas recomendaciones son de carácter vinculante; es decir, los Estados tienen la obligación de cumplir. La última vez que el Estado ecuatoriano presentó su informe oficial fue en 2017. 

Sin embargo, desde esa fecha, se agudizaron los problemas sociales, económicos y políticos del país, causando afectaciones en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, la Fundación Desafío y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador presentaron un Informe Alternativo de Seguimiento del Cumplimiento del Estado ecuatoriano a la Convención sobre los Derechos del Niño. Este informe, en su introducción, enfatiza en “la situación de la violencia basada en género y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”. 

Incluye aportes de varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos que trabajan en la prevención de la violencia de género, niñez y en favor de los derechos sexuales y reproductivos. También recoge insumos de provincias como Los Ríos, El Oro, Loja, Imbabura, Cotopaxi, Pichincha y de la Amazonía, a fin de garantizar el análisis  interseccional sobre las realidades por las que atraviesan las niñas, niños, niñes y adolescentes  (NNA).

Para Lisi Ernest de la Coalición Nacional del Mujeres del Ecuador, el abuso sexual en niños, niñas, niñes y adolescentes (NNA) y el incesto son situaciones que se han normalizado, sobre todo en territorios y comunidades en los que la respuesta del Estado es nula y donde los patrones culturales y las relaciones de poder justifican constantemente la violencia. A su modo de ver, son prácticas nocivas que se heredan, que se aceptan como “algo normal en las familias” y se reproducen por generaciones.

“Hay madres que también fueron violadas y no cuentan con información para denunciar lo que les pasó a ellas y lo que les pasa a sus hijas-hijos. Tienen miedo y están envueltas en círculos permanentes de pobreza, violencia y manipulación por parte de sus agresores”, explica Ernest.

Según datos de Fiscalía, referidos en el informe, de enero de 2019 a marzo del 2022, se registraron 23.885 casos de violación y abuso sexual hacia NNA, perpetrados en su mayoría por personas del círculo familiar. Virginia Gómez de Fundación Desafío asegura que, si bien estos casos no se denuncian por temor a romper el vínculo familiar o por vergüenza, tampoco se garantiza la reparación integral de las víctimas por parte del Estado. Según Gómez no pasan de ser un número o un dato en el mejor de los casos. Entonces, no hay confianza en la respuesta estatal y éste es otro factor que dificulta la denuncia. Adicionalmente, existe un subregistro que oculta la dimensión del problema y limita la capacidad de respuesta. 

Pero por un lado está el número de denuncias y por otro, el número de atenciones de salud. Según registros del Ministerio de Salud Pública, MSP, expuestos en el informe, entre 2021 y 2023 se atendieron por consulta externa 18.900 casos de violencia física, sexual y psicológica de niños, niñas, niñes y adolescentes (NNA). De este número, 5.238 fueron notificados como casos de violencia sexual a NNA de 0 a 19 años; es decir, un 27,7%.

Cuadro con base a los datos del Ministerio de Salud Pública 2021-2023. Elaboración propia

Cuadro con base a los datos del Ministerio de Salud Pública 2021-2023. Elaboración

En cuanto a la violencia sexual en NNA con discapacidad, el informe indica que según datos del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, en Ecuador, el 68% de mujeres con discapacidad, especialmente con deficiencias intelectuales severas, dificultades de aprendizaje y de comunicación, han sido víctimas de violencia sexual por lo menos una vez en su vida. Como consecuencia de esto, el 3% de las mujeres con discapacidad tuvieron su primer hijo, entre los 10 y 14 años. 

El matrimonio infantil forzado es otro factor que se analiza en el informe por su influencia en el aumento de la maternidad infantil y adolescente. Según datos recopilados por organizaciones sociales para el Estudio “Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas en Ecuador de 2023”, se evidencia que solo en 2020, 1 de cada 4 niñas que tuvieron un parto se encontraba unida o casada, pese a que desde el 2015, la Ley Reformatoria al Código Civil prohíbe el matrimonio en menores 18 años. 

Para Andrea Quijije, activista por los derechos de las mujeres y los NNA de Manabí, los recortes presupuestarios del gasto público afectan directamente a los NNA porque incrementan la vulneración de derechos sobre delitos como la violencia sexual, la trata y la explotación sexual. 

“Generalmente, en un Estado neoliberal como en el que vivimos, el gobierno y los GADS, con sus respectivas competencias, no invierten en alertas tempranas sobre estos delitos, tampoco en atención y prevención. No son temas prioritarios para la inversión, más bien es lo primero que se recorta y esto genera afectaciones directas a la niñez y adolescencia que además son grupos de atención prioritaria”, asegura Quijije. 

Geraldine Guerra, representante de la Red Nacional de Casas de Acogida y Presidenta de Fundación Aldea, explica que en el país, los NNA víctimas de violencia sexual pagan la crisis fiscal, lo que no ocurre con otros sectores como el empresario. 

“Los recortes, las reformas económicas y la falta de presupuesto asignado para la niñez y adolescencia reducen la creación de casas de acogida, de casas hogar, y limitan el funcionamiento de los servicios de acogimiento, tanto como los servicios de protección, sobre todo en zonas urbano marginales y rurales del país. Además, prevenir la violencia cuesta menos que atender los casos”, indica.

Sobre lo dicho, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos le hacen una serie de recomendaciones al Estado ecuatoriano para prevenir la violencia de género y garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de NNA. Sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, recomiendan que la Corte Constitucional continúe el trámite de las demandas de inconstitucional y que emita sentencias definitivas para la suspensión del artículo 19 de la ley, donde se exigen requisitos para el acceso al aborto. Según las organizaciones, este artículo limita el ejercicio y el avance hacia la despenalización total. 

Respecto al acceso a información para la toma de decisiones y la prevención de la violencia de género, las organizaciones proponen establecer mecanismos de información nacional procesada desde la institucionalidad del Estado para mapear problemas y riesgos que enfrentan los NNA y generar  estrategias aterrizadas. Además, que se garantice procesos de aplicación de justicia inmediatos, así como la entrega de medidas de protección y el adecuado funcionamiento de los mecanismos e instituciones a cargo de la protección de mujeres, NNA. También la aplicación de medidas de protección y reparación para NNA huérfanos por femicidio.

Por último, mediante el informe, denuncian la falta de voluntad política y de recursos económicos que limitan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la prevención de la violencia de género.