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El traslado de los investigadores de la Fiscalía
¿Una intromisión a la justicia?
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 13 de febrero de 2023
La Fiscalía General del Estado a través de un comunicado informó que el Director de Talento Humano de la Policía Nacional, Henry Román Tapia, dispuso el traslado temporal de 37 investigadores; es decir, de todo el equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que labora en la Fiscalía. Para esta institución eso significa una clara “intromisión en la justicia”, pues limitaría el trabajo que realiza la Fiscalía en materia de derechos humanos y en relación a las investigaciones de los casos de corrupción en el gobierno. Familiares de víctimas de femicidios y ejecuciones extrajudiciales se encuentran preocupados y rechazan ese traslado temporal.
La Fiscal Diana Salazar presentó una medida cautelar que logró suspender el traslado. Sobre el tema Juan Pablo Albán, profesor del Colegio de Jurisprudencia en la Universidad San Francisco, de Quito, realiza un análisis de lo sucedido.
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La Fiscalía General del Estado en un comunicado, asegura que el traslado temporal de los 37 investigadores de la Policía Nacional que laboran en esta institución, limitará el trabajo en casos específicos de corrupción, como el caso Encuentro, Pandora Papers, Petroecuador y otros, Caso Gabela, el femicidio de María Belén Bernal,
Además según la Fiscalía, el equipo que se pretende colocar no cuenta con la experiencia específica en el ámbito penal, no ha pasado pruebas de confianza y deberá incorporarse desde cero a los procesos de investigación que ya han iniciado y que “presentan avances importantes”.
Juan Pablo Albán, profesor del Colegio de Jurisprudencia en la Universidad San Francisco de Quito, director de las clínicas jurídicas de interés público y parte del Comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas, dice que el traslado de los investigadores es muy sospechoso por el momento y el contexto político en que se da, donde existe una tensión y pugnas de poder entre la Presidencia de la República y la FGE.
Considera que el accionar de la policía y el gobierno no se debe más que a una “torpeza política, que obedece a una lógica de: ‘me allanaste el Palacio Presidencial’, ‘vas a ver cómo te quitó el apoyo para que tú no puedas hacer tu trabajo’. Según Albán, es muy extraño que el gobierno nacional tome una torpe decisión como esta, por el momento que atraviesa “pienso que es más por la calentura del momento, que por una intención de ocultamiento”. Pero en caso de existir alguna intención de ocultamiento, la FGE tendrá que presentar los elementos que lo justifiquen y señalar las responsabilidades penales, señala.
Albán no considera que haya una “intromisión en la justicia” porque la Fiscalía es un instrumento del sistema judicial, en el sentido de que, como garante del interés público general, tiene la responsabilidad de investigar los delitos. “La acción penal cuando se trata de delitos en que el ejercicio de la acción es público, quien administra justicia no es la fiscalía porque es una parte procesal, no es la justicia”.
Según Albán, el problema con varios fiscales que han pasado por ese despacho, “es precisamente que creen que ellos son la justicia y la justicia no son ellos, son los jueces. Después descalifican, amenazan jueces y los jueces son quienes toman las decisiones”. En este sentido, el profesor del Colegio de Jurisprudencia, considera que hay una “interferencia en las investigaciones de manera irrazonable, sospechosa, pero intromisión a la justicia no hay, aunque esta rotación que es muy extraña en este momento, no es excepcional”.
El problema también dice, no radica en que se den las rotaciones, sino en que no hubo una coordinación adecuada con la Fiscalía antes de proceder a la rotación. Además señaló que la Fiscalía estaría poniendo de excusa los casos de derechos humanos, para rechazar este cambio: “Me molesta mucho que se use como pretexto las investigaciones en casos de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, en el sentido de que se está obstaculizando el avance de esas investigaciones, cuando en la práctica los que intervenimos en esas causas sabemos que no se mueven”.
Juan Pablo Albán es abogado de la señora Patricia Ochoa, viuda del General Jorge Gabela, quien fue asesinado el 19 de diciembre de 2010, en Guayaquil. El asesinato de Gabela es uno de los casos que según la Fiscalía General del Estado se estaría limitando por la rotación del personal policial; sin embargo, para el abogado, el caso está detenido desde hace mucho tiempo, pero no prescribe por ser una ejecución extrajudicial.
En una entrevista para Radio Sonorama, la señora Patricia Ochoa dijo que es sorprendente que se quiera cambiar a todo el personal de investigación, pues ya en 2019, hicieron el cambio del oficial de campo y hubo retrasos. Hasta el momento, ella no ha sido notificada sobre las personas que retomarán la investigación de su esposo fallecido.
Ochoa también señaló que no se conoce en cuánto tiempo el nuevo personal empezará a levantar las diligencias de cada uno de los casos y que eso retrasaría los procesos.
Caso María Belén Bernal
Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio el 11 de septiembre de 2022, en la Escuela Superior de Policía General Enríquez Gallo, dice que está consternada porque “el Gobierno se inmiscuye en decisiones que le toca a la Policía Nacional”.
Para la señora Otavalo, el traslado de los 37 investigadores genera un retroceso a las investigaciones, pues quienes ocuparon ese puesto fueron capacitados, invirtieron tiempo y recursos del Estado, de la administración pública para entender y comprender cada uno de los casos.
“No es solo el caso de María Belén Bernal, son otros casos emblemáticos. Me preocupa el proceso y la intromisión del Gobierno que le da una orden a la Policía Nacional, por medio de la dirección de Talento Humano de esta institución”.
Para este 14 de febrero está prevista una audiencia preparatoria de juicio en contra de los tenientes Germán Cáceres y Alfonso C., por el femicidio de María Bernal, después de cerrada la instrucción fiscal, el 15 de enero. La audiencia será en la unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia y aunque el traslado de los investigaciones no entorpece la audiencia, sí lo hace con el proceso de fraude procesal cometido por las personas que estuvieron en la Escuela Superior de Policía la noche en que asesinaron a María Belén, por omitir y ocultar información.
“Esperemos que el Gobierno Nacional entienda y esperamos también que la FGE nos de respuestas tácitas para que esto siga un curso de transparencia”, agrega Elizabeth Otavalo.
La madre de María Belén Bernal no cuenta con información de quienes serán los nuevos investigadores del caso, con estos cambios lo único que pretenden “es alargar los tiempos judiciales que coarten las investigaciones que vendrán. Lo único que pretenden es ocultar las verdades que ellos ya saben”.
¿Cómo afecta a la investigación de los casos de corrupción?
Juan Pablo Albán, menciona que la FGE tiene una carga de trabajo significativa y ese puede ser uno de los motivos por los cuales no tienen un avance importante en su funciones, pero eso no significa que el problema en los avances de las investigaciones empezaron desde que se dispuso el traslado de los investigadores.
“La ciudadanía tiene que darse cuenta de que la excusa de la Fiscalía: ‘ahora no voy a poder investigar la corrupción’, es bastante pobre, cuando algunos de esos casos son de hace mucho tiempo y hasta el momento no han procedido a realizar imputación alguna”, dice Albán.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado solicitó al ministro del interior, Juan Zapata, dejar sin efecto el traslado temporal del equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que libra en la institución, así como la cúpula de seguridad para evitar afectaciones a la independencia judicial y el desarrollo de sus actividades.
Para Albán, el Ministerio del Interior debe acceder al pedido de la Fiscalía y revertir su decisión. No obstante, eso no debería alterar la planificación ordinaria de rotación del personal de la Policía; es decir, con un aviso suficiente, entrenamiento adecuado para quienes asumirán las investigaciones, la Policía puede realizar sus rotaciones.
Sin embargo, Albán considera que es un error político por parte del Ejecutivo realizar estas rotaciones cuando la tensión de la opinión pública está en escándalos de corrupción que son investigados por la FGE, porque eso “nos deja a todos la sensación de que están tratando de hacer, es evitar que se descubran ciertas cosas».
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura, expresó su preocupación sobre la rotación del personal de investigación que prestaba sus servicios a la Fiscalía y respaldó la postura institucional de que la FGE tenga las garantías estatales para realizar su trabajo.
Asimismo, la Asamblea Nacional, en un comunicado, expresó con asombro la decisión de la Policía Nacional y señaló que con la rotación del personal durante una investigación, lo único que se logra es “retrasar un proceso investigativo, que el país requiere con la debida celeridad y oportunidad que sea transparentado”.
La Policía Nacional por su parte, se pronunció y aclaró que siguen apoyando a la FGE con el mismo número de investigadores y policías de seguridad y aseguró que el nuevo personal de investigación es confiable y tienen la misma capacidad investigativa que el anterior.
Medida cautelar suspende el traslado
La Fiscal General, Diana Salazar, presentó una medida cautelar autónoma que fue aceptada por la jueza Sara Jiménez del Tribunal de Garantías Jurisdiccionales y Constitucionales, quien resolvió lo siguiente:
-Suspender de forma inmediata lo disfruto por el director de Talento Humano en relación a aquellos servidores policiales que forman parte del equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que se encuentran la momento apoyando las labores investigativas de la fiscalía en aquellos casos que gozan de fuero de Corte Nacional, por lo cual deberán permanecer en sus funciones
-Suspender el suscrito en relación a aquellos servidores policiales que se encuentran asignados a brindar la seguridad personal a la máxima autoridad de la Fiscalía y de la su familia, por lo cual, deberán permanecer en sus funciones
-Suspender los traslados de estos dos grupos de servidores policiales hasta que la FGE y el Ministerio del Interior realicen un cambio coordinado, guardando el debido respeto, observando la necesidad de cada institución y beneficio del país.
Con dicha medida queda suspendido el traslado del equipo operacional de investigación de la Policía.
